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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 10 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Autorización ambiental para el proyecto de ampliación y clausura del depósito controlado. Imposibilidad del recurso de casación por no estar fundado en al aplicación de normas de derecho estatal o comunitario. Invocación instrumental del artículo 3 del Código Civil. No ha lugar al recurso de casación.

En la Villa de Madrid, a diez de Diciembre de dos mil diez.

La Sala constituida por los Excmos. Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso de casación n.º 5717/06 interpuesto por la entidad "CONTENEDORES REUS, S.A.", representada por el Procurador D. Pedro Sorribes Calle, contra la sentencia de la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña de 31 de julio de 2006 (recurso 383/2003). Se han personado en las presentes actuaciones, como partes recurridas, la GENERALIDAD DE CATALUÑA, representada por la Letrada de sus servicios jurídicos, así como INVERSORA SERGE, S.A., ASSOCIACIÓ DE VEÏNS REUS SUD MISERICORDIA, SUPRACOMUNITAT DE PROPIETARIS LES PALMERES D'AIGÜIESVERDS, GRUP D'ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES DEL CAMP (GEPEC), D. Imanol, D. Julián, D. Marcial, D.ª Luisa, D. Olegario, D.ª Noemi, D. Romulo, D. Sixto, D.ª Sacramento, D. Jose Francisco, D. Luis Andrés, D. Juan Alberto, D. Adrian, D. Apolonio y D.ª María Milagros, todos ellos representados por el Procurador D. Santos de Gandarillas Carmona.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La representación procesal de Inversora Serge, S.A., Associació de Veïns Reus Sud misericordia, Supracomunitat de Propietaris Les Palmeres d'Aigüiesverds, Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp (gepec), D. Imanol, D. Julián, D. Marcial, D.ª Luisa, D. Olegario, D.ª Noemi, D. Romulo, D. Sixto, D.ª Sacramento, D. Jose Francisco, D. Luis Andrés, D. Juan Alberto, D. Adrian, D. Apolonio y D.ª María Milagros, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejero de Medio Ambiente de fecha 30 de enero de 2003 por la que se otorgó a la entidad Contenedores Reus, S.A. autorización ambiental para el proyecto de ampliación y clausura del depósito controlado de clase II, emplazado en el polígono catastral n.º 29, partida Mas Calbó, término municipal de Reus.

Entre los argumentos de impugnación que se formulaban en la demanda, la parte actora aducía -según explica la sentencia recurrida explica en su fundamento de derecho segundo- ".... la nulidad de la resolución impugnada por incompatibilidad de la actividad autorizada con el planeamiento urbanístico, y por ser preciso que el emplazamiento de vertederos de residuos industriales se resuelva en los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico pertinentes y no mediante autorizaciones administrativas".

Segundo.-La Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña dictó sentencia con fecha 31 de julio de 2006 en la que se acoge ese concreto argumento de impugnación; lo que explica la Sala de instancia haciendo las siguientes consideraciones:

" (...) El segundo motivo de impugnación relativo a la incompatibilidad urbanística del uso de vertedero en la zona deberá prosperar al igual que ocurrió frente a otros actos relacionados con el mismo vertedero y que ya han sido resueltos por este Tribunal (así, sentencia de 29 de octubre de 2004 recaída en el proceso 695/01 y sentencia de 28 de julio de 2006 dictada en el recurso 415/03), ya que como dijimos en ellas así como en otras anteriores también referentes a vertederos (por todas las sentencias de fechas 16 de julio de 1999 - confirmada en casación por la del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2003 - y 16 de septiembre de 2004) los vertederos son sistemas y debe ser en sede de planeamiento general donde deben plantearse las posibles alternativas y finalmente justificar debidamente su emplazamiento en cada clase de suelo, como se desprendía con claridad del antiguo art. 23.1.b del D. Leg 1/90 de Urbanismo de Cataluña y como se reconoce hoy en el art. 47.4.d, de la Llei 2/2002. De hecho, la Revisión del Plan General de Reus de 1999así lo recoge también en el art. 138.2.d. de sus Normas Urbanísticas en el que se contempla el sistema de infraestructura de servicios técnicos comprendiendo en su seno, entre otros, el sistema de vertederos.

En este punto son rechazables tanto la alegación de CORSA de que esta regulación no afecta a los vertederos de gestión privada, ya que no hay razón ni legal ni lógica para tal exclusión, como la de la Generalitat sobre que en materia de autorizaciones medioambientales no cabe entrar en los aspectos de legalidad urbanística, puesto que el art. 14.1.d de la Llei 3/98de intervención integral de la Administración Ambiental, desarrollado por el art. 54.2 del Reglamento aprobado por D.136/99, exige que con la solicitud de autorización ambiental se acompañe la certificación municipal de compatibilidad del proyecto con el planteamiento urbanístico.

Así las cosas, la entidad CORSA alega por vez primera en su escrito de conclusiones que los terrenos en cuestión están calificados de zona de equipamientos y servicios y delimitada como tal en el plano de ordenación. Esta consideración se efectúa a raíz de la recepción, en el ramo de prueba de la parte actora, del informe reclamado al Ayuntamiento de Reus, en cuyo apartado C parece exponerse tal afirmación; pero no se trata sino de una confusión motivada por el hecho de que dicho extremo C se refiere a los terrenos del actual vertedero y no a los de la ampliación pretendida y aquí analizada, los cuales como se desprende sin ningún género de dudas del certificado urbanístico de fecha 4 de febrero de 2000 obrante en el expediente administrativo, están clasificados de no urbanizables y calificados de suelo agrícola. En suma, el vertedero ya existente (celdas, A, B, C y D) así como la zona ocupada por el aula de educación ambiental, son parcelas calificadas como zona de equipamientos y servicios técnicos, pero no los terrenos para las pretendidas celdas E, que están en zona agrícola.

A este respecto el art. 69.3 de la citada Revisión de 1999señala que en suelo no urbanizable el Plan General regula los usos admisibles, y se entienden prohibidos los no expresamente admitidos "y el art. 507 admite en los suelos agrícolas los usos de vivienda familiar (en las condiciones que indica), agrícolas e industrial, si bien este último "sólo en los edificios industriales que dispongan de las correspondientes licencias", circunstancia la de ser un edificio que no concurre en la instalación de autos. En este punto no tiene mayor trascendencia el hecho de que, como alega la entidad codemandada, en el art. 72.8. g. de las Normas Urbanísticas de la Revisión del Plan General de 1999se comprendan en el uso industrial, entre otras "las actividades que por los materiales utilizados, manipulados o despachados, o que por los elementos técnicos empleados, puedan ocasionar molestias, peligros o incomodidades a las personas o daños a las cosas". Y no tiene mayor trascendencia porque: 1.º) no nos encontramos ante una mera actividad, sino ante una infraestructura de servicios técnicos y 2.º) aunque fuera una mera actividad y pudiera calificarse de industrial en virtud del precepto transcrito, en suelo no urbanizable de carácter agrícola se exige además el requisito de que el uso industrial se desarrolle en un edificio, circunstancia que excluye un vertedero excavado en la tierra";.

Tales razones son las que llevan a la Sala de instancia a estimar el recurso y anular la resolución del Consejero de Medio Ambiente de fecha 30 de enero de 2003 por la que se otorgó a la entidad Contenedores Reus, S.A. autorización ambiental para el proyecto de ampliación y clausura del depósito controlado de clase II, emplazado en el polígono catastral n.º 29, partida Mas Calbó, término municipal de Reus.

Tercero.-La representación procesal de Contenedores Reus, S.A. preparó recurso de casación contra dicha sentencia y efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 2006 en que aduce dos motivos de casación, ambos al amparo de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, siendo su enunciado el siguiente:

1.º Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, que concreta en el articulo 3 del Código Civil en relación con la interpretación de las normas jurídicas. En el desarrollo del motivo se aduce que la Sala de instancia incurre en dos errores interpretativos en relación al artículo 23.1.b) del Decreto Legislativo 1/1990, por el que se aprobó el Texto Refundido de las normas urbanísticas vigentes en Cataluña: el primero al sustentar la estimación del recurso en la consideración de que ese precepto configura los vertederos como sistemas generales, lo que no es así; y el segundo porque la sentencia afirma que tal precepto no era aplicable al caso de autos sino el artículo 47.4.d) de la Ley 2/2002, de Urbanismo de Cataluña, cuando es lo cierto que por razones temporales esta última normativa no era aplicable y sí lo era el Decreto Legislativo 1/1990. Por todo ello concluye que tales errores suponen la infracción del artículo 3 del Código Civil al no tener en cuenta los criterios de interpretación de las normas en él previstos.

2.º Por vulneración de la jurisprudencia. En el desarrollo de este motivo se alega que, versando la controversia jurídica sobre si los terrenos que albergan vertederos han de considerarse como sistemas generales o como usos en suelo no urbanizable, existe jurisprudencia que los considera de esta segunda forma y admite su instalación en suelo no urbanizable (tal es la clasificación de los terrenos a que se refiere el litigio), siendo muestra de ello las sentencias de 21 de septiembre de 2005, 1 de diciembre de 2004, 5 de noviembre de 2003, 30 de septiembre de 2002 y 3 de diciembre de 2001.

Finaliza el escrito solicitando que se case la sentencia dictando otra por la que se declare que la interpretación realizada por el Tribunal a quo respecto del artículo 23.1.b) del Decreto Legislativo 1/1990 vulnera el articulo 3 del Código Civil y que la resolución impugnada en el recurso contencioso-administrativo es ajustada a derecho.

Cuarto.-Por auto de la Sección Primera de esta Sala de 5 de marzo de 2009 se acordó admitir a trámite el recurso de casación, así como la remisión de las actuaciones a la Sección Quinta de conformidad con lo dispuesto en las normas sobre reparto de asuntos.

Quinto.-Recibidas las actuaciones en esta Sección 5.ª, mediante providencia de 23 de junio de 2009 se acordó dar para que pudiesen formular su oposición.

La representación de Inversora Serge, S.A. y demás personados junto a ella como parte recurrida se opuso al recurso mediante escrito presentado el 3 de septiembre de 2009 en el que reitera alegaciones que ya había aducido en su escrito de personación sobre la inadmisibilidad del recurso por estar fundada la sentencia exclusivamente en normas urbanísticas autonómicas. Por lo demás, formula alegaciones en contra de los motivos de casación aducidos y termina solicitando la desestimación del recurso de casación con imposición de las costas a la parte recurrente.

La Letrada de la Generalidad de Cataluña presentó escrito con fecha 9 de septiembre de 2009 en el que manifiesta su voluntad de apartarse del recurso de casación; y efectivamente se la tuvo por apartada mediante providencia de esta sala de 9 de octubre de 2009.

Sexto.-Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo fijándose finalmente al efecto el día 7 de diciembre de 2010, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de casación lo dirige la representación de la entidad Contenedores Reus, S.A. contra la sentencia de la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña de 31 de julio de 2006 (recurso 383/2003) en que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Inversora Serge, S.A. y demás personas y entidades que hemos dejado señaladas en el antecedente primero, se anula la resolución del Consejero de Medio Ambiente de 30 de enero de 2003 por la que se otorgaba a Contenedores Reus, S.A. autorización ambiental para el proyecto de ampliación y clausura del depósito controlado de clase II, emplazado en el polígono catastral n.º 29, partida Mas Calbó, término municipal de Reus.

Segundo.-Hemos señalado en el antecedente quinto que el escrito de oposición de la parte recurrida se refería a la inadmisibilidad del recurso de casación por no estar fundado en la aplicación de normas de derecho estatal o comunitario determinantes del fallo de la sentencia. Es cierto que en el suplico del escrito de oposición no se solicita la inadmisión del recurso sino su desestimación; acaso debido a que la inadmisión del recurso ya había sido rechazada por auto de la Sección Primera de esta Sala de 5 de marzo de 2009, al que también nos hemos referido (véase antecedente cuarto). Pese a ello, es procedente que abordemos ahora la cuestión, no ya como causa para inadmitir el recurso, o el motivo primero, pero sí para su desestimación. Veamos.

El artículo 86.4 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción obliga a que el recurso de casación se funde en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieren sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

Pues bien, en el caso que nos ocupa la parte actora sostenía en el fundamento de derecho segundo de su demanda, en lo que ahora interesa, "la nulidad de la resolución por incompatibilidad de la actividad autorizada con el planeamiento urbanístico"; y sustentaba este planteamiento señalando que el articulo 138 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Reus de 1999 califica el uso de vertedero como sistema general, dentro del sistema de infraestructuras de servicios técnicos -sistema general que en el caso del pretendido vertedero era más evidente si cabe por acoger residuos procedentes de industrias situadas mayoritariamente fuera del término municipal de Reus- pero el citado Plan General no califica los terrenos sobre los que pretendía la ampliación del vertedero como sistema general, añadiendo, además, que los terrenos estaban clasificados como suelo no urbanizable y uso agrícola, siendo el uso de vertedero incompatible con tal clasificación y categorización, por lo que la implantación de ese uso requería la previa modificación del Plan General.

Tales argumentos fueron acogidos por la Sala para estimar el recurso, señalando la sentencia que los vertederos son sistemas generales al venir así calificados en el artículo 47.4.d/ de la Ley 2/2002, de Urbanismo de Cataluña, que es la norma que la Sala entiende aplicable, como también se desprendía del artículo 23.1.b/ del Decreto Legislativo 1/1990, que aprobó el Texto Refundido de las normas urbanísticas vigentes en Cataluña; y que el Plan General de Ordenación Urbana de Reus no calificaba los terrenos sobre los que se pretendía la ampliación del vertedero como sistema general, sino que estaban clasificados como suelo no urbanizable y uso agrícola, siendo inadmisible el uso de vertedero en esta clase y categoría de suelo por aplicación de los artículos 69.3 y 507 de las Normas Urbanísticas del Plan General.

Así las cosas, la cuestión suscitada por la entidad recurrente en el motivo de casación primero versa en realidad sobre la interpretación y aplicación de normas de naturaleza autonómica; y ello en un doble sentido: 1) si la legislación aplicable venía dada por el Decreto Legislativo 1/1990, como sostiene la recurrente, o la Ley 2/2002, como sostienen la parte demandada y la Sala sentenciadora. 2) Si con arreglo a regulación contenida en las disposiciones citadas y en las normas urbanísticas del Plan General -normativa toda ella autonómica- los vertederos forman parte de los sistemas generales, lo que niega la recurrente, o sí tienen esa consideración, como afirma la parte recurrida y declara la sentencia.

La parte recurrente en casación es sin duda consciente de los límites que en orden a la articulación de este recurso extraordinario establece el artículo 86.4 de la Ley Jurisdiccional; y por ello cita como infringido el artículo 3 del Código Civil, relativo a los criterios de interpretación de las normas, cuando lo que persigue en realidad es introducir en el debate casacional una crítica a la interpretación y aplicación que hace la Sala de instancia de las disposiciones de derecho autonómico antes mencionadas. El intento no puede prosperar pues resulta claro que la cita de aquel precepto del Código Civil tiene un carácter meramente instrumental, siendo su invocación un artificio dirigido a sortear el citado artículo 86.4 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.

En efecto, el citado artículo 3 del Código Civil señala los criterios de interpretación de las normas que integran la totalidad del ordenamiento jurídico español, tanto las estatales como las autonómicas y tanto las de rango legal como las normas reglamentarias surgidas de la potestad normativa del conjunto de Administraciones Públicas. Pero, siendo ello así, su invocación como norma vulnerada carece de consistencia; y prueba de ello es que la parte recurrente no explica en qué manera la sentencia impugnada habría podido infringirlo.

Por ello hemos señalado que la invocación del mencionado artículo 3 del Código Civil tiene un claro carácter instrumental, pues bajo su formal invocación lo que en realidad se pretende es cuestionar la interpretación y aplicación de normas autonómicas. Y tal intento no puede prosperar pues ello supondría vaciar de contenido el artículo 86.4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Al igual que sucede con diversos principios constitucionales y de procedimiento administrativo que con frecuencia se invocan en los recursos de casación, los criterios de interpretación previstos en el precepto del Código Civil forman parte del sustrato común a todos los ordenamientos jurídicos, pues, como señalan las sentencias de 14 de mayo de 2010 (casación 2187/2006) y 13 de diciembre de 2006 (casación 4183/2003) "... El artículo 3.1 de Código Civil así como el artículo 9.3 de la Constitución debemos situarlos en el terreno genérico de los principio interpretativos y aplicativos de las normas jurídicas";. De manera que bastaría su mera invocación retórica para desbordar los límites que la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha trazado para acceder a la casación. Pueden verse en este mismo sentido, entre otras muchas, las sentencia de esta Sala de 9 de octubre de 2009 (casación 4255/2005) y 22 de octubre de 2010 (casación 5283/06).

Por lo demás, en el caso concreto que nos ocupa ninguna razón hay para afirmar que la interpretación que hace la Sala de instancia de las leyes urbanísticas catalanas y de las normas del Plan General de Reus -en torno a la calificación de los vertederos como sistema general y a la inviabilidad del vertedero en la concreta ubicación pretendida, por incompatibilidad de usos- sea una interpretación contraria a los criterios que enumera el artículo 3 del Código Civil, pues la recurrente ni siquiera señala por qué razón el sentido que la Sala de instancia da a tales normas resulta contrario a los criterios interpretativos que dicho precepto enuncia. Es claro que la parte recurrente no comparte las conclusiones de la Sala de instancia, pero ello no supone, claro es, que la sentencia haya vulnerado el mencionado artículo 3 del Código Civil.

Tercero.-Dada la estrecha relación que existe entre los dos motivos de casación aducidos -en el motivo segundo se alega la vulneración de la jurisprudencia referida a las cuestiones sustantivas que de forma velada quieren suscitarse en el motivo primero- las mismas consideraciones expuestas en el apartado anterior llevan a desestimar también el motivo segundo.

Por lo demás, debemos señalar que las cinco sentencias que se citan como infringidas abordan supuestos que no son equiparables con el que aquí se examina. En primer lugar por ser distinta la normativa aplicable, que no era allí la legislación autonómica de Cataluña, siendo también distinto, obviamente, el planeamiento urbanístico municipal aplicable, pues todas ellas afectan a municipios distintos, cada uno con su propio y distinto planeamiento general. Tampoco hay igualdad o equivalencia entre las cuestiones jurídicas que se abordan en las sentencias que se citan y la del caso que examinamos. Así, en las sentencias de 21 de septiembre de 2005 y 1 de diciembre de 2004 (recursos de casación 4666/2002 y 3423/2002) se trataba de suelo rústico común en el que el uso de vertedero no estaba prohibido por las Normas Subsidiarias de Planeamiento; en la sentencia de 5 de noviembre de 2003 (casación 2663/2000) se resuelve un supuesto en el que, ante las dudas que suscitaban los planos que señalan los terrenos en que se ubican los vertederos y la voluntad del Ayuntamiento de limitar los vertederos posibles en el municipio, se iniciaron los trámites para la modificación del planeamiento a efectos de restringir la instalación de vertederos y para ello acordó la suspensión cautelar de licencias, lo que la Sala declara ajustado a derecho, sin que en ese recurso se planteara la cuestión acerca del vertedero como sistema general. En la sentencia de 30 de septiembre de 2002 (casación 9417/1998) la controversia se refería a la Modificación de las Norma Subsidiarias de Planeamiento de Baracaldo para permitir el establecimiento de un vertedero y, finalmente, la sentencia de 3 de diciembre de 2001 (casación 5349/1997) considera ajustada a derecho la anulación de una licencia para instalación de vertedero porque se ubicaba en suelo no urbanizable y se había concedido sin seguir el trámite previsto en el artículo 43.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, que requiere la autorización preceptiva de la Comisión Provincial de Urbanismo para la realización de actividades de utilidad pública o interés social que debieran emplazarse en el medio rural (artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística). Por tanto, tales sentencias versan sobre la adecuación del uso de vertedero a la normativa urbanística de aplicación en cada caso, no existiendo contradicción entre tales pronunciamientos y el de la sentencia aquí recurrida, que también se fundamenta en la inadecuación del uso al planeamiento urbanístico aplicable al caso.

Cuarto.-Al rechazarse los motivos de casación procede declarar no haber lugar al recurso. Ello comporta la imposición de las costas a la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción; si bien, como permite el apartado 3 del mismo artículo, dada la índole del asunto y la distinta actividad desplegada por las partes personadas como recurridas (véase antecedente quinto), la cuantía de la condena en costas, en lo que se refiere a la entidad Inversora Serge, S.A. y demás personados junto a ella como parte recurrida, debe quedar limitada a la cifra de dos mil euros (2.000 €) por el concepto de honorarios de Abogado; y en cuanto a la Generalitat de Cataluña la condena en costas alcanza únicamente a los gastos de representación procesal, no así a los honorarios de defensa de dicha parte recurrida.

Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.


FALLAMOS


 
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto en representación de la entidad CONTENEDORES REUS, S.A. contra la sentencia de la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña de 31 de julio de 2006 (recurso 383/2003), con imposición de las costas del recurso de casación a la recurrente en los términos señalados en el fundamento cuarto.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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