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Sentencia T.S. (Sala 3) de 14 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, sobre derogación de normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio. Viviendas vacacionales, ordenación de apartados turísticos. No ha lugar.

En la Villa de Madrid, a catorce de Diciembre de dos mil diez.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso contencioso-administrativo número 1/ 113/ 2010 interpuesto por la ASOCIACIÓN DE GESTORES DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO (ASOTUR), representada por la Procuradora D.ª Maria José Bueno Ramírez, contra el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre Acceso a Actividades Turísticas y su Ejercicio; siendo parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico (ASOTUR) interpuso ante esta Sala, con fecha 12 de marzo de 2010, el recurso contencioso-administrativo número 113/2010 contra el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre Acceso a Actividades Turísticas y su Ejercicio. En su escrito de demanda, de 7 de julio de 2010, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó:

"Declare la nulidad por su disconformidad a Derecho con la consiguiente anulación, del artículo único 1,c) del Real Decreto 39/2010, de 15 de enero , por el que se derogan diversas normas estatales sobre Acceso a Actividades Turísticas y su Ejercicio (BOE núm.30, de 4 de febrero de 2010), por el que se deroga el Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre , sobre ordenación de apartamentos turísticos y viviendas turísticas vacacionales.

Condene a la Administración demandada a estar y a pasar por la anterior declaración, con los efectos que en Derecho procedan.

Condene a la Administración demandada al pago de las costas causadas en el presente procedimiento. "

Por primer otrosí se fija la cuantía del procedimiento en indeterminado. En el segundo otrosí, se interesa el fallo del presente procedimiento sin el trámite de vista ni de conclusiones.

Segundo.-El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 15 septiembre de 2010 alegando los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicando a la Sala dictase sentencia " por la que se desestime el recurso, confirmando íntegramente el Real Decreto recurrido. "

Tercero.-Por Auto de 16 de septiembre de 2010, se fija la cuantía del presente recurso contencioso administrativo en Indeterminada, y proceder declarar concluso el recurso y pendiente de señalamiento para votación y fallo cuando por turno corresponda.

Cuarto.-Por providencia de 7 de octubre de 2010, se nombró Ponente a la Excma. Sra. Magistrada D.ª Maria Isabel Perello Domenech y se señaló para su votación y fallo el día 7 de diciembre de 2010, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la Asociación de Gestores de Viviendas de uso Turístico (ASOTUR), contra el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre Acceso a Actividades Turísticas y su Ejercicio.

El Real Decreto que ahora se impugna acuerda la derogación de diversas disposiciones, que se reseñan en su artículo Único, que se articula en dos apartados, el primero, en el que se indican los Decretos y Reales Decretos derogados y en el segundo apartado, que se refiere a las Ordenes Ministeriales que también se derogan.

Por lo que se refiere a los Decretos y Reales Decretos se derogan los siguientes:

"Artículo único. Derogación de disposiciones.

1. Quedan derogados los decretos y reales decretos que se relacionan a continuación:

a) Decreto 231/1965, de 14 de enero , por el que se aprueba el Estatuto ordenador de las Empresas y de las actividades Turísticas Privadas.

b) Decreto 2482/1974, de 9 de agosto , de medidas de ordenación de la oferta turística.

c) Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre , de ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales.

d) Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio , sobre ordenación de establecimientos hoteleros.

e) Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo , por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes."; [...]

El recurso contencioso administrativo se fundamenta, a tenor del contenido del escrito de demanda, en que la derogación de la única normativa que regula las Viviendas Turísticas Vacacionales en la Comunidad de Madrid, el Real Decreto 2877/1982, de 15 de Octubre, sobre ordenación de apartamentos turísticos y viviendas turísticas vacacionales, es desacertada y contraria a derecho.

La derogación por la disposición impugnada de la única normativa (estatal) por la que se regulaban las viviendas vacacionales en la Comunidad de Madrid obedece a la (ya remota) asunción de competencias de las Comunidades Autónomas en materia de Turismo, de modo que deben ser ellas las que, dentro de su respectivo ámbito territorial, disciplinen la ordenación de apartamentos turísticos y viviendas vacacionales (como así lo han hecho la mayoría de Comunidades, que tienen regulado con detalle ambas modalidades de explotación turística, salvedad hecha a la Comunidad de Madrid.

Pues bien, muy al contrario de lo que se infiere del Preámbulo recién descrito, el Real Decreto 2877/1982, pese a su antigüedad, cumple con los postulados de la Directiva 2006/123 /CE y en lo que se refiere a las viviendas vacacionales no contraviene en un punto esta nueva normativa, pues, como hemos expuesto en líneas anteriores, tan sólo exige para la apertura y funcionamiento de las viviendas vacacionales notificar al Organismo competente su dedicación al tráfico turístico, sin la cual su contratación o explotación se considera clandestina (artículo19).

Procedimiento éste sumamente sencillo, desprovisto de formalidades jurídicas y de trabas administrativas y que, por ende, cumple, pese a su aparente antigüedad, con los principios que inspiran la precitada Directiva: libertad de circulación y de establecimiento de los servicios en el marco del mercado anterior. En definitiva, el Real Decreto 2877/1982, lejos de ser una norma obsoleta o en desuso, precisamente cumplía y se adecuaba a la Directiva 2006/123 /CE, siendo una norma moderna en tal sentido.

Por su parte, el Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda, aduce que el Real Decreto que nos ocupa no podía haber regulado estos servicios turísticos porque tales servicios están atribuidos constitucionalmente a la competencia de las Comunidades Autónomas, -en el presente caso es una asociación de ámbito de la Comunidad de Madrid la que interpone el recurso y la que se considera afectada por el Real Decreto-, y que de haber entrado en la regulación de esta materia se habría infringido el apartado 3 del artículo 149 de la Constitución, puesto que e estarían dictando normas estatales con vocación de supletoriedad, de forma contraria a dicho precepto constitucional.

No puede ser el Estado, dice el dictamen del Consejo de Estado, el que proceda a adoptar las normas recogidas en el proyecto de Real Decreto y que se encuentran vigentes en la actualidad con carácter supletorio con respecto a las disposiciones dictadas por las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla en el ejercicio de sus competencias en materia de turismo.

En definitiva, siendo la materia de turismo competencia de las Comunidades Autónomas y el objeto de la regulación que nos ocupa un servicio dentro de esta materia, la Administración, en el proceso de incorporación del Ordenamiento Jurídico de la Normativa Comunitaria respecto de este tipo de servicios, no existía otra posibilidad que derogar la regulación estatal de los mismos por encontrarse fuera de su competencia, dejando sin efecto las normas preconstitucionales que venían regulándolo.

Segundo.-Planteados en los términos expuestos el debate procesal, se observa que en la impugnación del Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre Acceso a Actividades Turísticas y su Ejercicio, la parte actora se ciñe a combatir la derogación del Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, sobre ordenación de apartamentos y viviendas turísticas vacacionales y ello por cuanto considera la asociación recurrente, que esta derogación además de carecer de fundamento, deja sin regulación unos servicios turísticos vacacionales de gran trascendencia en la Comunidad de Madrid, que, pese a ostentar competencia para ello, no ha procedido a la regulación de estos servicios. A tenor de lo expuesto, debemos precisar que, en realidad, la razón de la impugnación se encuentra en que la derogación acordada en el Real Decreto tiene el efecto de generar un vacío legislativo en este sector en la Comunidad de Madrid, toda vez que esta no ha dictado legislación que regule la especifica materia de apartamentos y viviendas turísticas, a pesar de ser de competencia autonómica.

Pues bien, el citado Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales, es expresamente derogado, al igual que los demás decretos y ordenes Ministeriales que se relacionan, en atención a las razones que figuran en el Preámbulo, que, en síntesis, consisten en la publicación de la Directiva 2006/123 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, en particular, se indica:

" [...] No obstante, lo dispuesto en la Directiva 2006/123 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa a los servicios en el mercado interior, incorporada al ordenamiento interno (...), ha llevado a la revisión de esa normativa turística estatal, concluyéndose en que resulta precisa su derogación, para que, en el ejercicio de sus competencias, sean las propias comunidades autónomas las que adapten las correspondientes normas de ordenación conformes con la citada Directiva 2006/123 /CE.

En el marco de este proceso de modificación, mediante este Real Decreto se derogan diversas normas reglamentarias estatales que todavía regulan, por lo menos con carácter supletorio, el acceso a algunas actividades turísticas y su ejercicio.

Se trata de decretos, reales decreto y órdenes ministeriales, en muchos casos preconstitucionales que se considera necesario derogar expresa y formalmente para que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus competencias, adopten las correspondientes normas de ordenación, que obviamente deberán ser conformes con lo establecido en la Directiva 2006/123 /CE.[...]";

Dado que de conformidad con lo previsto en el artículo 148.1.18 CE y sus respectivos Estatutos de Autonomía, las competencias exclusivas en materia de ordenación del turismo han sido asumidas por las Comunidades Autónomas, el Real Decreto impugnado no podía entrar a regular los servicios turísticos, pues con arreglo a lo establecido en el apartado tercero del artículo 149 CE, no corresponde al Estado dictar normas con vocación de supletoriedad (por todas, STC 61/1997, de 20 de marzo).

Partiendo de lo anterior, es claro también que, de manera general, no existe ningún obstáculo constitucional ni legal a que el Estado pueda derogar su normativa, puesto que se trata de una facultad inherente al ejercicio de la potestad reglamentaria que corresponde al poder Ejecutivo, que incluye además de dictar las correspondientes normas de regulación, la derogación de su anterior normativa. La adaptación de la Directiva 2006/123 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativo a los servicios de mercado interior y su incorporación al ordenamiento interno mediante las mencionadas Leyes 17/2009, de 23 de noviembre y 25/2009, de 23 de noviembre, justifica de forma razonable la derogación acordada.

No cabe entrar en el debate propuesto en la demanda sobre la eventual compatibilidad del Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales, con la Directiva y las Leyes antes citadas, por cuanto, como hemos indicado, la derogación de las normas reglamentarias se inserta en el ejercicio de la potestad normadora del Estado, limitándose la demandante a mostrar su discrepancia con la oportunidad de la derogación de la regulación estatal incluida en el Real Decreto recurrido y con la falta de ejercicio de las competencias exclusivas en materia de ordenación turística por parte de la Comunidad de Madrid, cuestiones que resultan ajenas a este recurso.

Por todo cuanto antecede procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo.

Tercero.-No procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales del presente recurso contencioso administrativo (artículo 139.1 de la citada LRJCA).

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución


FALLAMOS


 
NO HA LUGAR y por tanto desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la ASOCIACIÓN DE GESTORES DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO (ASOTUR), contra el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre Acceso a Actividades Turísticas y su Ejercicio. No se hace imposición de las costas procesales ocasionadas en el presente recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgado lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. D.ª Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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