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Sentencia T.S. (Sala 3) de 17 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Actuación policial tras robo. Reclamación instada por la Compañía de seguros contra la resolución del Ministerio del Interior desestimatoria de la reclamación sobre responsabilidad de la Administración. Falta de concrección de argumentos suficientes para entender vulnerados los preceptos indicados en el motivo casacional. lnadecuado actuar de la empresa a la hora de aclarar el nombre correcto del lugar donde se estaba robando: Falta de nexo causal entre el actuar de la Administración y el daño producido. No ha lugar.

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación que con el número 4184/06 ante la misma pende de resolución interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira en nombre y representación de Groupama Plus Ultra, S.A. contra Sentencia de 12 de mayo de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional.

Comparece como recurrido el Abogado del Estado en la representación que ostenta


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sentencia recurrida contiene el fallo del siguiente tenor: "Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Ramón Rodríguez Nogueira en representación de PLUS ULTRA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, contra la desestimación presunta por silencio negativo, de la reclamación de indemnización a consecuencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, la que confirmamos por ser conforme a Derecho. No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas.";

Segundo.-Notificada la anterior sentencia, por la representación procesal de Groupama Plus Ultra, S.A. se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional preparando recurso de casación contra la misma. La Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

Tercero.-Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, por la representación procesal de Groupama Plus Ultra, S.A. se presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se fundan y suplicando a la Sala "se sirva casar la sentencia, condenando a la Administración demandada al pago a mi representada de la suma de 250.343,35 euros más los intereses desde la fecha de la interposición de la reclamación administrativa, con imposición a la Administración de las costas procesales".

Cuarto.-Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó al Abogado del Estado para que formalice escrito de oposición, en el plazo de treinta días, lo que realizó, oponiéndose al recurso de casación, suplicando a la Sala "dicte sentencia por la que, declare inadmisible el recurso, o, subsidiariamente y en su caso, lo desestime, confirmando íntegramente la sentencia recurrida, con imposición de las costas a la parte recurrente".

Quinto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 16 de noviembre de 2.010, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Agustin Puente Prieto, Magistrado de Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se interpone el presente recurso de casación contra sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional de 12 de mayo de 2006, recaída en el recurso contencioso administrativo interpuesto por Plus Ultra Compañia Anónima de Seguros y Reaseguros contra resolución del Ministerio del Interior desestimatoria de la reclamación formulada ante la misma sobre responsabilidad de la Administración.

El Tribunal de instancia refleja en su antecedente de hecho primero los elementos fácticos sobre los que resuelve el recurso, resumidos en que:

"El día 17 de mayo de 2003 y sobre las 16:30 horas se reciben en las dependencias de la mercantil BLACK STAR, S.L. señales de robo, por lo que desde la central de alarmas de la empresa se comunica telefónicamente dicha incidencia al Cuerpo Nacional de Policía de Getafe (Madrid) y a dos representantes de la empresa en la que se estaba produciendo el robo.

Dicha empresa "SPECIALIST COMPUTER CENTRES" con anterioridad se denominaba "INFOPRODUCTS SPAIN S.A.U.", tenía su domicilio en el polígono industrial "Las Mezquitas" en Getafe (Madrid) en la calle Marie Curie nave 4. La hoy recurrente había suscrito póliza de seguro a todo riesgo daños, continente y contenido, sobre referida nave.

Los bienes sustraídos, especialmente ordenadores portátiles de diferentes marcas, monitores y CPUs, tarjetas de memoria, así como dos cajas fuertes de más de 500 kgs. de peso que contenían licencias de programas y una pequeña cantidad de dinero, ascendieron a 364.022,30 euros.

La compañía aseguradora abonó 250.343,35 euros.

Con fecha 9 de enero de 2004 se inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración bajo el número 4/2004, a instancia de Plus Ultra, siendo suspendido el 28 siguiente hasta que se dictase Sentencia en las actuaciones judiciales iniciadas sobre el asunto. Ante ello el 25 de octubre de 2004 se interpuso recurso contencioso-administrativo.";

El Tribunal de instancia, después de recoger la doctrina jurisprudencial sobre responsabilidad de la Administración del Estado en relación con los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, expone que:

"A la luz de esta doctrina, puesta en relación con la forma de generación de los hechos determinantes del supuesto de autos, aparece que no existe, a lo largo del expediente administrativo, dato alguno que permita imputar el retraso que nos ocupa de inadecuado actuar de la Administración, más bien parece ser que el retraso en la llegada se debió al inadecuado actuar de la empresa de aclarar a la hora de facilitar el nombre correcto del lugar donde se estaba robando, tanto el de la empresa como el de la calle donde se encuentra la misma.

En el tipo de actividad que nos ocupa la policía está obligada a prestar la asistencia necesaria para evitar los robos o cualquier otra actividad delictiva cuya existencia conozcan, pero para ello es necesario que obtengan todos los datos correctos para localizar el lugar en el que los mismos se estén produciendo, y esto precisamente no ocurrió en el caso de autos.

La Sala a la vista de la prueba obrante en el expediente llega a la conclusión que el robo se produjo; ahora bien no podemos concluir en la atribución de responsabilidad patrimonial del funcionario de la Administración del Estado, ni exclusión ni siquiera parcial; tampoco existe nexo causal entre el actuar de la Administración y el daño producido, razones todas ellas, que conducen a la desestimación del recurso.";

Segundo.-Contra la indicada sentencia se interpone el presente recurso con fundamento en un motivo, que se menciona único, en el que se denuncia infracción de los artículos 106.2 de la Constitución y 139 de la Ley 30/1992, así como de la jurisprudencia que los interpreta y complementa.

Salvando la omisión formal de que el recurso no expresa el concreto motivo casacional a cuyo amparo se formula, ya que ha de entenderse que lo es en relación con el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, ha de ser desestimado por cuanto que la recurrente no ofrece, en el desarrollo del motivo y a la vista de las circunstancias de hecho puestas de manifiesto por la sentencia recurrida, argumentos suficientes para entender vulnerados los preceptos que en el motivo casacional se indican y la jurisprudencia que los desarrolla, dado que el retraso en la llegada de las fuerzas de seguridad se debió, conforme expresa la sentencia, al inadecuado actuar de la empresa a la hora de aclarar el nombre correcto del lugar donde se estaba robando, referido tanto al de la empresa como el de la calle donde se encontró la misma, de lo que resulta que no cabe atribuir responsabilidad patrimonial a la Administración, al no existir nexo causal entre el actuar de la Administración y el daño producido, sin que por la Sala sentenciadora de instancia se haya aplicado indebidamente la doctrina jurisprudencial que el recurrente invoca, dado que, en modo alguno, se justifica que sobre los datos erróneos facilitados a la policía, ésta hubiera tenido posibilidad de actuar a tiempo con evitación de los daños, pues ni se le facilitó correctamente el nombre correcto de la empresa afectada ni de la calle donde se encontraba la misma.

Tercero.-En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, procede la condena en costas de la recurrente, con el límite, en lo que se refiere a los honorarios del Abogado del Estado, de la cantidad de 3.000 €.


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de Groupama Plus Ultra, S.A. contra Sentencia de 12 de mayo de 2.006 dictada en el recurso contencioso administrativo n.º 628/04 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional; con condena en costas de la recurrente, con la limitación establecida en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Agustin Puente Prieto, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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