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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. de 5 de junio de 1992


 RESUMEN:

Arrendamiento de un inmueble a un ente público: no exento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-No es ésta la primera vez que esta Sala resuelve cuestiones como la planteada en el presente recurso, esto es, si está o no sujeto, y en su caso, si está exento del IVA, el contrato de arrendamiento celebrado entre el propietario de un inmueble y la Generalidad de Cataluña, para el establecimiento de los servicios propios de ésta. La cuestión, como se dice, ha sido resuelta por diversas sentencias de esta Sala, que han establecido ya una doctrina que debe ser reiterada en ésta, y que puede sintetizarse como sigue, con cita por todas de la S. 26 nov. 1990, según la cual la L. 30/1985 de 2 de agosto, sujeta al devengo del IVA las "prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales" (art. 1.º), entendiéndose de una parte, por prestación de servicios "los arrendmaientos de bienes" (art. 7.º-2-2.º) y, de otra, por empresarios "los arrendadores de bienes" en todo caso (art. 6.º-3-1.º Rgto. de 30 oct. 1985). Por consecuencia, la primera conclusión a que debe llegarse es que el arrendamiento hecho por la Caja de Pensiones en favor de la Generalidad de Cataluña, es un acto sujeto al IVA.

Centrada así la cuestión surge de inmediato la relativa a si, estando sujeto, es acreedor de alguna exención de dicho Impuesto, y en este punto, pese a los esfuerzos de la parte apelante, nunca podrá olvidarse el mandato contenido en el art. 24,1 LGT en cuanto dispone que "No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito... de las exenciones..."; pues por encima de cualquier otra consideración, como ha dicho esta Sala reiteradas veces, tal precepto se adelantó en el tiempo al de superior rango contenido actualmente en el art. 31 CE, en cuanto consagra la igualdad de los españoles en el sostenimiento de las cargas públicas. A mayor abundamiento, responde a la concepción histórica del Derecho patrio, donde siempre quedó establecido que las normas de "privilegio" -y no otro carácter puede tener la exención tributaria- han de ser objeto de interpretación restrictiva.

Segundo.-Residenciado el problema en el área de las exenciones, únicamente puede acudirse a la contenida en el art. 8.º,1,23 de la Ley en cuanto declara exentos "los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el art. 7.º de esta Ley, y que tengan por objeto ... viviendas, incluidos los anexos y garajes accesorios a estas últimas arrendados conjuntamente con ellas. La exención no comprende:... d) los arrendamientos con opción a compra de... vivienda cuya transmisión esté sujeta y no exenta al Impuesto".

Ciertamente, el precepto condiciona la exención a la concurrencia de dos factores que el arrendamiento tenga la consideración legal de servicios y que el arrendamiento tenga por objeto viviendas. No cabe duda que se cumple el primero; sin embargo, la cuestión surge respecto de si lo arrendado en este caso tiene la consideración de "vivienda".

Vivienda es un concepto jurídico indeterminado en torno al que, paradójicamente, se ha producido, incluso, todo un cuerpo de profusa legislación especial protectora. De ella con claridad se desprende que es aquel espacio físico donde el ser humano puede permanentemente desarollar sus actividades vitales -de ahí, "vivienda"- al resguardo de agentes externos; existiendo desde la CE (art. 47 "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada") hasta reglamentaciones administrativas que determinan sus condiciones mínimas exigibles, todo un sistema jurídico en torno a la vivienda.

De esta forma, cualquiera que sea la indeterminación jurídica, o mejor, la falta de definición legal de vivienda, resulta indudable que es un concepto de común conocimiento que se explica por sí solo. Y en tal sentido, queda fuera de duda que la parte de un inmueble cedida en arrendamiento por la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros a la Generalidad de Cataluña, para que ésta instale en ella alguno de sus servicios, desde luego, no es una vivienda.

Tercero.-Sin embargo, es verdad que en ocasiones los Ordenamientos jurídicos recurren a la ficción, para atribuir determinados efectos o derivar ciertas consecuencias que sin aquélla no se producirían. Y así, en este pleito se ha esgrimido la ficción que se extrae del art. 4.º,2 LAU de 24 dic. 1964. Dice: "Los locales ocupados por... (el) Estado,... Corporaciones de Derecho Público y, en general, cualquier otra que no persiga el lucro, se regirán por las normas del contrato de inquilinato". No dice que los locales ocupados por el Estado (y, por ende, por las CC.AA., como forma de organización territorial del mismo) tengan la consideración de vivienda, sino que se regirán por las normas del contrato de inquilinato, que es una de las dos grandes modalidades arrendaticias que regula.

De lo anterior se deduce que en la LAU Urbanos no hay identificación entre viviendas y locales ocupados por el estado (o las Comunidades Autónomas), y sólo aplicación del régimen jurídico del contrato de inquilinato a los locales de referencia. Por tanto, derivar de tal aplicación de las normas del inquilinato que se trata de viviendas, y de esto último, que es de aplicación la exención contenida en el art. 8.º,1,23 LIVA ciertamente es algo que veda el ya citado art. 24,1 LGT.

Del mismo modo, también resulta inoperante a efectos del IVA la no persecución de lucro, ya que este Impuesto, según el art. 1 de su Ley reguladora, "recae sobre el consumo... y grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios... y las importaciones de bienes", y no los beneficios que de tal consumo, entregas, prestaciones o importaciones se obtengan; hasta el punto de que, su devengo sería el mismo, aunque aquéllas fuesen no ya exentas de lucro, sino ruinosas.

Cuarto.-De otra parte, se invoca en este litigio la procedencia de la exención del art. 8.º,1,23 en el caso que se cuestiona, por efecto de lo dispuesto en la Sexta Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 17 mayo 1977, sobre armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de Impuestos sobre el volumen de negocios.

Ante todo, conviene recordar que, sin perjuicio de casos excepcionales, el art. 189 del Tratado de la TCEE y el art. 161 Tratado constitutivo de la URATOM disponen que "La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios"; a diferencia de lo que sucede con los reglamentos, de los qe el TJCEE ha dicho (Asunto 39/72) que "según los términos de los arts. 189 y 191 del Tratado, los reglamentos son, en cuanto tales, directamente aplicables en todos los Estados miembros y entran en vigor por su sola publicación en el Diario Oficial de las Comunidades desde la fecha que ellos fijan o, en su ausencia, desde la fecha prevista en el Tratado".

Pues bien, como es de ver en la mayoría de los puntos de la larga y significativa Exposición de Motivos de la L. 30/1985, reguladora del IVA, tal Sexta Directiva y otras normas comunitarias fueron, precisamente, el origen y la inspiración de aquella Ley, de manera que, en ningún caso, puede decirse que el Estado Español volviera la espalda a tales normas -directivas- que a él (y sólo, a él) obligaban en los términos antes vistos. Siendo así, la primera cuestión que se plantea es la relativa a si, pese a la definición del art. 189 TCEE, puede reconocerse a la directiva un efecto directo, como pretende el apelante. Aunque es cierto que el TJCEE ha admitido desde la sentencia Van Duyn (Asunto 41/74) algunas hipótesis de efecto directo, ello es en los casos donde el Estado miembro no haya introducido en su legislación el resultado pretendido por la directiva. Así, la sentencia Ratti (Asuntos 148/78) dice que: "Por lo tanto, un Estado miembro que no haya adoptado las medidas de aplicación exigidas por la directiva en el plazo fijado, no puede oponer a los particulares su propio incumplimiento de las obligaciones que la directiva exige; de lo que se deduce que una jurisdicción nacional ante la que un justiciable que se ha ajustado a las disposiciones de una directiva presenta un recurso dirigido a la declaración de no aplicación de una disposición interna incompatible con tal directiva no introducida en el orden jurídico nacional de un Estado en incumplimiento de la directiva, debe acceder a esta demanda si la obligación en cuestión es incondicional y suficientemente precisa". Más no es éste el caso, pues, como quedó visto, el Estado Español ha dado entrada a la Sexta Directiva en la LIVA.

Subyace, entonces, en la pretensión de la apelante cuestión distinta cual es la del control en la aplicación de las directivas, es decir, verificación de su correcta o incorrecta introducción en el ordenamiento nacional. Sabido es que, de una parte, existe un control a cargo de ciertas instituciones comunitarias (Comisión y TJCEE); pero lo que aquí se cuestiona es el control por el Juez nacional respecto de la Adecuación de las normas internas adoptadas en aplicación de la directiva, al texto de ésta. El TJCEE reiteradamente ha conocido (Sentencia Verbond Nederlandse Ondernemingen -Asunto 51/76-, Sentencia Delkvist -Asunto 21/78-) que los particulares tienen derecho a hacer controlar por el Juez nacional las normas internas aprobadas por el Gobierno para desarrollar las directivas; mas ese control tiene en el Ordenamiento jurídico español el límite que viene impuesto por el art. 1 LJCA, es decir, que las normas internas dictadas para desarrollo de la directiva tengan rango inferior al de Ley. En otro caso (y así es, precisamente, en el que constituye la materia propia de este pleito) los Tribunales españoles no pueden ejercer el control de adecuación de las leyes con las directivas que desarrollen o introduzcan.

Quinto.-En lo demás y que no se opongan a los Fundamentos de Derecho que anteceden, se aceptan los contenidos en la sentencia apelada.

Sexto.-Con arreglo a lo que disponen los arts. 131 y cc. LJCA, no ha lugar a hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las costas.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación promovido contra la S. 28 julio 1989 dictada, por la Secc. 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Cataluña, que se confirma; sin expresa declaración en cuanto al pago de las costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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