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Sentencia T.S.J. Madrid 871/2007, de 21 de mayo


 RESUMEN:

Se declara que en los rendimientos de trabajo en especie que consisten en derecho de compra de acciones que ofrece la empresa al trabajador, se podrá aplicar la reducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando se ejercite transcurrido un período de dos años, ya que de ese modo se pueden considerar rentas irregulares.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.

Segundo.-Dado traslado de la demanda al Sr. Abogado del Estado, para su contestación, lo hizo admitiendo los hechos de la misma, en cuanto se deducen del expediente, alegó en derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido.

Tercero.-No estimándose necesario el recibimiento a prueba ni la celebración de vista pública, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para la votación y fallo, la audiencia del día 17.4.2004 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Santos Gandarillas Martos

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-. Se impugna en el presente recurso la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 27 de marzo de 2003, por la que se desestimaba la reclamación económico administrativa n.º 3293/01, interpuesta contra liquidación provisional relativa al IRPF ejercicio de 1999, por importe de 18.719,35 .

El sujeto pasivo presentó autoliquidación por el citado Impuesto y ejercicio en periodo voluntario de pago, de la que resultaba una cuota diferencial a devolver por importe de 3.126.149 ptas.

Por el órgano de gestión se practicó liquidación provisional por importe de 3.114.637 ptas. 3027.060 ptas en concepto de cuota y 87.577 ptas. por los intereses de demora. Le suprimieron de la reducción que practicó el sujeto pasivo en su autoliquidación por irregularidad por el importe de 12.775.809 ptas, correspondiente al 30% de la retribución en especie pagada por la entidad BCSH que ascendió a 25.470.75 ptas más 17.115.326 ptas en concepto de ingreso a cuenta, sumando un total de 42.596.031 ptas, por el ejercicio del derecho de opción sobre acciones.

La Administración tributaria consideró que no se cumplían los requisitos establecidos en el art. 17.2.a) de la Ley 40/98 .

No conforme con la liquidación dedujo reclamación económico administrativa. El TEAR consideró en su resolución de 27 de marzo de 2003, que no procedía la reducción por irregularidad por aplicación del art. 17.2.a) de la Ley 40/98, y por lo dispuesto en el art. 10.3 del RD 214/1999, por el que se desarrolla el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al no cumplirse con la limitación de no poder ser ejercita la opción una vez transcurridos doce meses desde la fecha de la firma del acuerdo entre la entidad de crédito y el beneficiario. Contra esta desestimación se interpuso el presente recurso contencioso administrativo.

Segundo.-. El recurrente en su escrito de demanda solicita la estimación del recurso, que sea anulada la liquidación impugnada así como el art. 10.3 del RD 214/1999 . Considera, en síntesis, que la redacción del art. 10.3 incluye una previsión no contemplada en el art. 17.2.a) de la Ley 40/98, por lo que carece de la consiguiente cobertura normativa.

Por el Abogado del Estado se pide la desestimación del recurso. Sostiene que la Administración no se excedió en la redacción del precepto reglamentario, y que la potestad reglamentaria no puede limitarse a una mera transcripción de la Ley, pudiendo el reglamento explicitar las reglas y requisitos necesarios para la aplicación de la reducción por irregularidad. En segundo lugar, sostiene la constitucionalidad del art. 17.2.a) de la Ley 40/98, en la redacción dada por la disposición transitoria 12.ª de la Ley 55/99 .

Tercero.-. De los antecedentes obrantes en el expediente administrativo se desprenden los siguientes extremos de relevancia para la resolución del presente litigio:

1- El 16 de junio de 1997 por la entidad bancaria BCH y el sujeto pasivo se suscribió un contrato de opción sobre acciones al amparo de la política de retribución de retribuciones para directivos diseñada por el departamento de recursos humanos (folio 81 exp. de gestión)

2- Se le concedió al sujeto pasivo el 5.000 opciones de compra, que implicaba el derecho de comprar, por cada opción, una acción del BCH al precio de 3.335 ptas.

3- Las opciones no podían ser ejercitadas antes de transcurridos doce meses desde la fecha de la firma con acuerdo, fijándose como plazo máximo de las opciones el 15 de junio de 2001. Es decir, las opciones podían ser ejercitadas durante un periodo de 36 meses desde la finalización del plazo de exclusión.

4- En ambos casos la opción se podía ejercitar bajo dos procedimientos:

a) Una vez comunicado por el beneficiario de las opciones, durante el periodo de ejercicio, su intención de ejercitar los derechos reconocidos en el acuerdo, la Entidad pondría a su disposición un número determinado de acciones, sin contraprestación económica alguna, cuya cuantificación se realizaría de la siguiente forma: el coste total del compromiso asumido por el BCH, equivaldría en su valor total a la diferencia económica existente entre el valor de las opciones atribuidas en la cláusula segunda del presente acuerdo y el valor de las acciones en el mercado en el momento de ejercicio de las opciones y en igual número que éstas.

Para determinar el importe líquido a que tendría derecho el directivo, y que, redondeado por exceso, serviría para atribuir el número exacto de títulos, se deduciría por parte de la Entidad de dicho diferencial de valores referido en el párrafo anterior la cuantía correspondiente al ingreso a cuenta del IRPF diferencia determinando finalmente el importe líquido equivalente al número de acciones.

b) Con carácter alternativo a lo establecido en el párrafo anterior, el directivo podía ejercitar efectivamente una opción de compra sobre las acciones atribuidas en la cláusula segunda del presente acuerdo, sobre la totalidad o parte de las mismas, en el mismo momento de la comunicación señalada en el punto 5.1.

5- Para ejercitar las opciones concedidas bastaba con una comunicación por escrito dirigida a la Entidad, manifestando La intención de ejercitar efectivamente la opción de compra y el número de opciones que ejercita.

6- Era a cargo del sujeto pasivo recurrente el importe total del ingreso a cuenta del IRPF que procediera como consecuencia del hecho imponible representado por la retribución en especie generada por la diferencia entre los valores de mercado y de compra.

7- El 4 de octubre de 1999, ejercitó el derecho de opción sobre el contrato de 16 de junio de 1997, por la cantidad de 36.000 opciones en la modalidad del apartado a) arriba transcrito (punto 5.1 de contrato de opción); (folio 87 del exp. de gestión)

8- La entidad financiera recibió la orden y practicó liquidación por retribución en especie en los siguientes términos:

a) valor de las acciones transmitidas: 25.470.705 de ptas.

b) ingreso a cuentas: 17.115.326 de ptas.

c) valor integro definitivo: 42.586.031 de ptas.

9- El sujeto pasivo se aplicó la reducción del 30% sobre la base de 42.586.031 ptas, lo que supuso una reducción especial de 12.775.809 ptas consignadas en la casilla 4 de su autoliquidación (folio 5 del exp. de gestión).

10- El órgano de gestión, tras el trámite de audiencia conferido el 1 de diciembre de 2000, y el escrito presentado por el sujeto pasivo, dictó liquidación provisional por la que no se admitía la reducción por irregularidad (en la liquidación se señalaban con dos asteriscos la casilla n.º 4, reducida a cero).

11- No conforme con la liquidación interpuso reclamación económico administrativa, cuya desestimación, por los motivos sucintamente descrito en el fundamento primero se interpuso el recurso contencioso administrativo objeto de la presente resolución.

Cuarto.-. En el presente recurso se somete a la consideración de la Sala la legalidad de la liquidación relativa al IRPF, ejercicio 1999, centrándose la discusión en la procedencia de la reducción por irregularidad del 30%, practicada por el sujeto pasivo sobre la retribución en especie consistente en el derecho de opción sobre acciones de la entidad financiera de la que era empleado.

La cuestión se centra en determinar, si la reducción por irregularidad se puede aplicar cuando en el contrato de opción sobre acciones concertado entre la empresa y el trabajador, se especifica que el ejercicio del derecho de opción sólo puede realizarse transcurridos 12 meses desde la firma del contrato.

La administración tributaria, tal y como especifica con mayor detalle el TEAR que el órgano de gestión, considera que la reducción por irregularidad no procede al amparo de lo dispuesto en el art. 10.3 del RD 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, "...cuando sólo puedan ejercitarse transcurridos más de dos años desde su concesión...".

Quinto.-. La compensación por incentivos, derecho de opción sobre acciones o "stock opción", es una de las formas de retribución variable más extendidas en países de nuestro entorno, para atraer a altos directivos y ejecutivos de empresa, comprometerle con la entidad, alienado los intereses de los accionistas al de los directivos, de tal manera que logrando su máxima productividad incrementan su remuneración como consecuencia del mayor valor y los resultados de la compañía. El proceso reside, en lo que interesa a efectos fiscales, en al concesión a un trabajador por su empleador de una opción de compra sobre acciones que implica el derecho de ejercitarlo en un futuro para adquirir títulos de la entidad empleadora a un precio, generalmente inferior al de mercado.

La redacción originaria de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre reguladora del IRPF, en su artículo 17.2 a) no hacía directa referencia a los rendimientos derivados del ejercicio del derecho de opción sobre acciones, no obstante el rendimiento en este tipo de retribución y en atención su periodo de generación (diferencia temporal entre la concesión del derecho de opción y su ejercicio), permitía al sujeto pasivo la aplicación de la reducción del 30% sobre el rendimiento íntegro, al encajar dentro de la configuración legal de la renta irregular.

Sexto.-. La Ley de Renta 40/98 aplicable al ejercicio fiscal que nos ocupa, fue rápidamente modificada por la Ley 55/99, introduciendo una limitación en la reducción del art. 12 .a) "La cuantía del rendimiento sobre la que se aplicará la reducción del 30% no podrá superar el importe que resulte de multiplicar el salario medio anual del conjunto de los declarantes en el IRPF por el número de años de generación del rendimiento"; redacción introducida por esta temprana reforma, posiblemente al hilo de las crítica llovidas al Gobierno de la época por el afloramiento a la luz pública de las importantes retribuciones que, por este concepto, iban a percibir altos ejecutivos de una empresa privatizada.

El art. 17.2.a) d la Ley 40/98, a los efectos que nos interesan para la resolución del presente recurso, destaca la existencia de dos diferentes supuestos de reducción por irregularidad de los rendimientos del trabajo a que se refiere el art. 6.2.a) de la Ley: los rendimientos íntegros que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. Luego de la redacción del precepto legal se desprende, que son dos criterios de reducción por irregularidad: el de los referidos a rendimientos con periodo de generación superior a los dos años, y los rendimientos calificados como irregulares por disposición reglamentaria por obtenerse de forma notoriamente irregular.

Los requisitos del primer supuesto de irregularidad se vinculaban al periodo de generación superior a los dos años, y a que no se obtuvieran de forma periódica o recurrente; en el segundo caso, se debía estar al desarrollo reglamentario para determinar que rendimientos podían acogerse a esta reducción.

En desarrollo de este art. 17.2.a) de la Ley, la Administración dictó el RD 214/1999 de 5 de febrero . En su art. 10.1, se regulan los rendimientos, que se consideran rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo:

a) Las cantidades satisfechas por la empresa a los empleados con motivo del traslado a otro centro de trabajo que excedan de los importes previstos en el artículo 8.º de este Reglamento .

b) Las indemnizaciones derivadas de los regímenes públicos de Seguridad Social o Clases Pasivas, así como las prestaciones satisfechas por colegios de huérfanos e instituciones similares, en los supuestos de lesiones no invalidantes.

c) Las prestaciones satisfechas por lesiones no invalidantes o incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, por empresas y por entes públicos.

d) Las prestaciones por fallecimiento y gastos de sepelio de trabajadores o funcionarios, tanto las de carácter público como las satisfechas por colegios de huérfanos e instituciones similares, empresas y por entes públicos.

e) Las cantidades satisfechas en compensación o reparación de complementos salariales, pensiones o anualidades de duración indefinida o por la modificación de las condiciones de trabajo.

f) Cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral.

g) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este Impuesto. No se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas.

La redacción del precepto reglamentario para la determinación de los rendimientos que pueden integrar esta categoría de irregularidad, tiene carácter excluyente, es decir no podrán se considerados irregulares por notoriedad otros rendimientos no reconocidos por la disposición reglamentaria, como especifica el artículo, y además su imputación de hacerse en un único periodo impositivo.

Debemos llamar la atención, sobre los rendimientos del trabajo en especie consistentes en el derecho de opción sobre acciones concedido por la empresa a su trabajador, puesto que no están incluidos dentro de los rendimientos irregulares por notoriedad de la disposición reglamentaria. Si merecen el calificativo de irregulares, lo serán exclusivamente en función de su periodo de generación.

Séptimo.-. Al margen de los irregulares por notoriedad, el resto de los rendimientos sobre los que se podrá aplicar la reducción por irregularidad están en función de su periodo de generación superior a los dos años. Como decimos, es dentro de esta categoría donde debemos incluir las retribuciones derivadas del ejercicio del derecho de opción.

A ellas se refiere el art. 10.3 del RD 214/1999, que estableció: "A efectos de la reducción prevista en el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto, se considerará rendimiento del trabajo con periodo de generación superior a dos años y que no se obtiene de forma periódica o recurrente, el derivado de la concesión del derecho de opción de compra sobre acciones o participaciones a los trabajadores, cuando sólo puedan ejercitarse transcurridos más de dos años desde su concesión, si, además, no se conceden anualmente".

El artículo del reglamento trascribe los requisitos legales relativos al periodo de generación superior a los dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente a los que ya se refería el art. 17.2.a). Sin embargo, introduce dos nueva limitaciones: primero, que no se concedan anualmente; y en segundo, que la opción sobre compras de acciones sólo pueda ejercitarse transcurrido mas de dos años desde su concesión.

El primero de ellos no es más que consecuencia de la limitación legal que prohíbe la calificación legal de irregularidad de aquellos rendimiento obtenidos de forma periódica o recurrente. Lo anual, lo que se repite años tras año, tiene carácter periódico, por lo que se convierte en forma habitual de retribución y sale de la razón de ser la reducción. Por ello, consideramos que el Reglamento, sobre este extremo, no hace más que puntualizar y aclarar la previsión legal.

En el segundo requisito, el RD introduce una novedad que afecta la forma misma en la que se concede al trabajador el derecho de opción: si no se establece un límite temporal mínimo entre la concesión y el ejercicio del derecho de opción de 24 meses, no se puede aplicar la reducción por irregularidad.

Lo que está haciendo el Reglamento es regular e introducir "ex novo" una limitación no contemplada por la Ley respecto de los rendimientos irregulares por periodo de generación superior a los dos años, para el supuesto de que se trate de rendimientos derivados del ejercicio de derecho de opción sobre acciones concedidas por el empleador al trabajador. Consideramos que esta previsión reglamentaria no esta amparada por la Ley, cuyas únicas limitaciones se refieren al periodo de generación y su carácter periódico o recurrente, pero no a la forma en que se conceda el derecho de opción o a la limitación temporal que debe incluirse en el ejercicio la concesión.

Por la propia naturaleza y finalidad de la reducción, la irregularidad se produce cuando entre la concesión y su ejercicio han transcurrido más de dos años, independientemente de en el contrato, acuerdo o pacto entre cedente y cesionario (empleador o empleado) se establezca un límite temporal mínimo para su ejercicio.

El fundamento mismo de la irregularidad esta centrado por la Ley el periodo de generación: si se ejercita antes de los dos años no será irregular y si por el contrario se hace transcurrido ese periodo de tiempo se aplicará la reducción. Lo verdaderamente relevante es que, entre el acuerdo de esta forma de retribución y su ejercicio efectivo, hayan transcurrido más de dos años, como contempla la Ley, siempre y cuando no constituya una forma habitual de retribución al trabajador. Si el empleador hubiera pactado esta forma de retribución en especie con el trabajador, reconociéndole el derecho al ejercicio de la opción desde la firma del contrato en adelante, la irregularidad estaría determinada por el tiempo transcurrido entre la formalización del acuerdo y el ejercicio del derecho de opción, sin que resulte exigible el establecimiento de un límite temporal mínimo a partir de cual pudiera realizarse, sencillamente porque la Ley 40/98 reguladora del Impuesto, en la redacción del art. 17.2 .a) no lo ha establecido.

El reglamento introduce una restricción y limitación para la aplicación de la irregularidad en la modalidad de irregularidades por periodo de generación del rendimiento que la Ley no contempla, y además va contra la propia razón de ser de la reducción por irregularidad por periodo de generación de renta, por lo que se extralimita.

Octavo.-. Un indicio de extralimitación ya residía en el subconsciente del propio Legislador, como lo evidencia la reforma del Impuesto llevada a cabo por la Ley 46/2002, cuyo proyecto en su artículo 44 bis disponía en el primero de sus cuatro puntos: "1. No se aplicará el límite máximo de reducción previsto en el tercer párrafo del artículo 17.2 a) de esta Ley a los rendimientos del trabajo en especie, derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o participaciones por los trabajadores, que cumplan los requisitos siguientes:

1.º Los derechos de opción de compra deberán ser intransmisibles, y no podrán ejercerse hasta que hayan transcurrido, al menos, dos años desde su concesión...". Lo que se pretendía con el proyecto de Ley era consagrar en el Texto Legal del Impuesto, lo que hasta ese momento era una simple limitación o restricción a la aplicación de la reducción exclusivamente residenciada en el Reglamento, sin la consiguiente cobertura legal.

Sin embargo, la redacción final de la Ley 46/2000 no incluyo en el precepto esa restricción apartándose del proyecto. Se ciñó exclusivamente a contemplar en el art. 44 bis un aumento del límite contemplado en el art. 17.2 .a) - el importe que resulte de multiplicar el salario medio anual del conjunto de los declarantes en el IRPF por el número de años de generación del rendimiento, introducido por la Ley 55/99 -, que se duplica si se cumplen los siguientes requisitos:

1.º Las acciones o participaciones adquiridas deberán mantenerse, al menos, durante tres años, a contar desde el ejercicio de la opción de compra.

2.º La oferta de opciones de compra deberá realizarse en las mismas condiciones a todos los trabajadores de la empresa, grupo o subgrupos de empresa.

Por todo ello, consideramos que el Reglamento aprobado por RD 214/1999, en su art. 10.3, al establecer que el inciso "... cuando sólo puedan ejercitarse transcurridos más de dos años desde su concesión...", en la aplicación de la reducción por irregularidad de los rendimientos derivados del ejercicio del derecho de opción sobre acciones incurre en un exceso respecto de la redacción del art. 17.2.a) de la Ley 40/98 reguladora del IRPF, lo que determina la nulidad de las liquidaciones practicadas al amparo de este precepto reglamentario.

Noveno.-. El recurrente en su escrito de demanda solicita que por la Sala se declare la nulidad del precepto reglamentario. La Sala de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para este pronunciamiento, por lo que en resolución aparte y una vez firme la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el art. 27.1 de la LJCA 13/98, se planteará cuestión de ilegalidad ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por ser el órgano competente para conocer del recurso directo contra la disposición. El hecho de que se trate de un precepto reglamentario derogado, como ha admitido el citado Tribunal en sentencia de 14 de febrero de 2006 rec. 4/2005 . No obstante, la redacción y la relación Ley Reglamento, se ha seguido manteniendo con ligeras variaciones en las sucesivas reformas aplicables a posteriores ejercicios fiscales, sobre las que esta sentencia no se pronuncia por no ser objeto del presente recurso.

Luego formalmente esta pretensión de la parte debe ser desestimada, sin perjuicio del posterior pronunciamiento que el Tribunal Supremo haga sobre la nulidad del precepto reglamentario debatido.

Decimo. No procede hacer especial pronunciamiento al amparo de lo establecido en el art. 139 de la LJCA .

FALLAMOS.

Que debemos estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Sergio contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 27 de marzo de 2003, por la que se desestimaba la reclamación económico administrativa n.º 3293/01, anulando la resolución impugnada y la liquidación de la que trae causa, con los siguientes pronunciamientos:

a) Devolución de la cantidad resultante en su día en concepto de cuota diferencial, por la aplicación de la irregularidad sobre la retribución procedente del derecho de opción sobre acciones, más los intereses de demora, sin pronunciamiento en costas.

b) Firme la presente sentencia deberá plantearse cuestión de ilegalidad ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

c) No procede la condena en costas.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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