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Sentencia T.S. (Sala 3) de 8 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Procedimiento contencioso-administrativo: Tipo de gravamen aplicable respecto a la imputación a los socios de la base imponible de sociedad transparente a efectos de IRPF. Recurso de casación: No procede su admisión porque el valor económico de la pretensión, determinado por la diferencia entre lo pedido por la parte y lo acordado por la Administración, no supera el límite legal establecido para acceder a la vía de casación.

En la Villa de Madrid, a ocho de Noviembre de dos mil diez.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados relacionados al margen, ha visto el recurso de casación 1296/06, interpuesto el procurador don Jorge Deleito García, en nombre de la entidad mercantil NEICAN, S.L., contra la sentencia dictada el 19 de enero de 2006 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 687/03, relativo al impuesto sobre sociedades de los ejercicios 1993 a 1995. Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sala de instancia acogió en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad NEICAN, S.L., contra la resolución dictada el 23 de abril de 2003 por el Tribunal Económico-Administrativo Central, que desestimó las reclamaciones acumuladas 1530/00 y 3102/00, promovidas contra las liquidaciones de los ejercicios 1993, 1994 y 1995 del impuesto sobre sociedades, aprobadas el 3 de febrero y el 10 de abril de 2000 por la Inspectora Jefe de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Las Palmas.

El pronunciamiento estimatorio se ciñó a anular los actos recurridos en cuanto a la imputación de la base imponible derivada de la entidad transparente Turilanza por importe de 240.300 pesetas (3.852,43 euros).

Segundo.-La compañía demandante preparó e interpuso recurso de casación, esgrimiendo dos motivos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 14 de julio).

En el primero denuncia la infracción del artículo 19 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE 30 de diciembre) por errónea interpretación del mismo, pues, a su juicio, la sentencia recurrida, con fundamento en una exégesis puramente literalista de la norma, llega a la conclusión de que la tributación de la base imponible de la entidad en el impuesto sobre sociedades debe realizarse al tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que era el 56 por 100, frente al tipo general del 35 por 100 del impuesto sobre sociedades.

El segundo motivo considera infringidos los artículos 14 y 31 de la Constitución por inaplicación del principio de proporcionalidad como consecuencia de la interpretación dada por la Audiencia Nacional al citado artículo 19.

Termina solicitando el pronunciamiento de sentencia que case, anule y revoque la recurrida, con la consecuente anulación del acto administrativo del que trae causa.

Tercero.-En auto de 20 de diciembre de 2007, la Sección Primera de esta Sala acordó admitir a trámite el recurso de casación en lo que atañe a la liquidación del impuesto sobre sociedades de 1995 y rechazarlo a limine en relación con la liquidación de los ejercicios 1993 y 1994 del mismo tributo, declarando la firmeza de la sentencia respecto de dichos periodos.

Cuarto.-El abogado del Estado se opuso al recurso en escrito registrado el 14 de mayo de 2008.

Como primera pretensión interesa su inadmisión por razón de la cuantía, porque, dado que se centra exclusivamente en la aplicación del tipo máximo del 56 por 100, previsto para el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la cuantía del recurso viene determinada exclusivamente por la cuota adicional en relación con el tipo ordinario del 35 por 100 en el impuesto sobre sociedades, que asciende a 17.486.916 pesetas.

Ya en cuanto al fondo, se remite al fundamento de derecho décimo de la sentencia impugnada y a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, que considera ajustadas a derecho.

Entiende que es de aplicación el artículo 19.5 de la Ley 61/1978, con arreglo al que las sociedades en régimen de transparencia y que sean socios de otra sometida a dicho régimen quedan excluidas del mismo, tributando en el impuesto sobre sociedades por el tipo marginal máximo de la escala del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Siendo un hecho probado que NEICAN, S.L., sociedad en régimen de transparencia fiscal, era socio de TURILANZA, también sujeta a ese régimen, resulta indiscutible la aplicación del mencionado artículo.

Expone que el precepto en cuestión no diferencia entre la cualidad de sociedad transparente y la procedencia del régimen de transparencia fiscal. Tampoco discrimina respecto al origen de las rentas.

Finalmente, opina que el principio de proporcionalidad debe considerarse en relación a la base imponible y al tipo aplicado, con independencia de cuales sean las cantidades imputadas.

Quinto.-Las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, circunstancia que se hizo constar en diligencia de ordenación de 18 de junio de 2008, fijándose al efecto el día 3 de noviembre de 2010, en el que, previa deliberación, se aprobó la presente sentencia.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Este recurso de casación, dirigido contra la sentencia pronunciada el 19 de enero de 2006 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 687/03, ciñe el debate a la procedencia de aplicar el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas (56 por 100 en el momento de devengo del impuesto exigido a la compañía actora) a la base imponible comprobada por la Administración en el régimen de transparencia fiscal, como se hizo en el acto de liquidación, frente al tipo del 35 por 100 que es el general del impuesto sobre sociedades.

Segundo.-Como cuestión preliminar se ha de atender a la solicitud de inadmisión por razón de la cuantía del recurso, deducida por el abogado del Estado, pues, si se acepta, sería innecesario abordar el fondo del asunto.

Pues bien, hemos de precisar que procede rechazar a limine el recurso de casación por no alcanzar la summa gravaminis prevista en el artículo 86.2.b) de la Ley de esta jurisdicción, pues el valor de la pretensión casacional ejercitada por las partes, que es el criterio a tener en cuenta - ex artículo 41.1 de la Ley 29/1998 -, no supera el límite legal de los 150.000 euros establecidos para acceder al recurso de casación.

En efecto, tal y como apunta el representante de la Administración del Estado, dado que la pretensión deducida en esta sede se endereza a la determinación del tipo de gravamen aplicable a la base imponible comprobada por la Administración a causa de la imputación a los socios de la sociedad transparente de las bases imponibles positivas (500.468,96 €), el valor económico de esa pretensión no puede ser otro que la diferencia entre lo pedido por la parte, aplicación del 35 por 100, y lo acordado por la Administración, el 56 por 100 [véanse en este sentido los autos de 1 de febrero de 2007 (casación 7980/04, FJ 2.º), 21 de junio de 2007 (casación 1023/06, FJ único) y 28 de octubre de 2009 (recurso de queja 872/06, FJ 3.º, en el que se aplica la citada doctrina a un supuesto análogo)].

Siendo así, la cuantía ha de ser fijada del siguiente modo:

· 500.468,96 * 56 % = 280.262,61 € (46.631.775 pesetas)

· 500.468,96 * 35 % = 175.164,13 € (29.144.859 pesetas)

La diferencia entrambas cantidades es de 105.098,48 € (17.486.916 pesetas).

Resulta, pues, evidente que la cantidad resultante no llega al umbral mínimo requerido para que se abran las puertas de la sede casacional [por todos, auto de 10 de junio de 2010 (casación 724/10, FJ 3.º) y sentencia de 5 de abril de 2005 (casación 7541/00, FJ 3.º)].

Tercero.-Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, según dispone el artículo 139.2, en relación con el 93.5, de la Ley 29/1998, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la misma Ley, señala mil quinientos euros como cuantía máxima de los honorarios del abogado del Estado.


FALLAMOS


 
No admitimos a trámite el recurso de casación interpuesto por NEICAN, S.L., contra la sentencia dictada el 19 de enero de 2006 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 687/03, imponiendo las costas a la entidad recurrente, con el límite establecido en el último de los fundamentos jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Rafael Fernandez Montalvo D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Manuel Martin Timon D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Oscar Gonzalez Gonzalez

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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