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Sentencia T.S. (Sala 3) de 10 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Recaudación: Requerimiento de pago por sucesión de actividad empresarial formalizado en un acuerdo celebrado entre el subdirector General del Departamento de Recaudación de la AEAT y la sociedad. Incongruencia omisiva de la sentencia por omisión sobre el contenido del acuerdo: No procede porque ha considerado aplicables los plazos contendidos en la última certificación emitida por la Administración que responde al contenido del acuerdo. Indicios de delito: No se aprecian por lo que no procede deducir testimonio a la jurisdicción penal.

En la Villa de Madrid, a diez de Noviembre de dos mil diez.

En el recurso de casación n.º 875/2005, interpuesto por la Entidad TABLEROS DEL SUR, S.A., representada por el Procurador don Juan José Gómez Velasco, y asistida de letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 15 de noviembre de 2004, recaída en el recurso n.º 1803/2001, sobre requerimiento de pago por sucesión empresarial; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, dirigida y asistida del Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Séptima) dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto por la Entidad TABLEROS DEL SUR, S.A., contra la Resolución del TEAC, de fecha 13 de septiembre de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra del TEAR de Andalucía, de fecha 25 de febrero de 2000, en asunto relativo a requerimiento de pago por sucesión empresarial y cuantía de 200.000.000 de pesetas.

Segundo.-Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de la Sala de instancia de fecha 18 de enero de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Tercero.-Emplazadas las partes, la recurrente (TABLEROS DEL SUR, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 9 de marzo de 2005, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

Único.-) Al amparo de lo preceptuado en el n.º 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia en relación con los arts. 24.1 y 120.3 de la CE, arts. 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional, art. 218 de la LEC, de aplicación subsidiaria al caso y el art. 11 de la LOPJ.

Terminando por suplicar dicte sentencia por la que se declare haber lugar al recurso, casando y anulando la de instancia, así como las resoluciones recurridas, el acto administrativo de la Oficina Gestora de 17 de febrero de 1998 y de todo lo practicado con posterioridad al mismo, ordenado que se repongan las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse por la Oficina Gestora el 17 de febrero de 1998 dicho acto administrativo, reconociendo a la recurrente el derecho a la devolución de lo pagado indebidamente, con los intereses legales correspondientes, por virtud del acuerdo concertado el 10 de enero de 1992 con la Delegación de Sevilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho.

Cuarto.-Por providencia de la Sala, de fecha 24 de enero de 2006, y antes de admitir a trámite el presente recurso de casación, se dio traslado a las partes sobre la posible inadmisión del recurso por estar exceptuada del recurso de casación la resolución judicial impugnada por haber recaído en un asunto cuya cuantía no excede de 25 millones de pesetas, pues aunque ésta quedó fijada en la instancia en la cantidad de 1.202.024,21 euros, sin embargo, en este tipo de procedimientos la cuantía viene determinada por el importe de las deudas tributarias pendientes de la entidad Mass, S.A. en el procedimiento de derivación de responsabilidad, en donde ninguna de las pretensiones acumuladas, individualmente consideradas, supera el umbral cuantitativo fijado por la Ley (arts. 41.3, y 86.2.b) de la LRJCA). Siendo evacuado el trámite conferido por la parte recurrente mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2006, en el que manifestó lo que a su derecho convino.

La Sala, por Auto de 13 de julio de 2006, acordó declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto.

Quinto.-La recurrente, mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2006, interpuso incidente de nulidad de actuaciones por incongruencia del Auto de ésta Sala de fecha 13 de julio de 2006, en el que terminó por suplicar estime el recurso, declarando la nulidad del citado auto y sustituyéndolo por otro por el que se disponga la admisión de dicho recurso de casación, entregando copia del mismo a la parte recurrida y personada para que formalice por escrito su oposición en el plazo común de treinta días.

Dado traslado del recurso a la parte recurrida, Administración General del Estado, fue evacuado el trámite conferido mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2006, en el que manifestó lo que a su derecho convino.

Por Auto de la Sala, de fecha 7 de junio de 2007, se acordó haber lugar a la nulidad de actuaciones en relación con el Auto de 13 de julio de 2006, que se deja sin efecto, acordándose en su lugar admitir a trámite el recurso de casación interpuesto.

Sexto.-Por providencia de 17 de julio de 2007, se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 2 de agosto de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

Séptimo.-Por providencia de fecha 15 de julio de 2010, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 3 de noviembre siguiente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Oscar Gonzalez Gonzalez, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por la entidad TABLEROS DEL SUR, S.A. contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central desestimatoria de la alzada deducida frente al acuerdo del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Andalucía, recaída en asunto relativo a requerimiento de pago por sucesión empresarial y cuantía de 200.000.000 pesetas.

Como antecedentes de hecho el Tribunal de instancia recogió los siguientes:

1.- Por acuerdo de 18 de enero de 1.991 y por la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Hacienda de Sevilla se acordó declarar a la entidad Tableros del Sur, S.A. responsable por sucesión de la actividad empresarial de las deudas liquidadas a la empresa Mass, S.A. que ascendían a 850.602.974 pesetas, acuerdo contra el que se interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Andalucía. Con fecha 10 de febrero de 1.994 el representante de Tableros del Sur presentó escrito desistiendo de las reclamaciones interpuestas, desistimiento que fue aceptado, con archivo de actuaciones, por resolución del TEAR de 17 de febrero siguiente.

2.- Como consecuencia del acuerdo de 18 de enero de 1.991 se dictó por la Oficina Gestora mandamiento de embargo de finca propiedad de la ahora recurrente, efectuándose anotación preventiva de embargo por el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira el 14 de febrero del mismo año, mandamiento al que siguió solicitud de prórroga de 23 de noviembre de 1.993 requerida por la Unidad de Recaudación de Sevilla-Centro de la A.E.A.T., cumplimentada por el Registro de la Propiedad el 13 de diciembre siguiente.

3.- El 26 de enero de 1.994 el representante legal de la empresa recurrente remitió a la Oficina gestora escrito por el que se interponía recurso de reposición contra la prórroga del mandamiento de embargo, basándose en que con fecha 10 de enero de 1.992 se había llegado a un acuerdo entre el Subdirector General de Recaudación Ejecutiva del Departamento de Recaudación de la A.E.A.T. y el representante de Tableros del Sur S.A., en relación con la deuda tributaria que por subrogación o sucesión de empresa de Mass, S.A. se reclamaba a la actora, en virtud del cual se produjo una quita de la deuda por subrogación hasta dejarla en 200.000.000 de pesetas, que ésta habría de pagar a razón de 50 millones de pesetas en el año 1.992 y 150 millones en el año 1.993, y que se concertó con el conocimiento y consentimiento de la intervención judicial por cuanto que la actora se encontraba en estado legal de suspensión de pagos.

4.- A este escrito siguió otro de 9 de febrero en el que se indicaba que "En el acuerdo ultimado por el representante de Tableros del Sur, S.A. con el Subdirector General de Recaudación Ejecutiva, sobre sucesión de esta empresa en la deuda tributaria a cargo de "MASS, S.A.", se convino que la actora desistiría de las reclamaciones económico-administrativas planteadas ante el TEAR de Andalucía sobre el referido asunto y que el Abogado del Estado también desistiría del recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Sevilla, contra sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 que había desestimado una reclamación contra Tableros del Sur, S.A. y MASS, S.A. por cesión de crédito y otros extremos. Que suponiendo que las reclamaciones económico-administrativas, que tenían los números 41/179/91, 41/403/91 y 41/2732/91, se habían archivado era por lo que no se había presentado el escrito de desistimiento, lo que hacía en esta fecha, justificando dicha actuación con fotocopia del citado escrito, en el que consta la diligencia de presentación en el Tribunal, solicitando expresión escrita sobre determinados particulares".

5.- Con fecha 22 de marzo de 1.994 el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la A.E.A.T. en Sevilla emite certificación, sobre los particulares solicitados anteriormente, reconociendo la formalización del referido acuerdo suscrito con fecha 10 de enero de 1.992, cuyos aspectos o pactos particulares fueron: a) Que la actora aceptaba la responsabilidad por sucesión hasta el importe de 200.000.000 de pesetas, cuyo pago se efectuaría en dos plazos, el primero de 50.000.000 de pesetas en los seis meses siguientes a la firmeza del convenio de suspensión de pagos o a la reapertura de la factoría sita en Alcalá de Guadaira y un segundo plazo de 150.000.000 de pesetas en los 18 meses siguientes a la firmeza del convenio de suspensión de pagos o a la reapertura de la factoría sita en Alcalá de Guadaira. Respecto a la deuda propia de la actora queda excluida del presente acuerdo. b) El resto de la deuda tributaria se dataría en cuentas públicas, comprometiéndose la Hacienda a no exigir su pago a posibles sucesores en la actividad desarrollada por Mass, S.A. o Tableros del Sur, cualquiera que fuere el concepto por el que se sucediera en la actividad desarrollada en la factoría sita en Alcalá de Guadaira, así como a no exigirlo a los administradores de Mass, S.A. y Tableros del Sur en virtud de lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la L.G.T. c) Tableros del Sur desiste de todas las reclamaciones económico-administrativas planteadas ante el TEAR de Andalucía con motivo de la declaración de responsabilidad solidaria por sucesión en la actividad de MASS, S.A. d) Asimismo, Tableros del Sur renuncia a la percepción de las costas a cuyo pago ha sido condenado el Estado en el juicio declarativo de mayor cuantía instado por el Sr. Abogado del Estado sobre declaración de nulidad del pago anticipado efectuado por Tableros del Sur, S.A. a MASS S.A.

6.- El mismo día 22 de marzo de 1.994 la Oficina Gestora remitió providencia conteniendo mandamiento de cancelación parcial de embargo preventivo en los términos mencionados, al Sr. Registrador de la Propiedad de Alcalá de Guadaira.

7.- Con fecha 17 de febrero de 1.998 la Oficina gestora remitió a la empresa ahora recurrente el escrito siguiente: "En relación con la deuda de Mass S.A. cuyo pago, hasta 200.000.000 de pesetas debe efectuar, por sucesión en la actividad, Tableros del Sur S.A., en los términos del procedimiento judicial de suspensión de pagos y a los efectos de determinar el día inicial del cómputo de los plazos de seis y dieciocho meses previstos para el pago y habiéndose constatado la reapertura de la factoría sita en Alcalá de Guadaira (Alta en el I.A.E., presentación de autoliquidaciones del IRPF. retenciones e IVA) se acuerda: El pago de 50.000.000 de pesetas deberá efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la notificación del presente acuerdo, computados de fecha a fecha. El pago de 150.000.000 de pesetas deberá efectuarse dentro de los 18 meses siguientes a la notificación del presente acuerdo, computados de fecha a fecha."

8.- Disconforme con dicha comunicación, al considerarla ininteligible por falta de motivación e incorrecta por no darse pie de recurso contra ella, la actora remitió escrito que fue respondido por el Centro Gestor con fecha 31 de marzo siguiente en el sentido de que la motivación era suficiente y que al tratarse de una simple constatación del reinicio de la actividad mercantil por la deudora "a los efectos de lo convenido en el procedimiento judicial de suspensión de pagos" no cabe recurso alguno contra dicho escrito".

El Tribunal de instancia basó su fallo en los siguientes fundamentos jurídicos:

""Ahora bien debe señalarse que la resolución administrativa que comunica a la actora, el día inicial del cómputo de los plazos de seis y dieciocho meses previstos para el pago de la deuda de Mass, S.A, cuyo importe hasta 200.000.000 de pesetas, debía efectuar la actora por sucesión en la actividad, es consecuencia del acuerdo de fecha 10 de enero de 1.992 que el actor tiene en su poder y que siempre podrá hacer valer, incluso jurisdiccionalmente, en caso de incumplimiento del mismo por parte de la Administración; pero es que además el contenido de dicho acuerdo, al que responde la comunicación ahora cuestionada, no ha sido contradicho por la Administración, todo lo contrario, y a ello responde tanto la certificación expedida el 22 de marzo de 1.994 por el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Sevilla, como la providencia remitida por la Oficina Gestora, con igual fecha, conteniendo mandamiento de cancelación parcial de embargo preventivo al Registrador de la Propiedad de Alcalá de Guadaira.

Consideramos por ello, que dado que la comunicación de fecha 17 de febrero de 1.998, responde al contenido del acuerdo de fecha 10 de enero de 1.992, contenido reconocido por certificación emitida por la Administración con fecha 22 de marzo de 1.994, no existe ni la falta de motivación que la parte actora denuncia, ni el hecho de que no conste en el expediente el referido acuerdo es causante de indefensión, desde el momento en que obra en poder de la propia actora, que bien podría haberse mostrado disconforme con las fechas de pago fijadas en el requerimiento de pago, si dichas fechas no se hubiesen correspondido con las pactadas, lo que una vez más pone de manifiesto la adecuación a derecho de la resolución impugnada".";

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en un único motivo que ha quedado transcrito en los antecedentes.

Segundo.-Aduce la recurrente en su motivo de casación incongruencia omisiva de la sentencia recurrida, pues guarda el más absoluto de los silencios sobre cual es el contenido real del acuerdo de 19 de enero de 1992 -traspapelado, dice- celebrado entre el Subdirector General de Recaudación Ejecutiva del Departamento de Recaudación de la AEAT y la Sociedad Anónima Tableros del Sur para hacer efectivo el pago de 200.000.000 ptas., del que existen dos versiones: una de que 50.000.000 deberían pagarse antes del fin del año 1992 y 150.000.000 antes de la finalización de 1993 (versión de 20 de julio de 1992 del Delegado de la AEAT de Sevilla), y otra de que deberían pagarse 50.000.000 ptas en los seis meses siguientes a la firmeza del convenio de suspensión de pagos o a la reapertura de la factoría sita en Alcalá de Guadaira y un segundo plazo de 150.000.000 ptas. en los dieciocho meses siguientes a la firmeza del convenio de suspensión de pagos o a la reapertura de la factoría sita en Alcalá de Guadaira (versión de 22 de marzo de 1994 del Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Sevilla de la AEAT, con el V.B. del Delegado de la AEAT de Sevilla). Añade que esto constituye delito y pide que se deduzca testimonio a la jurisdicción penal.

La incongruencia omisiva no se produce, pues resulta indudable que el juzgador de instancia (fj 4.º) ha considerado que los plazos para hacer efectivo el pago de la deuda son los expresados en la certificación emitida por la Administración con fecha 22 de marzo de 1994, la cual responde, en palabras de dicho juzgador, "al contenido del acuerdo de fecha 10 de enero de 1992", añadiendo que era la propia parte, la que podía haber impugnado tales fechas si otra cosa resultase de dicho acuerdo, que lógicamente debe obrar en su poder.

Al manifestarse en esta forma la sentencia está dando respuesta a la pretensión del recurrente, pues aunque no lo diga expresamente, tácitamente ha dado prevalencia a la versión de 22 de marzo de 1994 sobre la de 20 de julio de 1992, y sabido es, de conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Sala y doctrina del Tribunal Constitucional, que el requisito de congruencia de la sentencia, establecido en el artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional, no exige una respuesta pormenorizada de todas las cuestiones planteadas por las partes, bastando para entenderlo cumplido, que de los razonamientos del órgano judicial pueda deducirse cuál ha sido el hilo conductor que lo ha llevado a adoptar su fallo.

No procede, por otra parte, deducir el testimonio a la jurisdicción penal, pues de lo expuesto no se deduce que existe indicios de delito, al margen de la facultad que tiene la recurrente para ejercitar las acciones ante dicha jurisdicción si lo estima procedente.

Tercero.-La aplicación de la doctrina expuesta comporta la desestimación del Recurso de Casación que decidimos, con expresa imposición de costas al recurrente, si bien, en uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la Ley Jurisdiccional, teniendo en cuenta la no excesiva dificultad del problema planteado, al concretarse al examen de la incongruencia omisiva de la sentencia recurrida, se limita su importe a 1.500 euros.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,


FALLAMOS


 
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación n.º 875/2005, interpuesto por la Entidad TABLEROS DEL SUR, S.A., contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 15 de noviembre de 2004, recaída en el recurso n.º 1803/2001, con imposición de costas a la parte recurrente con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Juan Gonzalo Martinez Mico Manuel Martin Timon Joaquin Huelin Martinez de Velasco Oscar Gonzalez Gonzalez

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Oscar Gonzalez Gonzalez, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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