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Sentencia T.S.J. Aragón 490/2010 de 22 de septiembre


 RESUMEN:

IS: Sociedad carente de actividad e ingresos. Obligación de efectuar pagos fraccionados: Procede su exigencia sin excepción legal porque la sociedad no ha perdido la condición de sujeto pasivo del impuesto. Sanción: Procede porque no se aprecia una interpretación razonable de la norma. Infracción por dejar de ingresar la deuda tributaria: Es correcta la calificación del tipo porque es irrelevante que la cuota a ingresar sea cero.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00490/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGON

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Recurso N.º259/2009

SENTENCIA N.º 490 DE 2010

Ilmos. Srs.:

Presidente

D. Jaime Servera Garcías

Magistrados:

D. Eugenio Esteras Iguacel

D. Fernando García Mata

Zaragoza, veintidós de septiembre de dos mil diez.

En nombre de S.M. el Rey.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sección Segunda, el recurso número 259/2009, seguido entre partes, como demandante, Antigua Casa Lac,SL., representada por la Procurador, D.ª Beatriz García Escudero Domínguez y defendida por la Letrado, D.ª M.ª Dolores Vicente Maurel; como demandada la Administración Estatal, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Es objeto de impugnación la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón, de 29 de octubre 2008, que desestima las reclamaciones de 50/806/06, 50/2177/06, 50/2897/06, 50/2425/06 y 50/1857/08 contra acuerdos de liquidación y de imposición de sanciones en el Impuesto de Sociedades, ejercicios 2004 y 2005.

Procedimiento: Ordinario

Cuantía: 31.082,54€

Ponente: Ilmo. Sr. D. Jaime Servera Garcías.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Mediante escrito presentado con fecha 24 de junio de 2009 la parte actora dedujo el presente recurso contencioso-administrativo contra la indicada resolución.

Segundo.-Previa la interposición del recurso y aportación del expediente administrativo, la parte actora formuló demanda en súplica de que se dicte sentencia que se declare nula o anule la resolución impugnada, dejando sin efecto las liquidaciones y sanciones confirmadas por la misma.

Tercero.-La Administración demandada, en su contestación a la demanda, suplicó la inadmisibilidad o, en su caso, desestimación del recurso.

Cuarto.-Sin haber lugar a recibir el proceso a prueba, una vez subsanado el defecto procesal invocado por el Abogado del Estado, las partes evacuaron el traslado para conclusiones sucintas por escrito, señalándose para votación y fallo del recurso el día 15 de los corrientes.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Contra la indicada resolución del tribunal Económico, interpone la Sociedad demandante el presente recurso contencioso-administrativo en el que solicita su nulidad o anulación, dejándose sin efecto las liquidaciones y sanciones impuestas confirmadas por la misma, pretensión que, en síntesis, viene a sustentar la demandante, en cuanto a las liquidaciones, en que, sin negar que continúa ostentando la condición de sujeto pasivo del impuesto que nos ocupa, de ello, a su juicio, no se sigue necesariamente la obligación de realizar los pagos a cuenta previstos en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 4/2004, que regula el mismo, al faltar el hecho imponible en este caso-obtención y/o generación de ingresos-por tratarse de sociedad en proceso de disolución, estando así previsto, según su razonamiento, en la Orden HAC 540/2003, de 10 de marzo, articulo 1.2, conforme al cual no habría obligación de presentar declaración de pago fraccionado (modelo 202) cuando no deba efectuarse ingreso alguno, considerando que las sanciones previstas en el precepto legal son para el supuesto de producirse ingresos o rentas, aunque no haya actividad, supuesto que no concurre en el caso, en el que la cuota ingresada resultó cero; y, en cuanto a las sanciones, que el Tribunal Económico mantiene exclusivamente en cuanto al tipo, dejar de ingresar, anulando el criterio de agravación por ocultación que había apreciado la Administración gestora, sostiene la recurrente que las normas de aplicación en cuanto a la obligación controvertida no son claras, pudiendo ser objeto de interpretación diversa y razonable y que, en cualquier caso, no estaríamos ante el tipo del artículo 191 de la vigente Ley General Tributaria -dejar de ingresar la deuda tributaria que resultara de una autoliquidación-, sino del previsto el artículo 198 -no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico-, dado que la cuota a ingresar resultante ha sido cero.

Segundo.-El Abogado del Estado invoca la inadmisibilidad del recurso en base a la causa contemplada en el artículo 69.b), en relación con el artículo 18 y con el 45.2. b), todos ellos de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por no aportar la sociedad actora el documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sea de aplicación, en concordancia con la doctrina del Tribunal Supremo expresada en su sentencia de 5 de noviembre de 2008 (Aranzadi 2009,451), conforme a la cual en la nueva ley de la Jurisdicción, de 13 de junio de 1998, al referirse al cumplimiento de tales requisitos, a diferencia de la antigua ley que mencionaba sólo a Corporaciones o Instituciones, su artículo 45.2.b) se refiere a "personas jurídicas" sin añadir matiz o exclusión alguna, por lo que desde dicha nueva redacción el requisito obliga a toda persona jurídica.

Dado traslado a la parte actora de dicha alegación, presentó en el plazo concedido al efecto documento justificativo del cumplimiento del referido requisito, teniéndose por subsanado el defecto procesal denunciado.

Tercero.-Entrando ya a conocer de los motivos de fondo en que se sustenta la demanda, los mismos no pueden ser acogidos, debiendo por ello ser desestimado el presente recurso contencioso-administrativo.

En cuanto al primero de ellos, que hace referencia, por lo que respecta a las liquidaciones que confirma la resolución del Tribunal Económico impugnada, a la procedencia de la exigencia de pagos fraccionados, en primer lugar, por los propios razonamientos de aquél contenidos en el tercero de sus fundamentos de derecho, que se dan aquí por reproducidos; y, en segundo lugar, abundando en lo indicado por dicho Tribunal, porque el artículo 45.1 del Texto Refundido del Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, es claro y concluyente al imponer la obligación de efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados (abril, octubre y diciembre) a todos aquellos, sin excepción alguna, en quienes concurra la condición de sujeto pasivo del Impuesto de referencia en dicho periodo, condición, la de sujeto pasivo, que la actora, como no podía ser de otro modo, no niega en su demanda, limitándose a objetar que carecía de actividad y por ello de ingresos o rentas por estar en vías de disolución, razón está que no puede tener acogida pues, al margen de que la Administración gestora al resolver los recursos de reposición articulados por la interesada niega que la misma se hallase disuelta o en vía de liquidación, el precepto legal antes indicado no hace excepción alguna a la condición de sujeto pasivo a la hora de sujetarle a la obligación de efectuar los pagos fraccionados objeto de controversia.

Es cierto que el propio artículo 45 del Texto Refundido regulador del Impuesto que nos ocupa, en su apartado 3, permite al sujeto pasivo optar por realizar el pago fraccionado en sobre la parte de la base imponible del período de los tres, nueve u once primeros meses de cada año natural (en este caso los tres primeros al tratarse del primer trimestre 2005), pero, según el párrafo tercero de dicho apartado, sujeto en su validez y eficacia al hecho de que el sujeto pasivo haya ejercido la opción en la correspondiente declaración censal, durante el mes de febrero del año natural a partir del cual deben surtir efectos, supuesto que no concurre al no haberse ejercido opción alguna.

Por otro lado, de la Orden HAC 540/2003, de 10 de marzo, publicada en BOE número 63/2003, de 14 de marzo que invoca la recurrente, no se extrae la consecuencia que pretende la misma, relativa a disponer una exención de la obligación de presentar declaración de pago a cuenta, no sólo porque ello contravendría lo dispuesto en una norma de rango superior, sino porque lo que textualmente se establece en el cuarto y último párrafo de la apartado dos del artículo primero de dicha Orden es que: "En los supuestos en que, de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de los pago fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (...), no deba efectuarse ingreso alguno en concepto de pago fraccionado..., no será obligatoria la presentación del modelo 200". Es decir, excepciona de la obligación de presentar declaración de pago fraccionado cuando la Ley del Impuesto no obligue al mismo, supuesto que, por todo lo antes dicho, no concurre en este caso.

Cuarto.-Por lo que hace referencia a las sanciones, no cabe apreciar en este caso la interpretación razonable de la norma de aplicación pretendida por la actora como causa exonerante de la culpa y, por tanto, determinante de la improcedencia de la sanción confirmada en la resolución del TEARA combatida, pues el artículo 45. 1 de la Ley del Impuesto de constante referencia es terminante en la imposición a todo sujeto pasivo del impuesto, sin otra excepción que la opción prevista en el apartado 3, de la obligación de efectuar pagos fraccionados a cuenta, con arreglo a la base determinada en la forma prevista en el apartado 2 del mismo precepto, que es el aplicado por la Administración.

Por otra parte, no es erróneo el tipo de la infracción apreciado por esta última, es decir, dejar de ingresar la deuda tributaria que resulte de una autoliquidación, pues resulta irrelevante que la cuota a ingresar fruto de la regulación fuese cero, ya que una cosa es la obligación de ingresar el pago fraccionado a cuenta que establece el referido precepto legal y otra cosa distinta es que, como tal pago a cuenta, resulte posteriormente compensable con la cuota que, en su caso, resulte a devolver en el ejercicio correspondiente. Además, por si hubiese alguna duda, el apartado 5 del referido artículo 45 LIS dispone que "el pago fraccionado tendrá la consideración de deuda tributaria".

Quinto.-La desestimación del recurso más arriba indicada ha de ir acompañada en este caso de expresa imposición de las costas procesales a la recurrente, habida cuenta la manifiesta inconsistencia jurídica de los razonamientos en que se sustenta, lo que determina que el recurso deba considerarse procesalmente temerario a los efectos indicados de expresa imposición de las costas causadas con el mismo a la demandante, conforme a lo prevenido en el artículo 139LJCA.


FALLAMOS


 
Primero.-Desestimamos el presente recurso contencioso - administrativo, número 259/2009, interpuesto por Antigua Casa Lac, SL..

Segundo.-Imponemos a dicha demandante las costas procesales causadas con el mismo.

Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente, celebrando la Sala audiencia pública, en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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