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Sentencia T.S.J. Castilla y León 482/2010 de 12 de noviembre


 RESUMEN:

ISD: Comprobación de valores. Valoración: Análisis de los requisitos que debe reunir la valoración establecidos por la jurisprudencia aplicable. Falta de motivación: Procede porque no se justifica la actualización de los valores unitarios y los coeficientes correctores no se aplican en función de las condiciones particulares de la finca y del mercado, así como tampoco consta la inspección personal del bien ni se acredita la falta de necesidad de la misma. Retroacción de las actuaciones: No procede por reiteración del defecto de motivación. Valor aplicable: El declarado por el sujeto pasivo del impuesto.

En la Ciudad de Burgos a doce de noviembre de dos mil diez.

En el recurso contencioso administrativo número 252/09 interpuesto por Don Jorge y Don Leoncio representados por la Procuradora Doña Claudia Villanueva García y defendidas por la Letrada Doña Maria Ángeles Martínez Cruz contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 28 de octubre de 2008 por la que se desestima la reclamación económico administrativa seguida con el numero NUM000 contra la resolución de la Oficina Liquidadora de Miranda de Ebro, Burgos de 10 de octubre de 2007 que estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones provisionales números NUM001 Y NUM002 giradas por el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en los expedientes con número de presentación NUM003, y n.º de hecho imponible NUM004, devengado por el fallecimiento de Doña Estela, resolución en la que se anulan las liquidaciones anteriores y se acuerda girar otras que se acompañan NUM005 Y NUM006, con un importe a ingresar cada una de 88.225,24 euros; habiendo comparecido como parte demandada la Comunidad Autónoma de Castilla y León representado y defendida por el Letrado de dicha Comunidad Autónoma en virtud de la representación que por ley ostenta.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-- Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala con fecha 29 de mayo de 2009.

Admitido a trámite el recurso se dio al mismo la publicidad legal, se reclamó el expediente administrativo; recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 23 de julio de 2009 que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se estime el presente recurso acordando: a) La nulidad de la resolución de fecha 29 de octubre de 2008, dejándola sin efecto y declarando la anulación de la valoración de referencia y con ella de las liquidaciones provisionales NUM005 Y NUM006, por ser contraria a derecho al faltar la motivación debida y por contener errores que la invalidan, y se declare expresamente que la administración ha perdido el derecho a efectuar nueva valoración.

b) Subsidiariamente, y para el caso de que no se aprecie la petición anterior que se dicte resolución en la que se aprecie la valoración indicada por el perito Don Agapito y se giren nuevas liquidaciones.

c) Se condene a la Administración demanda en las costas a tenor de lo establecido en el art. 139 de la LJCA.

Segundo.-- Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la parte demandada que contestó a la demanda a medio de escrito de 18 de septiembre de 2009 oponiéndose al recurso solicitando la desestimación del mismo en base a los fundamentos jurídicos que aduce.

Tercero.-- Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicaron las declaradas pertinentes con el resultado que obra en autos y tras la presentación de conclusiones escritas, quedaron los autos conclusos para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98, al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 11 de noviembre de 2010 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 28 de octubre de 2008 por la que se desestima la reclamación económico administrativa seguida con el numero NUM000 contra la resolución de la Oficina Liquidadora de Miranda de Ebro, Burgos de 10 de octubre de 2007 que estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones provisionales números NUM001 Y NUM002 giradas por el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en los expedientes con número de presentación NUM003, y n.º de hecho imponible NUM004, devengado por el fallecimiento de Doña Estela, resolución en la que se anulan las liquidaciones anteriores y se acuerda girar otras que se acompañan NUM005 Y NUM006, con un importe a ingresar cada una de 88.225,24 euros.

Se alega por la parte recurrente la nulidad de las liquidaciones por error de las mismas al no contemplar el valor declarado por los recurrente al presentar al autoliquidación. Falta de motivación del informe pericial de la administración que sirve de base a la liquidación al no quedar justificado el coeficiente corrector aplicado, máxime cuando se varia este sin explicación alguna para mantener el precio medio aplicado por metro cuadrado.

Alegaciones que son rebatidas por la representación de la Comunidad Autónoma.

Segundo.-- Los hechos a tener en cuenta en el presente recurso en esencia son: Con fecha 27 de diciembre de 2004 falleció Doña Estela.

El 28 de junio de 2005 Don Jorge y Don Leoncio presentaron inventario de bienes dejado por la causante a la fecha del fallecimiento junto con la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones. En el inventario se hacen constar una finca rústica al pago de Anduva en el termino de Miranda de Ebro que se valora en 12000 euros, una casa muy deteriorada construida sobre la anterior que valoran en 30.000 euros y dos pabellones cuadras también sobre la rústica que valoran en 6.000 euros; Así mismo se incluyen los depósitos en cuentas corrientes que representan 7.140,51 euros.

Con fecha 9 de agosto de 2005 se efectúa por Arquitecto Técnico de la Administración la Valoración de los inmuebles declarados asignando un valor de 1598.940 euros considerando el Terreno como solar.

Así mismo se valoran por el Jefe de la Oficina liquidadora por precios medios el resto de los bienes, casa y almacenes, asignando un valor de 41.073,22 euros.

Con estas valoraciones se giran propuestas de liquidación el 12 de agosto de 2005, que son notificadas a las recurrentes.

Presentadas alegaciones con fecha 14 de septiembre de 2005, con fecha 3 de noviembre de 2005 se giraron las liquidaciones provisionales que determinaron como importes a ingresar cada uno la cantidad de 213.898,20 euros.

Con fecha 16 de diciembre de 2005 interponen recurso de reposición contra las anteriores liquidaciones. Que es ampliado con fecha 10 de enero de 2006 acompañando informe del Ayuntamiento sobre la calificación del terreno como no urbanizable común.

Con fecha 9 de febrero de 2006 por el Arquitecto Técnico de la administración ratifica el valor y con fecha 10 de febrero de 2006 se desestima el recurso interpuesto.

Con fecha 15 de marzo de 2006 los recurrentes interponen reclamación económico administrativa contra dichas liquidaciones que es seguida con el n.º NUM007 que es resuelta con fecha 28 de febrero de 2007 anulando las liquidaciones al anular el informe pericial que les servia de base por tratarse de finca rústica y no de solar como se reflejaba en el mismo.

En ejecución de esta resolución se anulan las liquidaciones, y con fecha 9 de julio de 2007 por un Ingeniero Técnico Agrícola de la Administración se efectúa un nuevo informe pericial en el que tras identificar los datos del documento y la fecha del hecho imponible, cita la base legal, en concreto el art. 57.1.e de la ley 58/2003 de 17 de diciembre a continuación incluye unas lo que califica certificación de los contenidos de los estudios mercado de bienes inmuebles rústicos actualizados fijando la localidad para que se refiere, Miranda de Ebro, e indicando el valor unitario medio aplicable para cultivo de huerta, 9.015 €. A continuación explica la metodología de la valoración indicando que se efectúa partir de datos del documento presentado, que el técnico considera que son suficientes para la identificación de las características físicas económicas de los bienes, por lo que estima innecesario realizar otras comprobaciones al estar convenientemente individualizados e identificadas. Asimismo se utilizan los valores unitarios medios obtenidos de los estudios de mercados efectuados por la Junta de Castilla y León, que se encuentran en las dependencias de la oficina a disposición del interesado y cuyos datos en relación con el bien a bienes se identifican en el apartado IC. Dichos valores actualizados a la fecha del devengo se corresponden con los del mercado usuales en la zona geográfica en la que se sitúan las fincas, para una intensidad productiva medio de cultivo al que esté o pudiera estar destinada a la misma. El valor unitario medio se corrige mediante la aplicación de un coeficiente intensidad productiva que depende del número de clases que para localidad indicación de la finca y orientación productiva ha establecido el catastro y de la clasificación que esté asignado la finca objeto de comprobación de valor, recogiendo a continuación las tablas que relacionan ambos parámetros. Añadiendo continuación que dichos valores actualizados son ponderados mediante la aplicación de coeficientes correctores, según el leal saber y entender del técnico de valoración en el ejercicio de sus atribuciones basándose en su capacitación, en el conocimiento del mercado local y en las características armónicas de la explotación agrícola o en atención a circunstancias especiales que concurren en el bien una vez individualizados e identificado. A continuación se procede a la valoración de cada una de las fincas identificando el municipio, el polígono y parcela, la superficie, la orientación productiva, la clasificación del terreno según catastro, el valor medio empleado, el coeficiente intensidad, para concluir el valor comprobado al que aplica un coeficiente corrector de 199,51 obteniendo un valor de 878.940 euros explicándose en el apartado observaciones la aplicación del coeficiente corrector que se fundamenta en el valor de mercado en la zona donde se sitúa la parcela.

Con base en esta valoración se gira la nueva liquidación de 12 de julio de 2007 que determina una cuota de 109.084 euros.

Interpuesto con fecha 27 de agosto de 2007 recurso de reposición, previo nuevo informe de valoración en el que se corrigen las superficies consideradas y se aplica un coeficiente corrector de 195,19, del que resulta que se mantiene el mismo valor unitario por metro cuadrado que en el anterior es decir 175,96 euros metro cuadrado, se asigna un nuevo valor, ahora 747.670,88 euros, estimándose parcialmente el recurso de reposición y girando las nuevas liquidaciones que determinan una deuda tributaria para cada uno de 88.225,24 euros.

Interpuesta reclamación económico administrativa y seguida con el numero 9/12/2008 fue desestimada por resolución de 28 de octubre de 2008, en la que al ser notificada se comunico a los recurrentes que no agotaba la vía administrativa ya que cabía recurso de alzada ante el TEAC, interpuesto el mismo fue inadmitido por razón de la cuantía, notificándose a los recurrentes el error de la notificación a fin de que subsanado el mismo pudieran interponer recurso contencioso administrativo, que es el presente.

Tercero.--. Entrando en el análisis de las alegaciones formuladas por el recurrente tenemos que se denuncian errores en las declaraciones al variar las valoraciones de las que parte como declaradas por los recurrentes, alegación que no puede prosperar pues si bien es cierto que existen imprecisiones, lo cierto es que si que se tienen en cuenta en conjunto los valores declarados a la hora de obtener el resultado final de la diferencia entre lo declarado y lo no declarado, lo que ocurre es que precisamente unas veces se incluyen cantidades como bienes urbanos incluyendo a todos los inmuebles y otras como rústicos pero incluyendo todos los declarados, pero como decimos ello no alteraría el resultado final de la liquidación.

Cuarto.-- Se denuncia la incorrección y falta de motivación del informe que sirve de base a la comprobación de valores y con ella a la liquidación complementaria.

La Administración ha empleado para la comprobación del valor declarado por los recurrentes el medio previsto por el art. 57.1.e) de la LGT (Dictamen de peritos de la Administración) con reminiscencias o hibridación con el método del art. 57.1.c) (Precios medios en el mercado), pues se hace mención a "los valores unitarios obtenidos de los estudios de mercado efectuados por la Junta de Castilla y León" y por otro lado se menciona la "actualización y ponderación" de aquellos valores por el técnico que suscribe, en ejercicio de sus competencias y atribuciones, y según su criterio basado en su capacitación, en su conocimiento del mercado local.

Más la calificación definitiva del método de comprobación de valores ha de ser el regulado o si se prefiere en el art. 57.1.e) de la LGT 58/2003, de 17 de diciembre en vigor a partir del 1 de julio de 2004 (Dictamen de peritos de la Administración). De hecho, la propia administración demandada, en el expediente de gestión tributaria, al proceder a realizar la comprobación advierte que ha seguido el método de comprobación de valores regulado en el art. 57.1.e) de la LGT 58/03, que no es otro que el mencionado dictamen de peritos de la Administración.

Otra cosa es que en la realización de los informes puedan apreciarse las deficiencias de motivación que se denuncian.

En este sentido se ha de recordar que la exigencia de motivación viene impuesta por el artículo 103.3 de la Ley General Tributaria, cuando advierte que "3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho", al tiempo de realizar la comprobación de valores.

No se trata, desde luego, de una motivación exhaustiva, pero si lo suficientemente precisa para conoce y por lo tanto poder controvertir las razones que llevan a la Administración a asignar a un bien un determinado valor.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 12-11-1999, rec. 7816/1992 concluye en el deber de los Peritos de la Administración de 1) comprobar en cada caso los bienes, 2) describirlos, 3) facilitar a los órganos administrativos y jurisdiccionales los antecedentes de hecho suficientes para admitir o rechazar las valoraciones.

La STS 3.ª sec. 2.ª de 03-12-1999, rec. 517/1995 nos recuerda la doctrina fijada en relación con debida motivación de las comprobaciones de valores realizadas por la administración tributaria (v.g. STS de 3 y 26 de Mayo de 1989, 20 de Enero y 20 de Julio de 1990, 18 de Junio y 23 de Diciembre de 1991, 8 de Enero de 1992, 22 de Diciembre de 1993, 24 y 26 de Febrero de 1994, 4, 11 y 25 de Octubre y 21 de Noviembre de 1995, 18 y 29 de Abril y 12 de Mayo de 1997 y 25 de Abril de 1998).

En esta Sala de lo Contencioso-administrativo son ya muchas las sentencias que han seguido la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, corrigiendo las comprobaciones realizadas por la administración tributaria de la Junta de Castilla y León. Así de la sentencia de 2 de febrero de 2007 resultan claramente los criterios que viene reiterando esta Sala a propósito de los requisitos que han de reunir las valoraciones que sirvan de base a liquidaciones complementarias a saber: acreditación y justificación de los valores unitarios aplicados, con aportación de los estudios de mercado o certificación del contenido de los mismos que sea aplicable al caso concreto, y explicación de las posibles actualizaciones a la fecha del hecho imponible. Justificación de los distintos coeficientes aplicados. Individualización de la valoración, es decir que se recojan las características consideradas y se justifique como se han obtenido, lo que exigirá normalmente la inspección personal de bien a no ser que por las características del mismo y la documentación que se maneje, debidamente incorporada al expediente, quede justificada la no necesidad de la inspección personal.

Ello por que la jurisprudencia advierte que la aplicación de "precios medios" no puede hacerse presumiendo la certeza de estos, sino que se requiere la justificación de las razones de su formulación y de su aplicación a los bienes concretos, se debe especificar la forma en que se han tomado en consideración esas circunstancias, siempre claro está de un modo detallado (STS 3.ª sec. 2.ª de 12-11-1999, rec. 7816/1992). Esta misma sentencia concluye en el deber de los Peritos de la Administración de 1) comprobar en cada caso los bienes, 2) describirlos, 3) facilitar a los órganos administrativos y jurisdiccionales los antecedentes de hecho suficientes para admitir o rechazar las valoraciones. Por todo ello, mientras no se cumplan estas garantías, por desconocimiento de los datos e imposibilidad de analizar y contrastar la valoración, esta ha de rechazarse (STS de 7 de Mayo de 1998, de 30 de Mayo y 19 de Octubre de 1995), debiendo reseñarse que la simple manifestación de haber tenido en cuenta de la situación, calidad, y edad de la construcción, como menciones genéricas tampoco es suficiente (STS de 4 de Diciembre de 1993).

Así mismo hemos declarado que han de diferenciarse lo que pudieran considerarse deficiencias de método, de lo que son discrepancias de criterio de valoración. Mientras las primeras pueden dar lugar por si solas a la anulación de la valoración por insuficiencia de motivación, las segundas solo determinaran la anulación en la medida en que mediante la prueba articulada al efecto puedan determinar distintos criterios y consecuencia de ello distinta valoración.

En cuanto al método resulta que tras efectuar la valoración agronómica, que puede decirse que esta correctamente motivada, salvo en que se dice que se han actualizado los valores unitarios a la fecha del hecho imponible y no se justifica esa actualización, como resulta que se considera que concurren circunstancias que hacen que el valor sea mayor que el meramente agronómico, se aplican unos coeficientes para alcanzar ese valor teórico que se considera procedente. Valor teórico que parece ser de 175,96 euros metro cuadrado como pone de manifiesto el recurso ya que es el mismo valora unitario por metro cuadrado en las dos valoraciones que hace el ingeniero técnico agrícola, valor que se obtiene en ambos casos variando el coeficiente corrector, después de variar la superficie considerada, parece pues que el coeficiente corrector esta no en función de las condiciones particulares de la finca y del mercado como se dice, sino de la obtención de un precio unitario que se considera procedente sin que sepamos porque, ya que únicamente se cita el leal saber y entender del perito como fundamento de un precio de mercado que alega, ya hemos denunciado en alguna ocasión que parece más que lo que se busca es conseguir un resultado concreto y a ello se ajustan los coeficientes, no que partiendo de unas circunstancias concretas a las mismas se aplique un coeficiente que arroja un resultado no predeterminado.

En este orden de cosas no esta acreditado que se hayan inspeccionado el bien y que las características consideradas se correspondan con el mismo, pues ni consta la inspección ni consta la aportación de los datos tenidos en cuenta que pudieran justificar la no necesidad de la inspección personal que individualice la valoración. Las circunstancias del bien han de describirse y ello muchas veces conlleva el empleo de expresiones generalmente aceptadas, lo importante es que esas expresiones sean el reflejo de la realidad, para ello se habrán de aportar los datos físicos u objetivos que justifican el empleo de esas calificaciones, datos que solo se obtendrán previa la oportuna inspección personal o con aportación de los documentos y datos concretos utilizados que justifiquen la no necesidad de la inspección personal. La diferencia entre la existencia de inspección personal o justificación de los datos tenidos en cuenta y la no existencia es importante. En caso de inspección esta en juego la apreciación de la realidad por perito de la Administración que en principio se presume correcta, mientras que en a falta de inspección se esta ante una estimación que por su propia naturaleza no acredita que sea acorde con la realidad, cuando ha de ser la realidad lo que se tenga en cuenta para poder considerar que la valoración esta individualizada y singularizada.

Quinto.-Consecuencia de lo expuesto hasta ahora es la apreciación de la falta de motivación adecuada de las valoraciones de las fincas que sirven de base a las liquidaciones recurridas

Ahora bien, llegados a este punto hemos de precisar que la Administración ya ha tenido ocasión de subsanar los defectos de motivación denunciados por la recurrente, sin que la nueva valoración realizada en diciembre de 2007 haya cumplido con las exigencias de motivación conforme se ha razonado más arriba, de ahí que debamos tener en cuenta necesariamente la doctrina jurisprudencial que resulta de sentencias del Tribunal Supremo como son como la de 9 mayo 2003 remitiéndose a otras anteriores de 29 de diciembre de 1998, 7 de octubre de 2000 y 18 de enero de 2001.

Y así, la doctrina sentada, en dichas Sentencias, en esencia, declara que la anulación de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se extinga el derecho de la Administración Tributaria a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las formas y garantías de los interesados.

En este sentido son aleccionadores los artículos 52 y 53 de la misma Ley de Procedimiento Administrativo que disponen que, en el caso de nulidad de actuaciones, se dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites, cuyo contenido hubiera permanecido el mismo de no haberse realizado la infracción origen de la nulidad, y también que la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, preceptos que llevan claramente a la idea de que los actos administrativos de valoración, faltos de motivación, son anulables, pero la Administración no sólo esta facultada para dictar uno nuevo en sustitución del anulado, debidamente motivado, sino que esta obligada a ello, en defensa del interés público y de los derechos de su Hacienda.

Cierto es -añadimos ahora- que el derecho de la Administración a corregir las actuaciones producidas con infracción de alguna garantía o formalidad o insuficiencia de motivación en las comprobaciones de valores, no tiene carácter ilimitado, pues está sometido en primer lugar a la prescripción, es decir puede volver a practicarse siempre que no se haya producido dicha extinción de derechos y en segundo lugar a la santidad de la cosa juzgada, es decir si se repite la valoración con la misma o similar ausencia o deficiencia de motivación, comportaría la pérdida -entonces si - del derecho a la comprobación de valores y en ambos caos (prescripción o reincidencia) la Administración había de pasar por la valoración formulada en su día por el contribuyente".

En consecuencia, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto y anular las resoluciones recurridas y la liquidación practicada, por estar basada nuevamente en una comprobación de valores carente de la adecuada motivación, sin que proceda la retroacción de actuaciones, para poder subsanar el defecto de falta de motivación, al haberse reiterado el defecto en dos ocasiones, lo que conlleva que deba condenarse a la Administración a estar y pasar por el valor declarado por la recurrente al formular su autoliquidación, por mucho que sea irrisorio, la comprobación exige que se lleve a cabo con todas las garantías para que no puede existir la más mínima duda de arbitrariedad.

Sexto.-No se aprecian causas o motivos que justifiquen una especial imposición de costas, de conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha dictado el siguiente:


FALLO


 
Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don Jorge y Don Leoncio representados por la Procuradora Doña Claudia Villanueva García y defendidas por la Letrada Doña Maria Ángeles Martínez Cruz contra la resolución que se describe en el encabezamiento de la presente sentencia que se anula por contraria a derecho junto con las liquidaciones de que trae causa por sustentarse en valoraciones de los bienes insuficientemente motivadas. Debiendo la Administración pasar por los valores declarados por los recurrentes.

Ello sin hacer expresa condena en las costas procesales causadas

Contra esta resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente administrativo al Órgano de procedencia con certificación de esta resolución para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente Sr. Valentin Varona Gutierrez, en la sesión pública de la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), que firmo en Burgos a doce de noviembre de dos mil diez, de que yo el Secretario de Sala, certifico.

Ante mi.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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