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Sentencia T.S. (Sala 3) de 17 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Recurso de casación para la unificación de doctrina: Impugnación de sentencia confirmando la inadmisión de reclamación económico-administrativa por extemporánea. Plazo para presentar la reclamación: Se confirma el carácter improrrogable de dichos plazos y la imposibilidad de su ampliación por existir dificultad para su presentación en cualquiera de las oficinas previstas a tal efecto. Desestimación del recurso de casación para la unificación de la doctrina: Procede porque no se cumplen los requisitos exigidos para su interposición.

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Noviembre de dos mil diez.

En el recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 213/2006, interpuesto por Don Felicisimo, representado por la Procuradora Doña Francísca Amores Zambrano, y asistido de letrado, contra la sentencia n.º 654/2006 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Valladolid, en fecha 29 de marzo de 2006, recaída en el recurso n.º 757/2000, sobre Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, dirigida y asistida del Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Valladolid, dictó sentencia desestimando el recurso promovido por Don Felicisimo, contra la Resolución del TEAR de Castilla y León, de fecha 26 de enero de 2000, que declaró la inadmisibilidad, por extemporánea, de la reclamación económico administrativa interpuesta contra la liquidación provisional practicada por el Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Zamora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de fecha 16 de marzo de 1998, en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1995. de Inspección por el que se dicta acto de liquidación por IRPF, ejercicio 1997.

Segundo.-Notificada dicha sentencia a las partes, por el recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación para la unificación de doctrina, habiendo sido elevados los autos para su tramitación y posterior resolución a este Tribunal Supremo en fecha 22 de junio de 2006.

Tercero.-Por el recurrente (Don Felicisimo) se presentó escrito de interposición en fecha 22 de mayo de 2006, en el cual, tras exponer la doctrina infringida por la sentencia recurrida, terminó por suplicar dicte sentencia estimatoria del recurso anulando la sentencia impugnada.

Cuarto.-Por providencia de la Sala de instancia, de fecha 24 de mayo de 2006, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 16 de junio de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos, y suplicó a la Sala se dicte sentencia por la que se inadmita o, subsidiariamente, se desestime, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

Quinto.-Por providencia de fecha 15 de julio de 2010, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación para unificación de doctrina el día 10 de noviembre siguiente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Oscar Gonzalez Gonzalez, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Es objeto de esta casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por don Felicisimo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, que declaró la inadmisibilidad por extemporánea de la reclamación formulada frente a la liquidación provisional practicada por el Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Zamora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio de 1995.

El Tribunal de instancia basó su fallo en los siguientes fundamentos:

""Por lo que se refiere en primer lugar a la declaración de inadmisibilidad, por extemporánea, de la reclamación económico- administrativa en su día formulada por el actor, cabe señalar que el artículo 88.2 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas -hoy derogado por el RD 520/2005, de 13 de mayo - establece que "2. El escrito habrá de presentarse en el plazo improrrogable de quince días, contados desde el siguiente a aquel en que haya sido notificado el acto impugnado, salvo lo dispuesto en el presente Reglamento en relación con los procedimientos especiales. Ello, no obstante, tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el aludido plazo se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de cobranza". Por su parte el artículo 63, sobre cómputo de plazos señala que "1 . Cuando los plazos se señalan por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos" y el artículo 68, sobre presentación de documentos, que "1 . Los escritos y documentos referentes a las reclamaciones económico-administrativas se presentarán, a elección de los interesados, en alguna de las oficinas siguientes durante las horas en que, respectivamente, estén abiertas al público:

a) En el centro o dependencia que hubiera dictado el acto administrativo impugnado.

b) En el Tribunal Económico-Administrativo que fuere competente para tramitar y decidir la reclamación.

c) En el Tribunal Regional o Local que hubiera pronunciado el acuerdo o resolución objeto de recurso en la vía económico- administrativa.

d) En cualquiera de las oficinas del Ministerio de Economía y Hacienda o de las Entidades dependientes del mismo.

e) En las Delegaciones de Gobierno y Gobiernos Civiles.

f) En las oficinas de Correos, siempre que se presenten en sobre abierto para ser fechados y sellados por el funcionario de Correos antes de ser certificado.

g) En cualquier otra que establezcan las disposiciones vigentes.

[...] Así las cosas, el recurso contencioso-administrativo no puede sino correr suerte desestimatoria pues, sin que esta Sección pueda sentirse vinculada por las sentencias dictadas en fecha 19 de abril de 2000 por otra Sección, y distinto ponente y miembros de la misma, de los preceptos citados inequívocamente se desprende:

a) Que los plazos legalmente establecidos son improrrogables;

b) Que el cómputo por días únicamente se excluyen como inhábiles los domingos y los declarados festivos, no los sábados;

c) Que la facultad de los interesados de elegir la oficina en la que vayan a presentar el escrito de reclamación económico- administrativa no es absoluta e incondicionada, sino que, en la elección concreta de la oficina, la eficacia de la presentación se subordina a que se efectúe "durante las horas en que, respectivamente, estén abiertas al público"; y

d) Que, en definitiva, el elenco de oficinas posibles de presentación de escritos -señaladamente, en las Delegaciones del Gobierno y oficinas de Correos- tiene la finalidad de facilitar en todo caso al interesado dicha presentación dentro del plazo establecido, pero no la de permitir una prórroga artificial -e indebida- del plazo legal por el mero hecho de que, de entre todas las posibles, el interesado pretenda la presentación precisamente en la oficina que se encuentra cerrada -bien porque no se haya abierto o porque acabe de cerrar-, pues entenderlo de otro modo sería tanto como dejar a la exclusiva voluntad de los interesados la eventual ampliación del plazo de presentación que, se insiste, tiene la naturaleza de improrrogable".";

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación, aportando como sentencias de contraste las número 738 y 745 del mismo Tribunal de fecha 19 de abril de 2000, en las que se recoge la siguiente doctrina:

""Se impugna en el presente recurso la resolución del TEAR que inadmite la reclamación interpuesta contra providencia de apremio, fundamentada en la extemporaneidad de la misma, toda vez que se interpone en el 16.º día hábil contado a partir de la notificación del acto que se recurre. Siendo cierto esto último, también lo es sin embargo, tal y como acredita en autos el propio presidente del TEAR, que el 15.º día hábil era sábado y que el mentado tribunal estaba cerrado ese y todos los sábados del año. Así las cosas, no pueden hacerse recaer sobre el reclamante las consecuencias de esa no apertura de la oficina administrativa en día hábil, en la que tiene derecho a presentar su escrito ese día, y sin perjuicio de que estuvieran abiertas o no otras dependencias hábiles al efecto, en las que también pudo presentar el escrito, pero a las que no estaba obligado a acudir...".";

Segundo.-El recurso debe desestimarse, pues al ser tanto las sentencias de contraste como la recurrida desestimatorias no se da el presupuesto previsto del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción de que "se hubiere llegado a pronunciamientos distintos". Por otra parte, tampoco se cumple el requisito del artículo 97.1, al no especificarse cuál es la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida.

En cualquier caso el recurso habría sido desestimado, pues el plazo de 15 días previsto en el art. 88.2 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, es de carácter improrrogable, sin que el hecho de que el último día del plazo sea sábado permita su prórroga al lunes siguiente, ya que esto equivaldría tanto como a una ampliación no autorizada por la norma. Las diversas alternativas de lugares que se establecen en la Ley para facilitar la presentación obvian cualquier dificultad que pudiera producirse en alguno de ellos. Lo contrario sería tanto como dejar en manos de los interesados la facultad de ampliar el plazo de presentación con sólo acreditar la dificultad que tiene la presentación en cualquier de las oficinas citadas en el artículo 68 del indicado Reglamento.

Tercero.-La aplicación de la doctrina expuesta comporta la desestimación del Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que decidimos, con expresa imposición de costas al recurrente, si bien, en uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la Ley Jurisdiccional, por la no excesiva complejidad del asunto planteado y la doctrina jurisprudencial existente, se limita su importe a 1.500 euros.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,


FALLAMOS


 
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 213/2006, interpuesto por don Felicisimo, contra la sentencia n.º 654/2006 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Valladolid, en fecha 29 de marzo de 2006, recaída en el recurso n.º 757/2000, con imposición de costas a la parte recurrente con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Manuel Vicente Garzon Herrero Manuel Martin Timon Joaquin Huelin Martinez de Velasco Oscar Gonzalez Gonzalez

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Oscar Gonzalez Gonzalez, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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