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Sentencia A.N. de 9 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

IRPF: Impugnación liquidación provisional. Irregularidades formales: Falta de deuda determinante del elemento objetivo que sustenta la infracción tributaria, como por prescripción de la acción administrativa para imponer sanciones. Plazo: El procedimiento de gestión cuya duración excede del plazo de seis meses, no interrumpe el plazo de prescripción.

Madrid, a nueve de diciembre de dos mil diez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Cuarta) ha pronunciado la siguiente Sentencia en el

recurso contencioso-administrativo núm. 345/2009, interpuesto por la Procuradora D.ª Gloria Rincón Mayoral, en representación

de D. Pio, contra la resolución adoptada por el Tribunal Económico Administrativo Central en fecha

27 de julio de 2009, por la que se estima en parte el recurso de alzada interpuesto contra las resoluciones del Tribunal

Económico Administrativo Local de Ceuta de 17 de abril de 2007 y 14 de mayo de 2008, relativas a liquidaciones provisionales y

resoluciones sancionadoras por el IRPF, ejercicios 1999 y 2000.

La cuantía del recurso se ha fijado en indeterminada.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª ANA MARTIN VALERO, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La representación procesal de D. Pio interpuso ante esta Sala con fecha de 1 de diciembre de 2009 recurso contencioso administrativo contra la resolución antes mencionada, acordándose mediante providencia de 4 de diciembre de 2009 la incoación del proceso contencioso-administrativo, al que se dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta jurisdicción.

Segundo.-La parte actora, formalizó la demanda mediante escrito presentado el 8 de marzo de 2010, en el cual, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó suplicando: "(...) dicte en su día Sentencia dando lugar a este recurso y anulando la resolución de 23/07/2009 del TEAC aquí recurrida en cuanto que ordena la retroacción de actuaciones, al no ser procedente la retroacción de actuaciones al haberse producido la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna Liquidación Provisional en relación con el IRPF-2000, y simultáneamente haberse producido la correlativa prescripción del derecho a imponer sanción por el mismo concepto y ejercicio fiscal, consecuencia de la ineficaz notificación edictal ya declarada por el Tribunal Económico Administrativo Central en la propia resolución de 23/7/2009";.

Tercero.-El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado en fecha 7 de abril de 2010, en el cual, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportuno, terminó suplicando la desestimación del recurso y la confirmación del acto impugnado.

Cuarto.-Mediante providencia de fecha 7 de julio de 2010 se señaló para que tuviera lugar la votación y fallo el día 1 de diciembre de 2010, fecha en la que tuvo lugar.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central de fecha 23 de julio de 2009, por la que se estima en parte el recurso de alzada interpuesto por D. Pio contra las siguientes resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Local de Ceuta:

.- Resolución de fecha 17 de abril de 2007 (reclamación económico administrativa n.º NUM000, NUM001 y NUM002 acumuladas) por los conceptos LIQUIDACIONES PROVISIONALES Y RESOLUCIONES SANCIONADORAS, I.R.P.F, ejercicios 1999 y 2000.

.- Resolución de fecha 14 de mayo de 2008 (reclamación económico administrativa NUM003), por el concepto RESOLUCIÓN SANCIONADORA I.R.P.F, ejercicio 2000.

En virtud de esta estimación parcial:.- se anula la liquidación provisional practicada, y posterior sanción por el concepto IRPF del ejercicio 1999.

.- Se anula la liquidación provisional girada por el concepto de I.R.P.F, ejercicio 2000, retrotrayéndose las actuaciones al tiempo de notificarse al interesado la correspondiente propuesta de liquidación provisional en la que se confiera al interesado trámite de audiencia, y

.- Se anula la sanción impuesta por el concepto I.R.P.F del ejercicio 2000, en los términos señalados en el último Fundamento de Derecho, es decir, quedando a resultas de lo que se acuerde en el procedimiento de regularización del I.R.P.F del ejercicio 2000.

Segundo.-El Tribunal Económico-Administrativo Central anula la liquidación correspondiente al ejercicio 1999 al apreciar la prescripción del derecho de la Administración a liquidar dicho ejercicio. Y ello por estimar que la notificación de la correspondiente propuesta de liquidación realizada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta el 4 de junio de 2004 no fue válida, al haberse practicado el segundo intento de notificación personal en hora que dista menos de sesenta minutos respecto al primer intento (12:30 h y 13:20 h). Por tanto, dado que el plazo reglamentario para presentar la autoliquidación del IRPF del ejercicio 1999 finalizó el 20 de junio de 2000 (Orden Ministerial de 14 de marzo de 2000), el plazo de prescripción finalizaría el 20 de junio de 2004, y constando en el expediente administrativo como primera actuación administrativa realizada con conocimiento del sujeto pasivo, tendente a la regularización de aquel concepto impositivo y periodo, la notificación correspondiente a la liquidación provisional practicada el 6 de noviembre de 2006, es decir, una vez transcurrido el plazo de cuatro años, procede anular la misma. Y en consecuencia, anula también la sanción correspondiente a dicho ejercicio, tanto por falta de deuda determinante del elemento objetivo que sustenta la infracción tributaria, como por prescripción de la acción administrativa para imponer sanciones.

Por lo que se refiere a la liquidación provisional correspondiente al ejercicio 2000, también reputa inválida la notificación de la propuesta de liquidación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta el 20 de marzo de 2000, al haberse practicado el segundo intento de notificación personal en hora que dista menos de sesenta minutos respecto al primer intento (13:36 h y 13:22 h). Ahora bien, en este caso considera que no se ha producido la prescripción, toda vez que, con carácter previo, le fue notificado al interesado el 30 de junio de 2004 requerimiento para que aportase determinada documentación a fin de subsanar las incidencias observadas en la declaración presentada; requerimiento aquél que se atendió mediante personación en fecha 8 de julio de 2004, según diligencia extendida con aquel fin. Así, al haber finalizado el plazo reglamentario para presentar la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2000 el 20 de junio de 2001 (Orden Ministerial de 12 de marzo de 2001), al tiempo de notificarse aquel requerimiento (actuación interruptiva del plazo de prescripción, a tenor de lo prevenido por el art. 66.1.a de la Ley 230/1963, General Tributaria), no había transcurrido el plazo de cuatro años del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la práctica de la oportuna liquidación.

Tercero.-El recurrente discrepa del criterio mantenido por el TEAC y sostiene que el derecho de la Administración a liquidar el ejercicio 2000 también ha prescrito, dado que el procedimiento iniciado mediante requerimiento notificado el 30 de junio de 2004 y atendido el 8 de julio de 2004 tenían un plazo máximo de resolución de seis meses, por lo que habría finalizado el 30 de diciembre de 2004, y a esta fecha no se había dictado resolución alguna, por lo que dicho procedimiento quedó en una actuación de puro trámite no susceptible de interrumpir la prescripción, no siendo hasta el 30 de junio de 2005 cuando tienen conocimiento de la existencia de un procedimiento de comprobación abreviada mediante la notificación que se hace a su representante.

Cuarto.-Consta en el expediente administrativo que en fecha 30 de junio de 2004 se notifica al recurrente requerimiento por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2000, solicitando certificados de retribuciones de rendimientos del trabajo, capital mobiliario y justificación de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta.

En fecha 8 de julio de 2004 es atendido dicho requerimiento.

El 1 de febrero de 2005 se emite trámite de audiencia y propuesta de liquidación provisional por tal concepto y ejercicio, que es notificada al interesado en fecha 6 de abril de 2005 a través del Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. El TEAC ha declarado que dicha notificación no fue válida.

El 30 de junio de 2005 se notifica al recurrente la liquidación provisional.

Quinto.-El recurso ha de ser estimado.

El artículo 23.1 de la Ley1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes dispone que el plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto.

Al respecto, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de abril de 2005, dictada en el recurso núm. 7393/2000, indica que "La Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, dispuso en su art. 23 apartado 1, que "el plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto", pero continuó con la línea habitual de la Ley General Tributaria y no reconoció la caducidad o perención como efecto del incumplimiento culpable de los plazos por la Administración Tributaria (...). Ha sido la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la que en su art. 104, "Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa", ha regulado la caducidad o perención, de carácter general, en su apartado 4, en términos similares a los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, lo cual demuestra que con anterioridad no existía".

Ahora bien, una cosa es que la infracción del plazo establecido para la tramitación no comporte la caducidad del procedimiento y la nulidad de la liquidación dictada en el procedimiento caducado y otra distinta que el procedimiento afectado de tal vicio no interrumpa el plazo de prescripción, como es el ya apuntado criterio de esta Sala. A efectos hermenéuticos de las normas de la Ley 1/98, hay que reiterar que la vigente Ley General Tributaria, que recoge en su Exposición de Motivos la necesidad de homogeneizar el sistema tributario, ha reconocido con carácter general la caducidad del procedimiento, que supone un claro avance en las garantías del contribuyente, que en estadios legislativos anteriores veía limitada su capacidad de reacción ante el incumplimiento de los plazos por parte de la Administración tributaria, que tanto afecta a la seguridad jurídica. Por eso hay que interpretar que la Ley 1/98, que se reconoce como un hito de innegable trascendencia en el proceso de reforzamiento del principio de seguridad jurídica característico de las sociedades democráticas más avanzadas, cuando en el artículo 23 establece el plazo de seis meses, aunque no contenga una previsión igual a la contenida en el apartado 3 del artículo 29 de la misma Ley para el supuesto del apartado 1 de este, hay que entender que el efecto de su incumplimiento es el mismo, pues la razón de ser es la misma, cuando los órganos de gestión efectúan actuaciones de comprobación.

En consecuencia, el incumplimiento del plazo de seis meses para dictar la resolución administrativa determinó que el procedimiento iniciado mediante requerimiento notificado el 30 de junio de 2004 no interrumpiera la prescripción, y habiéndose declarado por el TEAC que la notificación de la propuesta de liquidación efectuada el 6 de abril de 2005 no fue válida, resulta que la primera actuación con efectos de interrumpir la prescripción fue la liquidación notificada al interesado el 30 de junio de 2005, y en esa fecha ya había transcurrido el plazo de cuatro años para liquidar el ejercicio 2000.

Ello determina la anulación de la referida liquidación y de la sanción que de la misma deriva.

Sexto.-No es de apreciar temeridad o mala fe a los efectos previstos en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional en materia de costas procesales.

VISTOS los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación.


FALLO


 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 4.ª) ha decidido:

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo n.º 345/2009 interpuesto por la representación procesal de D. Pio contra la resolución adoptada por el Tribunal Económico Administrativo Central de fecha de 23 de julio de 2009, la cual anulamos, así como la liquidación y sanción correspondientes al ejercicio 2000 de las que trae causa.

Sin imposición de costas.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se preparará ante esta Sala en el plazo de diez días desde la notificación de la misma, respecto de la liquidación correspondiente al ejercicio 2000, siendo firme respecto de la sanción, pues frente a ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así por ésta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

Publicación.-Fue publicada la anterior sentencia en la forma acostumbrada. Madrid a


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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