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Sentencia A.P. Madrid 562/2010, de 26 de marzo


 RESUMEN:

Invoca el recurrente la existencia de error en la valoración de la prueba en el Juzgado de lo Penal, pero, dice la Audiencia, que el visionado de la aprobación del juicio lleva a advertir que dicha alegación no pone de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba, correcta y adecuada, que hizo la juez bajo los principios de inmediación e imparcialidad.

SENTENCIA

En Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil diez.

Vistos por esta Sección Vigésimo Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el Procedimiento Abreviado n.º 344/08 procedente del Juzgado de lo Penal n.º 24 de Madrid y seguido por un delito de lesiones siendo partes en esta alzada como apelante Alfonso y como apelado el MINISTERIO FISCAL y Ponente la Magistrada Sra. MARIA TARDON OLMOS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el 31 de marzo de 2009, que contiene los siguientes Hechos Probados: "Único.-Probado y así se declara que sobre las 17 horas del dúa 14 de Noviembre de 2005, el acusado, Alfonso, mayor de edad y sin antecedentes penales, inició una discusión con su pareja sentimental y madre de sus cuatro hijo, Fidela, en el domicilio de sus padres en el que residían y que constituía el domicilio familiar sito en la calle [...] de esta Capital en el curso de la cual y con ánimo de menoscabar la integridad física de aquélla la agarró de los pelos y le propinó puñetazos y patadas a la vez que cogiendo de la cocina un cuchillo de sierra con la punta redondeada, mango de plástico, de color marrón y de 10 centímetros de hoja, se lo esgrimió para seguidamente agarrarla de las muñecas y retorciéndoselas la tiró sobre la cama mientras que Fidela le decía que se quería marchar y que iba a llamar a la Policía hasta que alertados por los gritos que profería se personaron en el domicilio un tía y una hermana de Fidela momento que aprovechó la misma para abandonar la casa.

Como consecuencia de dicha agresión Fidela sufrió lesiones consistentes en hematoma y erosiones en brazo derecho y mejilla derecha, cervicalgia postraumática, traumatismo costal y esguince en muñeca derecha requiriendo para su curación amén de la primera asistencia médica tratamiento médico farmacológico y ortopédico consistente en collarín cervical y férula inmovilizadora con yeso tardando en curar 135 días de las cuales durante 15 de ellos estuvo impedida para el desempeño de sus ocupaciones habituales quedándole como secuela síndrome postraumático leve.

No ha quedado, sin embargo, acreditado que el acusado durante los últimos ocho años hay venido sometiendo a su pareja e hijos a una violencia física y psicológica continua ni tampoco que el mismo día 14 de noviembre de 2005 agrediera igualmente a uno de los hijos, Sergio, a la sazón de un años y medio de edad.".

En la parte dispositiva de la sentencia se establece: "Que debo CONDENAR Y CONDENO A Alfonso -ya circunstanciado- como autor penalmente responsable de un delito de LESIONES DEL ART. 481.1 Y 4 DEL CODIGO PENAL, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISION E INHABILITACION DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA y la prohibición de acercamiento a Fidela a menos de 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar frecuentado por ella sí como comunicarse con la misma por cualquier medio o procedimiento durante DOS AÑOS, ello con imposición del 50 % de las costas procesales ocasionadas en esta instancia.

Asimismo DEBO ABSOLVERLE de los DOS DELITOS DE MALOS TRATOS DEL ART. 153.1 Y 3 Y DEL DELITO DE MALOS TRATOS HABITUALES DEL ART. 173.2 APARTADO 2, 3 Y 4, que se le imputaba, con declaración de oficio del resto de las costas ocasionadas.".

Segundo.-Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por el Procurador D. Luis José García Barrenechea, en nombre y representación procesal de D. Alfonso, que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

Tercero.-Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, y se señaló día para la deliberación y resolución del recurso el día 25.02.2010.


HECHOS PROBADOS

SE ACEPTAN los de la sentencia apelada, que se dan aquí por reproducidos.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Impugna el apelante la sentencia dictada en el presente procedimiento, alegando que incurre en error en la apreciación de la prueba, puesto que Fidela se niega a declarar, habiendo retirado la denuncia, por lo que no existe posibilidad de reproche penal, pues no se puede tener en cuenta lo manifestado por ella, y las dos testigos referidas en la sentencia, Blanca y Loreto no presenciaron hecho alguno, no existiendo indicios que puedan acreditar los hechos, conforme a la jurisprudencia que cita, no habiéndose destruido el principio de presunción de inocencia que le ampara.

La construcción del recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión plena sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición en que se encontró el que decidió en primera instancia el valor material probatorio disponible para la fijación de los hechos que se declaran probados y para el tratamiento jurídico del caso.

Sin embargo, cuando la prueba tiene carácter personal, como ocurre en el caso de los testigos, importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

El juzgador en primera instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada, la síntesis forzosamente incompleta contenida en el acta del juicio. Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

La existencia de la grabación del juicio oral ha permitido en este caso al Tribunal, a través de su visionado, conocer la integridad de lo declarado por el acusado y los testigos, lo que, sin duda supone una diferencia importante respecto tradicional sistema del acta del juicio extendido por el Secretario judicial, para el control de la interpretación de las pruebas personales efectuadas por el Juez a quo, pues permitirá al tribunal de apelación percibir, de forma directa, lo que dijeron los declarantes, el contexto y hasta el modo en cómo lo dijeron.

Pero no se puede equiparar la inmediación de las fuentes de prueba por parte del Juez en régimen de contradicción con la mera visualización y audición de las mismas, al no concurrir la percepción directa por este Tribunal de tales declaraciones, mediatizadas por la grabación, y limitadas a la calidad informativa de los datos verbalizados, y, lo que es más importante, carecer de la posibilidad de tomar parte activa en las mismas, esencial para despejar dudas, o aclarar cuestiones que puedan interesar a la adecuada resolución del recurso, y no hayan sido introducidas en el plenario. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo núm. 2198/2002 (Sala de lo Penal), de 23 diciembre (RJ 2003\413) establece que la inmediación debe ser entendida esta no sólo como un "estar" presenciando la prueba, sino como aceptar, entender, percibir, asimilar y formar opinión en conducta de todos, sus reacciones, gestos a través de su narrar.

Segundo.-No obstante lo anterior, el visionado de la grabación del juicio lleva a advertir que la alegación del recurrente no pone de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, la Magistrada del Juzgado de lo Penal, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, quien sustenta la acreditación de los hechos que estima constitutivos del delito lesiones del artículo 148.1 y 4 del Código Penal las declaraciones testificales de Blanca, tía de la víctima, de Blanca, su hermana, y de su madre, Loreto, que analiza con detalle, minuciosidad y precisión, razonando adecuadamente, los motivos que le llevan a estimar que, aún no habiendo presenciado directamente los hechos, sí pudieron oir y ver hechos y circunstancias que estima constituyen prueba bastante para enervar el principio de presunción de inocencia que ampara al acusado, y que resultan corroborados por las propias declaraciones del acusado quien, aún negando la agresión, sí reconoce la existencia de la discusión, y que durante la misma ella le agredió a él, que se limitó a defenderse, así como en la existencia objetiva de las lesiones que sufrió Fidela, y que precisaron del tratamiento médico que se describe (farmacológico y ortopédico, consistente en collarin cervical y férula inmovilizadora) constatadas por los partes de lesiones y el informe médico forense de sanidad.

Pese a los reproches del recurrente, los aludidos testimonios sí constituyen prueba directa de la realidad de la agresión perpetrada por él contra su pareja, por cuanto, cuando la misma se produce, y dada la cercanía de las viviendas, la tía y hermana de la víctima, ambas de nombre Blanca, oyen a Fidela gritar, y cuando acuden corriendo al domicilio, ella les dice que él la está golpeando y amenazando con un cuchillo, intentando evitar la madre del recurrente que les contara nada. Asímismo, cuando comunican lo sucedido a la madre, ella llama a la casa por teléfono, donde no consigue que la pongan con su hija hasta que amenaza con llamar a la policía, y, cuando Fidela comunica con ella, le pide que llame a la Policía para que intervenga. Y, en esa secuencia, perfectamente concatenada y demostrada con coherencia a través de los distintos testimonios, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que auxiliaron a Fidela, vieron el cuchillo cuando llegaron al domicilio, negando el acusado que la hubiera amenazado con él, pero no que lo hubiera utilizado, puesto que les dijo que sólo había intentado romperle las zapatillas, lo que, en el tenor de unos hechos como los relatados, carece de la menor verosimilitud.

Por otra parte, los testigos refieren haber visto a Fidela las marcas por el cuello y los brazos, de haber sido golpeada y, de forma inmediata, es llevada a recibir asistencia médica, donde le son objetivadas las lesiones a que se ha hecho referencia, que también resultan constatadas por los informes médico forenses obrantes en la causa, y que, conforme viene a confirmar la Dra. Erica, ratificando sus informes y la evolución y tratamiento de las lesiones padecidas por Fidela, resulta compatibles con la agresión referida en el escrito de acusación.

Y ello sin que la falta de declaraciones de la propia víctima, que decide acogerse a la dispensa de prestar declaración prevista en los artículos 416.1 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituya obstáculo alguno para la efectiva condena del recurrente, por cuanto se trata de un delito perseguible de oficio en el que el posible perdón de la víctima carece de toda relevancia cuando, como en el presente caso, los hechos pueden acreditarse por otros distintos medios de prueba.

Así las cosas, la valoración efectuada por la Magistrada Juez de lo Penal, que, aprovechando todas las ventajas que ofrece la inmediación, es quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante ella practicadas, debe ser respetada por este Tribunal, que no aprecia en tales valoraciones elementos que demuestren error alguno.

El recurso debe, pues, desestimarse.

Tercero.-No se aprecian razones para imponer, por temeridad o mala fe, las costas de esta alzada, que deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.


FALLAMOS:


 
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Luis José García Barrenechea, en nombre y representación procesal de D. Alfonso, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 24 de Madrid, con fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve, en el Procedimiento Abreviado n.º 344/08, debemos confirmar y CONFIRMAMOS íntegramente la expresada resolución, declarando de oficio las costas de esta alzada.

La presente sentencia es firme.

Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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