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Sentencia A.P. Murcia 68/2010, de 26 de marzo


 RESUMEN:

En la línea de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, la sentencia de apelación reprocha a la del Juzgado de lo Penal que pene por el tipo del artículo 153.1 del Código Penal cuando, del relato fáctico construido, no se deduce en forma de hecho, como es preceptivo, que concurra el necesario elemento circunstancial de la dominacióm o subyugación de la mujer

SENTENCIA

En la ciudad de Murcia, a veintiséis de marzo del año dos mil diez.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación el procedimiento arriba indicado procedente del Juzgado de lo Penal también reseñado, por delito de violencia de género que pende ante esta Sala en virtud de recurso de apelación interpuesto por la letrada doña Ana Irene Alonso García en nombre de Eduardo contra la sentencia dictada en los mismos el día 29 de octubre de 2009 por el Iltmo. Sr. Magistrado de dicho juzgado.

Ha sido ponente don Augusto Morales Limia, que expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los de la sentencia apelada como relación de trámites y antecedentes del procedimiento.

Segundo.-El relato de hechos probados de la sentencia de instancia es el siguiente: "Que entre las 4,30 y las 5 horas de la madrugada del día 15 de julio de 2009, Enriqueta, junto a sus dos hijos menores, de 3 años y medio y seis meses de edad, respectivamente, su hermana Hortensia y una amiga de ambas Lourdes, abandonaban el Cuartel de la Guardia Civil de Águilas, tras prestar declaración en diligencias instruidas por denuncia formulada contra aquéllas por Begoña; y el hermano de ésta, el acusado Eduardo, mayor de edad, de nacionalidad rumana, con NIE n.º NUM000 y sin antecedentes penales, que ha mantenido con Enriqueta una relación sentimental que se prolongó en el tiempo unos tres años y medio, a la que pusieron fin de común acuerdo en el mes de febrero del presente año, al conocer el incidente habido entre su hermana y su ex pareja sentimental, salió al encuentro de éstas cuando salían del Cuartel de la Guardia Civil, en la Avenida Juan Carlos I, dentro del casco urbano de Aguilas, y resentido por el incidente ocurrido con su hermana, se dirigió a Lourdes, recriminándole que se inmiscuyera en ese incidente y como quiera que Lourdes intentó hacer una llamada de teléfono, al sentirse atemorizada, y el acusado se lo impidió, intervino Enriqueta, que gritó a Eduardo que dejara tranquila a Lourdes, por lo que el acusado propinó un golpe con su cabeza a Enriqueta, que le hizo golpearse contra un árbol, y continuando el altercado con Hortensia, al intervenir ésta en defensa de su hermana.

A consecuencia del golpe que Enriqueta recibió del acusado y posteriormente contra un árbol, sufrió lesiones consistentes en erosiones en brazo y cara, de las que tardó en curar cuatro días, precisando sólo de la primera asistencia facultativa, sin impedimento para sus ocupaciones habituales ni secuelas".

Tercero.-El fallo de la sentencia apelada condena al acusado Eduardo como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar del art. 153.1 en relación con el 617.1 CP, sin circunstancias, a la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de dos años y seis meses, y prohibición de aproximarse a Enriqueta en una distancia inferior a 300 metros, cualquiera que sea el lugar en que se encuentre, así como de comunicación con la víctima por cualquier medio y bajo cualquier pretexto, por tiempo de un año, y, en el orden civil, a que indemnice a Enriqueta en la cantidad de ciento sesenta euros (160), por los perjuicios derivados de las lesiones que sufrió, más intereses, así como al pago de las costas causadas en el procedimiento.

Cuarto.-Admitido el recurso, no siendo preceptivo el emplazamiento y comparecencia de las partes, se siguieron los trámites legales de esta alzada y quedaron los autos vistos para sentencia previa deliberación y votación por parte de la Sala.


HECHOS PROBADOS

Único.-Se mantienen los de la sentencia apelada, que aquí se dan por reproducidos.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Dictada sentencia condenatoria por parte del Juzgado de lo Penal contra el acusado Eduardo como autor de un delito de violencia contra la mujer al amparo de los arts. 153.1 y 3 CP en relación al art. 617.1 CP se interpone por su parte recurso de apelación en el que invoca error en la valoración de la prueba entendiendo que la prueba testifical utilizada en la sentencia de instancia no sirve para condenar por cuanto que dichos testigos, que apoyan la versión de la denunciante, son familiares y amigos de la misma. E invoca también vulneración de la presunción de inocencia por entender que la prueba utilizada no responde a parámetros de suficiente razonabilidad.

Segundo.-Alegada la supuesta errónea valoración de la prueba, debe responderse a ello que, con carácter general, la valoración de los distintos testimonios es inherente a la función propia de juzgar que consiste precisamente en valorar las diversas declaraciones que se prestan en el acto del juicio y otorgar mayor credibilidad a una o varias de ellas, función de valoración en la que juega un papel decisivo la inmediación, de la que no dispone este órgano de apelación, y en este sentido la STS. de 24 de Mayo de 1996 ha establecido, en consonancia con la sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de Diciembre de 1.989, que "la oralidad, la publicidad, la contradicción y sobre todo, la inmediación, representan las ventajas del proceso celebrado a la presencia de los jueces que ven y oyen lo que ya después otros ojos y oídos no percibirán. Se trata de valorar en la vista, los gestos, las actitudes, las turbaciones y las sorpresas de cuantos intervienen en el plenario, todo lo cual, permite, a aquellos fundar su intima convicción acerca de la veracidad o mendacidad de las respectivas declaraciones, de manera que así se constituyen en "dueños de valoración" sin que este órgano de apelación pueda interferirse en el proceso valorativo, salvo que se aprecie un error notario en dicha valoración". O como tiene dicho reiteradamente la Sala 2.ª del Tribunal Supremo - entre otras SS. 10-2-90 y 11-3-91 - que "en las pruebas de índole subjetivo, como son las declaraciones de los denunciados y testigos, es decisivo el principio de inmediación y es por ello que es el juzgador de instancia quien se halla en mejores condiciones para decidir sobre la credibilidad que ha de darse a unos y otros en el juicio oral, pues cuando el medio de prueba es una persona la convicción judicial se forma también, como antes decíamos, por los gestos, expresión facial, tono de voz, firmeza dada en las manifestaciones, inseguridad o incoherencia en las mismas, etc."

"De ahí, que cuando en el acto del juicio oral se producen varias declaraciones, la determinación de cuál es la que debe predominar depende claramente de la inmediación con la que esta prueba es percibida por el juez de instancia. Pues bien, una vez producida la actividad probatoria de cargo ante el Tribunal Juzgador, en términos de corrección procesal, su valoración corresponde al mismo, conforme al art. 741 de la LECrim.; dar más credibilidad a un testigo que a otro o decidir sobre la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea de Juzgador de instancia que puede ver y oír a quienes ante él declaran" (STS de 26 Mar. 1986); "si bien la estimación en conciencia no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del Juez, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas y directrices de rango objetivo. Por todo ello, la credibilidad de cuantos se manifiestan en el proceso, incluso con un contenido distinto a lo que se expuso durante la instrucción, es función jurisdiccional que solo compete al Órgano juzgador" (SSTS de 3 Nov. y 27 Oct. 1995).

"Y de ahí que el uso que haya hecho la Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en el art. 741 citado) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que el proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (SSTC de 17 Dic. 1985, 23 Jun. 1986, 13 May. 1987 y 2 Jul. 1990, entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia, o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada". En parecido sentido el Tribunal Supremo ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de las pruebas, "que exista en la narración descriptiva, supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia" (STS 11 Feb. 1994), "que haya existido en la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo" (SSTS 5 Feb. 1994).

Sentado lo anterior, cabe señalar que este hipotético error no se aprecia en el caso de autos ya que lo relatado en los hechos probados es consecuencia de lo mantenido por parte de la propia agredida y de su hermana allí presente, declaraciones incriminatorias contra el acusado consistentes en señalar que éste agredió a Vanessa, que a su vez se corroboran por el parte médico de lesiones de la víctima, manifestaciones aquéllas a las que el Juzgador, precisamente en uso de la facultad que le viene impuesta, y ya explicada anteriormente, consecuencia directa de lo dispuesto en el art. 741 LECrim., ha otorgado plena credibilidad bajo la fuerza de la inmediación.

Es lógico, y forma parte del derecho de defensa, que el recurrente pretenda mantener otra versión de los hechos pero ello no constituye el error probatorio que ha sido denunciado.

Se desestima el motivo.

Tercero.-Se invocaba también vulneración de la presunción de inocencia. Pero de lo dicho anteriormente se desprende que ha habido prueba de cargo suficiente practicada en el acto del juicio oral, concretamente aquellas testificales antes referenciadas, que además vienen apoyadas por un dato objetivo tan importante como es la constatación de lesiones en la víctima, que denunciaba y achacaba precisamente al acusado el que le hubiera agredido dándole un golpe con la cabeza sin que por la sala se aprecie que la construcción de la sentencia de instancia pudiera obedecer a parámetros ajenos a la racionalidad exigida en la propia valoración de las pruebas del juicio oral.

Se desestima el motivo.

Cuarto.-No obstante todo lo anterior esta sala no puede pasar por alto el relato histórico de la sentencia de instancia que ha llevado al juez a quo a fijar una calificación jurídica por delito de agresión con resultado de lesiones no constitutivas de delito en el ámbito familiar del art. 153.1 CP cuando del mismo no se deduce en forma de hecho, como es preceptivo (art. 142.2.ª LECrim.), que concurriere el necesario elemento circunstancial de la dominación o subyugación de la mujer que es víctima de este tipo de ataques y que, por propia definición, exigen los delitos de violencia de género. Es decir, la sala entiende que en aplicación de la última jurisprudencia más actualizada de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, que parece que marca una línea a seguir, tiene que entrar a revisar dicha calificación jurídica partiendo de ese mismo relato de hechos probados, que se deja inalterable, para llegar así, en términos de racionalidad jurídica, a una solución más adecuada y, por ende, más justa.

En este sentido hay que recordar que ha sido el propio Tribunal Constitucional (STC. de 29 de noviembre de 1990, entre otras) el que ha dicho que "el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteasen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iudicium".

Así las cosas, traemos a colación la STS. de 24 de noviembre de 2009, ponente Excmo. Sr. Ramos Gancedo que, con independencia del caso concreto que resuelve, proclama como principio básico en esta materia de la violencia de género, en su fundamento de derecho tercero, la exigencia de un elemento circunstancial en la acción del sujeto activo que revele una situación de dominación o subyugación personal de la víctima:

" La razón de ser y el origen del actualmente vigente art. 153 CP se encuentra, efectivamente, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que modificó el precepto penal precisamente como una de las medidas encaminadas a luchar para erradicar el maltrato del hombre a la mujer en el marco de su relación conyugal o análoga, actual o pretérita, y que - como establece el art. 1.1 de la misma - tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de igualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges...

Es importante subrayar que todas las disposiciones adoptadas por el legislador - entre ellas la modificación del art. 153 CP - tienen como fundamento y como marco de su desenvolvimiento, lo que el legislador ha denominado violencia de género, considerando el mayor desvalor de esta violencia en tanto que afecta a la igualdad, a la libertad, a la dignidad y a la seguridad de las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja, ".... porque el autor inserta su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa"(STC n.º 45/2009, de 19 de febrero), produciendo un efecto negativo añadido a los propios usos de la violencia en otro contexto (STC n.º 95/2008, de 24 de julio). Y es en esta misma resolución del Alto Tribunal donde se reitera que el ámbito donde la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre y las medidas que en ella se adoptan, es el de la violencia de género al señalar que "la diferencia normativa la sustenta el legislador en su voluntad de sancionar más unas agresiones que entiende que son más graves y más reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el que se producen, y a partir también de que tales conductas no son otra cosa...... que el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un modo constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada".

Queda claro, de este modo, que no toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer, debe considerarse necesaria y automáticamente como la violencia de género que castiga el nuevo art. 153 CP, modificado por la ya tantas veces citada Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, sino sólo y exclusivamente - y ello por imperativo legal establecido en el art. 1.1 de esa Ley - cuando el hecho sea "manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder del hombre sobre la mujer...".

Cabe admitir que aunque estadísticamente pueda entenderse que ésta es la realidad más frecuente, ello no implica excluir toda excepción, como cuando la acción agresiva no tiene connotaciones con la subcultura machista, es decir, cuando la conducta del varón no es expresión de una voluntad de sojuzgar a la pareja o de establecer o mantener una situación de dominación sobre la mujer colocando a ésta en un rol de inferioridad y subordinación en la relación con grave quebranto de su derecho a la igualdad, a la libertad y al respeto debido como ser humano en sus relaciones sentimentales.

(...) acreditar las circunstancias concurrentes al realizar la conducta típica, así como el " animus" que impulsaba la acción, pues estamos ante un delito eminentemente doloso en el que - debe repetirse una vez más - la conducta típica debe ser manifestación de la discriminación, desigualdad, dominación y sometimiento que el sujeto activo impone sobre el sujeto pasivo, según el principio rector que informa la Ley Orgánica de la que emana el tipo delictivo.

Paralelamente, el Juez o Tribunal se encuentra en la misma obligación (...), valorando la prueba practicada al efecto y verificando si concurren o no los elementos que configuran el delito.

(.................)

Si, como hemos establecido líneas atrás, la aplicación del art. 153 requiere no sólo la existencia de una lesión leve a la mujer por parte del compañero masculino, sino también que esta acción se produzca en el seno de una relación de sumisión, dominación y sometimiento a la mujer por parte del hombre, esto es, de una discriminación de todo punto inadmisible, (...), el que establezca el contexto en el que tuvieron lugar los hechos, analizando los componentes sociológicos y caracteriológicos concurrentes a fin de establecer, mediante la valoración razonada de los elementos probatorios si el hecho imputado es manifestación de la discriminación, desigualdad y relaciones de poder del hombre sobre la mujer, u obedece a otros motivos o impulsos diferentes... ";.

Y aunque es cierto que dicha sentencia contiene un voto particular del magistrado Excmo. Sr. Sánchez Melgar, también lo es que dicha discrepancia es puntual en base a que se excluye la aplicación del art. 153 CP en un supuesto de agresión mutua entre el hombre y la mujer pero en ningún caso contraría la posición general de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo sobre la exigencia del elemento circunstancial de la dominación o subyugación del hombre hacia la mujer en los delitos de violencia de género. Primero, porque él mismo lo dice en dicho voto particular ("estoy de acuerdo en interpretar este precepto - art. 153.1 CP - de conformidad con los postulados de la antedicha Ley Orgánica 1/2004, y entre ellos, entender la violencia de género como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres..."). Segundo, porque él mismo fue el ponente de otra sentencia anterior de la misma Sala 2.ª, que es la que en realidad empieza a marcar la pauta a seguir en esta materia, donde expresamente el Tribunal Supremo conecta la aplicación del art. 153 CP con el art. 1 de la LOMPIVG, de 28 de diciembre de 2004, de cara a la plasmación de ese elemento circunstancial de la situación de dominación, discriminación o subyugación del hombre hacia la mujer. Nos referimos a la STS. de 25 de enero de 2008 que casa la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 20) precisamente por no tener en cuenta ese elemento de dominación y subyugación:

" Recurso del Ministerio Fiscal...

...............

.....La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 1/2004, de 28 de diciembre (RCL 2004 \2661 y RCL 2005, 735), contiene un Título V, bajo la rúbrica de la "Tutela Judicial", que entró en vigor el día 29 de junio de 2005.

Para su delimitación, debemos acudir al art.1.º (objeto de la ley), en cuyo apartado primero se lee lo siguiente: "la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".

Ha de concurrir, pues, una intencionalidad en el actuar del sujeto activo del delito, que se puede condensar en la expresión actuar en posición de dominio del hombre frente a la mujer para que el hecho merezca la consideración de violencia de género, y en consecuencia, la atribución competencial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

........No cabe duda alguna que los hechos que pretende el Ministerio Fiscal sean incluidos como de violencia de género, lo son, de acuerdo con estas precisiones legales. La situación de dominio exigible en tales situaciones, está, sin duda, íntimamente relacionada con los motivos que ocasionan el conflicto, la discusión o la agresión. Nótese que en el primero de ellos, como acertadamente expone el Ministerio Público recurrente, la decisión del hombre de prohibir a la mujer salir a la calle con un determinado pantalón, o en el segundo, la negativa de ella a mantener relaciones sexuales con su compañero, son expresiones de superioridad machista, como manifestación de una situación de desigualdad, en tanto suponen la imposición de la vestimenta o el mantenimiento forzoso de relaciones sexuales. En suma, se pretende imponer una situación de sumisión, en contra de las convicciones de nuestra sociedad, en que la relación de pareja se rige por criterios de igualdad, tolerancia y respeto mutuo...";.

Así pues, no basta la mera agresión o el simple menoscabo físico o moral del hombre hacia la mujer, ni la mera relación de estrecha, especial e íntima afectividad personal que pudo darse o se da entre el uno y la otra, sino que es necesario también, para que se cometa este delito del art. 153 CP, que se concrete de manera objetiva y clara mediante la correspondiente prueba en el acto del juicio oral esa situación de dominación o subyugación por parte varón hacia la mujer, lo que debe plasmarse en la sentencia de instancia, sin perjuicio de poder condenar en su caso por la correspondiente falta del Código Penal. En similar sentido que esta resolución también hemos dictado, en el día de hoy (26-3-10), las correspondientes al rollo de apelación 240/09, juicio rápido n.º 145/09, del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Murcia (n.º 70/10), y la del rollo 247/09, juicio rápido 96/09 del mismo Juzgado de lo Penal n.º 1 de Murcia (n.º 71/10), ponente de ambas el Iltmo. Sr. del Olmo Gálvez.

Y desde luego, obiter dicta, para la concreción o acreditación de ese elemento circunstancial necesario de la dominación o subyugación, que represente una verdadera situación de machismo o de denigración de la mujer por parte del hombre con el que mantiene o ha mantenido esa especial y estrecha relación personal de afectividad que exige el precepto, no se precisa en ningún caso una prueba diabólica por parte de la acusación, pese a que muchos de estos hechos se cometan en situaciones de soledad, sino la mera profundización técnica en las circunstancias concretas del hecho sometido a enjuiciamiento penal, que a su vez deben plasmarse en la sentencia, a partir de las expresiones proferidas, de los gestos realizados, del posible instrumental empleado, del contexto en que se produce el hecho de que se trata, valorando el origen de la discusión inicial que muchas veces precede al acto de maltrato o, en definitiva, rebuscando debidamente en la auténtica causa que originó la situación específica de maltrato que es objeto de ese enjuiciamiento penal, tomando en consideración, cuando sea posible, los actos anteriores, coetáneos y posteriores al suceso. En definitiva, entiende esta sala que no se requiere, en general, de pruebas complejas o de muy difícil realización.

Quinto.-Por ello, por lo que hace al caso concreto que nos ocupa, como quiera que del relato histórico de la sentencia apelada no se deduce la existencia de esa situación de verdadero dominio o subyugación personal del sujeto activo hacia la víctima, pese a que aquél le diera un golpe con la cabeza, es por lo que la sala entiende que la calificación jurídica procedente es la de la mera falta de lesiones del art. 617.1 CP, en lugar del delito del art. 153 CP. Hablamos de un supuesto de contacto entre ambos sujetos, acusado y víctima, completamente ajeno, o sin relación directa, a lo que es la esencia de la relación de pareja que ambos sostuvieron durante un tiempo, pues todo se produce como consecuencia de un altercado inicial que tiene lugar entre la hermana del acusado, que había presentado denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil contra la antigua pareja de su hermano, y ésta misma y sus propias acompañantes, que a su vez es lo que da lugar a que el acusado se meta por medio de esa trifulca previa que se produce entre aquellas mujeres a la salida del acuertelamiento policial. Y es en ese específico contexto en el que se produce la agresión del acusado contra su antigua pareja - con resultado de lesiones leves para ella -, sin que mediaran razones que se puedan conectar razonablemente con algún tipo de dominación o subyugación por parte del hombre hacia la mujer como expresión de una violencia machista inaceptable que desde luego en este caso no concurre.

Ello lleva a la revocación parcial de la sentencia de instancia absolviendo al acusado del delito del art. 153.1 CP por el que fue condenado, y fijando en cambio su condena como autor de una simple falta de lesiones del art. 617.1 CP para la que la sala estima suficiente una pena de un mes multa a razón de una cuota diaria de tres euros, que se concreta en el fallo de la presente, y sin necesidad de fijar ninguna otra consecuencia punitiva accesoria dado el ámbito concreto en el que nos movemos de agresión absolutamente puntual del acusado a la víctima y derivada de un conflicto que él no inició; eso sí, manteniendo el concepto de responsabilidad civil derivado de las lesiones que le causó a la misma.

Sexto.-Procede decretar de oficio las costas de esta alzada, conforme al art. 240-1 de la LECrim. Y respecto a las de la primera instancia, como quiera que se le absuelve del delito y sólo se le va a condenar por una falta, éstas quedarán circunscritas al ámbito de dicha infracción penal leve declarando de oficio las derivadas de la acusación por delito.

Vistos los preceptos aplicables al caso y los demás de general aplicación,


FALLAMOS


 
Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto en nombre de Eduardo contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 2009 dictada en el curso del procedimiento juicio rápido número 321/09 del Juzgado de lo Penal número 2 de Lorca, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS parcialmente el fallo de aquélla y en su lugar se dicta el siguiente: Que DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al citado acusado del delito de maltrato familiar del art. 153.1 CP por el que había sido inicialmente condenado, dejando sin efecto todos los pronunciamientos punitivos así como los referentes a medidas añadidas a que se refiere el fallo de dicha sentencia apelada, si bien se le CONDENA como autor de una falta del art. 617.1 CP exclusivamente a la pena de UN MES MULTA, con cuota diaria de tres euros, lo que hace un total de noventa euros (90), y, caso de impago de la misma, previa excusión de bienes, a una responsabilidad persona subsidiaria equivalente a un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas, imponiéndole las costas derivadas de dicha falta. Se mantiene la indemnización fijada en la sentencia de instancia a favor de la víctima como consecuencia de las lesiones sufridas por ésta.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese en debida forma a las partes la presente sentencia.

Llévese el original al legajo correspondiente haciendo las anotaciones oportunas en los libros de este Tribunal.

Devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de procedencia acompañadas de testimonio literal de la presente resolución a los efectos legales oportunos, de lo que se recabará acuse de recibo para constancia en el Rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Diligencia.-Por medio de la presente, en el mismo cuerpo documental de la sentencia anterior y a continuación de la misma, se informa a las partes que contra la misma no cabe recurso ordinario, salvo los extraordinarios previstos por la ley, doy fe.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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