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Sentencia A.P. Burgos 68/2010, de 24 de marzo


 RESUMEN:

Resuelve la Audiencia que, en el presente caso, no estamos tan sólo ante unas acciones individuales, aurgidas aisladamente (como pretende el recurrente) sino ante actuaciones del acusado que se manifiestan como la exteriorización singularizada de un estado de violencia psíquica permanente, ejercida por el mismo sobre su pareja, y que permite su consideración como habitual a los efectos del artículo 173 del Código Penal.

SENTENCIA

En Burgos, a veinticuatro de Marzo del año dos mil diez.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, compuesta por los Magistrados expresados, ha visto en segunda instancia la causa procedente del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Burgos seguida por DELITOS DE COACCIONES, AMENAZAS Y DE VIOLENCIA HABITUAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, contra Juan Francisco, cuyas circunstancias y datos requeridos constan ya en la sentencia impugnada, representado por el Procurador D.º David Nuño Calvo y defendido por la Letrada D.ª Carmen Lorenzo Urruchi, figurando como apelado el Ministerio Fiscal; siendo ponente la Ilma. Magistrada D.ª M.ª TERESA MUÑOZ QUINTANA.


ANTECEDENTES DE HECHO.


 
Primero.-En las diligencias del procedimiento abreviado de referencia por el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Burgos se dictó sentencia n.º 227/09 de fecha 23 de Junio de 2.009, cuya declaración de Hechos probados es del tenor literal siguiente:

"Único.-Resulta probado y así se declara que el acusado Juan Francisco, mayor de edad, con DNI n.º [...], estuvo casado con Penélope, teniendo en común dos hijos. Que durante el tiempo de convivencia el acusado ha sometido a Penélope la humillaciones y vejaciones y la ha tratado con desprecio, como si no valiese para nada, como si fuese una esclava o una sirvienta. Así, no dejaba que Penélope acudiese a consultas médicas; en bastantes ocasiones no la dejaba dormir en la cama, teniendo que dormir Penélope en las sillas de la cocina, molestándole continuamente de manera tal que esta no dormía; la encerraba en el domicilio impidiéndola salir retirándola sus llaves de casa; no la dejaba tener relación con amigas.

Que en invierno de 2.006 cuando ambos se hallaban en una casa de campo que tienen en Santa Gadea, el acusado la obligó a dormir en una tumbona en la sala no permitiendo que cogiera una manta ni que pusiera la calefacción.

Que el 30 de Junio de 2.006 el acusado, cuando Penélope se encontraba en el domicilio de su hija en Rentaría, la llamó continuamente al teléfono móvil a cualquier hora ordenándola que volviera a casa.

Que Penélope ha sido sometida a estudio psicológico concluyendo los peritos en el mismo que ha sido sometida a las siguientes conductas abusivas por su cónyuge: humillaciones, insultos, vejaciones, control sobre sus acciones, aislamiento social, nulidad de la toma de decisiones. Actualmente presentaba síntomas de ansiedad leve con dificultades para conciliar el sueño, inquietud y estado de ánimo moderadamente depresivo".

Segundo.-El Fallo de la sentencia n.º 227/09 recaída en la primera instancia de fecha 23 de Junio de 2.009 dice literalmente: "Que debo condenar y condeno a Juan Francisco como autor responsable criminalmente de un delito de violencia psíquica habitual y un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género, ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena por el primer delito de UN AÑO Y NUEVE MESES DE PRISIÓN, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de TRES AÑOS Y SEIS MESES, y a la pena por el segundo delito de SEIS MESES DE PRISIÓN, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de UN AÑO Y UN DÍA, con imposición al mismo del pago de 2/3 de las costas procesales.

Se le impone la pena de prohibición de aproximación a menos de 300 metros de Penélope, su domicilio, lugar de trabajo o lugar en que se encuentre y prohibición de comunicación con la misma por cualquier medio por tiempo ambas de CUATRO AÑOS.

Que debo absolver y absuelvo a Juan Francisco del delito de amazas leves de que se le venía acusando en este procedimiento, declarando de oficio las restantes costas procesales (1/3).".

Tercero.-Contra dicha resolución se interpuso recurso de Apelación por la representación procesal de Juan Francisco alegando como fundamentos los que a su derecho convino, que, admitido a trámite, se dio traslado del mismo a las partes, remitiéndose las actuaciones a la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos, turnándose la ponencia y señalándose como fecha de examen de los autos el día 8 de Marzo de 2.010.


HECHOS PROBADOS

Primero.-Se aceptan los hechos probados en la sentencia recurrida y, en consecuencia, se dan por reproducidos en esta resolución.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Que, recaída sentencia condenatoria con los pronunciamientos recogidos en los antecedentes de hechos de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por Juan Francisco, fundamentado, según se deduce de su escrito, en impugnación de los hechos probados: en error en la valoración de la prueba; vulneración del derecho a la presunción de inocencia y de la aplicación de la doctrina del in dubio pro reo; indebida aplicación del art. 173.2 del Código Penal en relación a la consideración de habitualidad de la conducta del acusado; infracción del ordenamiento jurídico por indebida aplicación del art. 172.2 del Código Penal; infracción del ordenamiento jurídico por incorrecta aplicación del art. 66.1.6 del Código Penal, sobre las reglas de individualización de la pena con arreglo al delito del art. 173.2 y falta de motivación de la pena impuesta e infracción del art. 72 del Código Penal. Solicitando la revocación de la sentencia apelada, con absolución al recurrente de los delitos imputados y por los que ha sido condenado, o en su caso subsidiariamente la imposición de la pena de seis meses de Prisión por el delito de malos tratos habituales del art. 173.2 del Código Penal del que ha sido condenado.

Comenzando por el primero de dichos motivos de recurso, se tiene en cuenta la doctrina jurisprudencial existente sobre el error en la apreciación de la prueba, que ha sido sintetizada, entre otras, por la S.A.P. de Alicante de fecha 5 de Abril de 2.000 al señalar que "En torno a esta cuestión debe recordarse que en la jurisprudencia del TC y del TS, para enervar la presunción de inocencia es preciso, no solo la existencia de una mínima actividad probatoria legalmente obtenida, sino que su contenido tenga entidad suficiente para construir enlace racional y ajustado a las reglas de la lógica deductiva entre el contenido del elemento probatorio seleccionado para sustentar el Fallo condenatorio y la convicción a la que llega el órgano sentenciador. La convicción de éste debe asentarse sobre una firme y sólida base fáctica y un lógico proceso argumental para obtener, aun por las vías indirectas de la deducción valorativa de los hechos, un juicio fundado que no rompa con la necesaria armonía que debe presidir todo proceso deductivo (S.T.S. de 19 de Septiembre de 1.990). Pues bien, una vez producida la actividad probatoria de cargo ante el Tribunal Juzgador en términos de corrección procesal, su valoración corresponde al mismo, conforme al art. 741 de la LECrim.; dar más credibilidad a un testigo que a otro o decidir sobre la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea del Juzgador de instancia que puede ver y oír a quiénes ante él declaran (S.T.S. de 26 de Marzo de 1.986), si bien la estimación en conciencia no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juez, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas y directrices de rango objetivo.

Por todo ello, la credibilidad de cuantos se manifiestan en el Juicio Oral, incluso con un contenido distinto a lo que se expuso durante la instrucción, es función jurisdiccional que solo compete al órgano juzgador (S.T.S. de 3 de Noviembre y de 27 de Octubre de 1.995).

Y como se ha expuesto de forma constante constituye doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación como en el presente caso es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez a quo en uso de las facultades que le confieren los arts. 741 y 973 de la LECrim. y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 de la Constitución), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en el art. 741 citado) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (S.T.C. de 17 de Diciembre de 1.985, 23 de Junio de 1.986, 13 de Mayo de 1.987, y 2 de Julio de 1.990, entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia, o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Más concretamente, la jurisprudencia del T.S. ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de las pruebas, que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia (S.T.S. de 11 de Febrero de 1.994), que haya existido en la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo (S.T.S. de 5 de Febrero de 1.994).

De modo que por lo que se refiere al presente caso por la Juzgadora de instancia, en la sentencia recurrida, refleja detalladamente las declaraciones vertidas tanto por el acusado como por la denunciante, calificando la prestada por esta segunda de firme, clara y precisa, y en la que considera concurren las notas que la jurisprudencia exige para ser válida y suficiente prueba de cargo a los efectos de producir la enervación del principio de presunción de inocencia, con la corroboración de hechos periféricos a través de la declaración de la testigo Marí Jose, hija de los dos anteriores. Teniendo en cuenta, igualmente, los informes psicológicos, y de la trabajadora social, llegando a la conclusión condenatoria en relación con el delito de violencia psíquica habitual y el delito de coacciones leves.

Sin embargo, el recurrente considera que faltan elementos suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, puesto que en la sentencia recurrida se descarta la declaración del acusado sin reflejar cuales son las contradicciones en las que incurre ni que datos le permite hacer dudar de la misma. Mientras que se dota de pleno valor probatorio a la declaración de la víctima, la cual sostiene que adolece de concreción, sin concurrir en la misma los presupuestos exigidos al respecto por la jurisprudencia. Añadiendo en relación con las declaraciones de la hija que en las mismas se desprende una clara animadversión hacía el padre, y resaltando del informe forense no poder determinar una conducta habitual de malos tratos en el comportamiento del denunciado y sin poder determinar en la denunciante unos daños psicológico clínicamente objetivable. Y en cuanto al informe psicosocial que sus conclusiones son contradictorias con las evacuadas por el médico forense.

De modo que estando esta Sala a la prueba practicada y valorada por la Juzgadora de Instancia, por el acusado Juan Francisco, en el acto de juicio, tras referir que se casó hace 35 años con la denunciante, niega haberla humillando nunca, ni haberla tratado como una esclava, ni impedido ir al médico, ni nunca la ha obligado a dormir en una silla, ni la ha encerrado en casa (habiendo sido libre para entrar y salir, y para operar en las cuentas bancarias), ni la ha impedido tener relaciones sociales y familiares. Negando, igualmente, que un día del invierno de 2.006 la hubiese obligado a dormir en la tumbona de su casa, y que en Mayo de 2.006 cuando estuvo con su hija si la llamó por teléfono cada día, pero que era para ver como había pasado el día. Así como que el día 13 de Julio de 2.006 cuando ella fue a retirar los enseres de casa le volvió a insistir a Penélope que no rompiera la relación, pero que en ello la han forzado su hija y su yerno. Admitiendo que si la ha reñido es porque se gastaba el 80% de lo que él ganaba, en máquinas tragaperras (pero nunca la ha retirado la cartilla). Añadiendo llevase mal con su hija, desde que su mujer fue a pasar unos días a casa de esta en Rentaría.

En su declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción, prestada con las debidas garantías legales y en presencia de Letrado, igualmente negó haber maltratado física ni psíquicamente a su esposa, señalando a su hija como la culpable de todo, así como que no estaba conforme con que su esposa se trasladase a San Sebastián para cuidar a su nieto, y que ha estado llamando insistentemente a su esposa para que volviese a casa. Negando haberla tratado como a una esclava, ni obligado a dormir en invierno en una tumbona, puesto que si han discutido le ha dicho que se fuera a otra cama, ni la ha obligado a dormir en una silla de la cocina. Admitiendo ser cierto que alguna vez la ha dicho que no vale nada, aunque a las dos horas se han dado un abrazo, y que no le daría la separación a su esposa si se la solicita, aunque si ella se quiere separar no la va a obligar a nada, (folios n.º 41 a 44).

Por su parte, Penélope en el acto de juicio afirma que su marido la ha humillado muchas veces, llamándola inútil, tratándola peor que a un perro, no podía hablar con él, le llamaba de todo, la prohibía ir al médico, en el año 2.005 la obligó a dormir en la silla de la cocina, y en concreto un día que fueron a la localidad de Santa Gadea no la dejó entrar en la habitación ni poner la calefacción, la encerraba en su domicilio sin dejarla salir a la calle (no dejándola salir con sus amigas), y cuando fue a San Sebastián a cuidar a su nieto el acusado la llamó constantemente ordenando que volviese a casa, (con referencia a que ese día se pudo gastar 300 € en llamadas telefónicas). Que cuando le contó a su hija lo que ocurría fueron a denunciar. Sin que su marido se lleve bien con su hija, ya que hubo un problema entre ellos, puesto que su hija se escribía con una chica de Zamora y su marido le leía las cartas. Relato de hechos que coincide con el efectuado al interponer la denuncia (folios n.º 10 a 12), y al declarar ante el Juzgado de Instrucción con referencia también a un maltrato psicológico, no físico, haciendo igualmente mención a hechos concretos como que en la localidad de Santa Gadea no la dejó dormir con él en la cama teniéndolo que hacer en una hamaca, a tener que dormir muchas veces en la silla de la cocina, a llamadas insistentes al domicilio de su hija para que volviese con él, (folios n.º 38 a 40).

Contando también con la declaración de la hija de ambos Marí Jose, refiriendo como su padre a su madre le trababa como "una mierda", haciendo cosas humillantes, con referencia a que un día por teléfono su padre le dijo a su madre que fuese a casa hacer la comida, que era una inútil, llamándola "hija de puta", así como que impidió a su madre ir al médico cuando tenía 34 años puesto que no le bajaba la regla y creía que estaba embarazada de otro, resultando al final que tenía un tumor cerebral. Y cuando su madre iba con ella a Rentaría su padre se preocupaba por lo que pudiese contarle, y por teléfono su padre le dijo a su madre que si no volvía a casa iba él a buscarla y no sabía que le hacía. Reconociendo, a su vez, esta testigo no llevarse bien con su padre, tratándola en casa como una puta y fuera bien. Y en su declaración en fase de instrucción, refirió como su padre ha dicho a su madre siempre que no vale para nada, que es una inútil, la encerraba bajo llave en casa prohibiéndola salir a la calle, habiendo sido testigo de ello desde pequeña. Y que cuando fue su madre a su casa a pasar unos días, su padre realizó varias llamadas telefónicas, incluso dijo que se iba a gastar todo el sueldo en llamarles pero que no iba a dejar de llamar en todo el día, y hablado ella con su padre este le dijo que su madre se la estaba jugando, (folios n.º 35 a 37).

Por lo que llegados a este punto, cabe tener en cuenta, al igual que hace la sentencia recurrida, la valoración que se da jurisprudencialmente a la declaración de la víctima como prueba de cargo, así el Tribunal Supremo en sentencia, entre otras muchas, de fecha 13 de Febrero de 1.999, indica "La validez del testimonio de la víctima, como prueba clave a los efectos de desvirtuación del principio de presunción de inocencia, ha sido admitida reiteradamente por la jurisprudencia, que ha recopilado como condiciones de que debe adornarse para ser considerada como elemento de cargo, las siguientes: a) ausencia de incredulidad subjetiva derivada de las relaciones procesado - víctima que pudiera llevar a la conclusión de que existen móviles de resentimiento o enemistad que privan al testimonio de la aptitud necesaria para generar un estado subjetivo de certidumbre, asumido por el órgano juzgador; b) verosimilitud, en cuanto que la narración de los hechos inculpatorios ha de estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que la doten de potencialidad probatoria; c) persistencia en la incriminación, prolongándose ésta en el tiempo de manera coherente y firme, sin ambigüedades ni contradicciones. (Sentencia del T.S. Sala 2.ª de 7 de Mayo de 1998)."

Y en sentencia de fecha 21 de Noviembre de 2.002 núm. 1961/2002, rec. 1201/2001. Pte: Ramos Gancedo, Diego Antonio, igualmente establece "Es reiterada y pacífica la doctrina de esta Sala -admitida por el propio recurrente- que la declaración incriminatoria de la víctima del hecho ilícito constituye prueba de cargo suficiente para fundar una sentencia condenatoria. Ello no obstante, hemos declarado también en numerosos precedentes jurisprudenciales que cuando ese testimonio constituye la única prueba de cargo sobre la realidad del hecho y la participación en el mismo del acusado, el Tribunal sentenciador debe extremar la cautela y la prudencia al valorar la declaración inculpatoria a fin de evitar el riesgo de condenar a un inocente. A tales efectos, esta Sala ha perfilado una serie de pautas orientativas que tienden a garantizar, en lo posible, la exclusión de dicho riesgo, y que sirvan al juzgador de instancia como parámetros de referencia a la hora de evaluar la veracidad del testimonio de cargo a fin de extremar la garantía de una decisión acertada, a saber:

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusado-víctima, que pudiera conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre en que la convicción judicial estriba esencialmente.

b) Verosimilitud, en cuanto que el testimonio incriminador, ha de estar rodeado en lo posible de datos periféricos corroboradores de carácter objetivo.

c) Persistencia en la incriminación, que debe ser mantenida en el tiempo, sin ambigüedades ni contradicciones. Pero, dicho esto, la doctrina de la Sala ha subrayado con especial énfasis que, en todo caso, la valoración de estos testimonios es función privativa del juzgador de instancia al que la Constitución (art. 117.3) y la L.E.Cr. (art. 741) le atribuyen en exclusiva esa actividad valorativa, y quien, por otra parte, es el único beneficiario de la inmediación en la práctica de las pruebas, lo que le permite hacer acopio de un sinfín de matices y detalles apreciados de forma directa e inmediata, singularmente útiles a la hora de decidir sobre la credibilidad de las manifestaciones enfrentadas." Siendo este el mismo criterio recogido por la Audiencia Provincial de Burgos Sección 1.ª en sentencia de fecha S 24-06-2002, rec. 84/2002. Pte: Marín Ibáñez, Francisco Manuel.

En relación con lo cual, en el presente caso, es persistente la versión que sobre los hechos mantiene la denunciante, como se ha expuesto anteriormente, en relación al continuo comportamiento de maltrato psicológico de su marido hacía ella, entre el que se comprende la coacción ejercida sobre ella cuando estaba en Rentaría, en casa de su hija, para conseguir que regresase a casa.

Por lo que se refiera a la existencia de un móvil espurio por parte de la denunciante, para mantener su versión de los hechos, la existencia de una relación conflictiva entre el acusado y ella no supone, en absoluto, la existencia de un interés que pudiera viciar la credibilidad de la declaración de la perjudicada ya que esta enemistad nace precisamente de los hechos que se enjuician, y evidentemente carecería de toda razonabilidad e iría contra la naturaleza de los sentimientos exigir a la víctima de cualquier agresión la solidaridad o indiferencia respecto de la persona causante de su perjuicio. Cuando se hace referencia a la ausencia de incredibilidad subjetiva se refiere a la preexistencia de resentimiento o enemistad que tengan su origen en otras causas distintas al ataque sufrido por la víctima, como se indica por la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 10 de Junio de 2.004.

A lo que se añade la acreditación de hechos periféricos, puestos de manifiesto a través de la declaración de la hija de ambos, que sin embargo el recurrente dice poner en duda dada la mala relación existente entre ellos y como ambos refieren en sus respectivas manifestaciones. Sin embargo, también se cuenta, por una parte, con el informe del Médico Forense (folios n.º 59 a 61), recogiendo en sus conclusiones no poder determinar en la exploración realizada si puede existir un daño psicológico clínicamente objetivable a causa de malos tratos psíquicos denunciados, pero especificando que el relato de la explorada es coherente con los hechos denunciados, y que tales no han destapado ninguna patología psíquica de fondo. Puntualizando en el acto de juicio a preguntas de la Defensa no poder concluir si ha habido malos tratos. Aunque también a preguntas del Ministerio Fiscal dijo no haber tenido documentos a la vista para la elaboración de su informe.

Sin embargo, por otro lado, Mónica y Amanda, quienes a su vez se ratificaron en su informe obrante en los folios n.º 126 a 130, donde se refleja en sus conclusiones que Penélope ha sido sometida a conductas abusivas por su cónyuge: humillaciones, insultos, vejaciones, control sobre sus acciones, aislamiento social, nulidad de la toma de decisiones, y que en el momento del informe (16 de Septiembre de 2.006) presentaba síntomas de ansiedad de intensidad leve con dificultades de conciliar el sueño, inquietud y estado de ánimo moderadamente depresivo. Añadiendo ambas, en el acto de juicio, haberse entrevistado tanto con el acusado como con la denunciante, así como que recogieron datos de la trabajadora social, concluyendo que hubo "malos tratos psíquicos", y que en la forma de expresarse de la víctima se apreciaba temor a las represalias del marido, el cual tiene un carácter fuerte, intransigente y ciertos rasgos paranoides.

Y por la trabajadora Social Leticia, cuyo informe consta en los folios n.º 74 a 77, en el que se ratificó en el acto de juicio (indicando que basándose en conversaciones con Penélope, sus hijos y su yerno, no con el acusado pero sin con la Letrada del Ayuntamiento de Miranda de Ebro), expone haber intervenido con Penélope desde Julio de 2.006, a partir de la denuncia por malos tratos, y que muchas de sus expresiones y emociones se confunden con sus intervenciones habituales en violencia de género, habiendo referido ella siempre malos tratos psicológicos. Añadiendo que presenta los rasgos de una persona que ha sufrido violencia de género.

Igualmente, del análisis conjunto de las distintas declaraciones efectuadas por el propio acusado a lo largo de las actuaciones, permiten poner de manifiesto la acreditación de hechos periféricos, así como ya se expuso con anterioridad, el mismo ante el Juzgado de Instrucción, en relación con la estancia de su esposa en la casa de su hija en Rentaría, admitió que "había estado llamando insistentemente a su esposa para que volviese a casa", (cuando, sin embargo, en el acto de juicio sostiene, entendiendo al igual que la Juzgadora de Instancia que con un carácter meramente exculpatorio, que cuando su esposa estuvo con su hija la llamó por teléfono cada día pero para ver como había pasado el día). Asimismo ante el Juzgado de Instrucción admitió ser cierto que alguna vez la ha dicho que no vale nada, aunque añadiendo que a las dos horas se han dado un abrazo.

En consecuencia, todo ello permite a esta Sala inclinarse, de conformidad con la Juez de Instancia, por la veracidad de los hechos denunciados por Penélope, (avalada con la declaración de su hija, que aún cuando es puesta en duda por el recurrente, también se considera apoyada su versión de los hechos con los anteriores informes sobre todo el psicológico y el de la trabajadora social, cuando además la intervención de este última ha sido reiterada en relación con la denunciante como se detalla en su informe, en contraposición con la alegación del recurrente al pretender descartar la validez de estos últimos informe sosteniendo que se encuentra en contradicción con el del Médico Forense), y por ello llegar a la convicción de que la denunciante ha sido sometida por el acusado a una situación prolongada en el tiempo de maltrato psicológico, entre cuyos hechos se encuentra la coacción cometida cuando la misma se encontraba en casa de su hija y a donde el acusado llamó insistentemente por teléfono pretendiendo con ello obligarla a regresar a casa, como él mismo admite en su declaración en fase de instrucción. Por ello la valoración del conjunto de la prueba practicada que se efectúa por la Juzgadora de Instancia en la sentencia recurrida se considera por esta Sala que se encuentra ajustada a los parámetros de la sana lógica y común experiencia, sin que quepa efectuar reproche alguno a dicha valoración, al no existir en la misma juicio alguno ilógico, absurdo o arbitrario. Y en conclusión, debe tenerse en cuenta que las declaraciones así vertidas por unos y otros participantes en el acto del Juicio Oral han sido valoradas libre, racional y motivadamente por la Juzgadora de instancia en la que concurre el principio de inmediación del que esta Sala carece en la presente apelación, sin que ahora apreciemos error alguno en dicha valoración, y por ello desestimándose el primero de los motivos del recurso de Apelación.

Segundo.-A igual decisión desestimatoria cabe llegar en relación con el segundo motivo de recurso, referido al principio de presunción de inocencia, basándose al respecto en una inconcreción de los hechos denunciados.

Teniendo en cuenta por ello respecto a este derecho a la presunción de inocencia consagrado en nuestro derecho con rango fundamental en el art. 24 CE, que implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (art. 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 6.2 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades Fundamentales y art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Por lo que, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo respecto del recurso de casación, que puede fundamentalmente trasladarse al recurso de apelación, máxime después de la doctrina del TC establecida a partir de la sentencia 167/2002, sobre los límites del recurso de apelación para condenar a una persona absuelta en la instancia, podemos señalar que, cuando se alega la vulneración de aquel derecho fundamental en el proceso penal, ello obliga al Tribunal de Apelación a comprobar que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta una prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio, obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los Derechos Fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su practica, de manera que se pueda considerar acreditada la realidad de unos hechos concretos, con sus circunstancias agravatorias relevantes jurídico- penalmente, y la participación o intervención del acusado en los mismos. También debe el Tribunal verificar que la valoración realizada no se aparta de las reglas de la lógica y no es, por lo tanto, irracional o arbitraria. El derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina del TS y del TC, alcanza sólo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales (SS. 20/2001 de 28 de marzo; 1801/2001 de 13 de octubre; 511/2002 de 18 de marzo y 1582/2002 de 30 de septiembre).

Cuando en un recurso de apelación se alega infracción de ese fundamental derecho, la función de esta Sala no puede consistir, sin embargo, en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a la presencia del Juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de un raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia (STS. 1125/2001 de 12 de Julio).

En atención a lo expuesto, en el presente caso la Juzgadora ha contado con prueba de cargo suficiente, según se expuso en el anterior fundamento de derecho, para dar por enervado el citado principio, dando credibilidad a la versión del denunciante, avalada por su hija y con los informes que ha sido reseñados, sin que quepa apreciar la inconcreción que se alega por el recurrente, toda vez que en relación con el delito de violencia psíquica habitual como se indica por la jurisprudencia, y se tratará con más detalle en el siguiente fundamento de derecho al examinar este tipo penal, es suficiente con llegar a la convicción de que la victima vivía en una situación de permanente violencia psíquica con independencia del número de ocasiones en las que se puso de manifiesto, y sin que adolezcan tampoco de inconcreción los hechos encuadrables en el delito de coacciones en relación con la estancia de la víctima en Renteria en el mes de Junio de 2.006 en la casa de su hija, admitido hecho admitido por el propio acusado en fase de instrucción, y que motivó la interposición de la denuncia que ha dado lugar a las presentes actuaciones, (folios n.º 10 a 12).

Tercero.-La misma suerte debe correr el tercer motivo del recurso, sobre la indebida aplicación del art. 173.2 del Código Penal, en base a que tan sólo se concretan en dos de los hechos probados: uno en el invierno 2.005/2006 cuando el acusado no permitió a su esposa dormir en la cama y otro el 30 de Junio de 2.006 cuando la llamó reiteradas veces al domicilio de su hija, puesto que los demás son reiteración de los primeros o referencias genéricas, ambiguas e inconcretas. Insistiendo en que no quedan acreditados hechos más allá de estos dos citados.

Ante lo cual, cabe tener en cuenta que el art. 173.2 establece "2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el art. 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores." Precepto redactado por art. 1 ocho LO 11/2003 de 29 septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.

Tipo penal que exige, entre otro, el requisito el de la habitualidad, respecto del que entre otras la Audiencia Provincial de Córdoba en sentencia n.º 25/1999 establece: "la cuestión de habitualidad que fue la que mayores discusiones ha ocasionado no debe interpretarse en un sentido jurídico de multireincidencia en faltas de malos tratos, lo que puede constituir la espinosa cuestión del non bis in ídem, parece más acertado optar por un criterio naturalistico, entendiendo por habitualidad la repetición de actos de idéntico contenido, pero no siendo, estrictamente la pluralidad la que convierte a la falta en delito, sino la relación entre autor y víctima más la frecuencia con que ello ocurre, esto es, la permanencia del trato violento, de lo que se deduce la necesidad de considerarlo como delito autónomo. No se trata por ello, de una falta de lesiones elevada a delito por la repetición, ya que no puede especularse en torno a sí son tres o más las ocasiones en las que se ha producido la violencia, como se ha recogido en algunos postulados doctrinales para exigir la presencia del hecho delictivo por la habitualidad del maltrato, o incluso, en alguna resolución judicial que exigía la cualificación, sino lo importante es que el Juez llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente. En esta dirección, el Presidente de la Sala 2.ª y Social del T.S., proponía que la habitualidad aquí referida debía entenderse como concepto criminológico-social, no como concepto jurídico-formal, por lo que será una conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección, con o sin condenas previas, y que estas actuarán como prueba de la habitualidad que también podría demostrarse por otras vías".

En cuanto a la jurisprudencial existente al respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de Julio de 2.000 indica "La "habitualidad" que necesariamente debe darse en el ejercicio de la violencia física dentro del ámbito de las relaciones familiares para integrar el delito autónomo del artículo 153 del Código Penal - y antes el 425 C.P. de 1973 - es una exigencia típica un tanto imprecisa que ha originado distintas corrientes interpretativas. La más habitual entiende que tales exigencias se satisface a partir de la tercera acción violenta; criterio que no tiene más apoyo que la analógica aplicación del concepto de habitualidad que el artículo 94 del Código Penal establece a los efectos de suspensión y sustitución de penas. Otra línea interpretativa prescindiendo del automatismo numérico anterior, ha entendido con mayor acierto que lo relevante para apreciar la habitualidad, más que la pluralidad en sí misma, es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento, siendo lo importante que el Tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente. En esta permanencia radica el mayor desvalor que justifica una tipificación autónoma por la presencia de una gravedad mayor que la que resultaría de la mera agregación de las desvaloraciones propias de cada acción individual. En este caso la sola lectura del relato histórico de la Sentencia pone de relieve que no estamos ante dos individuales acciones de agresión o violencia física surgidas aisladamente a lo largo del tiempo, sino ante dos agresiones que se manifiestan como la exteriorización singularizada de un estado de violencia permanente, ejercida por el acusado sobre su pareja, que permite su consideración como "habitual".

Estableciéndose en las referidas sentencia del Tribunal Supremo de fechas 20 de Diciembre de 1996 y en la de 17 de Abril de 1997, como elementos constitutivos de este tipo penal los siguientes: a) Una acción que suponga ejercicio de violencia física (actualmente también violencia psíquica en virtud de la Ley Orgánica 14/99); b) Que dicha acción se ejerza habitualmente; c) Que obedezca a cualquier fin; d) Que tanto el sujeto activo como el pasivo deben ser cónyuges o personas unidas por análoga relación de afectividad. Con respecto al concepto de habitualidad se mantuvo inicialmente una línea jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo que interpretaba dicho concepto entendiendo que implicaba una repetición de la violencia en tres ocasiones o más, cifra que concuerda con la doctrina jurisprudencial al interpretar dicho dato en el delito de receptación, cuestión recogida por el legislador en el artículo 94 del Código Penal al definir el concepto de reo habitual. Tras la Ley Orgánica 14/1999 de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995 en material de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que modifica el art. 153 del CP para apreciar la habitualidad se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados. Así como a la proximidad temporal de las mismas, con independencia de que dicha violencia haya sido objeto o no de enjuiciamiento en proceso anteriores."

Por lo que respecta al presente caso enjuiciado, en relación con este motivo de recurso, la cuestión a determinar se centra en si el comportamiento del acusado es encuadrable o no en este tipo penal de la violencia habitual. Y estando a la prueba examinada en anteriores fundamentos de derechos, en modo alguno como pretende el recurrente puede hablarse de hechos aislados, que tenidos en cuenta individualmente no serian suficientes para poder fundamentar una sentencia condenatoria en relación con este delito de violencia habitual, sino que la valoración conjunta de la prueba basada en la declaración de la denunciante y su hija (quien en fase de instrucción dijo haber sido "testigo ocular de la situación desde que era pequeña"), si llevan a poder afirmar la existencia de una actuación prolongada en el tiempo de menosprecio psíquico por parte del acusado hacía la denunciante (aún cuando no fueron denunciados hechos concretos en el momento de su comisión). Dado que como se mantiene por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de Julio de 2.000, lo relevante para apreciar la habitualidad, más que la pluralidad en sí misma, es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento, siendo lo importante que el Tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente.

Es por ello, que en el presente caso, se entiende que no estamos tan sólo ante unas acciones individuales, surgidas aisladamente (como pretende el recurrente), sino ante actuaciones del acusado que se manifiestan como la exteriorización singularizada de un estado de violencia psíquica permanente, ejercida por el mismo sobre su pareja, y que permite su consideración como habitual, y afirmar que existe en la presente causa suficiente material probatorio para establecer que en tal actuación se encuentra concurrentes todos los requisitos del art. 173.2 del Código Penal.

Cuarto.-En relación con la infracción por aplicación indebida del art. 172.2 del Código Penal, estableciendo "El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el art. 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado." El contenido actual del precepto queda numerado como apdo. 1 y se añade un apdo 2 por art. 39 LO 1/2004, de 28 diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con entrada en vigor el 29 de Junio de 2.005.

Precepto respecto del que recurrente sostiene su indebida aplicación ente la no existencia de ninguna actividad probatoria al respecto, puesto que como se indica en el escrito del recurso si el acusado llamó a su esposa cuando se encontraba en Rentaría, en casa de su hija, fue para verificar como estaba. Es decir, en concordancia con lo manifestado por el mismo en el acto de juicio (que estuvo llamándola por teléfono cada día, para ver que tal había ido el día), pero respecto de lo que incurre en contradicciones con lo que había manifestado previamente al declarar como imputado con las debidas garantías legales y en presencia de Letrado, en fase de instrucción, donde afirmó "que ha estado llamando insistentemente a su mujer para que volviera a casa", (folio n.º 43). Lo que lleva, también a la desestimación de este motivo de recurso, y a la confirmación de la sentencia recurrida también en relación con el delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género.

Quinto.-Finalmente, respecto a la indebida aplicación del art. 66.1.6 del Código Penal con falta de motivación de las penas.

En relación con lo cual debe subrayarse que el Tribunal Supremo tiene señalado, en relación a la motivación de la pena que "únicamente procederá la revisión de las penas fijadas en la instancia cuando el Tribunal se haya guiado por criterios jurídicamente erróneos o arbitrarios "(TS A 8 Nov. 1.995, que recoge la Sentencia de 7 Mar. 1.994 y en análogos términos TS Auto de 24 Mayo 1.995, que glosa las Sentencias de 5 Oct. 1.988, 25 Feb. 1.989 1989/2070, 5 Jul. 1.991, 7 Mar. 1.994 y la del Tribunal Constitucional de 4 Jul. 1.991; apuntando, por su parte, la Sentencia de 2 Oct. 1.995, que cita otras muchas anteriores, entre ellas, la de 21 Mayo 1.993, que "la fijación de las penas corresponde a la discrecionalidad de los Juzgadores de instancia, no procediendo su alteración en la alzada, salvo que aquellas se aparten de las establecidas en el tipo por el que recae la condena con las circunstancias modificativas pertinentes o salvo que se aprecie manifiesta desproporción, atendidas la gravedad del hecho y la personalidad del culpable", en análogo sentido TS S 12 Jun. 1.998.

El artículo 72 del Código Penal dispone que, "los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este capitulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta".

En relación con la concreta exigencia de motivar las circunstancias que conducen a la individualización de la pena, este Tribunal en diversos pronunciamientos ha apuntado la necesidad de motivación de la determinación concreta de la pena (SSTC 193/1996, de 26 de noviembre; 43/1997, de 10 de marzo), aunque también ha destacado que cuando los datos básicos del proceso de individualización de la pena puedan inferirse de los hechos probados, no resultan constitucionalmente exigibles ulteriores razonamientos que los traduzcan en una cuantificación de pena exacta, dada la imposibilidad de sentar un criterio que mida lo que, de suyo, no es susceptible de medición (SSTC 47/1998, de 2 de marzo, FJ 6; 136/2003, de 30 de junio).

Igualmente, deben recordarse otras Sentencias del Tribunal Supremo, como las de 18 de Octubre de 2002 y 16 de Julio de 2004) que, a tales efectos señalan que, "sólo es exigible la existencia de una motivación concreta cuando la pena que se imponga no lo sea en su mínima extensión".

Y la Sentencia Tribunal Supremo núm. 1101/2003 (Sala de lo Penal), de 22 julio indica "Las resoluciones judiciales no son meras expresiones de voluntad sino aplicación razonable y razonada de las normas jurídicas, por lo que requieren una motivación que, aún cuando sea sucinta, proporcione una respuesta adecuada en Derecho a la cuestión planteada y resuelta. Por lo que se refiere específicamente a las sentencias, la motivación debe abarcar (STS 26 abril y 27 junio 1995), los tres aspectos relevantes: fundamentación del relato fáctico que se declara probado, subsunción de los hechos en el tipo penal procedente (elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, circunstancias modificativas), y consecuencias punitivas y civiles en el caso de condena

La motivación puede ser escueta, siempre que suponga una aplicación razonable y reconocible del ordenamiento jurídico, pero en cualquier caso una sentencia penal correcta debe contener una motivación completa, es decir que abarque los tres aspectos anteriormente indicados, con la extensión y profundidad proporcionadas a la mayor o menor complejidad de las cuestiones que se han de resolver.

Por lo que se refiere a la motivación de la individualización de la pena esta Sala ha recordado con reiteración la "conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada" (SS 26 de abril 1995, 3 de octubre de 1997 y 3 de junio de 1999, entre otras). La facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado no es totalmente discrecional sino que está jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente (art. 66.1.º Código Penal de 1995).

La conveniencia de motivación sobre la determinación de la pena se transmuta en necesidad en determinados supuestos, como señalan, entre otras, las sentencias 1182/97, de 3 de octubre y 879/99, de 3 de junio.

Entre estos supuestos cabe señalar: a) cuando la pena se exaspera sin razón aparente (Sentencias 4 de febrero de 1992, 26 de abril de 1995 y 4 de noviembre de 1996); b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la Ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada (último párrafo del art. 506 del Código Penal de 1973 o párrafo segundo del art. 74 del Código Penal de 1995, por ejemplo); c) cuando uno de los autores de los mismos hechos, en quien no concurren específicas circunstancias de agravación, es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás, sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia (Sentencia núm. 1182/97, de 3 de octubre); e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados (art.66 tentativa- 66.4.º -atenuantes plurales o muy cualificadas- y 68 -eximentes incompletas-, del Código Penal de 1995 y art. 65 -menores de 18 años- del Código Penal), en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales (Sentencias de 27 de julio de 1998 y de 3 de junio de 1999).

Siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicitar lo obvio."

En el presente caso la motivación de la pena está suficientemente razonada, sobre todo si se tiene en cuenta el conjunto de la resolución impugnada en la que se encuentran las explicaciones sobre la violencia desplegada por el acusado a la que se refiere la juzgadora a quo, y que se ha tenido en cuenta por esta a la hora de apartarse ligeramente de la pena mínima, pues no debe olvidarse que la pena prevista para el robo con violencia está comprendida entre dos y cinco años de prisión."

En virtud de lo cual, las penas fijadas para el delito de violencia física habitual conforme al art. 173.2 (las penas de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años), e igualmente se establece que se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el art. 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

Resultando, igualmente, de aplicación al acusado al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, el art. 66.1. 6.ª) (cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho).

En aplicación de lo cual, la sentencia recurrida en relación con este delito fija las penas de 1 año y 9 meses de Prisión y 3 años y 6 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, es decir, ambas en la mitad superior, exponiendo los razonamientos de ello, en base al trato vejatorio al que sometió a su esposa a lo largo de la convivencia. Argumentaciones compartidas por esta Sala, y a las que, además, se añade para la imposición de las penas en su mitad superior, que la mayoría de los actos tuvieron en el lugar familiar, lo que impide en aplicación de este mismo precepto su imposición en el mínimo legal, según se pretende por el recurrente.

Y nada que decir en relación con el delito de coacciones en cuyo caso la pena si ha sido impuesta en el mínimo legal, en aplicación del art. 172.2 del Código Penal (dado que estos hechos no tuvieron lugar en el domicilio del matrimonio).

Lo que lleva al igual que respecto de los anteriores, a la desestimación de este último motivo de recurso. Sin que quepa entrar en esta segunda instancia en consideración alguna sobre circunstancias modificativa alguna en base al estado de depresión del recurrente, puesto que como se reconoce en el propio escrito de recurso ninguna invocación al respecto se efectuó en la instancia. Teniendo en cuenta al respecto lo indicado por la Audiencia Provincial de Madrid de 4 Septiembre 2.007, Pte: Fernández-Prieto González, José Manuel "este cambio de pretensiones en la segunda instancia resulta absolutamente inviable, porque no debe olvidarse que la apelación supone un nuevo juicio, no un nuevo proceso, sobre el material, alegaciones y pruebas reunidas en la primera instancia; ó como enseñaba el profesor Gómez Orbaneja, la apelación es un nuevo juicio realizado directamente sobre los mismos derechos y pretensiones deducidos oportunamente por las partes, pero no es un nuevo juicio respecto del primero en cuanto su objeto es el mismo. En virtud de lo cual todo cambio de pretensión como el que aquí se pretende necesariamente tiene que desestimarse."

Sexto.-Por todo lo expuesto, ante la desestimación del recurso de apelación interpuesto por Juan Francisco, confirmándose en su integridad la sentencia recurrida, de conformidad con lo preceptuado en el art. 239 de la L.E.Cr. "en los autos o sentencias que pongan término a la causa o cualquiera de los incidentes deberán resolverse sobre el pago de las costas procesales"; procediendo la imposición por ello al recurrente de las costas causadas en esta alzada, conforme preceptúa el art. 901 de la L.E.Cr., aplicado analógicamente, al haberse desestimado el recurso de Apelación entablado.

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M. el Rey.


FALLAMOS.


 
Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de Juan Francisco contra la sentencia n.º 227/09 dictada en fecha 23 de Junio de 2.009 por la Magistrada- Juez titular del Juzgado de lo Penal n.º 3 de los de Burgos en la causa n.º 18/09, en consecuencia, y CONFIRMAMOS la misma en su integridad. Imponiendo al recurrente las costas causadas en esta alzada.

Esta sentencia es firme por no caber contra ella más recurso, en su caso, que el extraordinario de revisión. Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en el presente libro y remítase otro al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos. Notifíquese.

Así como esta sentencia lo mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. D.ª M.ª TERESA MUÑOZ QUINTANA, Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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