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Sentencia A.P. Barcelona 317/2010, de 24 de marzo


 RESUMEN:

Se encuentra la Audiencia que concurre el necesario dolo intimidatorio en la conducta del acusado que realizó llamadas telefónicas a la denunciante reprochándole su actuación procesal.

SENTENCIA

Barcelona, veinticuatro de marzo de dos mil diez.

VISTA en juicio oral y público ante la sección 10.ª de esta Audiencia provincial, la presente causa tramitada como Sumario ordinario por delito de abuso sexual, habiéndose dirigido la acusación contra el procesado Juan María, mayor de edad, con DNI n.º NUM000, nacido en Barcelona el día 23 de octubre de 1988, hijo de Victoria y Angel, solvente, sin antecedentes penales, defendido por la letrada Sra. Belén Ballabriga y representado por la procuradora de tribunales Sra. Cristina Baidés. Ejerce la acusación pública el Ministerio Fiscal. Ha comparecido como parte acusadora particular D.ª Irene, representada por la procuradora Sra. Margarita Ribas y defendida por el letrado Sr. Josep Segret. Ha sido designado magistrado ponente el Ilmo. Sr. Santiago VIDAL MARSAL, quien expresa la decisión unánime del tribunal.


ANTECEDENTES PROCESALES


 
Primero.-La presente causa dimana del sumario procedente del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Barcelona, incoadas el día 11 de octubre de 2008 en virtud de atestado n.º 661200, remitido por la Policía Autonómica-Mossos d'Esquadra, a denuncia de la presunta perjudicada Irene. Tras la práctica de las diligencias de investigación que el juez instructor consideró oportunas, se dictó auto de procesamiento contra el denunciado Juan María en fecha 16 de noviembre de 2008.

Segundo.-Tras la pertinente indagatoria, mediante auto de 17.3.09 se declaró concluso el sumario y se elevaron las actuaciones a este tribunal, quien -previo emplazamiento de todas las partes comparecidas- en fecha 9.9.09 decretó la apertura del juicio oral contra el procesado. Una vez instruidas las partes, y evacuado el trámite de calificación provisional por la acusación pública, acusación particular y la defensa, por auto de 27 de noviembre de 2.009 se admitieron las pruebas propuestas y se convocó a las partes a juicio oral, señalándose para la vista el pasado 16 de marzo de 2010.

Tercero.-El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito de abuso sexual del art. 182.1.º en relación con el 181.2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, por lo que concluye interesando se condene al procesado a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales, y prohibición de acercamiento a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo así como comunicación por plazo de 2 años. Le imputa asimismo un delito conexo de obstrucción a la justicia del art. 464.1.º CP, por el que solicita una condena de 2 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejrcicio del derecho de sufragio pasivo. Por último, le acusa de una falta de lesiones del art. 617.1 reclamando pena de 50 días de multa, con cuota de 12 euros diarios y consiguiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. En concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnice a la perjudicada en la cantidad de 8.000 euros por daños morales y 300 euros por las lesiones causadas, así como el abono de las costas procesales.

Cuarto.-En igual trámite, la Acusación Particular formalizó conclusiones en el mismo sentido que el ministerio público, solicitando se imponga al procesado la pena de 7 años de prisión por el delito de abuso sexual, 2 años de prisión por el delito de obstrucción a la justicia, y 50 días de multa con cuota de 20 euros diarios por la falta de lesiones. Tras postular el pago de costas así como la adopción de medida de seguridad con prohibición de acercamiento y comunicación durante 2 años a distancia no inferior a 1.000 mts, concluye reclamando una indemnización de 30.000 euros por daños morales y secuelas, más 300 euros por las lesiones sufridas.

Quinto.-La Defensa del procesado solicitó la libre absolución de todos los cargos, en base a la falta de participación en los hechos imputados.

Sexto.-En el juicio oral se han practicado todas las pruebas propuestas por las partes y no renunciadas, con el resultado que obra en el acta levantada por el secretario judicial bajo fe pública.

Séptimo.-En la tramitación de la causa y celebración del presente juicio se han observado las prescripciones legales exigidas por la vigente ley de enjuiciamiento criminal.


HECHOS PROBADOS

1.º).- Se declara probado que: sobre las 03 horas de la madrugada del 28 de septiembre de 2.008, el acusado Juan María, mayor de edad y sin antecedentes penales, se encontraba en la discoteca Razz Matazz ubicada en la c/ Almogàvers de esta ciudad de Barcelona, cuando conoció a Irene y a su amiga Catalina. Tras entablar conversación, visto que Irene se hallaba en estado eufórico por el precedente consumo de alcohol y cocaína, el acusado le propuso irse a su domicilio sito en la c/ DIRECCION000 NUM001, NUM002, vivienda en la que residía con su madre. La joven aceptó la propuesta sin que conste debidamente acreditado si en esta primera toma de contacto ambos hablaron ya de mantener relaciones sexuales o solo iban a dormir hasta la mañana siguiente, pues Irene tenía que regresar a Vic en tren hacia el mediodía.

2.º).- Una vez en el interior del domicilio, mantuvieron una relación sexual completa que incluyó penetración vaginal con eyaculación sin preservativo. No consta fehacientemente acreditado si dicho acto sexual fue deseado, consentido o simplemente tolerado de forma pasiva por Irene. Sobre las 14 horas de aquella misma tarde, Juan María acompañó a Irene hasta la estación de RENFE, donde se reunió con su amiga Catalina sin que relatara la más mínima incidencia, le pagó el billete de vuelta a VIC y se quedó con ellas hasta que el tren emprendió la marcha. Ambos se facilitaron sus respectivos teléfonos móviles a fin de mantener futuros contactos.

3.º).- Sobre las 17 horas del siguiente 1 de octubre de 2008, Irene explicó a su madre que sospechaba había sido abusada sexualmente aprovechando el autor un hipotético estado de semi inconsciencia nocturna como consecuencia del consumo de alcohol y drogas durante la noche del 28 de septiembre. Tras acudir al centro hospitalario y someterse a un examen ginecológico, se detectó una fisura de 4 cmts en uno de los labios genitales externos, lesión que requirió una sola asistencia facultativa.

4.º).- El procesado, al tener conocimiento de que había sido denunciado por la joven ante la comisaría de los Mossos d'Esquadra, la llamó por teléfono al móvil sobre las 16'25 horas del mismo día 1 de octubre, y le recriminó su acción con las siguientes palabras (sic) " retira la denuncia que vas a salir perdiendo; mis amigos vieron que ibas mal; te vieron que ibas conmigo y yo te traté bien". Media hora después, cuando Irene y su madre habían vuelto a las dependencias policiales para poner en conocimiento del inspector de guardia dicha llamada telefónica, el acusado volvió a llamarla y pronunció las siguientes frases (sic) " Entonces qué, vas a denunciarme?, pues si quieres te doy mis nombre y DNI, apunta: Juan María, de Barcelona, con DNI NUM003, Tus amigos y tus padres se van a reir; viniste porque quisiste; qué asco de niña". Irene respondió:sí, pero tu te aprovechaste de mí. A lo que Juan María contestó "nadie sube a un NUM002 si no quiere, qué querías que hiciera, que te dejara tirada en el suelo ?. Desde entonces denunciante y denunciado no han vuelto a mantener contacto de clase alguna.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Los hechos relatados han quedado probados por la prueba testifical, pericial y documental practicada en el juicio oral. De su estudio y valoración conjunta, debemos concluir que en sí mismos no son constitutivos del delito de abuso sexual previsto en el art. 182.1 CP que las acusaciones pública y particular imputan al procesado, habida cuenta la ausencia de pruebas objetivas directas así como de cadena indiciária suficiente que permitan destruir el principio constitucional de presunción de inocencia, o declarar concurren los elementos objetivos y subjetivos del citado tipo penal, como acto seguido se razonará dando cumplimiento al deber de motivación que recoge el art. 120.3.º en relación con el 24.1 CE.

Tampoco son constitutivos del delito de obstrucción a la justicia previsto y penado en el art. 464.1.º de la LO 15/03 de 25 de noviembre, puesto que considera el tribunal las palabras pronunciadas por el acusado en ambas llamadas telefónicas no revisten la antijuridicidad punible que les atribuyen ambas acusaciones, ni estuvieron presididas de un inequívoco ánimo intimidatorio, dolo intencional que debe concurrir en cualquier caso. Finalmente, y aún cuando consta objetivamente acreditada una lesión leve en la zona genital de la denunciante, tampoco puede emitirse veredicto condenatorio por la Falta del art. 617.1 del Código, puesto que se ignora quien fue el/la autor y su mecánica comisiva concreta.

En orden a determinar si existió o no el primer delito, debe recordarse que el legislador sanciona la conducta del que mantiene acceso carnal de naturaleza sexual con otra persona, sea de uno u otro sexo, mediante sin violencia o intimidación, tanto si es por vía vaginal, bucal como anal, cuando no concurra consentimiento previo y libre del destinatario/a. El párrafo 2.º del art. 181 al que se remite el 182.1.º, matiza que en todo caso se consideran abusos sexuales no consentidos los que se realizan sobre menores de 13 años, y también sobre personas privadas de sentido. Se castiga así el ataque al derecho de autodeterminación en este ámbito tan personal e íntimo, pues la acción afecta no solo a la integridad física de la persona abusada sino también a su dignidad. De ahí, que la pena privativa de libertad prevista por el legislador sea grave conforme a la escala del art. 33 CP, y que la jurisprudencia haya matizado reiteradamente que la preexistencia de relación sentimental o amistosa previa entre autor y víctima en absoluto impide la punición de la conducta ejecutada sin aquiescencia de la destinataria.

Así lo reseñan las STS de 2.03.94 y 17.05.02, entre otras muchas, lo que tiene trascendencia en el caso que nos ocupa dado que el presunto abuso sexual denunciado por Jenifer procedería de un joven con el que (según refieren ambos en su declaración en el plenario) habría estado conversando amigablemente durante las horas de ocio que compartieron en la discoteca anteriores al traslado voluntario hasta el piso donde residía este, y se habrían besado durante el trayecto. Quiere con ello decirse, que el tribunal comparte con la acusación pública y particular el más absoluto rechazo a todo acto sexual no consentido, incluidos aquellos casos en que el agresor no es un sujeto desconocido para la víctima sino alguien con quien ha mantenido una conducta previa de contenido inequívocamente sexual, pues ello no justificaría en absoluto la conducta ofensiva ulterior si efectivamente esta se hubiera desarrollado tal y como sostiene el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, es decir, en contra de la voluntad de la afectada.

Sin embargo, el sosegado e imparcial estudio de las pruebas testificales, periciales y documentales practicadas en este proceso, nos lleva a la convicción de que existen dudas más que razonables para imputar -cuando menos con plena fiabilidad- al procesado la autoría del delito de abuso sexual que se le imputa, lo que conforme al art. 741 de la Lecrim. nos aboca a un veredicto absolutorio en aplicación de la doctrina "in dubio pro reo", reiterada por nuestra jurisprudencia en las STC 13/87, 55/88, 14/91 y STS de 3.10.97, 27.10.99 y 3.3.00.

Necesario es recordar en este punto, que a toda persona acusada de la comisión de un hecho ilícito, se la presume inocente hasta que las pruebas en contrario presentadas en juicio oral ante el tribunal competente, demuestran de forma irrefutable su culpabilidad. Dicho principio constitucional -art. 24.2 CE- debe guiar siempre el análisis valorativo a efectuar por los órganos jurisdiccionales, y comporta a su vez la carga ineluctable de la prueba sobre quien imputa tales hechos delictivos. Solo cuando se ponga a disposición del tribunal una o varias pruebas de cargo inequívocamente incriminatorias y plenamente fiables, podremos considerar desvirtuado el principio de presunción de inocencia aludido, como nos recuerdan las STC 114/89 de 22 de junio y 49/96 de 26 de marzo. Tal material probatorio puede consistir tanto en pruebas de naturaleza personal, como la declaración testifical -y de hecho la declaración de la denunciante en este tipo de delitos siempre lo es- como documentales, periciales o de cualquier otra naturaleza. Sin embargo, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo exige que, en caso de hallarnos ante la testifical de la víctima como única prueba nuclear acusatoria, lo que acontece con cierta frecuencia dado el carácter testimonial oculto de esta clase de ataques sexuales (por el lugar donde se realizan), su credibilidad debe estar necesariamente apoyada por otros elementos periféricos de naturaleza indiciaria debidamente encadenados, a fin de poder construir el recesario silogismo racional de culpabilidad. Así lo recogen las STS de 17.03.87 y 18.7.00, que otorgan plena validez a la testifical de la agredida fundándose en los demás indicios circunstanciales, coetáneos, previos y ulteriores que rodearon la acción, siempre y cuando además aquella sea coherente en el relato, persistente en el tiempo, y no afectada por ningún móvil espúreo.

Pues bien, en el caso sometido a juicio debemos partir del hecho de que el procesado ha negado desde el principio todo acto de contenido sexual no consentido por la denunciante. Tanto en sede policial, como ante el juez instructor negó sistemáticamente que aquella madrugada hubiera obligado a Jenifer a mantener relaciones sexuales forzadas con él, al tiempo que admite que efectivamente practicaron el acto sexual en su domicilio. En el plenario, ha ratificado sus anteriores declaraciones y aclara tres datos relevantes que han merecido la credibilidad del tribunal, por venir objetivamente acreditados mediante pruebas ajenas a él: A) que la joven aceptó ir a dormir al piso de Juan María porque ya era de madrugada y no tenía donde pasar la noche; (así lo admite ella misma y lo confirman tanto los amigos de uno y otra). B) que iba un poco bebida pero se encontraba suficientemente bien como para caminar, hablar e intercambiar algunos besos durante el trayecto; (igualmente lo confirma la testifical); y C) que en el domicilio estaba durmiendo la madre del procesado, quien no oyó la más mínima queja o incidencia durante la noche; (así lo aclara la Sra. Clara). Finalmente, a tales elementos exculpatorios, debe añadirse que no es propio de una persona que ha sido abusada permanecer en el piso hasta el mediodía siguiente, ducharse, usar los utensilios de maquillaje de la madre de su presunto agresor, y finalmente, salir con él hasta la estación de ferrocarril para reunirse con sus amigas a fin de coger el tren de regreso a VIC. Por si fuera poco, la propia denunciante admite además que al no llevar dinero permitió que el hoy acusado le pagara el billete, así como que le facilitó el número de su teléfono móvil por si querían ponerse nuevamente en contacto.

Sostienen las acusaciones que dicha conducta fue debida al estado de semi inconsciencia bajo el que se encontraba la víctima, lo que limitaba su capacidad de autodeterminación, y apuntan una hipótesis -sobre la que no existe prueba- relativa a que quizás en las bebidas alcohólicas que ingirió aquella madrugada, alguien (nadie afirma que fuera el acusado) le hubiera puesto alguna droga obnubilante, como "ketamina". Ante ello, debemos reseñar que a los folios 25 y 47 consta analítica de orina que confirma un consumo de cannabis, cocaína y alcohol, en dosis moderadamente elevadas. Ningún rastro químico de barbitúricos que produzcan sedación incapacitante. Es más, la pericial médico forense ha sido ilustrativa en este sentido, puesto que en el plenario ambos facultativos han coincidido en matizar que dado el nivel de cocaína detectada en el análisis unido al folio 47, necesariamente tuvo que producir un efecto reactivo euforizante de compensación con la ingesta abusiva de alcohol, por lo que el estado de inconsciencia a que alude la denunciante jamás podría ser de tal entidad como para poder considerar abolida su capacidad psicofísica. Por último, obligado es matizar que la propia denunciante ha sido incapaz en el plenario de explicar con detalle qué ocurrió realmente dentro de la habitación, pues -a pesar de dicha pericial- sostiene que no lo recuerda debido a su estado de embriaguez.

Segundo.-En orden a la lesión leve (un rasguño) que la denunciante presentaba cuando fue explorada en el centro hospitalario, daño corporal en zona vulvar que permite a las acusaciones sostener existió un cierto grado de violencia en la relación sexual, y por tanto que es muy probable no fuera plenamente consentida, debemos rechazar la aplicación al caso del art. 617.1.º del Código penal habida cuenta que como expone el informe pericial forense (folio 155) y han aclarado los facultativos en el juicio oral, se trata de una lesión cuya etiología causal puede ser diversa y no necesariamente dolosa. Dictaminan los expertos que se trata de un corte longitudinal de 4 cmts en un labio genital, posiblemente causado por una uña, y por tanto compatible con una manipulación grosera o accidental. Menos aún pueden precisar quien fue el autor, si él o ella. En cualquier caso, no es factible descartar por este solo hecho lesivo que las relaciones fueran consentidas.

En este sentido, la reciente STS de 28 de junio de 2009 aclara que la simple existencia de lesiones leves en la zona genital no puede ser interpretada como elemento indubitado de la presunta agresión sexual consumada, sino únicamente como un indicio que debe ir acompañado de otros datos periféricos objetivos de naturaleza incriminatoria, pues la ausencia de consentimiento jamás puede interpretarse como presunción "contra reo", dadas las múltiples modalidades -más o menos intensas- de relaciones sexuales aceptadas por los/as implicados/as en una sociedad libre de prejuicios.

En delitos como los que son objeto de este proceso, no se trata en modo alguno de exigir a la víctima una resistencia heroica, ni tan siquiera una actitud de oposición física obstructiva cuando existe riesgo de males mayores, como nos recuerda la STS de 20.05.91, pero sí es imprescindible que la destinataria del acto sexual haga explícita su oposición de algún modo comprensible para el actor, pues en caso contrario este pudiera ignorar la antijuridicidad de su conducta por creer que no existe falta de consentimiento, sino todo lo contrario, aquiescencia mas o menos implícita, lo que nos conduciría a un error de prohibición invencible del art. 14 CP excluyente de toda responsabilidad criminal. Habida cuenta el contexto de lugar, tiempo y situación precedente que rodearon el "iter criminis", la hipótesis de que la denunciante haya imaginado con posterioridad a la relación sexual un déficit en su capacidad de elección, aparece como merecedor de una duda razonable a favor del reo, razón por la que al quedar fehacientemente probado que el autor mantuvo relaciones sexuales con ella sin violencia física reseñable (informe médico del hospital y forense de la exploración de la víctima), deberemos concluir que la conducta ejecutada no reviste los requisitos objetivos y subjetivos propios del delito contra la libertad sexual que se le imputa al amparo del art. 182 en relación con el 181.2 del Código Penal, ni de la falta de lesiones conexa.

Tercero.-En cuanto al delito de obstrucción a la justicia penado en el art. 464 del Código, como ya hemos avanzado más arriba tampoco consideramos exista en las palabras pronunciadas por el acusado, vía teléfono móvil, antijuridicidad intimidatória suficiente como para merecer reproche penal.

Sanciona dicha norma la conducta del que con violencia o intimidación intentare influir en quien sea denunciante, testigo o imputado en un procedimiento judicial, para que modifique su versión. Es obvio que nos hallamos ante un ilícito que no permite su consumación culposa, pues la acción del autor debe estar en todo momento presidida del ánimo intencional -doloso- de obstruir la acción de la Administración de justicia, haciendo que alguno de los implicados en el proceso se retracte. Y para ello, las palabras proferidas deben tener la entidad suficiente para lograr dicho propósito, lo que excluye aquellas frases que simplemente contienen una recriminación o más bien son alegatos de defensa. Así lo matizan las STS de 6 de junio de 2003 y 17 de febrero de 2004 al exigir la idoneidad como medio para influir en el/la destinatario/a.

Las frases y palabras que hemos recogido en el relato de hechos probados no reúnen tal entidad, pues lejos de pretender atemorizar a Irene más bien la censuraban que hubiera interpuesto una denuncia cuando la relación sexual había sido consentida. Obsérvese que en todo momento se alude a que subió al piso voluntariamente, que jamás dijo que no quería consumar el acto, que iba a salir perjudicada y sus amigos se iban a reír de ella, etc... Es más, el propio denunciado le facilitó -cierto que con algún error numérico- durante dichas llamadas telefónicas sus datos personales por si la policía tenía alguna dificultad para localizarle. Desde luego, no es la conducta propia de quien busca intimidar a la denunciante, por más que sea cierto que le pidió literalmente que retirara la denuncia. Muy probablemente actuó más guiado por la ofuscación y enfado de quien se siente injustamente denunciado que inducido del ánimo de coaccionar a la destinataria de la llamada.

Cuarto.-La inexistencia de responsabilidad criminal comporta "ope legis" la absolución de toda responsabilidad civil y condena en costas, conforme a lo establecido en los arts. 123 del Código Penal y 270 de la Lecrim.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,


FALLAMOS


 
Que debemos absolver y absolvemos a Juan María de toda responsabilidad criminal derivada de los delitos de abuso sexual y obstrucción a la justicia que se le han imputado en esta causa, así como de la falta de lesiones leves conexa, y declaramos de oficio las costas procesales devengadas. Dejamos sin efecto todas las medidas cautelares de naturaleza personal y real adoptadas por el juzgado instructor.

Notifíquese la presente sentencia a las partes comparecidas en el proceso, con expresión de que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, por infracción de ley y/o por quebrantamiento de forma, recurso que deberá anunciarse ante este mismo tribunal en el plazo de cinco días.

Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. magistrado Ponente en audiencia pública el día de la fecha. Doy fe. El secretario judicial


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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