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Sentencia A.N. 125/2010, de 16 de diciembre


 RESUMEN:

Jurisdicción laboral: Incompetencia. Pretensión de nulidad de modificación de la relación de puestos de trabajo. Sí es competente para conocer si se han seguido los trámites del procedimiento acordado en el convenio para la aprobación de la relación de puestos de trabajo.

Sala de lo Social

Secretaría de D.ª JULIA SEGOVIANO ASTABURUAGA

SENTENCIA N.º: 0125/2010

Fecha de Juicio: 15/12/2010

Fecha Sentencia: 16/12/2010

Fecha Auto Aclaración:

Núm. Procedimiento: 0000204/2009

Tipo de Procedimiento: DEMANDA

Procedim. Acumulados:

Materia: CONFLICTO COLECTIVO

Ponente IImo. Sr.: D. RICARDO BODAS MARTÍN

Indice de Sentencias:

Contenido Sentencia:

Demandante: FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CCOO

Codemandante:

Demandado: -MINISTERIO DEL INTERIOR

-FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

-CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF)

-ELA-STV

-CIG

Codemandado:

Resolución de la Sentencia: ESTIMATORIA PARCIAL

Breve Resumen de la Sentencia:

Se estima parcialmente la demanda de conflicto colectivo, declarando que la modificación de la RpT del Ministerio demandado

no se ajustó a derecho, porque no cumplió el procedimiento establecido en el convenio, según el cual debió presentarse

previamente para su aprobación a la CIVEA para que se emitiera por esta las alegaciones pertinentes. - Se declara, de oficio, la

incompetencia de jurisdicción para conocer sobre la nulidad de la RpT antes dicha, puesto que dicho pronunciamiento

corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Social

Núm. de Procedimiento: 0000204/2009

Tipo de Procedimiento: DEMANDA

Indice de Sentencia:

Contenido Sentencia:

Demandante: FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CCOO

Codemandante:

Demandado: -MINISTERIO DEL INTERIOR

-FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

-CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF)

-ELA-STV

-CIG

Ponente IImo. Sr.: D. RICARDO BODAS MARTÍN

SENTENCIA N.º: 0125/2010

IImo. Sr. Presidente:

D. RICARDO BODAS MARTÍN

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. MANUEL POVES ROJAS

D.ª MARÍA PAZ VIVES USANO

Madrid, a dieciseis de diciembre de dos mil diez.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento n.º 204/09 seguido por demanda de FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS contra MINISTERIO DEL INTERIOR, FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT, CENTRAL

SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF), ELA-STV, CIG sobre conflicto colectivo. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RICARDO BODAS MARTÍN


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, el día 22-9-2009 se presentó demanda por FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS contra MINISTERIO DEL INTERIOR, FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT, CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF), ELA-STV, CIG sobre CONFLICTO COLECTIVO.

Segundo.-La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, habiéndose acordado el archivo provisional de la misma con fecha 8-10-2009, a petición de la parte demandante y sin oposición de la parte demandada.

Con fecha 29-10-2010 se solicitó la reapertura del expediente, con cuyo resultado se señaló el día 15-12-2010 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio.

Tercero.-Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto.

Cuarto.-- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 27 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, debe destacarse, que las partes debatieron sobre los extremos siguientes:

La FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS (CCOO desde aquí) ratificó su demanda de conflicto colectivo, pretendiendo la anulación de la modificación de la RpT, por cuanto no se había cumplimentado el procedimiento regulado en el art. 9, 2 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

CSI-CSIF se adhirió a la demanda,

El ABOGADO DEL ESTADO se opuso a la demanda, si bien admitió que no se había cumplido propiamente lo dispuesto en el art. 9, 2 del convenio citado, aunque en la reunión de la Subcomisión Delegada de la CIVEA, realizada el 17-12-2008, se informó por la Administración, que la CECIR había decidido amortizar los puestos de trabajo de limpiadores, entendiendo, por consiguiente, que el incumplimiento, denunciado por los demandantes, había sido menor, puesto que la decisión política de amortizar los puestos de trabajo de la RpT ya estaba tomada por quien tenía potestad para ello, haciendo inútil cualquier pronunciamiento de la Subcomisión Delegada de la CIVEA.

Quinto.-- De conformidad con lo dispuesto en el art. 85, 5 del RDL 2/95, de 27 de abril, se precisa que los hechos controvertidos fueron los siguientes:

No hubo debate sobre los hechos controvertidos, por cuanto los actores admitieron que se informó efectivamente en la reunión de 17-12-2008, que la CECIR había decidido amortizar los puestos de la RpT ya citados.

Resultando y así se declaran, los siguientes


HECHOS PROBADOSPrimero.-- El II Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado se publicó en el BOE de 14-10-2006. - En su artículo 9, 2 se dice lo siguiente:

"2. Procedimiento de elaboración y modificación.- Las propuestas de relaciones de puestos de trabajo y de las modificaciones a las mismas serán elaboradas por los órganos competentes que las presentarán a la correspondiente Subcomisión Delegada para que en el plazo de 10 días hábiles formule las observaciones que estime pertinentes. Transcurrido el plazo anterior, se remitirá si procede, a la CIVEA para su informe según lo previsto en el art. 3.3.n).

Los Departamentos y Organismos, a través del órgano competente, tramitarán las propuestas ante la CECIR conforme a los procedimientos establecidos acompañados de las alegaciones que, en su caso, emitan las Subcomisiones Delegadas y del informe de la CIVEA".

El III Convenio Único se publicó en el BOE de 12-11-2009 y su artículo 9, 2 reproduce el texto del convenio precedente.

Segundo.-- El 9-07-2008 la CECIR dictó resolución, que obra en autos y se tiene por reproducida, mediante la que se recordó a las diferentes Administraciones la obligación de cumplimentar el procedimiento previsto en el art. 9, 2 del II Convenio Único.

Obra en autos escrito, suscrito por la Subdirectora General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones de 12-09- 2008, que obra en autos y se tiene por reproducido, mediante el que se reitera la obligación antes dicha.

Tercero.-- El 26-11-2008 representantes de la CECIR comunicaron a los representantes del Ministerio del Interior que se iban a suprimir en dicho Ministerio, así como en otros Departamentos Ministeriales, los puestos de trabajo vacantes de Ayudantes de Gestión y Servicios Comunes, actividad limpieza, al no estar prevista su cobertura en la planificación de los recursos humanos, suministrando la propia CECIR un listado de los puestos de trabajo afectados.

El 8-11-2008 la Subdirección General de Personal de Costes, Planificación de Recursos Humanos e Inspección del Departamento remitió escrito a la CECIR, que obra en autos y se tiene por reproducido, en el que solicitó que no se suprimieran los puestos que tuvieran asignado complemento hasta que no se concluyeran los trabajos del Grupo de Trabajo de Complementos y Productividad, adjuntando un listado de puestos de trabajo que no se podían amortizar.

Cuarto.-- En la reunión de la Subcomisión Delegada de la CIVEA del Ministerio del Interior, celebrada el 17-12-2008, se informó sobre la intención de la CECIR de suprimir los puestos antes dichos, anunciándose que se convocará al Grupo de Trabajo, cuando se sepa si se salvan o no de la amortización los puestos de trabajo con complemento.

Quinto.-- El 22-12-2008 la CECIR dictó resolución, que obra en autos y se tiene por reproducida, mediante la que se aprobó la modificación de la RpT del Ministerio del Interior con efectos de 1-01-2009.

Sexto.-- El 5-08-2009 se interpuso papeleta de conciliación ante el SIMA, que tuvo lugar sin avenencia el 2-09-2009.

Se han cumplido las previsiones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8 y 2, l del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Segundo.-- De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 del TRLPL los hechos, declarados probados, se han deducido de las pruebas siguientes:

a. - El primero de los BOE citados.

b. - El segundo de la resolución de la CECIR y el informe citado, que obran en folios 24 a 26 de autos, aportados por CCOO y reconocidos por los demás litigantes.

c. - El tercero de los correos electrónicos, intercambiados por funcionarios de los organismos citados, que obran en folios 142 a 147 de autos, aportados por el Abogado del Estado y reconocidos de contrario, así como del escrito, remitido desde el Departamento de Interior a la CECIR en la fecha indicada, que obra en folios 163 a 164 de autos, aportado por el Abogado del Estado y reconocido de contrario.

d. - El cuarto del Acta de la Subcomisión Delegada de la CIVEA en el Ministerio del Interior que se cita y obra en folios 154 a 161 de autos, aportada por el Abogado del Estado y reconocida de contrario.

e. - El quinto de la resolución citada, que obra en folios 24 y 166 a 185 de autos, aportada por ambas partes.

f. - El sexto del Acta del SIMA que obra en folios 22 a 23 de autos, aportada por CCOO y reconocida de contrario.

Tercero.-- Los demandantes pretenden, como se anunció más arriba, que se anule la modificación de la RpT, acordada por resolución de la CECIR de 22-12-2008, porque se incumplió el procedimiento previsto en el art. 9, 2 del II Convenio Único, reproducida en el hecho probado primero, habiéndose conocido recientemente por la Sala pretensión similar, referida en aquel supuesto a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en la que se suprimían los relacionados en ella, de la Subsecretaría de Industría, Turismo y Comercio y de la Dirección Provincial de Comercio de Canarias-Santa Cruz de Tenerife, aprobada por la Comisión Interministerial de Retribuciones del personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del II Convenio Único, porque dicha modificación no había sido presentada a la correspondiente Subcomisión Delegadas para que se formularan las alegaciones pertinentes, dictándose sentencia por esta Sala el 29-09-2009, en autos 145/2009, en la que nos declaramos incompetentes por razón de la materia.

Dicha sentencia fue anulada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo mediante sentencia de 10-09-2010, en cuyo fallo se dijo lo siguiente:

"Estimamos en parte el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS (FSAP-CCOO) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional con fecha 29 de septiembre de 2009 en autos n.º 145/2009 en virtud de demanda formulada por FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS, contra el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, FSP-UGT, CSI-CSIF, CIG y ELA STV, sobre Conflicto Colectivo. Casamos y anulamos dicha sentencia y declaramos la competencia de este orden jurisdiccional para resolver la pretensión de que se declare que hubo, por parte de la administración demandada, incumplimiento de lo establecido en el Convenio Colectivo sobre la tramitación de la RPT., devolviendo las actuaciones a la Sala sentenciadora para que resuelva el litigio sobre la base de su competencia al efecto y desestimamos el recurso en el resto de pedimentos. Sin costas en ambos recursos".

El pronunciamiento citado se mantuvo por el Alto Tribunal aunque la pretensión allí resuelta, al igual que en el presente caso, contenía la petición formal de anulación de la modificación de RPT de referencia, sosteniéndose por el Tribunal Supremo que el orden jurisdiccional social no es competente para pronunciarse sobre dicha pretensión, entendiendo, sin embargo, que si tal petición deriva del incumplimiento de lo previsto en el art. 9.2 del Convenio Colectivo, en orden a dar audiencia a la Subcomisión Delegada de la propuesta de tal modificación de la RPT sí es competente este orden jurisdiccional social, por lo que procede distinguir ambas cuestiones y, con estimación parcial del recurso, declaró la competencia del orden social de la jurisdicción para resolver sobre el alegado incumplimiento de lo dispuesto al efecto en el Convenio Colectivo y su alcance, devolviendo los autos a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, para que se pronuncie sobre dicho extremo.

Cuarto.-- Identificados los límites competenciales sobre los que puede pronunciarse la Sala, aplicando la jurisprudencia antes dicha, debemos concluir necesariamente que la modificación de la RpT del Ministerio del Interior, producida por resolución de la CECIR de 22-12-2008, incumplió frontalmente lo dispuesto en el art. 9, 2 del II Convenio Único, que estaba vigente en aquel momento, ya que no se cumplió el requisito, contemplado en dicho precepto, de presentar a la Subcomisión Delegada de la CIVEA la correspondiente propuesta de modificación de la RpT para que la Subcomisión elabore las correspondientes alegaciones en el plazo de diez días hábiles, no pudiendo admitirse, de ningún modo, que la información, producida en la reunión de la Subcomisión de 17-12-2008, relatada en el hecho probado cuarto, cumpliera dicha obligación, puesto que se limitó a emitir una información verbal que está muy lejos de cumplir lealmente el mandato convencional.

Ese incumplimiento es relevante, a juicio de la Sala, aunque la organización del trabajo y la aprobación consiguiente de las RpT corresponda exclusivamente a la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del II Convenio Único, reproducido en el art. 8 del III Convenio Único, ya que dicha facultad está limitada por los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocidos a los representantes de los trabajadores, tal y como se refleja en dicho artículo, contemplándose en el art. 6, 1, f) del II Convenio Único, reproducida en el mismo precepto del siguiente convenio, que corresponde a las Subcomisiones Delegadas de la CIVEA recibir, en materia de RpT, recibir previo trámite ante los órganos competentes para su aprobación, información de la modificación de las relaciones de puestos de trabajo, en concordancia con lo establecido en el art. 9, 2 de los convenios citados, donde se dispone que las propuestas de relaciones de puestos de trabajo y de las modificaciones a las mismas serán elaboradas por los órganos competentes que las presentarán a la correspondiente Subcomisión Delegada para que en el plazo de diez días hábiles formule las observaciones que estime pertinentes, momento este en el que se remitirá si procede, a la CIVEA para su informe según lo previsto en el art. 3.3.n) de los convenios reiterados.

Por consiguiente, probado inequívocamente, que la modificación de la RpT cuestionada se produjo, sin presentar la propuesta modificativa a la Subcomisión Delegada de la CIVEA para que la misma emitiera las observaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles desde la presentación, debe concluirse que dicha decisión vulneró lo dispuesto en el art. 82, 3 ET, que vincula a las Administraciones Públicas, a tenor con lo dispuesto en el art. 32 del EBEP, en relación con los artículos 3; 6, 1, f); 8 y 9, 2 del II Convenio Único, en concordancia con los mismos artículos del III Convenio Único, siendo este el único pronunciamiento, que nos es permitido, de conformidad con la jurisprudencia producida por STS 10-09-2009, recaída en recurso de casación 205/2009, donde se estimó parcialmente el recurso de casación, ordenándonos distinguir entre ambas pretensiones, al considerar que el orden jurisdiccional social no es competente para conocer sobre la nulidad de la modificación de la RpT, pero si sobre el incumplimiento de los requisitos convencionales para su aprobación.

Sin costas por tratarse de conflicto colectivo y no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Que estimamos de oficio la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia respecto a la pretensión de nulidad de la modificación de la RpT del Ministerio del Interior aprobada por resolución de la CECIR de 22-12-2008, declarándonos competentes para conocer sobre el cumplimiento o incumplimiento del procedimiento convencional para la aprobación de la RpT.

Que estimando parcialmente la demanda de conflicto colectivo, interpuesta por CCOO, a la que se adhirió CSI-CSIF, declaramos que la modificación de la RpT del Ministerio del Interior, producida por resolución de la CECIR de 22-12-2008, no se ajustó a derecho, puesto que se aprobó sin agotar previamente el trámite presentación ante la Subcomisión Delegada de la CIVEA y alegaciones de la misma y en consecuencia condenamos al MINISTERIO DEL INTERIOR a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos, absteniéndonos de realizar pronunciamiento alguno sobre la nulidad de la RpT, puesto que corresponde al orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá anunciarse ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.

Al tiempo de personarse ante la Sala del Tribunal Supremo, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 300,51 euros previsto en el art. 227 de la Ley de Procedimiento Laboral, en la cuenta corriente del Tribunal Supremo Sala de lo Social número 2410, de la entidad Banesto, oficina de calle Barquillo n.º 49 28004 Madrid.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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