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Sentencia T.S.J. Canarias 109/2010, de 1 de febrero


 RESUMEN:

Despido: Inexistencia. Baja voluntaria del trabajador,tanto en la empresa como en la Seguridad Social.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Iltmos. Sres D./Dña. Humberto Guadalupe Hernández Presidente, D./Dña. M.ª Jesús García Hernández y D./Dña. Ignacio Duce Sánchez De Moya (Ponente) Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Pio contra sentencia dictada el día 17 de julio de 2008 en los autos de juicio n.º 0001115/2007 en proceso sobre DESPIDO, y entablado por D./Dña. Pio, contra Contratas y Reformas Mejías S.L. y el Fondo de Garantía Salarial.

Es Ponente, el Iltmo. Sr. D. Ignacio Duce Sánchez De Moya, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"PRIMERO.- La parte actora ha prestado sus servicios en la entidad demandada, con antigüedad de 9-4-07, categoría de oficial de tercera y salario de 28,48 Euros conforme al siguiente iter contractual: contrato para obra o servicio determinado de objeto desconocido como oficial de segunda del 13-3-07 al 23-3-07 finalizado por finiquito; contrato para obra o servicio determinado de objeto desconocido del 26-3-07 al 4-4-07 finalizado por finiquito; contrato para obra o servicio determinado: "edificio calle León y Castillo 330 LPGC, fase demolición y escombros" con categoría de oficial de segunda del 9-4-07 al 8-10-07, en que se extinguió por baja no voluntaria; y finalmente contrato para obra o servicio determinado: "Doctor Rosas n.º 3 fase cerramiento y albañilería T.M. Las Palmas de Gran Canaria" del 9-10-07 al 9-10-07 como oficial de tercera, extinguiéndose por baja voluntaria.

Segundo.-El trabajador estuvo de baja por IT del 10-10-07 al 11-11-07 por trastorno depresivo no clasificado, cotizando la empresa por el mes de Mayo de 2007 la cantidad de 854,36 Euros; por el mes de Junio de 2007 la cantidad de 826,80 Euros; por el mes de Julio de 2007 la cantidad de 854,36 Euros; por el mes de Agosto de 2007 la cantidad de 854,36 Euros; por el mes de Septiembre de 2007 la cantidad de 826,80 Euros y por el mes de Octubre de 2007 la cantidad de 854,32 Euros.

Habiendo percibido el actor por el mes de Marzo de 2007 la cantidad de 156,20 Euros; por el mes de Abril de 2007 la cantidad de 600,08 Euros; por el mes de Mayo de 2007 la cantidad de 854,80 Euros; por el mes de Junio de 2007 la cantidad de 826,76 Euros; por el mes de Julio de 2007 la cantidad de 854,32 Euros; por el mes de Agosto de 2007 la cantidad de 854,32 Euros y por el mes de Septiembre de 2007 la cantidad de 826,76 Euros.

Tercero.-El actor no es ni ha sido en el año anterior a su cese representante legal o sindical de los trabajadores".

Cuarto.-Se agotó la vía previa. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que desestimando la demanda por despido origen de las presentes actuaciones, promovida por Don Pio contra Contratas y Reformas Mejías S.L. y el Fogasa debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos efectuados en su contra.

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Frente a la sentencia que desestimó la demanda se alza el actor en suplicación alegando un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica a fin de que sea declarado improcedente su despido.

Segundo.-Con amparo en el art 191 b) LPL la parte recurrente propone la sustitución del hecho probado 1.º por el siguiente texto:

"La parte actora ha prestado sus servicios en la entidad demandada, con antigüedad de 9.4.07, categoría de oficial de tercera y salario de 28.48 euros conforme al siguiente iter contractual: Contrato para obra o servicio determinado como oficial de segunda del 13.3.07 al 23.3.07 finalizado por finiquito; contrato para obra o servicio determinado de objeto desconocido del 26.03.07 al 04.04.07 finalizado por finiquito: contrato para obra o servicio determinado: "edificio calle León y Castillo 330 LPGC, fase demolición y escombros" con categoría de oficial de segunda del 09.04.07 al 08.10.07, en que se extinguió por baja no voluntaria; y finalmente contrato para obra servicio determinado: "Doctor Rosas n.º 3 fase de cerramiento y albañilería T.M. Las Palmas de GC del 09.10.07 al 09.10.07 como oficial de tercera, habiendo firmado su baja voluntaria en fecha 09.10.07 y habiendo continuado su prestación de servicios con posterioridad a la misma hasta el 31.10.07, fecha en que se extinguió el contrato a instancias del empresario, sin que haya quedado acreditado la finalización de la obra para la que fue contratado".

Basa su propuesta en los documentos unidos a los folios 77 y 80, consistentes en certificado de empresa de fecha 31.10.1007 e informe de vida laboral del actor.

Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias:

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado y omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida;

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho la "prueba negativa", consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente (sentencia del Tribunal Supremo 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986) y sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1990: "....sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador...");

c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;

d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;

e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o periciales que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y,

f) que en modo alguno ha de tratarse de una valoración global de la prueba incorporada al proceso.

En este caso, los aludidos documentos han sido valorados por el Magistrado a quo junto con el resto del acervo probatorio, que incluyó documentos solicitados por el propio Juzgado, habiendo llegado a su conclusión de naturaleza objetiva e imparcial, que no puede ser sustituida por la más subjetiva e interesada de la parte.

Consecuentemente ha de ser rechazado el motivo.

Tercero.-Con amparo en el art 191 c) LPL la misma parte aduce infracción del art 49.1 K) en relación con los arts 54.55 y 56 todos del ET. Entiende que la extinción del contrato de trabajo no se produjo como consecuencia de la baja voluntaria del trabajador, sino que después de firmar dicho cese el día 09.10.2007, continuó prestando sus servicios hasta el día 31.10.2007, en que causó baja en la empresa por "fin de contrato temporal", sin que conste prueba fehaciente de la terminación de la obra o servicio correspondiente.

Los hechos relevantes para dar solución al caso son los siguientes: Tras haber venido prestando el actor sus servicios para la empresa demandada en virtud de sucesivos contratos para obra o servicio determinado, con fecha 09.10.2007 suscribió otro de igual naturaleza con la categoría profesional de oficial albañil de 3.ª, cuyo objeto fue: "La realización de la obra o servicio c./ Doctor Miguel Rosas n.º 3 fase cerramiento y albañilería TM Las Palmas de G. Canaria". Su duración se fijó hasta finalización de los trabajos de su especialidad (folio 103 y 103 vuelto).

El mismo día, el trabajador dirigió a la empresa carta con el siguiente texto:

"Muy Sr. Mío:

Por la presente le comunico que causaré baja en esta Empresa el día nueve de octubre de dos mil siete por baja voluntaria. Mi baja en le Empresa Contratas y Reformas Mejías,SL se produce por motivos personales. Les ruego preparen para es fecha mi liquidación. Saludos.

Fdo Pio ".

Con igual fecha el trabajador firmó su solicitud de baja en seguridad social por causa "baja voluntaria" (folio 108).

Dicha baja consta en el informe de vida laboral remitido al Juzgado por la TGSS (folio 56), y es confirmado por la correspondiente codificación informática, (folio 109).

El actor estuvo en situación de baja por IT durante el periodo 10.10.2007 a 11.11.2007.

Pues bien, el trabajador no ha negado la validez de su decisión de cesar voluntariamente en el empresa el día 09.10.2007, ni tampoco la de su solicitud de baja ante la TGSS de igual fecha. Únicamente viene a argumentar que continuó prestando sus servicios hasta que fue cesado por fían de contrato el día 31.10.2007. Pero las únicas pruebas que aduce son un certificado de empresa (folio 77) y el informe de vida laboral por él aportado (folio 80).

En cuanto a la eficacia de su cese voluntario, el TS ya estableció en sentencia de 21.11.2000 lo siguiente:

"Esa dimisión o voluntad unilateral del trabajador, de extinguir el vínculo contractual que le une a su empresario, puede manifestarse de forma expresa o de manera tácita. Es decir, mediante signos escritos u orales dirigidos al empresario, pues se trata de una decisión recepticia; o mediante un comportamiento del cual cabe deducir esa intención extintiva. Pues bien, también la jurisprudencia, en este caso la social, se ha ocupado de introducir parejas cautelas. Así, se ha declarado que "la dimisión del trabajador no es preciso que se ajuste a una declaración de voluntad formal, basta que la conducta seguida por el mismo manifieste de modo indiscutido su opción por la ruptura o extinción de la relación laboral" (STS 1.º octubre 1990).También se ha dicho que la dimisión exige como necesaria una voluntad del trabajador "clara, concreta,consciente, firme y terminante, reveladora de su propósito; puede ser expresa o tácita; pero en este caso ha de manifestarse por hechos concluyentes, es decir, que no dejen margen alguno para la duda razonable sobre su intención y alcance" (STS 10 diciembre 1990). En particular, cuando el comportamiento alegado por el empresario es lo que suele llamarse un abandono del trabajo, esta Sala ha distinguido el aspecto extintivo del sancionador por incumplimiento: para que exista la causa extintiva en examen es preciso que "se produzca una actuación del trabajador que, de manera expresa o tácita, pero siempre clara y terminante, demuestre su deliberado propósito de dar por terminado el contrato, lo que requiere una manifestación de voluntad en este sentido o una conducta que de modo concluyente revele el elemento intencional decisivo de romper la relación laboral"; en esta línea, y a los efectos de delimitar el llamado abandono frente al despido disciplinario por falta de asistencias al trabajo, se subraya que éstas no pueden considerarse, objetivamente y al margen de un contexto en el que por su continuidad o por otras circunstancias aparezcan dotadas de un indudable significado extintivo; en cualquier caso, para valorar el propósito del trabajador "hay que precisar de forma inequívoca las motivaciones e impulsos que le animan toda vez que la voluntad de realizar un acto culposo laboral es diferente de la necesaria para extinguir larelación laboral" (STS 3 junio 1988). La principal enseñanza que de tales pronunciamientos cabe extraer es la siguiente. La dimisión del trabajador, como todo acto negocial, en este caso con finalidad de

extinguir otro negocio más amplio, y de carácter sucesivo o prologado, que es el propio contrato de trabajo, requiere una voluntad incontestable en tal sentido; la cual puede manifestarse al exterior, para que la conozca el empresario, de manera expresa:signos escritos o verbales que directamente explicitan la intención del interesado; o de manera tácita: comportamiento de otra clase, del cual cabe deducir clara y terminantemente que el empleado quiere terminar su vinculación laboral. De ahí que el llamado abandono (mencionado en la vieja Ley de Contrato de Trabajo de 1944, art. 81; y tangencialmente en el ET, art. 21.4 a propósito de los pactos de permanencia), materializado en una inasistencia más o menos prolongada del trabajador al centro o lugar de trabajo, no sea algo que mecánicamente equivalga a una extinción por dimisión; sino que, y este sería el significado unificador de la presente resolución, se necesita que esas ausencias puedan hacerse equivaler a un comportamiento del que quepa extraer, de manera clara, cierta y terminante, que el empleado desea

extinguir el contrato".

En consecuencia, habiendo manifestado el trabajador mediante aquella comunicación a la empresa su voluntad clara e inequívoca de cesar en la prestación de sus servicios, lo que confirmó suscribiendo su baja en SS; que así fue tramitada, hay de concluirse que su relación laboral finalizó al amparo del art 49.1 d) ET, sin responsabilidad para la empresa.

Y no puede resultar atendible el argumento de haber continuado en la prestación de servicios hasta el día 31.10.2007 porque habiéndose hallado en situación de IT desde el día 10.10.2007 hasta el día 11.11.2007, la empresa no tramitó su solicitud de baja de forma inmediata por lo que pudo emitir aquel certificado con fecha 31.10.2007, cuya fecha pudo también aparecer en la información de vida laboral que períodicamente remite la TGSS a sus afiliados, pero cuyos documentos no pueden contradecir aquellos en que se fundamentó el efectivo cese voluntario del trabajador, con plena constancia en los archivos de dicho Servicio Común. Por todo ello ha de ser confirmada la sentencia impugnada con desestimación del recurso interpuesto. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de súplicación interpuesto por D. Pio, contra la sentencia dictada el día 17 de julio de 2008, por el Juzgado DE LO SOCIAL N. 3 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, debemos confirmar como confirmamos dicha sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de esta Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número: 3537/000066 1197/09 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito de BANESTO c/c 2410000066 1197/09, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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