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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. 751/2010 (Sala 2) de 17 de junio


 RESUMEN:

Concurso medial de delitos continuados de estafa y de uso de documento falso. Error en la apreciación de la prueba: Doctrina del TS para su estimación. Denegación de pruebas: Requisitos para apreciar quebrantamiento de forma. Presunción de inocencia: Jurisprudencia sobre el control casacional. Exigencia de la motivación de las sentencias.

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Junio de dos mil diez.

En el recurso de Casación por Infracción de Ley, Vulneración de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, que ante Nos pende, interpuesto por Juan Ramón, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alava (Sección Segundo), con fecha 15/7/2009, en causa Rollo número 7/2004, dimanante del Sumario n.º 1/2004 del Juzgado de Instrucción número 2 Vitoria, seguida contra aquél y contra Benedicto por Delito de Estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Votación y Fallo, bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia del Excmo. Siro Francisco Garcia Perez, siendo parte recurrente Juan Ramón, representado por la Procuradora Dña Irene Aranda Varela y defendido por la Letrada Dña María-Luisa Maestre Gómez.


ANTECEDENTES


 
Primero.-El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Vitoria instruyó Sumario núm. 1/2004 por delito de estafa contra Benedicto y Juan Ramón, y una vez concluso lo remitió a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alava, que con fecha 15 de julio de 2009 dictó Sentencia núm. 224/2009, que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

"Son hechos probados y así se declaran: Los acusados Benedicto mayor de edad, NIE NUM000 sin antecedentes penales y con permiso de residencia, y Juan Ramón, mayor de edad, NIE NUM001, y en un momento indeterminado anterior al 18 de agosto de 2003 adquirieron conjuntamente a personas no identificadas las siguientes tarjetas de crédito y débito falsificadas:

- NUM002, de la que no constan más datos.

- NUM003, Visa electrón BBVA.

- NUM004, Societé Generale.

- NUM005, Visa BBVA.

- NUM006, Visa.

- NUM007, HSBC.

- NUM008, BBVA.

- NUM009, Visa Virgin.

- NUM010, Visa BBVA.

Una vez las mismas en su poder y en ejecución del plan que previamente habían ideado, entre las fechas de 18 al 29 de Agosto de 2003 realizaron compras de diversas tarjetas Telecor en la oficina de correos de la calle Postas núm. 9 de Vitoria, adquiriendo un total de 6030 euros en tarjetas telefónicas. Los correspondientes pagos se llevaron a cabo utilizando las siguientes tarjetas de crédito:

- NUM002. de la que no constan más datos.

- NUM003, Visa.

- NUM004, Societé Generale.

- NUM005, Visa electrón BBVA.

- NUM006, Visa.

Asimismo, entre los días 8 de junio y 26 de agosto de 2003 realizaron compras por valor total de 9.684 euros en diferentes establecimientos comerciales con las siguientes tarjetas:

- NUM011, BBVA

- NUM007, HSBC

- NUM008, BBVA.

- NUM009, Visa virgin.

- NUM010, BBVA.

- NUM003, Visa electrón BBVA.

Dado que la actuación de Benedicto levantó sospechas entre los empleados de Correos por el número tan grande tarjetas telefónicas que adquiría, el responsable de la oficina de tal entidad se puso en contacto con la Ertzaintza que montó un dispositivo fruto del cual fue detenido Benedicto el 29 de agosto de 2003, al que le encontraron en su poder las siguientes tarjetas falsas emitidas supuestamente por VISA, con las siguientes entidades gestoras:

- BBVA, NUM010, NUM011, NUM008 y NUM012.

- HSBC, NUM013.

- VIRGIN, NUM014.

- TOTTA, NUM015.

Todas las tarjetas de crédito y débito antes referidas eran falsificaciones integrales, siendo plenamente conscientes de tal falsedad los acusados, que las adquirieron en Madrid a una persona desconocida para la realización de las compras de bienes más arriba referidas."

Segundo.-La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"1.- Que debemos condenar y condenamos a Benedicto como autor responsable de un delito continuado de estafa y un delito continuado de uso de documento falso en concurso medial, ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 2 años y 3 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y una multa de cuatro meses y 15 días con una cuota diaria de 3 euros.

2.- Debemos condenar y condenamos a Juan Ramón como autor responsable de un delito continuado de estafa y un delito continuado de uso de documento falso en concurso medial, ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 2 años y 3 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y una multa de cuatro meses y 15 días con una cuota diaria de 3 euros.

3.- Los acusados pagarán a las entidades bancarias BBVA, HSBC, VIRGIN y TOTTTA la cantidad que como perjuicio se determine en la fase de ejecución de esta sentencia.

4.- Los procesados abonarán las costas del juicio incluidas las de la acusación particular.

Para el cumplimiento de las penas de prisión que se les imponen a los procesados, declaramos de abono todo el tiempo que han estado privados de libertad por la presente causa."

Tercero.-Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas se preparó recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional por las representaciones legales de los procesados Benedicto y Juan Ramón que se tuvo anunciado; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente Rollo y formalizándose el recurso.

Cuarto.-Por Auto de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 2 de febrero de 2010, al procesado Benedicto se le tiene por desistido del presente recurso de casación con imposición de cosas.

Quinto.-El recurso de casación formulado por la representación legal del procesado Juan Ramón, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

1.º- Se ampara en el núm. 2 del art. 849 de la LECrim., conforme al cual, podrá interponerse el recurso de casación cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

2.º- Se ampara en el número 1 del art. 850 de la LECrim. conforme al cual, podrá interponerse el recurso de casación cuando se hubiese denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma, se considera pertinente.

3.º- Se ampara en el art. 852 de en relación con el art. 849 núm. 1 de la LECrim., y consiste en la infracción de ley en la indebida aplicación de los artículos 120.3, 24.2 y 24.1 de la CE, conforme a los cuales, las sentencias serán siempre motivadas, todos tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y a la presunción de inocencia y todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, preceptos que se citan como infringidos, además del art. 5.4 de la LOPJ.

Sexto.-Instruido el Ministerio fiscal del recurso interpuesto no estimó necesaria la celebración de vista para su resolución y solicitó la inadmisión del mismo, por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

Séptimo.-Hecho el señalamiento para el Fallo se celebraron la deliberación y votación prevenidas el día 10 de junio de 2010, sin vista.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
1. Habiendo desistido Benedicto - de su recurso, queda pendiente de examinar el interpuesto por Juan Ramón.

El motivo primero de Juan Ramón ha sido deducido al amparo del art. 849.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la apreciación de la prueba.

La doctrina de esta Sala exige, para que pueda estimarse tal motivo, que el elemento de contraste sea un documento, excepcionalmente un informe pericial; que el documento, por su literalidad y función y sin necesidad de complejos desarrollos argumentales demuestre la equivocación del factum; que la equivocación sea trascendente para el fallo, que la fuerza del documento no quede desvirtuada por otros medios probatorios. Y, específicamente, en caso de pericias, que sean contradichas o desconocidas en el factum sin motivación adecuada para ello. Véanse sentencias de 24/3/2004 y 5/6/2003, TS

Se cita en el recurso como elemento de contraste las dos fotografías que se encuentran en la página 4 del informe pericial obrante al folio 982 del Sumario.

Se trata de una fotografía de un cuerpo de escritura levantado por Juan Ramón y de otra fotografía de un comprobante de compra, para concluir pericialmente la atribución de las firmas del comprobante de compra a Juan Ramón.

En nada aparece que la sentencia se aparte del dictamen pericial.

2. El motivo segundo ha sido planteado, por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 850.1.º LECr, en cuanto fue denegada prueba consistente en que se oficiara "al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, C/ Guzmán el Bueno n.º 1110, CP 28003 de Madrid a fin de que se emita informe caligráfico sobre si las firmas debitadas corresponden a D. Juan Ramón ".

Esa prueba había sido propuesta en trámite de calificación, provisional y de proposición probatoria por la Defensa de Juan Ramón.

En auto del 24/2/2009, la Audiencia denegó la admisión de la pericia interesada por la Defensa de Juan Ramón. El 15/7/2009 se celebró el juicio oral; se practicó la pericial caligráfica que había interesado el Ministerio Fiscal y que se llevó a cabo por dos peritos miembros de la Ertxaintza que fueron interrogados por el Ministerio Fiscal, el Letrado de Juan Ramón y el Tribunal.

Tanto desde la perspectiva recogida en el art. 24 CE al reconocer los derechos relacionados con el proceso como desde la del art. 746, al regular la suspensión del juicio, y la del art. 850.1.º, al comprender el vicio consistente en la denegación de pruebas, la doctrina jurisprudencial tiene sentado, entre otros requisitos, para que se aprecie infracción al respecto, que la prueba sea necesaria, en el doble sentido de relevante y no redundante. Véanse sentencias de 12/12/2007 y 27/1/2007, TS.

Unos dictámenes caligráficos habían sido practicados en la instrucción y el Fiscal había interesado la comparecencia de los peritos al juicio oral. La petición de la Defensa de Juan Ramón trataba de apoyarse en la escasa fiabilidad de los miembros de la Ertxaintza, por no haber esgrimido titulación alguna.

Sin embargo en el encabezamiento de los dictámenes que había emitido los agentes de la Ertzaintza consta que pertenecían a la Unidad de Policía Científica como técnicos en Documentoscopia y Grafística. (Cualificación que quedó ratificada cuando y en el juicio oral los peritos declararon que estaban formados en Interpol, Sipol y Fábrica de Moneda y Timbre, que formaban parte de la Policía Científica desde 1992 y en la especialidad desde 1994).

Con ello estaba ya claro cuando se dictó el auto del 24/2/2009 (y quedó consolidada tal apreciación en el juicio oral) la redundancia y consiguiente superfluidad de lo interesado por la Defensa, aunque las consideraciones que la Defensa efectuara en su proposición de la prueba caligráfica no tuvieran un mínimo de rigurosidad en orden a la reiteración de la pericia caligráfica: una descalificación infundada de los primeros peritos y unas apreciaciones de lego en la materia respecto a la materia objeto de los dictámenes.

3. Deduce la Defensa de Juan Ramón su tercer motivo de casación al amparo de art. 852 LECr. y del art. 5.4 LOPJ, en relación con el 849.1.º LECr, por infracción de los arts. 120, 24.2 y 24.1 CE, respecto a la motivación de las sentencias, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión.

En lo que concierne al derecho a las pruebas pertinentes ya hemos tratado.

El control en la casación sobre la presunción de inocencia se extiende a si ha existido prueba adecuada de cargo a través de medios obtenidos y aportados al proceso sin infracción de normas constitucionales u ordinarias, y a si, en la ilación que el Tribunal a quo ha debido exponer de las inferencias, no se ha producido quebranto de pautas derivables de la experiencia general, normas de la Lógica o reglas o principios de otra ciencia. Véanse sentencias de 31/3/2004 y 3/11/2005, TS.

La Audiencia expone detalladamente los medios probatorios con que ha contado para entender desvirtuada la presunción de inocencia en orden a la intervención de Juan Ramón.

El factum se ajusta a lo declarado por Benedicto en el juicio oral.

La doctrina jurisprudencial -sentencias de 25/1/2008 TS y 20/5/2002 TS- ha admitido la declaración del inculpado como hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, si bien a las exigencias "clásicas", como la de inexistencia de móviles espúreos, ha venido a añadir la necesidad de corroboración por algún hecho, dato o circunstancia externos.

La Audiencia cita, como corroboración, que en el coche de Benedicto fue encontrada documentación de Juan Ramón, según acredita la declaración del miembro de la Ertxaintza NUM016. Lo que confirma la versión de Benedicto.

Además el informe caligráfico acredita que Juan Ramón firmó varias de los tickets de las compras a que se refiere el factum.

Y, aunque se tomasen tales circunstancias como meros indicios, no habría razón para negar el efecto corroborador que ahora nos ocupa.

Por lo demás, si bien Juan Ramón ha manifestado que Benedicto declara contra él por venganza, ya que había "salido" Juan Ramón con la novia de Benedicto, y éste reconoce que había tenido algún lío de faldas con el otro inculpado, tal antecedente no aparece con fuerza adecuada como para anular las circunstancias corroboradoras a que nos hemos referido.

4. Ciertamente que el art. 120.3 CE exige la motivación de las sentencias, como el art. 142 de la LOPJ, y en relación con la proscripción de la arbitrariedad de los `poderes públicos en el art. 9.3 CE y con el derecho a al tutela judicial efectiva, que reconoce el art. 24 CE; pero, a la vista de los hasta aquí expuesto, no puede apreciarse falta de adecuada motivación en la sentencia o indefensión para el acusado, cuya intervención consta suficientemente determinada en el factum.

5. Desestimados todos los motivos, debe, con arreglo al art. 901 LECr., declararse no haber lugar al recurso de Juan Ramón e imponérsele las costas.


FALLO


 
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que, por vulneración constitucional, quebrantamiento de forma e infracción de ley, ha interpuesto Juan Ramón contra la sentencia dictada, el 15/7/2009, por la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz en juicio sobre falsedad y estafa.

Y se imponen a Juan Ramón las costas del recurso.

Notifíquese la presente resolución a la Audiencia Provincial de procedencia, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo para su archivo en el Rollo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquin Gimenez Garcia Julian Sanchez Melgar Jose Manuel Maza Martin Francisco Monterde Ferrer Siro Francisco Garcia Perez

Publicación.-Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Siro Francisco Garcia Perez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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