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Sentencia T.S. 732/2010 (Sala 2) de 26 de julio


 RESUMEN:

Delito de insolvencia punible. Presunción de inocencia: Inexistencia de vulneración. Atenuante analógica de dilaciones indebidas: Definición.

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Julio de dos mil diez.

Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación por infracción de ley, precepto constitucional y quebrantamiento de forma, interpuesto por el procesado Remigio representado por el Procurador D. Jesús Jenaro Tejada contra la sentencia dictada por la Sección decimosexta de la Audiencia Provincialde Madrid con fecha 1 de diciembre de 2009, que le condenó por un delito de insolvencia punible. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro.


ANTECEDENTES


 
Primero.-El Juzgado de Instrucción n.º 18 de Madrid, instruyó Procedimiento Abreviado n.º 1891/04, contra Remigio, por un delito de insolvencia punible y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid que con fecha 1 de diciembre de 2009 en el rollo n.º 51/09 dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:

"Comercial Colma, S.A., se constituyó en virtud de escritura pública otorgada el 14-12-1985 y se inscribió en el Registro Mercantil el 30-5-1986. Siendo nombrado administrador único de la misma, a partir del 24-10-1997, el acusado Remigio, mayor de edad y sin antecedentes penales. Comercial Colma, S.A., en virtud de escritura pública de 5-6-1998, se transforma en sociedad limitada con la denominación Nueva Comarcal de Reus, S.L., amplía su capital social que de ser de 3.000.000 de pesetas pasa a ser de 300.000.000 de pesetas y reelige como administrador único al acusado. Inscribiéndose en el Registro Mercantil el 28-7-1998.- El 13-11-1998 Nueva Comarcal de Reus, S.L., adquiere todo el patrimonio de la Cooperativa Comarcal de Avicultura de Reus por un precio de 240.000.000 de pesetas, quien la vendía en la creencia de que la compradora continuaría su actividad empresarial, haciéndose cargo tanto de su activo como de su pasivo. Propósito que no respondía a la realidad perseguida por Nueva Comarcal de Reus, S.L., integrada en el holding o grupo Nueva Rumasa, también conocido por grupo Ruiz Mateos, que no era otra que, de un lado, enajenar el patrimonio inmobiliario, pasando los inmuebles a otras empresas del referido grupo y, de otro, vendiendo otros, en concreto los que se relacionaban directamente con la actividad de explotación que había llevado a cabo la cooperativa de avicultura antes expresada, a terceros interesados en continuar dicha explotación.- A tal fin el 21-9-1999 el acusado, como administrador único de Nueva Comarcal de Reus, S.L., vende en documento privado, elevado a público al día siguiente, los 7 inmuebles que integraban el patrimonio inmobiliario de la Cooperativa Comarcal de Avicultura de Reus y que, como consecuencia de su venta, integraban entonces el patrimonio inmobiliario de Nueva Comercial de Reus, S.L. Venta que efectúa a favor de Alborada Patrimonial, S.L., integrada en Nueva Rumasa, por el precio de 1.251.549.702 de pesetas, del cual la mitad era retenido por la compradora para atender las cargas hipotecarias de las fincas transmitidas y la otra mitad se convenía pagar en diez plazos anuales, el primero a satisfacer el 21-9-2004 y el último el 21-9- 2013.- Ocho días después de tal enajenación de inmuebles, esto es el 29-9-1999, Nueva Comarcal de Reus, S.L., cuyo administrador único seguía siendo el acusado Remigio, promovió solicitud de suspensión de pagos de la que conoció el Juzgado de Primera Instancia 44 de Madrid en autos 617/1999 , quien admitió a trámite la suspensión de pagos por resolución de 8-10-1999.- En noviembre de 1999 Alborada Patrimonial S.L. vende a Edicru, S.A., propiedad de don Alonso, el matadero por un precio de 650.000.000 de pesetas, y la fábrica de piensos a Boncru, S.L., también propiedad Don Alonso, por el precio de 1.100.000 de pesetas, quien con tales compras pasaba a ser el propietario de Nueva Comarcal de Reus, S.L., con el propósito de buena fe de continuar la actividad y relanzarla. Viendo frustrados tales propósitos ante la situación de crisis y de inoperatividad que presentaba, incapaz de asumir su pasivo ante el vaciamiento patrimonial sufrido con la enajenación de su patrimonio inmobiliario cuando era su administrador único el acusado, quien efectúa la petición de suspensión de pagos, pese a conocer que no atravesaba una situación de mera iliquidez, sino de insolvencia definitiva derivada de aquel vaciamiento patrimonial que ocultó.- Por auto de 4-3-02 se acuerda el sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos, recogiendo el vaciamiento patrimonial de la mercantil por enajenaciones inmediatamente anteriores a la petición de suspensión de pagos.- Por auto de 19-4-02 se declara a Nueva Comarcal de Reus, S.L., en situación de quiebra voluntaria en autos de tal clase 133/02, en los que, por resolución de 5- 3-04, se calificó tal quiebra de fraudulenta, previo informe favorable a tal calificación de la sindicatura de la quiebra, de su comisario y del Ministerio Fiscal.- En el Procedimiento de Quiebra 133/02 del Juzgado de Primera Instancia 44 de Madrid se sustanció como pieza "Ñ" incidente de reintegración de las fincas enajenadas después de la fecha fijada como de retroacción de la quiebra (4-9-1999), en el que, con el esfuerzo de la sindicatura y del comisario, se llegaron a acuerdos transaccionales contra quienes se dirigieron las acciones de reintegración ejercitadas, siendo tales transacciones homologadas judicialmente por auto de 8-5-09 .- Pese a los esfuerzos referenciados no fue posible constatar que existiesen los pagarés de vencimiento anual relacionados con la venta de los siete inmuebles por parte de Nueva Comarcal de Reus, S.L., a Alborada Patrimonial S.L., de fecha 21-9-03, y sus importes vencidos no han sido satisfechos hasta la fecha a Nueva Comarcal de Reus, S.L." (sic)

Segundo.-La Audiencia de instancia, dictó el siguiente pronunciamiento:

"FALLAMOS.-que debemos condenar y condenamos a Remigio como responsable, en concepto de autor, de un delito de insolvencia punible, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión y multa de 10 meses, con cuota diaria de 6 euros (1.800 euros total) y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y al pago de las costas procesales." (sic)

Tercero.-Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación, por el procesado que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Cuarto.-La representación del recurrente, basa su recurso en los siguientes motivos:

1.º- Al amparo del art. 852 de la LECrim. y 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

2.º- Al amparo del art. 852 de la LECrim. y 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva.

3.º- Al amparo del art. 852 de la LECrim. por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Quinto.-Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala lo admitió, quedando conclusos los autos para el señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

Sexto.-Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró deliberación y votación el día 15 de julio de 2010.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Aún cuando la invocación, al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de derechos fundamentales infringidos aparenta ser más amplio, la queja se centra exclusivamente en la vulneración de la garantía constitucional de presunción de inocencia.

Y al respecto se limita a hacer una protesta: no era de su incumbencia lograr el cobro de los pagarés que la entidad a la que vende los inmuebles libró para pago de su precio.

Marginando inicialmente tal cuestión, cabe recordar que la sentencia, con discurso que merece puntualizaciones obtenidas desde la lectura de los autos, para lo que este Tribunal está facultado por el artículo 899 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deja como hechos probados, luego considerados constitutivos de un alzamiento de bienes, los siguientes:

- Que la entidad administrada por el acusado compra los bienes -unos inmuebles y dos instalaciones a matadero y fábrica- que integraban el patrimonio de una cooperativa extinguida y en liquidación.

- Que esa compra se hace invirtiendo prácticamente todo el patrimonio de la sociedad que administraba.

- Que vende al poco tiempo los inmuebles -por un precio quíntuplo al menos del de adquisición- a una sociedad del grupo de la administrada por el acusado, sin que perciba a cambio nada en efectivo: parte del precio se retiene por la compradora para liberar los gravámenes de los inmuebles y el resto se aplaza cinco años de manera total y el pago se compromete para después de otros cinco años, sin que los efectos librados para ello se hayan hecho efectivos.

- Tras presentar el acusado suspensión de pagos, en procedimiento sobreseido, la administración fue otorgada a otro -D. Pío- hasta que entró en el capital social un tercero - Alonso - que pasó a gestionar la empresa.

La consecuencia de la enajenación de bienes por el acusado fue la pérdida real del patrimonio, de modo que la adquisición de las participaciones por ese tercero no fue suficiente para que, con el restante patrimonio -matadero y fábrica-, pudiera hacer viable la empresa, ni satisfacer los créditos de terceros, quebrando.

Traemos a colación esta secuencia de hechos para poner en evidencia que el único dato de hecho que el recurrente quiere discutir resulta de una enojosa intrascendencia. Es obvia su irrelevancia para destruir la acción depredadora del acusado. Ni la desaparición misteriosa de los pagarés es la causa de la insolvencia. Ni sería inviable la obtención de su valor, si obedeciera a una operación real y económicamente no desastrosa para la solvencia de la sociedad fantasmagórica, resucitada en los tiempos y modo que predica la sentencia recurrida a través de una declaración de hechos probados, que el recurso deja intacta. En efecto, el motivo que examinamos no hace sino una reproducción de manual sobre la garantía constitucional pero, en relación al caso concreto, muestra el más estrepitoso olvido de la doctrina que cita. Y deja incólumes, por ajenos a su alegato, los hechos que funda la condena

El motivo se rechaza.

Segundo.-En el segundo de los motivos sigue el recurrente alegando derechos fundamentales que estima vulnerados por el proceder del Tribunal de instancia.

Ahora la queja se centra en la remisión de aquél a la parte de fundamentación jurídica de lo que, estima el recurrente, constituye el hecho que determina su condena: la intervención del grupo empresarial Nueva Rumasa.

De tal suerte se habría vulnerado una constante doctrina de este Tribunal Supremo que, en aras del derecho a la tutela judicial sin indefensión, reclama para la declaración de hechos probados la completa exposición de los que son premisa de la norma penal en la que aquellos hechos acaban siendo subsumidos.

Nuevamente yerra el recurrente.

La vinculación al grupo Nueva Rumasa de la sociedad adquirente del patrimonio, vendido por la sociedad que el acusado administra, se proclama ciertamente entre los hechos probados.

Pero la intrascendencia del dato es Erdenet. De otra manera, si el Tribunal considera que tal vinculación era relevante, con la derivada imputación para ese grupo y, en consecuencia para quiénes en el mismo son administradores, debería llevar a la pertinente deducción de testimonio.

Si, pese a la desde luego aparente confabulación de éstos en el expolio objeto de condena, se les mantiene al margen de toda persecución penal no puede ser por otra razón que la falta de convicción de su papel relevante, en este concreto delito de alzamiento de bienes.

Lo que hace injustificada la queja del recurrente que presume en el Tribunal la convicción de esa implicación de aquel grupo en el actuar criminal del recurrente.

Tercero.-También en el tercero de los motivos buscaba cobijo el condenado en el artículo 852 para insistir en la existencia de vulneraciones de derechos fundamentales. Ahora el que garantiza la culminación del procedimiento sin dilaciones indebidas.

Pero el recurrente solamente hace una indicación precisa de trámite demorado: la tardanza de los peritos en emitir los informes que se le reclamaban. Y la protesta de que el uso de medios procesales por la defensa -planteando cuestiones de competencia- no permite computar el tiempo invertido en su examen como justificado.

La indeterminación del concepto que justifica la atenuación, hasta la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal, como atenuante analógica, ha ido siendo concretada en parámetros como la extensión de la dilación, más allá del mero incumplimiento de plazos procesales, la actitud del afectado por la dilación, al que se requiere una cierta extrañeza sobre el origen de la dilación, de suerte que no pueda decirse que la determina, una temporaneidad en la denuncia, pues no es de recibo que a la quieta contemplación de la dilación siga la protesta por su ocurrencia y un cierto perjuicio derivado de ésta, reflejado en la pérdida de oportunidades de defensa o inquietud por la incertidumbre del resultado del procedimiento, no compensadas por los beneficios que el retraso de éste le depare. En todo caso, además, la dilación no ha de venir justificada por la complejidad del asunto que requiera el empleo de los tiempos a los que la dilación se extiende.

Finalmente, en lo que al motivo casacional se refiere, como advierte con tino el Ministerio Fiscal en su impugnación, importa que el mismo se revista de cierta trascendencia, pues no merece atención aquel cuyo éxito no ha de traducirse en la más mínima modificación de contenido de la decisión recurrida. Es el caso de las decisiones que, al individualizar la pena, ya la imponen en medida tan baja que la consideración de aquellas dilaciones no justificarían la rebaja de la impuesta.

En el caso que juzgamos no concurren los presupuestos, ya que el concreto periodo de dilación -el invertido en la producción de la pericia- de poco más tres años, coincide con otra causa de dilación, de más de dos años, que tiene en la actitud del acusado su única causa, como lo fue el planteamiento a todas luces improcedente de una cuestión de competencia. Por otra parte la indudable complejidad, reflejada precisamente en la dificultad de la pericia indicada, explica en buena medida el indeseado retraso. El acusado se mantuvo silente durante esa dilación por lo que su queja parece poco coherente al denunciar al Ministerio Fiscal por no impulsar el procedimiento.

Pero, finalmente, la estimación de la atenuante no justificaría la disminución de la pena impuesta ya que la medida de ésta, no solamente sigue en la mitad inferior de la posible, sino que supera en solo seis meses el mínimo posible. Y en su fijación el Tribunal de instancia ya tiene presente, según explica, en el fundamento jurídico quinto, las dilaciones ocurridas, aunque no las valore como determinante de una atenuante.

Cuarto.-De conformidad con el art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse al recurrente las costas derivadas del recurso.


FALLO


 
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Remigio, contra la sentencia dictada por la Sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha 1 de diciembre de 2009, que le condenó por un delito de insolvencia punible. Con expresa imposición de las costas causadas.

Comuníquese dicha resolución a la mencionada Audiencia, con devolución de la causa en su día remitida.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Luciano Varela Castro, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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