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Sentencia A.N. 55/2010, de 30 de julio


 RESUMEN:

Delito de tráfico de drogas de sustancia que causa grave perjuicio a la salud en cantidad de notoria importancia. Intervención de las comunicaciones: Doctrina del TS. Nulidad de actos procesales: Causas permitidas para su apreciación. Obtención de números de teléfono: Doctrina del TS. Condiciones para la intervención: Doctrina del TS. Exigencia de motivación de las resoluciones: Jurisprudencia. Requisitos para la incorporación de las escuchas a juicio: Doctrina del TS. Negativa de los acusados a declarar: Postura del TS. Pruebas y principio de contradicción: Doctrina del TC. Declaracion de coimputados: Valoración del TS y TC. Declaraciones testificales: Doctrina jurisprudencial. Agravante específica de pertenencia a organización criminal: Contenido y hehcos constitutivos según el TS. Delito de tenencia ilícita de armas: Armas provistas de munición. Delito continuado de falsificación de documento oficial. Delitos de blanqueo de capitales: Incremento patrimonial evidente. Concurrencia de la agravante de reincidencia.

SALA DE LO PENAL.

SECCION PRIMERA.

ILTMO. SR. PRESIDENTE

DON JAVIER GOMEZ BERMUDEZ.

MAGISTRADOS:

DON NICOLAS POVEDA PEÑAS.

DON FERNANDO BERMUDEZ DE LA FUENTE.

ROLLO DE SALA NUM. 157/2008

SUMARIO 078/08

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM. 6.

.

En la Villa de Madrid, el día treinta de Julio de dos mil diez, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha dictado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA N.º 55/2010

En el Sumario núm. 78/2008, rollo 157/2008, seguido por el delito los delitos contra la salud publica por tráfico de drogas; tenencia ilícita de armas; falsificación de documento oficial; y blanqueo de capitales en el que han sido partes, como acusador publico el MINISTERIO FISCAL representado por el Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Redondo López

Y como acusados

Juan Francisco a) Triqui, mayor de edad, nacido el 6 de Mayo de 1.968 en Serbia, hijo de Vaxhid y Tevide, con antecedentes penales por delito de falsificación documental. Ha comparecido asistido por el Letrado Don José Maria caballero Salinas y representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Julia Corujo.

Benigno a) Birras, mayor de edad, nacido eL 29 DE Noviembre de 1.965 en Eslovaquia, hijo de Jan y Petra, sin antecedentes penales que le consten. Ha comparecido asistido por el Letrado D. José Maria Caballero Salinas y representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Julia Corujo.

Dimas a) Tirantes, mayor de edad, nacido el 24 de Julio de 1.980 en Ljubljana (Eslovenia), hijo de Vranco y Luirana provisto de pasaporte de su nacionalidad NUM000, sin que le consten antecedentes penales. Ha comparecido asistido por el Letrado Don José Maria Pedregal Gutierrez y representado por el Procurador de los Tribunales Sr. García barrenechea.

Jacobo a) Millonario, mayor de edad, nacido el 2 de Marzo de 1.970 en Bulgaria, hijo de Vania e Ivan, provisto de Pasaporte de su nacionalidad num. NUM001, sin que le consten antecedentes penales. Ha comparecido asistido por el Letrado Don Mariano Bo Sanchez y representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Moliné López..

Susana, mayor de edad, nacida en Tyachiv (Ukrania) en 28 de Julio de 1.978, hija de Meter y Nina, provista de NIE num. NUM002, sin que le consten antecedentes penales computables. Ha comparecido asistida por el Letrado Don Francisco Javier Pozas Madroñal y representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Herguedas Pastor.

María Teresa, mayor de edad, nacido el 2 de SDeptiemnbre de 1.959 en Callosa de Segura (Alicante), hija de Joaquin y Catalina con D.N.I. num. NUM003, sin antecedentes penales computables. Ha comparecido asistido por el Letrado Don José Maria Pedregal Gutiérrez y representada por el Procurador de los Tribunales Sr. García Barrenechea.

Secundino, mayor de edad, nacido el 15 de Septiembre de 1.955 en Valencia, hijo de Federico y Maria, con D.N.I. num. NUM004, sin antecedentes penales. Ha comparecido asistido por el Letrado D. José Maria Pedregal Gutiérrez y representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Garcia Barrenechea.

Brigida mayor de edad, nacido el 20 de Agosto de 1.959 en Tortosa (Tarragona), hija de José y Encarna, con D.N.I. num. NUM005, sin antecedentes penales. Ha comparecido asistida por el Letrado D. W Tarrago y representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Bordillo Huidobro.

Delfina mayor de edad, nacido el 29 de Julio de 1.986 en Murcia, hija de Luis y Juana, con D.N.I. num. NUM006, sin antecedentes penales. Ha comparecido asistida por el Letrado D. Juan Carlos Auñon Moreno y representada por la Procurador de los Tribunales Sra. Sanchez Riado.

Luis Antonio mayor de edad, nacido el 9 de Agosto de 1.989 en Murcia, hijo de Joaquin y Cruz, con D.N.I. num. NUM007 sin antecedentes penales. Ha comparecido asistido por el Letrado D. Miguel Angel Guijo Garre y representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Sanchez Riado.

Y ha sido Ponente el Magistrado D. NICOLAS POVEDA PEÑAS.


A N T E C E D E N T E S D E H E C H O


 
Primero.-Con fecha 19 de Abril de 2.007 se remite informe a la Audiencia Nacional por la unidad UDYCO de la Policía Nacional dando cuenta de las investigaciones derivadas de diligencias previas seguidas por el Juzgado central de Instrucción num. 3 con el num. 312/06, incoandose por el Juzgado Central de Instrucción num. 6 las D.P. 124/07.

Segundo.-Practicadas las diligencias que habían sido admitidas como pertinentes por dicho Juzgado, mediante auto del 23 de Octubre de 2.008 el Juzgado Central de Instrucción num.6 dictó auto por el que se incoaba sumario con el num. 78/08.

Con fecha 19 de Enero de 2.009 se dictó auto de procesamiento contra diversas personas entre las que se encuentran los hoy enjuiciados Juan Francisco, Benigno, Jacobo, Dimas, Secundino, María Teresa, Brigida, Delfina, Luis Antonio, y Susana, por los siguientes delitos:

Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia) y 370, 2° (jefes) y 3° (extrema gravedad) del Código Penal, imputable a Juan Francisco, Benigno, Jacobo y Dimas.

Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 563 del Código Penal, imputable a Dimas.

Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, imputable a Juan Francisco, Benigno y Jacobo.

Un delito continuado de falsificación de documento oficial del artículo 392 en relación con el 390,1,1° y 2° y 74 del Código Penal, imputable a Juan Francisco y a Jacobo.

Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancia 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia) del Código Penal, imputable a Secundino, María Teresa.

Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, imputable a Secundino.

Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancia 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia) del Código Penal, imputable a Brigida, Delfina y Luis Antonio..

Tres delitos de blanqueo de capitales del artículo 301,1, inciso 2° y 301,2 del Código Penal, imputables uno a Susana, otro a Secundino y María Teresa y otro a Brigida y a Delfina.

Dicho auto de procesamiento fue recurrido en reforma y en apelación siendo resuelto definitivamente por autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestima dicha alzada y mantiene el auto de procesamiento.

Tercero.-Practicadas las diligencias declaradas pertinentes y las indagatorias de los procesados mediante auto del 6 de Marzo de 2.009 se declaró concluso el Sumario y su remisión a la Sala.

Recibidas el las actuaciones en esta Sección, oídas las partes sobre instrucción con fecha 26 de Noviembre de 2.009 por este Tribunal se dictó auto confirmando la conclusión del sumario respecto del mismo y se procedió a la apertura del juicio oral, confiriéndole plazo al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para formular sus conclusiones provisionales.

Con fecha 30.11.09 se presento por el Ministerio Fiscal escrito de conclusiones provisionales, interesando la condena de los procesados hoy enjuiciados entre otros, como autores de los siguientes delitos:

A) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia), 369,2 y 370, 2° (jefe)

del Código Penal, imputable a Juan Francisco.

B) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia), y 369,2 del Código Penal, imputable a Benigno, Jacobo y Dimas.

C) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 563 del Código Penal, imputable a Dimas.

D) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, imputable a Juan Francisco, Benigno, Jacobo y Dimas.

E) Un delito continuado de falsificación de documento oficial del artículo 392 en relación con el 390,1,1° y 2° y 74 del Código Penal, imputable a

Juan Francisco y a Jacobo.

F) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancia 6a (notoria importancia) del Código Penal, imputable a Secundino y María Teresa.

G) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, imputable a Secundino.

H) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancia 6a (notoria importancia) del Código Penal, imputable a Brigida; Delfina Y Luis Antonio.

I) Tres delitos de blanqueo de capitales del artículo 301,1, inciso 2° y 301,2 del Código Penal, imputables: uno a Susana, otro a Secundino y María Teresa y otro a Brigida y a Delfina.

De los mencionados delitos son criminalmente responsables en concepto de autores del artículo 28,1 del Código Penal los siguientes procesados:

Del delito de tráfico de drogas del apartado A) Juan Francisco.

Del delito de tráfico de drogas del apartado B) Benigno,

Jacobo y Dimas.

Del delito de tenencia ilícita de armas del apartado C) Dimas.

Del delito de tenencia ilícita de armas del apartado D) Juan Francisco,

Benigno, Jacobo y Dimas.

Del delito continuado de falsificación de documentos del apartado E)

Juan Francisco y Jacobo.

Del delito de tráfico de drogas del apartado F) Secundino y María Teresa.

Del delito de tenencia ilícita de armas del apartado G) Secundino.

Del delito de tráfico de drogas del apartado H) Brigida, Delfina y Luis Antonio.

De un delito de blanqueo de capitales del apartado J) a Susana.

De otro delito de blanqueo del apartado J) Secundino y María Teresa.

Del tercer delito de blanqueo del apartado J) Brigida y Delfina.

En el delito de falsedad documental imputable a Juan Francisco concurre la circunstancia agravante de reincidencia del artículo 22,8 del Código Penal. En el resto de los procesados no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en ninguno de los delitos.

Intereso la procedencia de imponer a los procesados penas privativas de libertad.

Asimismo intereso la practica de diversos medios de prueba para el momento del juicio oral.

Conferido traslado de la acusación a las defensas de los acusados por estos se procedió a formular conclusiones provisionales interesando lo siguiente:

Por la defensa de María Teresa se intereso su absolución y la practica de medios de prueba.

Por la defensa de los acusados Juan Francisco Y Benigno, impugnando la obtención del IMEI correspondiente al teléfono utilizado por Susana, y demás sistemas de rastreo y obtención de teléfonos, impugnando asimismo los autos de autorización de escuchas; de entradas y registros; de trascripción de conversaciones y de aprehensión e informes analíticos. Asi como la absolución de sus defendidos.

Por la defensa de Brigida se intereso la absolución de su defendida, aportando documental e interesando la práctica de medios de prueba para el momento del juicio oral

Por la defensa de Delfina Y Luis Antonio, se intereso la absolución de sus defendidos y la practica de medios de prueba para el juicio oral.

Por la defensa del acusado Dimas, se intereso la absolución de su defendido y se propusieron medios de prueba para el juicio oral.

Por la defensa de Susana se intereso la absolución de su defendida y se propusieron medios de prueba para el juicio oral.

Por la defensa de Jacobo, se intereso la absolución de su defendido y la practica de medios de prueba. Se manifestó vulneración del derecho fundamental al secreto de comunicaciones y de los arts. 24.1 y 2 de la Constitución Española de forma genérica.

Por el Tribunal con fecha 16 de Febrero de 2.010 se dictó auto admitiendo las pruebas propuestas y señalando para el comienzo de las sesiones del juicio oral los días 27 y 28 de Mayo de 2.010.

Cuarto.-Llegada la fecha del señalamiento de la celebración del juicio oral, dio comienzo el mismo estando presentes: El Ministerio Fiscal, los procesados y sus respectivas defensas y los intérpretes.

Seguidamente se dio comienzo a la vista oral acordada llevándose a cabo la misma los días 27 y 28 de Mayo y 21 de Junio de 2.010, todo ello con el resultado que consta en el acta levantada al efecto.

Quinto.-El Ministerio Fiscal, en el trámite de conclusiones modificó las conclusiones formuladas en su día como provisionales, estableciendo como definitivas las siguientes:

(Para mayor claridad las modificaciones introducidas se destacan en negrita y cursiva)

I

El procesado Juan Francisco (alias Triqui), estableció en España un grupo organizado y dirigido por él para introducir importantes partidas de heroína procedentes de la zona de los Balcanes, donde la adquiría de suministradores no identificados allí afincados, para distribuirla por medio de otros pequeños grupos que operaban en varias zonas de la provincia de Murcia. En estrecha colaboración con él y bajo sus órdenes directas se encontraban los también procesados Jacobo, (a. Millonario), Dimas (a. Tirantes), y Benigno, los cuales tenían asignadas distintas funciones. Así, Dimas (a. Tirantes) era el encargado de efectuar los viajes hasta los Balcanes para traer la heroína a España oculta en el interior de vehículos; Juan Francisco y Jacobo eran los encargados de realizar los contactos con los distribuidores y Benigno era el encargado de realizar las entregas materiales de la droga a éstos, todos ellos bajo las órdenes de Juan Francisco.

Para dicha actividad la organización tenía alquiladas una vivienda de seguridad en la CALLE000, número NUM008 NUM009, piso NUM010, n° NUM008 en la URBANIZACIÓN000 de Campoamor (Alicante), en el que residían estos tres últimos, y otra ubicada en la CALLE001 n° NUM011, NUM012 en la localidad de El Palmar (Murcia), la cual era utilizada para guardar la heroína que adquirían, acondicionarla y desde allí repartirla a los compradores que luego la distribuían en menores cantidades. Igualmente contaba con los vehículos que se irá diciendo.

Los grupos distribuidores a menor escala que se lograron identificar eran los siguientes:

El matrimonio formado por los procesados Secundino y María Teresa, conocidos como el "Clan de los Torero ", que operaban en las localidades de El Esparragal, Cabezo de Torres y Torres de Cotillas (Murcia).

- Brigida y su hija Delfina, que operaban en Torres de Cotillas (Murcia).

- Secundino, que operaba en Lorca (Murcia) a quien no afecta esta resolución al no haber comparecido al Juicio.

Si bien, no queda acreditado que éstos formaran parte de la organización dirigida por Juan Francisco, sino que eran meros compradores a ésta de la droga para revenderla por su cuenta a menor escala.

En fechas no determinadas de finales de agosto de 2.007 Juan Francisco (alias Toni), en su calidad de jefe de la organización, encargó a Dimas (a. Tirantes) que efectuara un viaje a un lugar no determinado de la zona de los Balcanes para recoger y traer a España una partida de heroína que aquél había adquirido para la organización de los suministradores de aquella zona con los que está en contacto, viaje que éste realizó a bordo del vehículo Volkswagen Polo con matrícula eslovena YM-....-....-YM, cargando una cantidad indeterminada de heroína, que transportó hasta España seguidamente, confirmando sobre las 19,22 horas del día 31 de agosto a Benigno que ya se encontraba en Barcelona, a través de los teléfonos NUM013 y NUM014, y dirigiéndose posteriormente hasta el piso de la organización sito en la CALLE001, n° NUM011 de El Palmar, estacionando dicho vehículo antes de la mañana del día 1 de septiembre en la plaza n° NUM015 del garaje de dicho inmueble y ocultando la droga en esa vivienda.

Mientras Dimas efectuaba el referido viaje a finales de agosto, Juan Francisco (alias Triqui) y Jacobo (a. Millonario) establecieron los contactos necesarios con los compradores de la sustancia para concertar la entrega de las distintas cantidades que éstos se encargarían de distribuir al por menor. Así, sobre las 11,02 horas del día 22 de agosto Juan Francisco efectuó una llamada desde su teléfono NUM016 a Secundino, quedando en verse personalmente. Igualmente, sobre las 18,16 horas del mismo día Juan Francisco quedó con otro distribuidor minorista llamado Gonzalo (Verbenas), usuario del teléfono NUM021.

Sobre las 18,30 h. del mismo día 22 de agosto, Juan Francisco se desplazó a bordo del vehículo de su propiedad (aunque formalmente a nombre de un testaferro) BMW matrícula....-LSW desde su domicilio sito en la urbanización Dehesa de Campoamor (Alicante) hasta un chalet situado en la CALLE002, n° NUM017 de El Esparragal (Murcia), domicilio de Secundino y María Teresa, si bien no mantuvo ninguna reunión con ellos al detectar a los vehículos policiales BMW azul y SEAT gris, que estaban efectuando el seguimiento policial, lo que comunicó por teléfono a Gonzalo, a quien le dio instrucciones para que comprobara tal circunstancia.

El día 23 de agosto de 2.007 Juan Francisco, después de efectuar varias llamadas telefónicas al referido Gonzalo para concertar una cita y para advertirle que vigilara la posible presencia policial, se presentó a bordo del mismo vehículo BMW....-LSW en el referido chalet de la CALLE002, donde se reunió con sus moradores Secundino y María Teresa para planificar la inminente entrega a éstos de una partida de heroína.

Sobre las 12,15 horas del día 24 de agosto de 2.007 Juan Francisco y Jacobo salieron de la urbanización de Campoamor a bordo del referido BMW, mientras que Benigno lo hacía a bordo del Volkswagen Golf matrícula I-....-TX, dirigiéndose los tres hasta la localidad de El Palmar, donde al llegar éste último introdujo el Volkswagen en el garaje del edificio n° NUM011 de la CALLE001, mientras que el BMW ocupado por los dos primeros aparcó en las inmediaciones y sus dos ocupantes se introdujeron en el edificio por el portal. Sobre las 12,27 horas Juan Francisco efectuó una llamada al teléfono n° NUM018, utilizado por Secundino y María Teresa, poniéndose en un primer momento ésta y después su yerno Gonzalo, con el que concertó una reunión "en el lugar habitual" de Cabezo de Torres, desplazándose seguidamente Juan Francisco y Jacobo a bordo del BMW no hasta ese lugar, sino, debido a un error motivado por las reticencias a hablar de manera clara por teléfono, hasta la urbanización de la CALLE002 de El Esparragal, por lo que tuvieron que posponer el encuentro, regresando Juan Francisco y Jacobo al piso de la organización de la CALLE001.

A las 13,59 horas del mismo día Juan Francisco concertó otra cita con el yerno de Secundino y María Teresa llamado Gonzalo (a quien no afecta esta calificación, al no haber asistido al juicio), saliendo nuevamente acompañado de Jacobo, abandonándose el seguimiento policial en el desvío de Las Torres de Cotillas para evitar ser descubierto, ante las medidas de seguridad que adoptaban. Y, por su parte, sobre las 14,30 horas abandonó el piso de la CALLE001 Benigno a bordo del Volkswagen Golf, dirigiéndose hasta la CALLE002, donde hizo entrega a los anteriores de una partida de heroína no incautada, abandonando el lugar a los pocos minutos dirección Alicante.

Sobre las 13,39 horas del día 27 de agosto de 2.007 Juan Francisco llamó por teléfono a Brigida (a. Mama) para concertar la entrega de una partida de heroína, diciéndole "en quince minutos está ahí." Tras ello, Benigno salió del edificio n° NUM011 de la CALLE001 a bordo del Volkswagen Golf matrícula I-....-TX y se dirigió en un primer momento hasta el n° NUM019 de la CALLE003, domicilio de Brigida, accediendo a su interior portando una bolsa, mientras que Brigida comprobaba el exterior. Seguidamente se produjeron varias llamadas telefónicas entre Brigida y Juan Francisco, hasta que finalmente Juan Francisco llamó a Verbenas (a quien no afecta esta calificación, al no haber asistido al juicio), quien le dice "tráete a tus amigos para acá", por lo que seguidamente, sobre las 20,15 horas del mismo día Benigno (a. Mantecas) regresó a la vivienda de la CALLE001, n° NUM011, metiendo el vehículo en el garaje e introduciéndose en el interior del piso NUM012, al que igualmente llegó sobre las 20,30 horas Juan Francisco, preparando seguidamente entre ambos la partida de heroína que iban a entregar. Sobre las 21,30 horas Benigno introdujo en el interior del vehículo Volkswagen Golf matrícula I-....-TX, que estaba estacionado en el interior del garaje, una bolsa que contenía la heroína, que ocultó entre los asientos traseros, saliendo seguidamente del garaje del edificio y se dirigió a la Autovía de Murcia, sentido Alicante, tomó el desvío de Cabezo de Torres y llegó hasta el piso de seguridad del clan de " Torero " sito en la CALLE002, n° NUM017 de El Esparragal, realizando varias vueltas completas en algunas rotondas para verificar que no era seguido, entregó la droga a Secundino, María Teresa y Gonzalo (a quien no afecta esta calificación, al no haber asistido al juicio), que no se ha incautado y, tras unos instantes, salió nuevamente a gran velocidad a la autovía y tomó dirección Alicante.

El día 30 de agosto de 2.007 Juan Francisco, una vez que ya tenía conocimiento de la inminente llegada de Dimas con la nueva partida de heroína que había ido a recoger a la zona de Los Balcanes, cambió su teléfono y envió mensajes desde su nuevo teléfono NUM020 a sus compradores. Así, a Gonzalo (a quien no afecta esta calificación, al no haber asistido al juicio), abonado n° NUM021, diciéndole: "saborío, éste es mi número"; y a Brigida, abonada n° NUM022, comunicándole: "éste es mi número. Amigo de tu hijo" Igualmente, concertó una cita para el día siguiente con Gonzalo, (a quien no afecta esta calificación, al no haber asistido al juicio), comunicándole esta circunstancia de manera oculta diciéndole "que ya mi amigo viene de vacaciones"

Entre el 31 de agosto y la mañana del 1 de septiembre de 2.007 Juan Francisco comunicó telefónicamente a sus compradores la inminente llegada de la nueva remesa de heroína.

Una vez que Dimas había depositado en el piso de la CALLE001 la nueva remesa de droga recién traída de la manera expuesta, los miembros de la organización se reunieron en él sobre 12,45 horas del día 1 de septiembre de 2.007, llegando Benigno a bordo del Volkswagen Golf matrícula I-....-TX y seguidamente Juan Francisco y Jacobo a bordo del....-LSW, los cuales aparcaron en las inmediaciones (dado que la plaza de aparcamiento estaba ocupada por el Volkswagen Polo matrícula eslovena YM-....-....-YM, que había traído la droga), introduciéndose todos ellos en su interior con escasos minutos de diferencia y preparando entre los cuatro la partida de droga que seguidamente tenían pensado entregar a los distribuidores.

Sobre las 13,30 horas salió del garaje Dimas conduciendo el Volkswagen Polo matrícula YM-....-....-YM y se dirigió hasta el restaurante El Ranga. Sobre las 13,45 horas salieron Juan Francisco y Jacobo, quienes cogieron el referido BMW y se dirigieron con él hasta el chalet de seguridad de Los Torero, sito en el n° NUM017 de la CALLE002 de Cabezo de Torres, realizando maniobras para comprobar que no eran seguidos, permaneciendo en él unos minutos y dirigiéndose seguidamente hasta el mismo restaurante, donde les esperaba Dimas. Por su parte, sobre las 14,20 horas del mismo día Benigno (a. Mantecas) salió del garaje del n° NUM011 de la CALLE001 a bordo del Volkswagen Golf portando la droga que tenían previsto entregar a los Torero, realizando alguna maniobra para verificar si era seguido, y siendo finalmente detenido por la Policía a la altura del colegio Gonzalo de la localidad de El Palmar, próximo a la rotonda de la carretera El Palmar- Cartagena, encontrándose en el interior del maletero, disimulados en el lateral izquierdo, detrás de la tapicería, en el interior de un hueco que queda tapado con corchopán, dos paquetes que, debidamente analizados arrojaron los siguientes resultados:

- 497,74 gramos de heroína con un índice de pureza del 18,5 %, lo que supone un total de 92,089190 gramos de heroína pura y

- 402,98 gramos de heroína con un índice de pureza del 10,1 €, lo que supone un total de 40,70098 gramos de heroína pura.

Por tanto, entre los dos paquetes había una cantidad total de heroína pura de 132,78288 gramos, droga que iba dirigida a la familia distribuidora dicha. La heroína de esa pureza se vendía en el mercado ilícito en esas fechas en torno a 62,25 € el gramo, por lo que habría alcanzado un valor de 56.007,57 €. Igualmente se le intervinieron las llaves del garaje y de la vivienda de la CALLE001, así como de la caja de seguridad instalada en ella. En las bolsas que contenían los paquetes con la mencionada droga se identificaron huellas de Jacobo.

Seguidamente se procedió a la detención de Juan Francisco cuando salía del referido restaurante y se dirigía a coger el BMW, encontrando en la guantera de éste 8.000 €, producto de anteriores transacciones de la misma sustancia, y en el parasol del conductor una tarjeta de identidad y un permiso de conducir búlgaros a nombre de Carlos Daniel, pero con la fotografía de Juan Francisco, así como una tarjeta de caja Murcia a nombre de Carlos Daniel.

Posteriormente se procedió a detener en el interior del restaurante a Dimas y a Jacobo, interviniéndosele a éste en el interior del Volkswagen Polo un paquete de tabaco marca Marlboro con el sello de distribución de la república Eslovaca n° PM0660037.

En el registro practicado en la vivienda sita en el n° NUM011 de la CALLE001, n° NUM011, NUM012 de El Palmar (Murcia) se incautaron otros 15 paquetes de la misma sustancia, que arrojaron un peso neto total (una vez restada la cantidad anterior, incluida en el mismo informe del Laboratorio) de 30.972,10 gramos de heroína con unas purezas que oscilan entre el 4,4 % y el 21,9 %, lo que arroja un total de 2.174,44702 gramos de heroína pura, droga que formaban parte del resto de la partida recientemente importada que todavía no había sido distribuida, así como molinillos, balanzas, una prensa hidráulica para acondicionarla, cinta adhesiva y 26 paquetes vacíos de características similares a los ocupados a Benigno con restos de la misma sustancia. Igualmente se hallaron huellas de Dimas. Esta droga se vendía en el mercado ilícito en esas fechas en torno a los 62,25 € el gramo, por lo que habría alcanzado un valor de 1.928.007 €

En el otro piso de la organización sito en la Dehesa de Campoamor se encontraron 35.820 €, producto de anteriores transacciones de droga, 14.600 gramos de ácido bórico, sustancia utilizada para "cortar" la droga, una máquina de contar dinero y unas llaves del BMW; dos pistolas de la marca Zastava, una modelo VZOR 50 del calibre 7.65, con n° de serie NUM023, con su correspondiente cargador, y otra de la misma marca, modelo 75, calibre 9 Parabellum, con n° de serie NUM024 con dos cargadores, ambas aptas para el disparo, así como abundante munición para las mismas, armas que estaban a disposición de los cuatro miembros de la organización, ninguno de los cuales posee las preceptivas licencias, ni estaban amparadas por las preceptivas guías de pertenencia.

En el domicilio de Juan Francisco, sito en la CALLE004, n° NUM025 de Las Lomas de Campoamor, de la localidad de Orihuela se localizó un total de 254,76 gramos de hachís, una papelina de cocaína de 0,45 gramos y 14 cartuchos metálicos del calibre 9 mm. parabellum.

Examinados los vehículos intervenidos, resultó que en el Volkswagen Polo habitualmente utilizado por Dimas, extraído el salpicadero, en la zona donde se ubica la radio extraíble, se localizó una pistola marca PISTÓLE MODELL 27, calibre 7,65, con n° de serie NUM026 con su cargador y sus correspondientes cartuchos, y dos silenciadores para la misma. Esta pistola en el estado en que se encontraba no era apta para el disparo, al faltarle o tener fracturado el muelle del martillo percutor. Dimas no posee permiso de armas y la referida pistola ni tiene guía de pertenencia ni se puede documentar al estar alterada para poder acoplarle el silenciador.

Tras la placa de matrícula delantera se había practicado una abertura de forma rectangular de unos 20 x 10 cm. que comunica con la parte interior del parachoques y que había sido aislada en su parte interna con planchas metálicas, la cual estaba destinada para ocultar la droga, aunque en ese momento estaba vacía.

En fecha 9 de octubre de 2.007, cuando se procedía a verificar su número de bastidor y matrícula, se descubrió en el Volkswagen Golf matrícula I-....-TX, debajo del portamatrículas delantero un hueco similar practicado en el paragolpes, hallándose en su interior una bolsa con dos paquetes con un peso neto total de 994,08 gramos de heroína con las siguientes purezas: un paquete de 496,48 gramos con una pureza del 25,24 %, lo que supone 125,315552 gramos de heroína pura, y el otro de 497,60 gramos con una pureza del 18,67 %, lo que supone 94,692816 gramos de heroína pura, lo que arroja un total de 220,008368 gramos de heroína pura. Esta droga perteneciente a la organización iba dirigida a la otra familia distribuidora compuesta por los acusados Brigida y su hija Delfina, y no fue descubierta en el momento de la detención el día 1 de septiembre de 2.007. En el mercado ilícito habría alcanzado un valor de 61.882 €, vendida por gramos.

En el BMW....-LSW se encontraron, ocultos en el maletero, unos 6 metros de cinta adhesiva de color negro y un rollo de bolsas de plástico transparentes. Este vehículo figura formalmente a nombre de Pedro, si bien su propietario real es Juan Francisco En el registro del inmueble sito en el n° NUM017 de la CALLE002 de la localidad de El Esparragal (Murcia), domicilio de Secundino y María Teresa se halló un total de 821,25 gramos de heroína con las siguientes purezas: un primer envoltorio con un peso neto de 145 gramos y una pureza del 6,7 % lo que supone un total de 9,6715 gramos de heroína pura; otro con un peso de 670 gramos y una pureza del 3,6 %, lo que supone un total de 24,3880 gramos de heroína pura, y un tercero con un peso de 6,25 gramos y una pureza del 25,9 %, lo que supone 1,61875 gramos de heroína pura; en total 35,67825 gramos de heroína pura. Esta droga vendida al por menor habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de 6.896,86 €.

Igualmente se halló una bolsita con un peso neto de 8,02 gramos, conteniendo acetaminofeno y cafeína, que, si bien no son sustancias prohibidas, se utilizan habitualmente como sustancias para "cortar" la droga.

Igualmente se halló una báscula de precisión marca Tanita, 24.000 € procedentes de anteriores ventas de la misma droga, una pistola marca Zavasta, calibre 6,35 y n° de serie NUM027, apta para disparar, con su cargador, así como tres libretas con anotaciones de cantidades con el nombre de Triqui (alias de Juan Francisco) y la anotación del número de teléfono intervenido de éste NUM028, un vehículo Mercedes E CDI matrícula....-PCX y un BMW 525 i matrícula KE-....-KY, todos ellos adquiridos con el dinero obtenido por la venta de anteriores partidas de heroína.

En el registro de la vivienda sita en el n° NUM019 de la CALLE003 de Las Torres de Cotillas, donde habitan Brigida y su hija Delfina se halló una pistola simulada no apta para disparar munición real, una papelina de cocaína con un peso de un gramo y se incautó el vehículo Audi A-3 matrícula....-QBX y 63.410 € en billetes de distinto valor escondidos en distintos lugares de la casa, y joyas, todo ello adquirido con dinero procedente de la venta de droga.

La heroína está incluida en las Listas I y IV del Convenio Único de Estupefacientes de 30 de marzo de 1.961.

Los pasaportes búlgaros n° NUM001 a nombre de Jacobo y n° NUM029 a nombre de Carlos Daniel que portaba Juan Francisco, así como las dos cartas de identidad de la República de Bulgaria n° NUM030, a nombre de Jacobo y n° NUM031 a nombre de Carlos Daniel que utilizaba Juan Francisco, así como los permisos de conducción también búlgaros n° NUM032 a nombre de Jacobo y NUM033 a nombre de Carlos Daniel que utilizaba Juan Francisco son todos ellos falsos.

Susana, con N.I.E. n° NUM002 mantiene una relación sentimental con Juan Francisco desde hace unos cinco años, convive con él en el domicilio de la CALLE004, NUM025 de Las Lomas de Campoamor de Orihuela (Alicante), ha sido detenida en dos ocasiones anteriores por tráfico de drogas y condenada en la sentencia anteriormente señalada. Cotizó a la Seguridad Social durante 1.664 días hasta que se dio de baja voluntaria el 7 de febrero de 2.005. No consta en la base de datos de la A.E.A.T. ni se le conoce ninguna fuente de ingresos. Según la D.G.T. figuran a su nombre los siguientes vehículos:

- un Volkswagen Golf matrícula....-VTR

- un BMW 523 i matrícula BO-....-BN, que vendió el 14 de octubre de 2.008 para evitar que fuera incautado a resultas de las presentes.

- un Volkswagen Golf matrícula N-....-NG

- un Volkswagen Golf GTI matrícula RY-....-R

Todos ellos los ha adquirido con dinero procedente de la venta de heroína a que se dedica su compañero Juan Francisco y los ha puesto a su nombre para evitar que pudieran ser incautados para responder por las actividades ilícitas a que se dedica éste.

María Teresa estuvo de alta en la Seguridad Social 208 días hasta el 5 de julio de 2.001. No ha presentado declaración de la renta en los últimos 5 años ni se le conoce ninguna fuente de ingresos. Sin embargo, en el año 2.006 hizo un pago de 4.512 € y en el año 2.007 adquirió un vehículo Mercedes-300 matrícula FE-....-EQ, que figura a su nombre, a pesar de no tener carnet de conducir.

Su esposo Secundino estuvo dado de alta en la Seguridad Social durante 7.667, estando de baja no voluntaria desde el 30 de junio de 1.998. Entre los años 2.003 a 2.006 los únicos ingresos que le constan son 291 € anuales pagados por el INSS. En el año 2.003 compró un vehículo BMW 525 i matrícula KE-....-KY; en el año 2.004 le consta una compra por valor de 3.086 €; en el año 2.005 adquirió el Mercedes E-320....-PCX. Y también le figura un Renault 7 matrícula PA-....-Y. En el Registro de la Propiedad n° 5 de Murcia figura a su nombre la finca rústica n° NUM034.

Todo ello lo ha adquirido con el dinero procedente de la venta de la heroína a que se dedican María Teresa y Secundino.

Brigida estuvo de alta en la Seguridad Social durante 16 días, hasta su baja el 10 de diciembre de 1.998. No se le conoce ni declara ningunos ingresos. A pesar de ello, en la D.G.T. figuran a su nombre los siguientes vehículos:

un vehículo especial (quad) marca Suzuki Z-400 matrícula I....XXX

un turismo Citoen ZX matrícula W-.........

un ciclomotor Suzuki APS O matrícula F....FFF

un turismo marca Audi, A-3....-QBX

- un BMW, M-3 matrícula....-SCP y

- un Renault 4 F......

En el Registro de la Propiedad de Molina de Segura figura a su nombre la finca urbana n° NUM035, en pleno dominio y con carácter privativo, adjudicada por liquidación de los gananciales en escritura de 30 de enero de 2.007, que está gravada con una hipoteca en garantía de un capital de 85.000 €. Y la finca urbana n° NUM036, vivienda de protección oficial sita en la calle Salzillo de Torres de Cotillas, en pleno dominio y con carácter ganancial con su esposo Gabriel, encarcelado por tráfico de drogas. Fue adquirida en 1.989.

Consta que ha pagado el I.B.I. sobre el inmueble con referencia catastral NUM037, sito en el polígono NUM038, parcela NUM039 de la localidad de Torres de Cotillas, con una superficie de 768 metros cuadrados. Es titular de la cuenta n° NUM040, que en el año 2.007 sólo ha tenido dos ingresos en efectivo de 1.900 € y 6.000 €, reintegrados íntegramente el 19 de noviembre.

Su hija Delfina comparte el domicilio de su madre en la CALLE003, NUM019 de Torres de Cotillas, donde se incautaron 63.410 € en efectivo, ocultos en distintos lugares. Lleva en alta normal en la Seguridad Social durante 297 días. Sólo consta que haya percibido 146,79 € en el año 2.006. Sin embargo, consta que en el año 2.005 adquirió un turismo Chevrolet Corvette con matrícula....-QSK y en el año 2.007 adquirió un BMW modelo 735 matrícula....-PNN. Todos esos bienes los han adquirido madre e hija con el dinero procedente de la venta de la heroína a que ambas se dedican.

Tales hechos son constitutivos de los siguientes delitos:

- A) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia), 369,2 y 370, 2° (jefe)del Código Penal, imputable a Juan Francisco.

- B) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia), y 369,2 del Código Penal, imputable a Benigno, Jacobo y Dimas.

- C) Se RETIRA LA ACUSACIÓN por el delito de tenencia ilícita de armas del artículo 563 del Código Penal, que imputábamos en este apartado al procesado Dimas.

- D) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, imputable a Juan Francisco, Benigno, Jacobo y Dimas.

- E) Un delito continuado de falsificación de documento oficial del artículo 392 en relación con el 390,1,1° y 2° y 74 del Código Penal, imputable a Juan Francisco y a Jacobo.

- F) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), del artículo 368 del Código Penal (se suprime la agravación de notoria importancia), imputable a Secundino y María Teresa.

- G) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, imputable a Secundino.

- H) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), del artículo 368 del Código Penal (se suprime la agravación de notoria importancia), imputable a Brigida y Delfina. RETIRA

LA A CUSA CIÓN por este delito a Luis Antonio *

-1) Se suprime el apartado I) al no haber comparecido a Juicio el procesado Gonzalo.

- J) Tres delitos de blanqueo de capitales del artículo 301,1, inciso 2° y 301,2 del Código Penal, imputables: uno a Secundino y

María Teresa y otro a Brigida y

a Delfina, y el tercero a Susana

De los mencionados delitos son criminalmente responsables en concepto de autores del artículo 28,1 del Código Penal los procesados citados.

En el delito de falsedad documental imputable a Juan Francisco concurre la circunstancia agravante de reincidencia del artículo 22,8 del Código Penal. En el resto de los procesados no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en ninguno de los delitos.

Interesó la imposición a los procesados las siguientes penas:

- Al procesado Juan Francisco, por el delito de tráfico de drogas del apartado A), en su condición de jefe, 15 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta, dos multas por importe del triple del valor de la totalidad de la droga incautada (6.137.689,71 € cada una), y las costas proporcionales.

- A los procesados Benigno, Jacobo y Dimas, por el delito de tráfico de drogas del apartado B) 12 años de prisión con la misma accesoria, una multa por importe del doble del valor de la totalidad de la droga incautada (4.091.793,14 €) y las costas proporcionales.

-Se suprime la multa que se solicitaba para la organización, al no tener ésta existencia jurídica autónoma.

- A los procesados Juan Francisco, Benigno y Jacobo y Dimas, por el delito de tenencia ilícita de armas del apartado D), la pena de dos años de prisión, con la misma accesoria, y las costas proporcionales.

- Al procesado Juan Francisco, por el delito continuado de falsedad documental del apartado E), con la agravante de reincidencia, las penas de tres años de prisión, con la misma accesoria, multa de doce meses con una cuota diaria de 20 € y las costas.

- Al procesado Jacobo, por el mismo delito continuado de falsedad documental del apartado E), dos años de prisión, multa de 10 meses con la misma cuota diaria y las costas.

- Al procesado Secundino, por el delito de tráfico de drogas del apartado F) siete años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, multa del doble del valor de la droga con él relacionada (125.808,86 €) y las costas.

- A la procesada María Teresa, por el mismo delito del apartado F), seis años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, multa del doble del valor de la droga con ella relacionada (125.808,86 €) y las costas.

- Al procesado Secundino, por el delito de tenencia ilícita de armas del apartado G), dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, y las costas.

- A la procesada Brigida, por el delito de tráfico de drogas del apartado H), siete años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, multa del doble del valor de la droga con ella relacionada (123.764 €), y las costas.

- A la procesada Delfina, por el mismo delito del apartado H) las penas de seis años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, multa del doble del valor de la droga con ella relacionada (123.764 €) y las costas.

SE RETIRA LA ACUSACIÓN por este delito respecto de Salvador

- A los procesados Secundino, María Teresa, Brigida, Delfina y Susana, por los respectivos delitos de blanqueo de capitales del apartado J), a cada uno, la penas de 4 años de prisión, multa del doble del valor de las cantidades respectivamente blanqueadas, que, al no estar tasados los bienes, se determinará en ejecución de sentencia, y las costas.

- A todos ellos les deberá ser de abono el tiempo que respectivamente hayan sufrido en prisión provisional.

- Procede decretar el comiso de todas las cantidades de dinero intervenido, así como de las joyas, vehículos, inmuebles teléfonos y demás efectos intervenidos, a los que se dará el correspondiente destino legal. Se exceptúa la finca propiedad de Brigida adquirida en el año 1.989, que, sin embargo, deberá quedar retenida, sujeta al pago de las multas.

- Procede ordenar la destrucción de las drogas y de las armas incautadas.

Caso que se dicte sentencia condenatoria, una vez que ésta sea firme, el Fiscal interesa que se remita testimonio de ella a la Ejecutoria correspondiente, por si procediera revocar los beneficios de la suspensión de la ejecución concedida al acusado Juan Francisco.

Sexto.-En sus conclusiones definitivas las defensas de los procesados María Teresa y Secundino, Delfina, Juan Francisco, Benigno, Jacobo y Susana elevaron a definitivas las calificaciones realizadas provisionalmente.

La defensa del procesado Dimas, se modifico las formuladas provisionalmente, en el sentido de invocar cuestiones de nulidad consistentes en: 1.- Nulidad de intervenciones telefónicas, en base a la obtención ilícita de IMEI al no constar el origen del conocimiento de tal dato como fuente base de investigación; no constar testimonio del proceso del que deriva la primera investigación en esta causa; no constando control judicial de las escuchas acordadas habiéndose intervenido previamente a la obtención del auto autorizante. Y 2.º- Por haberse visto imposibilitado de acudir al juicio oral el procesado Gonzalo y no haberse suspendido el inicio del juicio. Terminó interesando la absolución de su defendido.

Por la defensa de la procesada Brigida, se modificó sus conclusiones a definitivas en el sentido de interesar la nulidad de las actuaciones derivadas del auto de 7 de Mayo de 2.007 que da origen a las actuaciones por haber vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones; no constar las actuaciones habidas en otras diligencias de las que estas dimanan y por la falta de motivación suficiente de las resoluciones habilitantes de las escuchas telefónicas.

Finalmente se concedió a los procesados, turno para que pudieran ejercitar su derecho a la última palabra, manifestando lo que a sus intereses convino.


HECHOS PROBADOS.I.- Durante el año 2007, los procesados Juan Francisco a) Triqui, mayor de edad, de nacionalidad serbia, con antecedentes penales por delito de falsedad documental con condena suspendida; Jacobo a) Millonario, mayor de edad de nacionalidad serbia, sin antecedentes penales; Benigno a) Mantecas, mayor de edad, de nacionalidad eslovaca y sin antecedentes penales y Dimas a) Tirantes, mayor de edad, de nacionalidad eslovena, sin antecedentes penales, formaban un grupo organizado para la introducción en España de sustancias estupefacientes (heroína) en grandes cantidades para su distribución en la Región de Murcia, actuando bajo la dirección de Juan Francisco, y en el que tenían distribuidas las funciones siguientes: Benigno y Jacobo se encargaban de la distribución y Dimas de los viajes al extranjero y la traída de la sustancia hasta España.

La procesada Susana, mayor de edad de nacionalidad ucraniana y que fue condenada por sentencia firme de 26.4.2006 a 4 años de prisión por delito de trafico de estupefacientes encontrándose en situación de tercer grado penitenciario, era en aquel momento pareja sentimental de Juan Francisco, y quien dada su condición de residente en España, estando provista del NIE NUM002, prestaba colaboración haciendo figurar a su nombre como titular bienes de Juan Francisco, a los que este que no podía acceder dada su condición de no residente.

Dicho grupo tenia a su disposición, para su uso conjunto varios pisos ubicados en la región murciana y sus proximidades. Una vivienda en la CALLE000 num. NUM008 NUM009 piso NUM010 num. NUM008 en la URBANIZACIÓN000 de Campoamor (Alicante); un piso en la CALLE001 num. NUM011 NUM012 en la localidad de El Palmar (Murcia); asimismo un piso en la CALLE004 num. NUM025 de URBANIZACIÓN000 de Campoamor (Alicante) y otro piso en la Urbanización Dehesa de Campoamor (Alicante)

Disponían para realizar los desplazamientos, precisos para sus actividades ilícitas de diversos vehículos: Un BMW....-LSW propiedad de Juan Francisco, si bien figuraba a nombre de Pedro, persona residente en Córdoba, que acepto dar su nombre para matricularlo como favor. Un VW Polo matricula eslovena YM-....-....-YM que usaba Dimas; Un VW Golf matricula I-....-TX que usaba preferentemente Benigno; Un VW Golf....-VTR; un BMW 523 i matricula BO-....-BN; un VW Golf matrícula N-....-NG y Un VW GTI matricula RY-....-R que figuraban todos a nombre de Susana en los archivos de la DGT.

Con la finalidad de ocultar sus autenticas identidades, Juan Francisco, tenia en su poder un permiso de conducir num. NUM033; un pasaporte num. NUM029 y una tarjeta de identidad num. NUM031, todos ellos búlgaros a nombre de Carlos Daniel, en los que estaba insertada la fotografía de Juan Francisco, poseyendo una tarjeta de crédito, expedida por la entidad Caja Murcia a nombre de Carlos Daniel;

Asimimo Jacobo utilizaba un pasaporte búlgaro num. NUM001; una carta de identidad num. NUM030 y un permiso de conducir num. NUM032, todos búlgaros e inauténticos

II.- A finales del mes de Agosto de 2.007, Juan Francisco dio instrucciones a Dimas, para que viajara a la zona de los Balcanes, a fin de recoger un alijo de heroína que debía traer hasta España, para su distribución en la región murciana.

Dimas a bordo del VW Polo matricula YM-....-....-YM viajo a la zona indicada, estando acreditada su estancia en Eslovaquia, y tras recoger la mercancía, regresó a España introduciendo la heroína en el piso de la CALLE001 antes indicado.

El día 1 de Septiembre de 2.007 se reunieron en el piso de la CALLE001 los procesados Juan Francisco; Jacobo, Benigno y Dimas, habiendo llegado a dicho domicilio Benigno en el VW I-....-TX, Juan Francisco y Jacobo en el....-LSW, encontrándose en el piso Dimas, quien tenia estacionado en la plaza de garaje usada por ellos, el VW matricula eslovena antes citado, en el que habia viajado y traído la droga.

Sobre las 13.30 horas Dimas salió del piso y conduciendo el VW de matrícula eslovena se dirigió al restaurante El Ranga. Juan Francisco y Jacobo salieron 10 minutos mas tarde, y tras hacer un viaje a la CALLE002 en la que residen otros procesados que mas adelante diremos, parando en el mismo unos minutos y se dirigieron finalmente al restaurante citado.

A las 14.20 horas de dicho día 1.9.2007, salio Benigno del domicilio conduciendo un VW Golf en el que había llegado, circulando hasta la rotonda de la carretera de El Palmar a Cartagena, siendo interceptado por la fuerza policial y detenido, encontrándose en el interior del maletero del vehículo disimulados en un lateral izquierdo, detrás de la tapicería, en el interior de un hueco tapado con corchopán, dos paquetes que debidamente analizados arrojaron los siguientes resultados:

Un paquete que arrojó un peso de 497,74 gr de heroína con un índice de pureza de 18,5 % lo que representa un total de 92,089190 grm de heroína pura.

Y otro paquete que arrojó un peso de 402,98 gr. De heroína con un índice de pureza del 10,1 % lo que supone 40,70098grm.

Dicha heroína arroja un valor peritado de 56.007,57 €.

Al salir del restaurante citado Juan Francisco y cuando se dirigía a coger el vehículo BMW....-LSW fue detenido encontrándose en la guantera del vehículo 8000 €, y la documentación falsa que, con su fotografía, figuraba a nombre de Carlos Daniel, así como la tarjeta de crédito librada a tal identidad antes citada.

A Juan Francisco en el momento de la detención se le intervino el teléfono num. NUM028.

Seguidamente se procedió a la detención de Dimas y Jacobo, encontrándose en el vehículo VW matricula eslovena una cajetilla de tabaco con numeración PM 0660037 correspondiente a la República Eslovaca.

Como consecuencia de las detenciones y acordados los registros de las viviendas de la organización, se halló lo siguiente:

En el piso de la CALLE001 num. NUM011 de El Palmar (Murcia) 15 paquetes de heroína, que arrojaron un peso de 30.972,10 gramos con unas purezas que oscilan del 4.4% y el 21.9%, arrojando un total medio de 2.174.44702 grm. de heroína pura, molinillos, balanzas, una prensa hidráulica para acondicionarla, cinta adhesiva y 26 paquetes vacíos de las mismas características que los hallados en el citado vehículo conducido por Benigno. En dichos paquetes se hallaron huellas de Dimas El valor de dicha sustancia habría alcanzado la cantidad de 1.928.007 €.

En el citado piso de la Dehesa de Campoamor se hallaron 35.820 €, 14.600 grm de ácido bórico, y una maquina de contar dinero.

En este domicilio se hallaron dos pistolas de la marca Zastava en perfecto estado de uso, una modelo Azor 50 calibre 7.65 con número de serie NUM023 con su cargador y otra de la misma marca modelo 75 calibre 9 parabellum con número de serie NUM024 con dos cargadores y abundante munición para las mimas.

En el registro del domicilio de la CALLE004 NUM025 de URBANIZACIÓN000 de Campoamor, se localizaron 254,76 gr. De hachis, una papelina de cocaína de 0,45 grm y 14 cartuchos del calibre 9 mm parabellum.

Asimismo en el registro del vehículo matricula YM-....-....-YM utilizado por Dimas se halló una pistola marca Pistole Modell calibre 7,65 con sus cartuchos y dos silenciadores. No era apta para el disparo.

Ninguno de los procesados citados hasta ahora tenía en su poder licencia o permiso de armas.

Practicado el reconocimiento del vehículo utilizado por Dimas se encontró tras la placa de matrícula delantera, una abertura rectangular de 20 x 10 cm en la chapa que comunica con la parte interior del parachoques, que habia sido modificada mediante planchas metálicas para obtener como resultado un espacio oculto que se halló vacío.

El vehículo VW Golf matricula I-....-TX que utilizaba Benigno y que había sido intervenido al ser este detenido, se procedió a su traslado al depósito de vehículos, en donde se encontraba depositado el día 9 de Octubre de 2.007, siendo revisado nuevamente y encontrándose un hueco de similares características al antes citado en el anterior vehículo, realizado en la zona del parachoques, tras la matrícula delantera, que al ser abierto dio como resultado el hallazgo de dos paquetes iguales a los ya intervenidos, que arrojaron un peso de 994.08 gr. De heroína con las siguientes purezas: Un paquete de 496,48 gr. con una pureza del 25.24% lo que supone 152,315552 gr. de heroína pura y otro de 497,60 grm. con una pureza de 18,67 %, con un total de 220,008368 gr. de heroína pura con un valor en mercado de 61.882 €.

En la bolsa en la que se envolvían dichos paquetes se hallaron las huellas de Jacobo.

III.- La sustancia estupefaciente que introducían en España los procesados antes citados era distribuida en la región de Murcia entre diversas personas que se abastecían de la misma mediante las entregas que realizaba por cuenta de la organización mencionada el procesado Benigno.

Un grupo de estas personas estaba constituida por el matrimonio formado por los procesados Secundino, mayor de edad, sin antecedentes penales y su esposa María Teresa, quienes la adquirían para su venta al menor.

Este matrimonio tenia su domicilio en un chalet ubicado en la CALLE002 num. NUM017 de El Esparragal (Murcia) y se comunicaban por medio de su teléfono NUM018 con Juan Francisco al teléfono de este NUM028.

El día 23 de Agosto de 2.007, Juan Francisco se reunió en el chalet indicado de la CALLE002 con sus moradores Secundino y María Teresa a donde llego en su vehículo....-LSW. Esta entrevista generó que el día siguiente sobre las 12.15 horas, tras pasar por el piso de la CALLE001, Juan Francisco y Jacobo se dirigieran a una reunión convenida con Secundino y María Teresa en la localidad de Cabezo de Torres, equivocándose de lugar, no coincidiendo y posponiendo la reunión.

Ese mismo día, tras el malentendido, sobre las 14.30 Benigno en el VW Gol I-....-TX se dirigió a la CALLE002 en donde se introdujo en el chalet de Secundino y María Teresa entregando sustancia estupefaciente.

El día 27 de Agosto sobre las 21.30 horas Benigno en el mismo vehículo se dirigió desde la vivienda de la CALLE001 al chalet de la CALLE002, tras realizar maniobras de seguridad, tomando la autovía Murcia-Alicante y un desvío a Cabezo de Torres, entregando sustancia estupefaciente a Secundino y María Teresa.

Una vez detenidos estos procesados Secundino y María Teresa, se procedió al registro del domicilio de la CALLE002 num. NUM017 en donde residían, encontrándose un total de 821,25 gr. de heroína con las siguientes purezas: Un primer envoltorio con un peso total de 145 grm. y una pureza del 6,7% lo que representan 9,6715 gr de heroína pura; otro envoltorio de 670 grms de peso y una pureza del 3,6% lo que representan 24.3880 gr de heroína pura; y un tercer envoltorio con un peso de 6,25 grm, y una pureza del 25,9%, lo que supone 1.61875 grams de heroína pura. Ello hace un total de 35,67825 grms de heroína pura con un valor de 6.896,86 €

Asimismo se encontraron en dicho registro sustancias de corte como acetaminofeno y cafeína. Una báscula de precisión marca Tanita; una pistola marca Zavasta calibre 6,35 y número de serie NUM027 con su cargador que estaba en perfecto estado de funcionamiento, tres libretas con anotaciones de cantidades con el nombre de Triqui, apodo con el que se conoce a Juan Francisco así como una anotación del numero de teléfono intervenido a Juan Francisco al ser detenido.

Poseía este matrimonio formado por Secundino y María Teresa un vehículo Mercedes E CDI....-PCX y un BMW 525 i matricula KE-....-KY.

Ambos carecían de trabajo remunerado y de ingresos obtenidos legalmente, habiendo adquirido María Teresa un vehículo Mercedes 300 matricula FE-....-EQ aun cuando carece de carnet de conducir. Por su parte Secundino adquirió en 2003 un vehículo BMW 525 i matricula KE-....-KY y en el año 2.005 el vehículo antes citado....-PCX.

Le constan otros bienes como un Renault PA-....-Y modelo R-7 y una finca registrada en el registro de la Propiedad de Murcia num. 5 con el num. NUM034.

IV.- Al igual que en el caso anterior, el grupo formado por Juan Francisco, Jacobo, Benigno y Dimas suministraban sustancia estupefaciente a la procesada Brigida a) Mama, mayor de edad, sin antecedentes penales y su hija la también procesada Delfina, asimismo mayor de edad y sin antecedentes penales.

Estas procesadas utilizaban para la recepción de la sustancia facilitada por el grupo de Juan Francisco, un domicilio ubicado en la CALLE003 num. NUM019, de la localidad de Las Torres de Cotillas (Murcia) a donde el día 27 de Agosto de 2.007 se dirigió Benigno en su vehículo VW Golf I-....-TX, en donde había quedado citado con Brigida telefónicamente, siendo recibido Benigno, como se establecía en dicha conversación, por Delfina en la puerta del garaje de la vivienda. Benigno saco una bolsa el maletero del coche accediendo al interior por el garaje, junto con Delfina y haciendo entrega de sustancia estupefaciente a esta, saliendo del garaje sin portar ninguna bolsa y marchándose seguidamente Benigno del lugar en su mismo vehículo.

En el registro de dicho domicilio se halló una pistola simulada no apta para disparar munición real; una papelina de cocaína con un peso de 1 gr y el vehículo Audi A-3....-QBX así como la cantidad de 63.410 € en billetes de distinto valor y diversas joyas

Brigida carece de trabajo legalmente establecido, estando de baja en la SS. desde 1.998 así como de ingresos obtenidos legalmente. Constan a su nombre los siguientes vehículos. Vehículo especial (Quad) Suzuki Z-400 matrícula I....XXX; turismo Citroen ZX matricula W-.........; Ciclomotor Suzuki AP50 matriula F....FFF; el citado Audi A- 3; un turismo BMW M3 matricula CGG y un Renault 4 F.......

Y las fincas siguientes: Urbana num, NUM035 del Registro de la Propiedad de Molina de Segura, adquirida por liquidación de gananciales con hipoteca de 85.000€; Urbana sita en la CALLE003 NUM019 de las Torres de Cotillas, de carácter ganancial con su esposo Gabriel, adquirida en 1.989. Inmueble de referencia catastral NUM037 sito en la parcela NUM039 del polígono NUM038 de Las Torres de Cotillas con una superficie de 768 m2.

Su hija Delfina, comparte el domicilio con su madre en la CALLE003 NUM019, solo trabajó 267 días, y no obstante carecer de permiso de conducir, en 2005 adquirió un Chevrolet Corvette....-QSK; en el año 2007 adquirió un BMW 735....-PNN,

El dinero hallado en el registro de la vivienda sita en la CALLE003 num. NUM019 de las Torres de Cotillas, procede de la actividad ilícita de narcotráfico


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Nulidad de actuaciones.

En el momento de la calificación provisional efectuada por las representaciones procesales de los distintos procesados se formularon diversas impugnaciones en los términos siguientes:

Por la defensa de Benigno, se alego vulneración de los derechos constitucionales recogidos en el art.º 18.2 y 3 de la Constitución Española que establece el secreto de las comunicaciones, sobre la base de que se consideraba que se habían producido irregularidades en la obtención del numero IMEI del teléfono de Susana, y números de teléfono intervenidos posteriormente, habiéndose vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia establecido en el art.º 24.1 y 2 del citado texto constitucional, impugnando los autos autorizantes de las intervenciones telefónicas; los autos de las entradas y registros, las actas de trascripción y los datos correspondientes a informes analíticos de la sustancia intervenida.

Por la defensa e Brigida en dicho trámite se procedió a impugnar de forma genérica el contenido de todas las conversaciones telefónicas.

Por la defensa del procesado Jacobo en su escrito de conclusiones provisionales, se formalizaron impugnaciones interesando la nulidad de las escuchas telefónicas, así como vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio por derivar de las anteriores; de la obtención de la analítica y de la tutela judicial efectiva y presunción de inocencia de carácter genérico.

Por las defensas respectivas de Delfina; de María Teresa; de Dimas y de Susana en el trámite de conclusiones provisionales, no se formulo impugnación alguna.

En el momento de elevar las calificaciones a definitivas, las correspondientes a María Teresa y Secundino y Susana elevaron a definitivas las calificaciones realizadas provisionalmente.

La defensa del procesado Dimas, se modifico las formuladas provisionalmente, en el sentido de invocar cuestiones de nulidad consistentes en: 1.- Nulidad de intervenciones telefónicas, en base a la obtención ilícita de IMEI al no constar el origen del conocimiento de tal dato como fuente base de investigación; no constar testimonio del proceso del que deriva la primera investigación en esta causa; no consta control judicial de las escuchas acordadas habiéndose intervenido previamente a la obtención del auto autorizante, y

2.º- Por haberse visto imposibilitado de acudir al juicio oral el procesado Gonzalo y no haberse suspendido el inicio del juicio.

Por la defensa de la procesada Brigida, se modificó sus conclusiones provisionales en el sentido de interesar la nulidad de las actuaciones derivadas del auto de 7 de Mayo de 2.007 que da origen a las actuaciones por haber vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones; no constar las actuaciones habidas en otras diligencias de las que estas dimanan y por la falta de motivación suficiente de las resoluciones habilitantes de las escuchas telefónicas.

Con carácter general hemos de significar la incidencia en este caso del contenido del acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda de de lo Penal del Tribunal Supremo de 26.05.09, por el que se establece:

En los procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las comunicaciones es nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad.

En tales casos, cuando la validez de un medio probatorio dependa de la legitimidad de la obtención de fuentes de prueba en otro procedimiento,

si el interesado impugna en la instancia la legitimidad de aquel medio de prueba, la parte que lo propuso deberá justificar de forma contradictoria la legitimidad cuestionada.

Pero, si, conocido el origen de un medio de prueba propuesto en un procedimiento, no se promueve dicho debate, no podrá suscitarse en ulteriores instancias la cuestión de la falta de constancia en ese procedimiento de las circunstancias concurrentes en otro relativas al modo de obtención de las fuentes de aquella prueba

La aplicación de esta tesis conllevaría la desestimación de las impugnaciones basadas en nulidades pretendidas sobre la derivación de la investigación inicial desde otras diligencias ya que la cuestión se plantea únicamente desde el debate sobre la procedencia o el origen de la obtención del IMEI del teléfono de la procesada Susana, que fue identificada a través de la investigación posterior a una cita en un centro comercial de Murcia entre un investigado en la otra causa con el aquí procesado Juan Francisco de quien se desconocía dato alguno, pero sin que se haya puesto en tela de juicio la otra investigación de forma concreta, ni se haya pedido su incorporación a este procedimiento.

a) Escuchas telefónicas.-

En esta impugnación se plantean diversas cuestiones por las defensas:

Por un lado que la obtención del IMEI correspondiente al teléfono de Susana, alegando ilegalidad en la forma de su obtención, y del que se derivan los demás teléfonos intervenidos..

En segundo lugar la falta de motivación de los autos autorizantes de las intervenciones telefónicas.

Y en tercer lugar la falta del control judicial de las escuchas.

1) Respecto de la primera de las cuestiones planteadas, procede su desestimación, habida cuenta que la obtención del IMEI, no afecta al derecho del secreto de las comunicaciones, pues con la obtención del mismo no puede accederse a escucha de conversación alguna.

La protección conferida a través del contenido del art.º 18.1 de la Constitución Española, atiende a la espacialísima condición que se confiere, elevándolo a la categoría derecho fundamental por dicha norma, a la intimidad de las personas.

La obtención de un dato correspondiente al IMEI o IMSI por parte de la Autoridad en el curso de una investigación, no es distinto a la obtención del dato de donde una persona reside, o donde desarrolla su actividad.

La intromisión en el derecho del ciudadano se produce en este caso concreto con la escucha telefónica, la cual no es ejecutada sin la autorización judicial correspondiente. Pero incluso en este caso, la obtención del número de teléfono asociado al IMEI es obtenida bajo la autorización judicial, por lo que en modo alguno se produce una intromisión ilegitima en la intimidad de las personas.

Asi lo ha entendido el Tribunal Supremo en STS de 20.05.2008, en su F.J. IV.Del mismo modo las STS de 19.5.10 recoge la siguiente doctrina:

FJ DECIMOTERCERO.- El motivo primero al amparo del art. 5.4 LOPJ EDL1985/8754. por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia e infracción de los arts. 24.2 y 18.3 CE EDL 1978/3879 art.18.3 EDL 1978/3879 art.24.2 EDL 1978/3879, derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y la conculcación del derecho a un proceso con respeto a todas las garantías procesales sin que en ningún caso pueda producirse indefensión por las partes, sin que sea admisible la valoración de aquellas pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechos o libertadas fundamentales (art. 11.1 LOPJ EDL1985/8754.).

Analizadas que han sido las cuestiones planteadas en los fundamentos jurídicos 1, 2 y 3 de la presente resolución se dan por reproducidos para evitar innecesarias repeticiones en orden a su desestimación, añadiendo en relación a la queja del recurrente sobre la obtención de los números de teléfono intervenidos mediante procedimiento mecánicos, conculcando nuevamente el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que su improsperabilidad deviene necesaria.

Hemos dicho en sentencias 187/2009 de 3.3, 376/2009 de 24.2, 6/2010 de 27.1, que la premisa de la que se quiere partir - implícita pero evidente- que no puede admitirse es que, en principio, hay que presumir que las actuaciones judiciales y policiales son ilegitimas e irregulares, vulneradoras de derechos fundamentales, mientras no conste lo contrario.

Ello supondría la paradoja de que mientras que tratándose de los acusados ha de presumirse su inocencia, en tanto no se prueba su culpabilidad (art. 29.2 CE EDL1978/3879), a los Jueces y Tribunales, en el mismo marco procesal, ha de presumírseles una actuación contraria a la Constitución y a las Leyes, en tanto no se prueba que han actuado conforme a Derecho. Frente a tal premisa, hemos de afirmar que ni el derecho a la presunción de inocencia ni el principio "in dubio pro reo", que siempre deben proteger a los acusados, pueden llegar a significar que salvo que se acredite lo contrario, las actuaciones de las Autoridades son, en principio, ilícitas e ilegitimas. El principio de presunción de inocencia no puede extender su eficacia hasta esos absurdos extremos.

En efecto la nulidad de los actos procesales sólo puede basarse en algunas de las causas estrictamente reguladas en el art. 238 LOPJ EDL1985/8754. con la consecuencia de la perdida de efectos que tratándose de la vulneración de derechos fundamentales, impone el art. 11 de la misma ley. Sin embargo, declarar la nulidad de unas escuchas porque la legitimidad de la obtención del numero telefónico no puede presumirse, supone crear una categoría inédita en nuestro sistema procesal. Estaríamos ante la creación jurisprudencial de la creación jurisprudencial de la nulidad presunta, aquélla predicable de actos limitativos de derechos, aparentemente válidos, pero a los que privamos de efectos al no constar la legitimidad de otro acto precedente.

En línea de principio proclamar que la legitimidad de un acto jurisdiccional no puede presumirse, no se concilia bien con los principios que informan el ejercicio de la función jurisdiccional (art. 117.1 CE EDL1978/3879). Es cierto que la abstracta proclamación de esos principios no blinda a los actos jurisdiccionales de su condición de potencial fuente lesiva de los derechos fundamentales. También lo es -y la experiencia se encarga cada día de recordarlo- que la validez de los actos procesales no puede hacerse descansar en un voluntarioso acto de fe. Pero aceptar la petición de nulidad porque la legitimidad no puede presumirse, no resulta, en modo alguno, una exigencia de nuestro sistema de garantías.

En esta dirección las SSTS. 249/2008 de 20.5, 940/2008 de 18.12, señalan en un caso que se cuestionaba el modo a través del cual la Policía obtuvo los teléfonos y que ello supone injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones, "ninguna razón" se expresa ni se infiere de las actuaciones que pueda sustentar esa alegada irregular obtención de los números de los teléfonos cuya observación se solicitó y fue judicialmente autorizada..." "no existe razón o elementos que permitan sostener que los números de teléfonos cuya observación se solicita se hubieran obtenido con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, ya que no consta acreditado que para ese fin se hubiera accedido al contenido de las conversaciones sin autorización judicial, ni se hubiera sobrepasado los límites a los que se hace mención en la sentencia citada 249/2008, de 20 de mayo, para la recogida o captación técnica del IMSI sin necesidad de autorización judicial.

Asimismo la STS. 960/2008 de 26.12 recordó: "Se alegan sospechas sobre el modo en los que se obtuvieron los primeros números de los teléfonos y del terminal móvil número..., especialmente éste numero ya que su observación fue determinante para la intervención de la droga, sin que les convenzan las alegaciones realizadas por los funcionarios policiales de que los obtuvieron de los listados de telefónica, de las intervenciones judiciales previas, de observaciones físicas al marcarlos y de gestiones en oficinas públicas y bancos.

No hay datos o elementos que permitan concluir que existieron gestiones ilícitas y vulneradoras de derechos fundamentales por parte de la policía. Los funcionarios policiales, en sus declaraciones en el acto del juicio oral, se refirieron a modalidades perfectamente legítimas para obtener esa información, sin que pueda presumirse lo contrario porque otros funcionarios no tuvieran información o no lo pudiesen precisar por el tiempo transcurrido".

Esta sentencia reitera el contenido de la STS de 10.5.10.

Como se puede apreciar el parecer jurisprudencial es unánime en esta cuestión y en base a ello procede la desestimación de esta causa de nulidad toda vez que la intervención de los teléfonos realizada en la presente causa deriva de la autorización judicial correspondiente, habiéndose obtenido conforme a Derecho

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2) En cuanto a la segunda de las alegaciones planteadas, que afecta a la motivación de los autos autorizantes, se ha de tener en cuenta que la misión de los autos dictados por el Juzgado Instructor, vienen derivados de una petición de la fuerza policial, la cual acompaña a todos y cada uno de los oficios interesando la escucha o la prorroga de la misma una justificación detallada del porqué de tal petición.

El Juzgado de Instrucción atiende las peticiones en los casos que considera oportunos, motivando su resolución con referencia expresa al mentado informe en el que se daba cuenta detallada de la razón de pedir.

Tal actuación judicial no vulnera el derecho fundamental alegado por las defensas, ya que la motivación inicial y las posteriores por referencias son suficientes

Hemos de comenzar estableciendo, -a falta de una normativa procesal que regule este tipo de intervenciones, ya que aun cuando se modificó el texto del art.º 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en virtud de la Ley Orgánica 4/88 de 25 de Mayo, se siguen apreciando lagunas prácticas-, que el derecho fundamental que se dice conculcado, "secreto de las comunicaciones" que se recoge en el art.º 18.3 de la Constitución Española, cesa cuando se produce la "decisión judicial" que dicho precepto consigna, habiéndose producido un extenso pronunciamiento jurisprudencial (STC 22/84, 114/84, 199/87, 128/88, 111/90, y en STEDH, 6.6.78 caso Klass, 2.8.84 caso Malone, 12.6.88, caso Schenk y 24.4.93 casos Kruslin y Huving,) generando una doctrina en el caso de las SSTS de 20.5 y 11.10.1994 y 2.4.96, que fijan los principios básicos de la actividad probatoria, sin cuya observancia se genera la vulneración del derecho fundamental y por tanto su ineficacia.

Dicha doctrina se señala como condición o requisito la fundamentación de la intervención, poniendo el énfasis (STS 25.6.93) no solo en la gravedad del tipo sino también en la trascendencia social del tipo, debiendo en fase inicial de instrucción de la causa, cuando se adopte la medida para comprobar y corroborar la certeza de los indicios o sospechas racionales del delito que se investiga y por tanto en fase de presunción, exigir una motivación bien explícita o implícita por remisión a la solicitud que se estime suficiente (STS 5.7.93 y 7.5.94).

La ya citada en su día STC 184/2003 reiterando el contenido jurisprudencial anterior (STS 25.10.02 y 27.11 y 30.9.98) dice que en el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada precisamente para profundizar en una investigación no acabada, por lo que únicamente pueden ser conocidos unos iniciales elementos indiciarios.

Añade tal doctrina que se han de superar las meras hipótesis subjetivas o la simple plasmación de la suposición de la existencia de un delito o de la intervención en él de una determinada persona.

Tampoco debemos olvidar que en este tipo de ilícito, no solo se encuentra penado el trafico de sustancias estupefacientes (Art.º 368 Código Penal), sino también y como agravante la existencia de organización y su participación, el destinatario posible de los mismos etc. (Art.º 369 C.P.), lo que impone una labor de investigación e instrucción posterior.

En el presente caso advertimos "ab initio" cómo, en cuanto a la solicitud inicial ya se indican los razonamientos que lógicamente deducen la existencia del ilícito contra la salud pública, apareciendo diversas personas como posibles intervinientes en tal tráfico, sin constar en este momento, de una manera concreta aun la participación especifica de cada uno de ellos, por encontrarse en la fase inicial de la instrucción, como sucede en la solicitud en la que se da cuenta de la existencia de contactos entre personas, tras la constatación de la existencia de tal actividad, siempre con expresión en tales solicitudes de la participación en la actividad ilícita.

En orden a la motivación de las resoluciones que acordaron las intervenciones y sus prorrogas, cuyo defecto se alega por las citadas defensas como causa de nulidad, cabe indicar que tal motivación debe de ser entendida de acuerdo con la Jurisprudencia contenida entre otras en la STS 29.03.01:

"La exigencia de motivación del art. 120 CE se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24 de la misma y se erige en derecho fundamental de acuerdo con una consolidada doctrina de esta Sala (S. 31-1-97) y del TC (por todas S. 46/96) lo que no requiere, desde luego, un razonamiento exhaustivo sino el adecuado para conocer los criterios esenciales de la ratio decidenci, ya que la motivación está reñida con la brevedad y concisión (STC 26/97, de 11 de febrero)"

También STS 28.11.01 num. 2026/01 se pronuncia en idéntico sentido e igualmente la STS 27.6.02, que establece:

Hemos declarado con reiteración, por todas STS 29.1.99, 20.5.2000, que la motivación de las resoluciones judiciales es una exigencia obligada del derecho del justiciable a conocer la razonabilidad de las mismas, así como de la necesidad de controlar -a través de los oportunos recursos- la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales, permitiendo así el ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, al tiempo que se pretende evitar toda arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional (art. 9.3 C.E.). El órgano jurisdiccional debe explicar la interpretación y aplicación del Derecho que realiza, mas ello no comporta que el Juez o Tribunal deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, basta con que se permita conocer el motivo decisorio, excluyente del mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad de la decisión adoptada (v. ss. T.C. núms. 13/1987, 36/1989 y 116/1991, entre otras). Como ha declarado esta Sala, "la exigencia de motivación se debe entender cumplida cuando el Tribunal haya expresado los hechos a que aplica el derecho y la inferencia de éste a partir de la ley, de tal manera que le sea posible al justiciable contradecir la tesis de aquél ante un Tribunal superior".

En el presente caso la adopción de la medida intervencionista de la Autoridad Judicial deriva de la existencia de una petición fundada a la que se hace referencia expresa en el auto autorizante, siendo avalada la petición por el informe, no preceptivo, del Ministerio Fiscal, garante de la legalidad.

Ello permite concluir que no concurre la causa de nulidad planteada.

3) En tercer lugar se alega la falta del requisito del control judicial, en atención a que, como quiera que el investigado no conoce la intervención el Juez Instructor este debe extremar la protección del derecho debe ponderar la proporcionalidad de la medida exigiéndose asimismo la entrega y recepción de las cintas en la que consten las conversaciones; su trascripción y el conocimiento por el Instructor del alcance de las mismas. Dichas cintas deben estar al alcance de las partes una vez liberado su secreto y finalmente ser traídas al plenario, siendo oídas por todas las partes sometiéndolas a su debate contradictorio y público.

La investigación se centra sobre la comisión de un delito grave, realizado en el marco de una organización delictiva a cuya determinación no se puede llegar si no es con la medida adoptada.

Durante la celebración de las sesiones del juicio oral, se dictó por la Sala Segunda del Tribunal Supremo la sentencia num. 513/10 de 2 de Junio, en la que se pronuncia sobre la ruta procesal precisa para validar las conversaciones omo prueba de cargo y dice en su fundamento jurídico segundo:

"En definitiva los requisitos relativos al protocolo de la incorporación de las escuchas para su posterior utilización como prueba en el juicio son:

1.º- La aportación de las cintas.

2.º- La trascripción mecanográfica de las mismas, bien íntegra o bien en los aspectos relevantes para la investigación, cuando la prueba se realice sobre la base de las transcripciones y no directamente mediante la audición de cintas.

3.º- El cotejo bajo la fé del Secretario judicial de tales párrafos con las cintas originales para el caso de que dicha trascripción mecanográfica se encargue -como es usual- a los funcionarios policiales.

4.º- La disponibilidad de este material para las partes.

5.º- Y finalmente la audición o lectura de las mismas en el juicio oral, que dá cumplimiento a los principios de oralidad y contradicción, previa petición de las partes, pues si estas no lo solicitan, dando por bueno su contenido, la buena fé procesal impediría invocar tal falta de audición o lectura en esta sede casacional."

Merece especial examen la afirmación realizada por la defensa e Dimas en el sentido de que el teléfono de Juan Francisco fue intervenido antes de su autorización, y se basa para decir esto en la fecha del 3.5.2007 que figura en el registro de salida policial del oficio num. NUM041. Pero tal afirmación y consecuencia no son como dice tal defensa. El oficio citado se recibe el 29.5.07 con el informe adjunto que fue firmado el 28.5.09, dándose traslado al Ministerio Fiscal y este informa favorablemente el 30.5.07, emitiéndose auto en 4.6.07 sobre autorización de la intervención del teléfono correspondiente al IMEI de Susana. No refiriéndose al teléfono de Juan Francisco, el cual había sido objeto de otro oficio e informe policiales que dieron lugar al inicio de las presentes actuaciones mediante auto de 18.4.07 siendo informada favorablemente por el Ministerio Fiscal tal petición y dictándose auto autorizando la intervención del teléfono de Juan Francisco en fecha 7.5.07.

El conocimiento de tal teléfono usado por Juan Francisco proviene de la investigación judicializada realizado en otras diligencias como se indico en el informe adjunto a la petición de 18.4.07.

Es evidente que no existe vulneración alguna como se pretende en base a una fecha, la de 3.5.07, que consta con error manifiesto, ya que en las actuaciones consta con fecha 9.5.07 que se había producido una diligencia de ordenación que consta al folio 26 del sumario, lo que nos indica que la fecha citada de 3.5.07 es un error, irrelevante además por referirse a otra intervención distinta de la indicada por la defensa mencionada.

Aun no habiendo la parte citado otra anomalía de control judicial de las escuchas, examinadas todas las intervenciones telefónicas posteriores practicadas en la causa, asi como las prorrogas de las mismas, se advierte que el Juzgado emite el auto, tras la petición de la fuerza instructora mediante oficio e informe, contando con el parecer confirmatorio del Ministerio Fiscal.

En base a ello procede considerar que no concurre la causa de nulidad alegada.

b) Entradas y registros

Se plantea por las defensas antes indicadas la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, por ser una actividad derivada de las escuchas telefónicas realizadas, por lo que habiendo sido consideradas las mismas como válidas y eficaces decae la queja de las defensas en este sentido.

c) Informes de analítica de la sustancia intervenida.

Esta cuestión planteada como tal, no tiene el carácter previo con el que se formula, resultando una simple impugnación de unos informes que en el examen y valoración de las pruebas practicadas nos pronunciaremos sobre las mismas habida cuenta la renuncia de los impugnantes a dicha cuestión.

d) Indefensión.

Con el ánimo de dar respuesta a todas las cuestiones planteadas, procede indicar que la defensa de Dimas planteó haberse causado a su defendido indefensión como consecuencia de la no comparecencia del procesado Gonzalo, en base a que el mismo, según se expresó la defensa de éste se encontraba enfermo, por lo que las partes se pronunciaron en el sentido de instar o no la continuidad del procedimiento.

Pero no alega cual sea la indefensión que plantea, por lo que procede hacer decaer esta pretensión en los mismos términos establecidos en el acuerdo emitido en el acto del juicio oral y que consta en el acta, por ser la actividad del procesado no comparecido de carácter periférico que en ningún caso iniciden en un enjuiciamiento separado del resto de los acusados.

Segundo.-Valoración de la prueba.-.

El Tribunal ha llegado a la convicción plena de los hechos probados, examinando las pruebas practicadas en los términos que contempla el art° 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para tener por enervada la presunción de inocencia que establece el art° 24 de la Constitución Española, tomando como base, y en orden al ilícito por los que se acusa lo siguiente:

a) Declaración de los procesados:

En cuanto a la declaración de los procesados, en principio hemos de señalar que en el plenario han depuesto en diferente forma, ya que los procesados Juan Francisco; Jacobo, Dimas Y Benigno se han acogido a su derecho ano declarar, no contestando a las preguntas formuladas tanto por el Ministerio Fiscal como por las defensas.

La negativa a declarar debe ser valorada conforme a la reiterada jurisprudencia contenida entre otras en la STS de 14.2.2006:

"Sobre la valoración de las declaraciones de los acusados que se niegan a declarar en el juicio oral, hemos declarado, (por todas STS 1443/2000, de 29 de septiembre y 1219/2002, de 27 de junio) que, "no puede afirmarse que la decisión de un acusado de permanecer en silencio en el proceso penal no puede tener implicación alguna en la valoración de las pruebas por parte del tribunal que le juzga. Bien al contrario, se puede decir que dicha decisión, o la inconsistencia de la versión de los que hechos que aporta el acusado, habrán de ser tenidas en cuenta por el órgano judicial. La lícita y necesaria valoración del silencio del acusado como corroboración de lo que ya está acreditado es una situación que reclama claramente una explicación del acusado en virtud de las pruebas ya practicadas." (Vid STEDH Caso Murray de 8-6-96 y Caso Condrom de 2-5- 2000 y STC 137/98, de 7 de julio y 202/2000, de 24 de julio).

En definitiva, el silencio del acusado en ejercicio de un derecho puede ser objeto de valoración cuando el cúmulo de pruebas de cargo reclame una explicación por su parte de los hechos. Pese a su silencio puede deducirse una ratificación del contenido incriminatorio resultante de otras pruebas.

Por otra parte -como hace la STS 1219/2002, de 27 de junio-, también procede recordar la doctrina de esta Sala sobre la posibilidad de valorar la prueba del sumario. "Partiendo de una regla general según la cual la prueba valorable es la producida en el juicio oral con las garantías señaladas en la ley, también se contemplan excepciones derivadas de la admisibilidad de la valoración de la prueba sumarial preconstituida y anticipada siempre y cuando se observen los requisitos materiales, subjetivos, objetivos, de fondo y formales que la ley y los principios constitucionales aplicables al proceso penal exigen (SSTS 284/2000 de 21 de febrero, 1240/2000 de 11 de septiembre). Así, en los supuestos de imposibilidad o constatada y razonable dificultad de su practica en el juicio oral, con necesaria intervención del Juez de instrucción, garante de la imparcialidad y de la legalidad, y con presencia de las partes que garantizan la contradicción en la producción de la prueba, las declaraciones obrantes en el sumario puede ser objeto de valoración por el tribunal encargado del enjuiciamiento (Cfr. STC 80/86; 26/88, 140/91 y STDH Caso Isgro, de 19 de febrero de 1991). Como señala la STS 1240/2000, de 11 de septiembre, la consideración de prueba anticipada presenta una doble inteligencia. De una parte, a contenida en el art. 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como supuesto excepcional de practica de la prueba con anterioridad a la fecha señalada en el juicio oral. De otra, los supuestos de prueba del sumario, que participa de una naturaleza preconstituida y a la que nos hemos referido esta Sala en nuestra Jurisprudencia y también recogida en la del Tribunal Constitucional abarcando los supuestos de prueba preconstituida, prueba del sumario o las excepciones del art. 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en puridad no son una prueba anticipada pero han sido introducidas en su comprensión por la Jurisprudencia y así consideradas por los operadores jurídicos".

Asimismo nuestro Tribunal Constitucional, ha venido en establecer la valoración positiva de la prueba indiciaria relacionada con los hechos que se declaran probados, considerando requisito indispensable para tal valoración el hecho de la concurrencia de algún dato externo que corrobore mínimamente su contenido.

La reciente STC de 16 de Enero de 2.006 dictada en el recurso de amparo 1888/2000, ha venido en establecer conforme la línea:

"jurisprudencial ya muy consolidada e iniciada en la STC 31/1981, de que solo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la Justicia penal las practicadas en el juicio oral, tal y como establece el art.º 741 de la LECRM, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que en forma oral se desarrolle ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia; de manera que la convicción sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios de prueba aportados a tal fin por las partes (por todas SSTC 195/2002 de 28.X y 206/2003 de 1 de Diciembre ",

La que continúa indicando:

"que esa idea no puede entenderse de manera tan radical que conduzca a negar toda eficiencia probatoria a las diligencias judiciales y sumariales practicadas con las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen, siempre que puedan constatarse en el acto de la vista y en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción (por todas SSTC 10/1992 de 16.I y 187/2003 de 27.X"..."este Tribunal ha admitido también la posibilidad a través de las provisiones de los arts. 714 y 730 LECR, siempre que "el contenido de la diligencia practicada en el sumario se reproduzca en el juicio oral mediante la lectura publica del acta en que se documentó, o introduciendo su contenido a través de los interrogatorios (STC 2/2002 de 14.I), pues de esta manera, ante la rectificación o retractación del testimonio operada en el acto del juicio oral (art.º 714 LECRM) o ante la imposibilidad material de su reproducción (art.º 730 LECRM) el resultado de la diligencia accede al debate procesal público ante el Tribunal, cumpliendo así la triple exigencia constitucional de toda actividad probatoria: publicidad, inmediación y contradicción (STC 155/2002 de 22 de Julio ". Se señala además que con ello se respeta "la trascendencia constitucional del respeto al principio de contradicción en salvaguarda del derecho de defensa, a la luz de los Tratados y acuerdos internacionales sobre libertades y derechos fundamentales ratificados por España (art.º 10.2 de la C.E.".

Culmina la sentencia comentada que:

"La anterior doctrina nos ha llevado a declarar que el principio de contradicción es una de las "reglas esenciales del desarrollo del proceso (SSTC 41/1997 de 10.III; 218/1997 de 4.XII; 138/1999 de 22.VII y 91.2000 de 30.III, todas ellas citadas en la STC 155/2002 de 22.VIII... Así pues la garantía de contradicción no requiere inexcusablemente, que la declaración sumarial haya sido prestada con contradicción real y efectiva en el momento de llevarse a cabo, pues cumplir tal exigencia no siempre es legal o materialmente posible... En definitiva, no existe vulneración del principio de contradicción, cuando "aun existiendo una falta de contradicción inicial, esta tiene lugar con posterioridad de modo que se posibilita ulteriormente un ejercicio suficiente del derecho de defensa (STC 187/2003 de 27.X... El principio de contradicción se respeta, no solo cuando el demandante (sin dirección letrada) goza de la posibilidad de intervenir en el interrogatorio de quien declara en su contra, sino también cuando tal efectiva intervención no llega a tener lugar por motivos o circunstancias que no se deben a una actuación judicial constitucionalmente censurable (STC 187/2003 de 27.X.)"

Conforme con las tesis indicadas, procede valorar las declaraciones o el silencio en cuanto a su verosimilitud en orden a las corroboraciones que en un sentido u otro y en los términos expresados en dicha Jurisprudencia se deriven del conjunto de las demás pruebas.

Por su parte, el procesado Secundino si prestó declaración, reconociendo que residía en la CALLE002 num. NUM017. Dijo que se dedica a la actividad de criador de gallos de pelea y que la sustancia encontrada en su casa es una especie de masilla para fortalecer a los gallos; que la pistola hallada en su domicilio la compro porque creía que era de fogueo; que las papelinas de heroína son para su consumo y que sus ingresos vienen derivados de lo que gana con los gallos.

Por su parte, su esposa María Teresa, que también presto declaración, vino en reconocer en el acto del juicio oral, que desconocía la tenencia de la pistola por parte de su esposo; que a las otras acusadas las conoce de verlas en el mercado y que ella no sabía que su marido era consumidor de heroína.

La procesada Brigida, manifestó que en el momento de los hechos ella no vivía en la CALLE003 sino que estaba en Amposta (Tarragona). Que su hija vive con ella, y que los vehículos que figuran a nombre de su hija son suyos porque su hija no sabe conducir. Que el dinero que se incauto en la vivienda de la CALLE003 provenía de un préstamo pedido por su hija para comprar una vivienda; que lo tenia oculto para que no le robaran el dinero; que su hija tenía llaves de la casa de la CALLE003 NUM019 y que se dedica a la actividad de compraventa de joyas. Que llegó a las Torres de Cotillas el día 1 o 2 de Septiembre.

La hija de la anterior también procesada Delfina, manifestó que el dinero que habia en el domicilio de la CALLE003 era de una hipoteca. Que la frase "no puedo salir a recogerlo tan tarde" ella lo ha leído en el papel y se trataba de no sacar la tarta tan tarde, que ella estaba esperando a unos pintores pero no podía sacarla porque no tenia luz.

Por ultimo la procesada Susana, reconoció que Juan Francisco en aquella época era su pareja, que ella tenía el tercer grado ya que estaba en prisión. Que estuvo en la reunión de Marzo de 2.007 en el Corte Ingles de Murcia, vio a Juan Francisco con otra persona, y un bolo que no sabia si habia en él dinero o no. Que ella firmaba todo porque era su pareja. Que los coches estaban a su nombre porque ella tenía papeles y Juan Francisco estaba indocumentado.

Como se advierte de lo anterior, concurren en este caso testimonios coincidentes y testimonios contradictorios, algunos de autoinculpación, y de inculpación de otros coprocesados. Tal situación entre coimputados debe de ser ponderada conforme a la reiterada tesis jurisprudencial contenida entre otras en las resoluciones que se indican:

STS 25.11.09 Fj.2.º:

"En cuanto a la declaración de los coimputados reiteramos lo dicho en nuestra Sentencia n.º 1032/09 de 26 de octubre, rec. 296/09.

En nuestra Sentencia de 14 de mayo de 2009 recordábamos lo dicho en la núm. 593/2008 de 14 de octubre, en la que dijimos: "En relación con el medio probatorio constituido por la declaración prestada por quien también es acusado, en la causa seguida contra la persona cuya presunción de inocencia se pretende enervar, debemos distinguir: (a) la cuestión de la validez de la utilización de ese medio probatorio; (b) la relativa a la credibilidad que pueda otorgarse a lo manifestado por el coimputado y (c) lo que el Tribunal Constitucional ha denominado la consistencia como prueba de cargo a efectos de desvirtuar la presunción de inocencia.......

La determinación de que el medio tiene la consistencia probatoria exigible, desde la perspectiva de salvaguarda de la presunción de inocencia, constitucionalmente garantizada, (a) ha de fundarse en datos objetivos, (b) externos o ajenos a lo que haya manifestado el coimputado y (c) debe resultar de la corroboración, por la adición de datos que tengan también contenido incriminador, y esto (d) en relación con aquellos elementos del delito a los que alcanza la citada garantía constitucional, muy especialmente a la participación del condenado en el hecho imputado.....

La cuestión esencial consiste precisamente en establecer en qué consiste dicha corroboración y cuando puede tenerse por alcanzada. Al efecto debemos establecer las siguientes consideraciones: (a) la ya dicha de que el elemento corroborante debe ser externo, es decir reportado por una fuente probatoria diversa del coimputado, y, por ello, no derivado de la declaración misma del coimputado que ha de corroborarse; (b) que el dato que corrobora ha de referirse, no a cualquier contenido de la declaración, sino precisamente a los elementos del delito abarcados por la presunción constitucional de inocencia, muy especialmente la participación del acusado; (c) que la suficiencia de la corroboración se logra aunque el dato reporte un mínimo grado de intensidad probatoria; (d) que tal conclusión no cabe, por ello, establecerla sino examinando las particularidades de cada caso..........

En la Sentencia de 31 de marzo de 2009 también tuvimos ocasión de recordar que la STS 53/2006, 30 de enero apunta, en primer lugar, "que no constituye corroboración la coincidencia de dos o más coimputado s en la misma versión inculpatoria (por todas, SSTC 65/2003, de 7 de abril, F. 5; ó 152/2004, de 20 de septiembre, F. 3)".

La doctrina que arranca de la Sentencia del Tribunal Constitucional 153/1997, ha supuesto un punto de inflexión hacia el reforzamiento de la efectividad de la garantía constitucional. Pasando a exigir la corroboración de lo dicho por el coimputado y, más tarde, exigiendo que esa corroboración concierna a la participación del condenado y no meramente a la credibilidad del coimputado, imputación. (Sentencias del Tribunal Constitucional 181/2002; 207/2002; 55/2005; 1/2006; 97/2006; 170/2006; 277/2006 y 10/2007).

Como concluye el Tribunal Constitucional en la Sentencia 102/2008 de 28 Jul. 2008, rec. 7610/2005 la declaración del coimputado, en cuanto prueba "sospechosa no puede convertirse en el único fundamento de una condena penal" (Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2004, de 23 de febrero) o, como dice en sentencias recientes "las declaraciones de los coimputados carecen de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resultan mínimamente corroboradas por otras pruebas. Y, en algunos momentos, cuida el Tribunal Constitucional de advertir ya la diferencia entre la credibilidad y la consistencia probatoria. Así cuando dice que los diferentes elementos de credibilidad objetiva de la declaración - como pueden ser la inexistencia de animadversión, el persistente mantenimiento o no de la declaración o su coherencia interna- carecen de relevancia como factores de corroboración, siendo necesario que existan datos externos a la versión del coimputado que la corroboren.

Similar cuerpo de doctrina se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional 91/2008 de 21 de julio. En ambas por otra parte se advierte que la declaración de un coimputado no puede servir de corroboración a la de otro coimputado.

Y en todo caso recuerda que lo corroborado no es la credibilidad sino el hecho declarado probado bajo exigencia de la garantía de la presunción de inocencia: (por todas, Sentencias del Tribunal Constitucional 153/1997, de 29 de septiembre, FJ 3; 72/2001, de 26 de marzo, FJ 4; 181/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 233/2002, de 10 de febrero, FJ 3; 190/2003, de 27 de octubre, FJ 5; 118/2004, de 12 de julio, FJ 2; 147/2004, de 13 de septiembre, FJ 2; 312/2005, de 12 de diciembre, FJ 1, y 1/2006, de 16 de enero, FJ 6 y Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de febrero de 1993, caso Funke c. Francia).

Esa doctrina constitucional tiene correlatos en la establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pueden consultarse a esos efectos las sentencias del caso LABITA contra Italia, de 6 de abril de 2000 en la que, para justificar la adopción de la prisión provisional consideró insuficiente las declaraciones incriminatorias del coimputado exigiendo que éstas estuvieran corroboradas por otros elementos de prueba. Y también la Sentencia del caso CORNELIS contra Holanda, de 25 de mayo de 2004. En éste estimó suficiente la declaración del coimputado para descartar la violación del art. 6.1 CEDH porque aquél fue el único elemento probatorio en el que se había fundado la condena, ya que el órgano jurisdiccional había contado con otras pruebas de cargo."

Valorando bajo el prisma jurisprudencial indicado las declaraciones de todos ellos, en su conjunto y atendiendo a la lógica común interpretativa cabe inferir como hechos probados los indicados anteriormente

La necesaria corroboración de tales hechos es objeto del estudio de las siguientes pruebas.

b) Declaraciones testificales.-

Las declaraciones testificales practicadas en el juicio oral, cabe indicar que el criterio de valoración que se establece es acorde con la doctrina jurisprudencial contenida entre otras en las siguientes sentencias:

"Como es sabido, existen dos formas de obtener conocimiento sobre hechos, que son la constatación directa y la inferencia. Los tribunales, como es obvio, no pueden valerse de la primera, puesto que los hechos sobre que versa el juicio pertenecen siempre al pasado, de ahí que sólo quepa saber de los mismos mediante la prueba. Es decir, a través de lo constatado o percibido por otros, que les llegue a aquéllos, bien por comunicación verbal directa de éstos o por algún otro medio de transmisión. En este sentido no hay prueba directa literalmente hablando, pues el contacto del que juzga con los hechos está siempre mediado por la intervención del tercero a quien se debe la aportación de datos. De manera que los tribunales están siempre obligados a utilizar la inferencia como forma de acceso al conocimiento de lo sucedido en el supuesto objeto de su decisión.

Así las cosas, la posición de la sala ante el resultado de la prueba, dado el carácter de ésta, fue pura y simplemente la normal, esto es, la propia de cualquier caso. Pues tampoco en el supuesto de la prueba de testigos presenciales el juzgador conoce directamente, ni puede renunciar a un atento ejercicio crítico del propio discurrir a partir de los elementos de convicción recibidos por ese medio, ya que la psicología del testimonio ha aportado un amplio material de reflexión, con depurado soporte empírico, que obliga a estar en guardia frente a los riesgos de defectuosa percepción, lagunas de memoria e inevitable reelaboración de los datos que penden sobre la producción del testimonio. STS 22.06.07

Por ello, cuando se trata de prueba testifical, su valoración depende en gran medida de la percepción directa, deforma que la determinación de la credibilidad que corresponde otorgar a cada testigo es tarea atribuida al Tribunal de instancia, en virtud de la inmediación, sin que su criterio pueda ser sustituido en casación, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta por aquel Tribunal que puedan poner de relieve una valoración arbitraría (STS. 1582/2002 de 30.9). Sts 23.01.07

Pues bien, en tal sentido y conforme al contenido de la anterior doctrina, las declaraciones de los testigos que han intervenido en el plenario, merece la siguiente valoración:

Los testigos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía núms. NUM051 y NUM053 que actuaron en la investigación de los hechos objeto de enjuiciamiento como, Instructor y Secretario respectivamente, ratificaron el atestado realizado por los mismos, partiendo del inicio de la investigación por que en operación distinta de a que nos ocupa se detecto que una persona allí investigada llamada Imanol iba a realizar un viaje a Murcia para reunirse con otras personas, entre ellas un tal Triqui, dedicadas a la actividad de narcotráfico detectandose la reunión en 21 de Marzo de 2.007 en el Corte Inglés, entre el citado Imanol y una persona a la que se identifica como Juan Francisco y a otra persona que asiste, que resulto ser Susana como ella ha reconocido en su declaración, mediando una bolsa en la que no se ha podido precisar si existía dinero o no.

De tal hecho y detectado que Susana circulaba con Juan Francisco, en un vehículo que por la matrícula se supo que estaba a su nombre y se llego a concretar su identidad al haber sido detenida, enjuiciada y condenada en causa penal por delito contra la salud publica.

Declaran como se realizan las vigilancias a los procesados y el resultado de las intervenciones y detenciones, así como se halla la sustancia estupefaciente, las pistolas y la documentación falsa.

Por su parte el Policía Nacional NUM042 ratificó su presencia el día 21 de Marzo de 2.007 en el Corte Inglés y vió a las personas que se reunieron. Coincide con las vigilancias en los distintos domicilios y como fue la detención de Benigno con el vehículo en el que estaba la sustancia estupefaciente.

El Policía Nacional num. NUM043, informó sobre el estudio patrimonial realizado a los procesados, afirmando que carecían de ingresos de procedencia conocida y legítima.

El funcionario policía nacional num. NUM044, participa en vigilancias siguiendo Secundino a Juan Francisco a) Triqui y Susana y su llegada a la CALLE002, donde residen los coprocesador Secundino y María Teresa a los que apodan los antojes, detallando el contenido de las vigilancias.

Instruyó los atestados ampliatorios num. NUM045 y num. NUM046 en los que se ratifica, indicando que el teléfono intervenido en una de las ocupaciones de coches constaba en la presente causa.

El Policía Nacional num. NUM047 declara que participa en la vigilancia del día 22 de Agosto y declara que vio salir a Juan Francisco y a Susana y que fueron al chalet de Secundino en la CALLE002 NUM017. Asimimo reconoció que participó en dos vigilancias en la CALLE003 NUM019, en las que reconoció perfectamente a Delfina a la que describe. que Delfina salio de la casa por el garaje esperando a Benigno, que vio llegar a Benigno, como este saco una bolsa del coche en el que habia llegado y entrando Benigno y Delfina los dos en el garaje, salio posteriormente Benigno sin la bolsa..

El Policía Nacional NUM048. Manifestó haber participado en la detención de Benigno al salir del garaje con el vehículo VW Golf. Que también participo en la entrada y registro en el domicilio de la CALLE001 donde encontraron 30 bolsas de estupefacientes, que estaba en paquetes y en bolsas de basura. Se manifiesta en igual sentido que el anterior en cuanto a la vigilancia de la CALLE003 num. NUM019 y el encuentro entre Delfina y Benigno, añadiendo que vio a Benigno entrar con una bolsa y le vio salir sin ella.

El Policía Nacional NUM049, declara que participo en la entrada y registro del domicilio de Secundino y María Teresa, y que le llamo la atención una agenda donde habia un número de teléfono que habían tenido intervenido relacionado con Juan Francisco, venia el numero de teléfono, el nombre de Triqui, apodo de Juan Francisco, y una serie de cantidades, así de que se hallo una pistola.

El Policía Nacional num. NUM050 reconoció haber encontrado dobles fondos en los vehículos y participó en la búsqueda de los coches en el depósito. Describiendo cómo se llevo a cabo la operación de búsqueda de los dobles fondos, su apertura y contenido, hallando dos paquetes de sustancia estupefaciente.

El testigo Sr. Eduardo, indicó que había alquilado el piso de CALLE001 a Juan Francisco al que conocía como Triqui y a su novia.

Por su parte el testigo Pedro, reconoció que Triqui - Juan Francisco le habia solicitado su documentación para poner un vehículo a su nombre ya que carecía de papeles y como era conocido de haber alternado con él, aceptó poner el coche a su nombre como favor.

Tales manifestaciones han sido realizadas con efectiva contradicción de partes. Estos testimonios de cargo, vienen corroborados por la documental que se mencionó en el plenario, a preguntas de las defensas, y de la que se deriva la certeza de la actividad concretada en los hechos probados.

c) Documental. -

En cuanto a la documental practicada en el acto del plenario, se ha de partir de la que consta en la causa y ha sido ratificada por los testigos, que han reconocido la misma y se han ratificado en su contenido.

El resultado de los registros realizados en los domicilios de los procesados, en los que fueron hallados los objetos citados en los hechos probados, queda acreditado por su carácter de documento expedido por fedatario público, Secretario del órgano judicial correspondiente, y procede su unión al acerbo probatorio conforme a lo previsto en el art.º 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los documentos consistentes en justificantes de operaciones de compra y venta de joyas aportados por la defensa de Brigida, no pueden ser tenidos como documentos válidos ya que se trata de meras fotocopias sin ratificación ni prueba alguna sobre las mismas.

En la documental aportada por esta procesada y referente a la concesión de un préstamo de carácter hipotecario por parte de su hija sobre una vivienda que habia adquirido en Las Torres de Cotillas, y que aduce justifica la tenencia en su domicilio de la CALLE003 NUM019, escondidos en diversas habitaciones y muebles una cantidad de 63.000 €, merece una especial consideración.

En primer lugar llama la atención que sea Brigida madre e Delfina, la que aporta tal documento, cuando es la hija la que obtiene el préstamo hipotecario.

No es discutible, ya que se trata de una copia de escritura notarial, que se ha obtenido tal préstamo, pero no en las circunstancias y con los efectos que se dice.

La hipoteca se hace sobre una vivienda que, según dicha escritura, es del pleno dominio de la procesada Delfina, lo que es correcto ya que nadie que no sea el titular o su representante puede hipotecar. Ello se reconoce en la misma, y representa que es la dueña exclusiva de la vivienda.

Dicha finca según la documentación aportada por Brigida, había sido propiedad de Onesimo, que al parecer es quien le vende a Delfina, y la tenia el vendedor hipotecada con un préstamo de 60.000€ modificado en 2002.

Al otorgar Banesto la escritura de préstamo a favor de Delfina como dueña en pleno dominio, no hace mención a la carga anterior, lo que significa, que el piso fue vendido y pagado su importe, y levantada la hipoteca anterior.

Hubiera sido relevante que la parte que aporta esta documentación, entre la cual se incluye la escritura de compra del anterior propietario y vendedor a Delfina, hubiera aportado la escritura de compra de Delfina, lo que no hace, para poder comprobar el precio, su forma de pago así como si se subroga en hipoteca preexistente o esta libre de cargas, ya que alega como justificación, que esta solo pagado en parte.

Es igualmente relevante que el importe de la hipoteca lo recibe Delfina en una cuenta de Banesto en la Sucursal de la calle Trapería, aporta la libreta como justificante, pero la libreta solo recoge asientos a partir de 29.11.07, por lo que teniendo en cuenta que la hipoteca es de 31.7.07 y se dice abonado su importe en tal momento en dicha libreta, no se nos da conocimiento de un dato tan relevante.

Si a ello unimos el hecho de que en la copia de la escritura no se han unido una serie de hojas, y se han fotocopiado otras dos veces, lo que aparenta ser un error, si apreciamos que las hojas que faltan son aquellas en las que constan los datos de la escritura de compra por parte de Delfina, el error deja de ser apariencia.

Por ello cabe considerar acreditado, como se ha establecido en los hechos probados, que el dinero hallado en el registro de la CALLE003 proviene de su ilegitima actividad de trafico de estupefacientes, y que dicha alegación carece de base..

Abunda en esta consideración por ultimo el hecho de que tal dinero se halla en billetes muy fraccionados, propios de tal mercado ilícito, y no de un reintegro bancario, de un dinero para esconder, según se dice, lo que se haría en billetes de parejo valor, lógicamente.

Respecto de las escuchas telefónicas que han sido oídas en el plenario se corresponden con las relaciones que mantienen entre todos ellos los distintos procesados, y las que como se ha examinado en el fundamento de cuestiones previas, procede considerar como prueba valida de las mismas.

d) Periciales.-

La prueba pericial practicada en el presente juicio ha venido en determinar, por ratificación de sus autores, y sometiendo a contradicción de las partes, los informes obrantes en la causa sobre analítica de la sustancia intervenida.

Este medio de prueba fue puesto en discusión por las defensas a las que se ha hecho mención anteriormente, las que en el momento correspondiente de la practica de esta prueba en el juicio oral han manifestado que retiraban u impugnación, si bien no obstante se ha practicado con el resultado que arrojan los hechos probados en cuanto a la cantidad, calidad y naturaleza de la sustancia intervenida.

Ha sido acreditado el estado de perfecto uso de tres de las cuatro pistolas halladas en los registros efectuados.

Presenta especial relevancia el hecho contenido en el informe pericial de huellas realizado en el juicio oral, en el que los peritos establecen como correspondientes a Dimas las halladas en unos paquetes intervenidos en el piso de la CALLE001 y las correspondientes a Jacobo en una bolsa de basura hallada en el habitáculo del vehículo que fue registrado posteriormente y en el que se produjo el hallazgo casual.

Del mismo modo los peritos especialistas en documentoscopia infamaron en el sentido de ser los documentos intervenidos a Juan Francisco son falsos siendo auténticos los intervenidos a Dimas

Por ultimo hacer mención al informe emitido por los especialistas en identificación de voz, manifestando que no habia calidad suficiente en las remitidas a instancia de la defensa de María Teresa, inferior al mínimo necesario.

De tales informes cabe considerar plenamente válidos y eficaces los dictámenes periciales obrantes en la causa

Tercero.-Calificación de los hechos.-

Los hechos declarados probados, cabe ser calificados como integrantes de los siguientes tipos penales

: A) De un delito contra la salud publica por tráfico de estupefaciente que causa grave perjuicio para la salud (heroína), que fuera aprehendida en la cantidad de notoria importancia y con la composición que ha quedarlo acreditada. conforme recogen los arts. 368 inciso primero; 369.1 nums. 2 (organización) y 6 (notoria importancia) y art° 370 num. 2 (jefatura) del Código Penal.

Ha quedado acreditada pericialmente la calidad de la sustancia intervenida en la actividad desarrollada por los procesados consistente en heroína, considerada como causantes de grave perjuicio para la salud conforme a la lista de sustancias estupefacientes y psicotrópicas aprobada en Viena en 20.12.88, así como la cantidad de sustancia intervenida, que asciende a 2.679.558110 gr de heroína pura, lo que nos lleva a considerar que concurre la agravante específica de notoria importancia conforme al contenido del acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19.10.2001.

Respecto de la aplicación de la agravante específica de pertenencia a organización criminal del art° 368.3° hemos de considerar, conforme a la jurisprudencia del T.S. como tal lo siguiente:

T.S. Sala 2a de 2 febrero 2006 en la que dice: "Hemos señalado, entre otras, en la STS núm. 759/2003, de 23 mayo EDJ 2003/80522, lo siguiente: "Es cierto que no puede confundirse la organización a que se refiere el artículo 369.6a del Código Penal EDL 1995/16398 con la ejecución de un plan delictivo por una pluralidad de personas, aunque ambos supuestos presenten rasgos comunes. El concepto amplio de organización contenido en la STS de 14 de mayo de 1991, según el cual abarca "todos los supuestos en los que dos o más personas programan un proyecto para desarrollar una idea criminal", fue seguido por las SSTS N° 937/1994, de 3 de mayo, N° 210/1995, de 14 de febrero y N° 864/1996, de 18 de noviembre, entre otras, que añadieron que no era precisa una organización más o menos perfecta, más o menos permanente, destacando esta última que "lo único exigible para la supervivencia del subtipo es que el acuerdo o plan se encuentre dotado de una cierta continuidad temporal, o durabilidad, más allá de la simple u ocasional consorciabilidad para el delito. Entonces la organización lleva consigo, por su propia naturaleza, una distribución de cometidos y de tareas a desarrollar, incluso una cierta jerarquización". El concepto fue precisado en otras sentencias de esta Sala insistiendo en los elementos anteriores y completándolo con otras notas, como el empleo de medios idóneos (SSTS N° 797/1995, de 24 de junio, N° 1867/2002, de 7 de noviembre); una cierta jerarquización (SSTT N° 867/1996, de 12 de noviembre; N° 1867/2002); la distribución de cometidos y una cierta supervisión (SSTT N° 797/1995; N° 867/1996; de 6 de abril de 1998); la continuidad temporal del plan más allá de la simple u ocasional consorciabilidad para el delito o mera codelincuencia (SSTS N° 936/1994, de 3 de mayo; N° 797/1995; N° 867/1996; de 6 de abril de 1998; N° 964/1999, de 10 de junio); el empleo de medios de comunicación no habituales (STS de 8 de febrero de 1999.

La mera delincuencia se supera cuando se aprecia, además de la pluralidad de personas, la existencia de una estructura jerárquica, más o menos formalizada, más o menos rígida, con una cierta estabilidad, que se manifiesta en la capacidad de dirección a distancia de las operaciones delictivas por quienes asumen la jefatura, sin excluir su intervención personal, y en el hecho de que la ejecución de la operación puede subsistir y ser independiente de la actuación individual de cada uno de los partícipes, y se puede comprobar un inicial reparto coordinado de cometidos o papeles y el empleo de medios idóneos.

Lo que se trata de perseguir es la comisión del delito mediante redes ya mínimamente estructuradas en cuanto que, por los medios de que disponen, por la posibilidad de desarrollar un plan delictivo con independencia de las vicisitudes que afecten individualmente a sus integrantes, su aprovechamiento supone una mayor facilidad, y también una eventual gravedad de superior intensidad, en el ataque al bien jurídico que se protege, debido especialmente a su capacidad de lesión".

La STSde16.11.06, por su parte indica que:

"Según reiterada doctrina de esta sala, los hechos constitutivos de esta circunstancia de agravación específica de esta figura delictiva (6a del art. 369 CP, ahora 2a iras la LO 1515/2003) son los siguientes:

1°. Pluralidad de personas que actúan unidas en esa finalidad delictiva del art. 368: codelincuencia como elemento básico.

2°. Para distinguir esta agravación de la mera codelincuencia, se requiere una jerarquización con diferentes papeles encomendados a unos y a otros y alguna subordinación entre ellos, aunque, dado el carácter clandestino propio de la actuación de estos grupos, no haya prueba sobre la concreción de esa subordinación en determinadas personas, falta de concreción que impediría la aplicación de la superagravante del art. 370 (jefes, administradores o encargados), pero no esta del 369.6°.

3°. El mismo concepto de organización o asociación implica una cierta permanencia o voluntad de permanencia. Los adjetivos "transitorio" y "ocasional", utilizados en esta norma penal, nos obligan a conceder a este elemento una significación amplia. Desde luego, una codelincuencia en un solo hecho delictivo, y realizada en unas circunstancias que no revelaran la voluntad de continuación en otras actividades criminales de la misma clase, no encajaría en esta agravación específica. Esa permanencia ordinariamente queda de manifiesto por la clase de medios utilizados para delinquir.

4°. Por último, es necesario que el sujeto a quien se pretende aplicar este art. 369.6 forme parte de esa organización o asociación, que se aplica sólo al que perteneciere a ella, no a quien prestara una mera colaboración ocasional. En este sentido se ha pronunciado nuestra sentencia de 31.10.2003

Véanse la sentencia últimamente mencionada y también, entre otras muchas, las de 28.11.2002, 23.1.2003, 28.3.2003, 5.5.2003 y 31.10.2003.

Por su parte la STS de 5 de Diciembre de 2.006 establece:

"En efecto, es claro que el concepto de organización comporta una modificación cualitativa de la participación de varias personas en el delito, capaz de aumentar su capacidad ofensiva. Los elementos que permiten determinar estas circunstancias son tan variadas como pueden serlo las formas que adopte cada organización. Sin duda entre estos elementos puede figurara la gran cantidad de droga que sea puesta en circulación en cada operación, cuando para ello sea necesaria una distribución de tareas de cierta complejidad. Pero, en todo caso, la comprobación de que probablemente uno de los partícipes tenga una posición directiva y otros una subordinada en la adquisición y la distribución de la droga, aunque se trate de un delito continuado, no es suficiente para equiparar ese conjunto a una organización.

La organización exige la coordinación de diversas actividades individuales de una cierta complejidad en la realización del plan delictivo.

En este sentido, la organización da lugar a un concepto abierto, en el sentido admitido en la doctrina moderna de la autoría y la participación, que permite definirla como la coordinación de la complejidad de la empresa delictiva planificada. Es preciso tener en cuenta en la interpretación del concepto de organización que ya el tipo básico del delito ha unificado todas las formas de cooperación bajo el concepto unitario de autor, que extiende a toda participación la calidad de autoría. La organización, por lo tanto, es, en realidad, una agravante de segundo grado, que requiere una actividad de coordinación semejante a la de una empresa, aunque sea puntual y de pequeña entidad, pero cualitativamente diferenciable de la simple concurrencia de personas en el delito".

En este caso concreto, nos encontramos con el hecho de que uno de los procesados Juan Francisco, es quien realiza las tareas de dirección, dando las instrucciones a los procesados Benigno, Dimas y Jacobo, siendo quien establece quien viaja al extranjero a obtener la droga que seria distribuida en España y traerla a nuestro pais, para lo que se utiliza el único coche con matricula extranjera que conduce preferentemente Dimas; asimismo es quien establece las entregas de sustancia estupefaciente que realiza Benigno y Jacobo, y siendo la persona que alquila el piso de seguridad en la CALLE001 NUM011 de El Palmar en el que deposita la sustancia estupefaciente una vez llegada a la región murciana.

Las funciones especificas están establecidas en este grupo de procesados, siendo como se ha dicho Dimas quien viaja al extranjero; Benigno quien hace llegar la sustancia a los distribuidores, labor en la que en algunas veces actúa Jacobo, quien además actúa como conductor y acompañante del jefe Juan Francisco

Son funciones establecidas de forma permanente y que se concretan en las labores realizadas por cada uno de ellos, detalladas en los hechos probados, en base a las escuchas y vigilancias realizadas sobre los mismos.

Por ultimo habiéndose establecido la concurrencia de la agravante específica e organización, se encuentra entre los procesados Juan Francisco quien ostenta la jefatura, dando las ordenes, acordando las actuaciones y siendo la persona que alquila los pisos de la organización para el desarrollo de la actividad. (STS de 25.09.03, siendo integrantes de la misma los procesados Benigno, Dimas y Jacobo

B) De un delito contra la salud publica por tráfico de estupefaciente que causa grave perjuicio para la salud (heroína), que fuera aprehendida en la cantidad de notoria importancia y con la composición que ha quedarlo acreditada. conforme recogen los arts. 368 inciso primero; 369.1 nums. 2 (organización) y 6 (notoria importancia) y art° 369 num. 2 (pertenencia a organización) del Código Penal.

Damos por reproducidos los argumentos y jurisprudencia citada en el delito anterior en cuanto a la tipificación como delito contra la alud publica e sustancia que cusa grave perjuicio para la salud, en cantidad de notoria importancia y en el marco de organización criminal.

Presenta este delito que se tipifica en este momento la consecuencia lógica de la organización como es la pertenencia a la misma en condición no de jefes, sino de miembros integrantes de la misma, que se corresponde con la actividad de los que seguían las instrucciones de este.

C) Un delito de tenencia ilícita de armas del art 564.1.1 del Código Penal.

Se corresponde dicha tipificación con el hallazgo en poder de uno de los procesados de armas en número de tres, de las que dos se hallan en los pisos utilizados por la organización, ya citada, dedicada a la actividad de trafico de estupefacientes, y una en el domicilio del procesado Secundino. Armas que han sido peritadas como útiles para su uso como tales, provistas de munición suficiente, y que estaban a disposición de los miembros de la organización, que habitaban indistintamente dichas viviendas y que carecían de licencia o permiso para su uso.

D) Un delito continuado de falsificación de documento oficial de los arts 392 en relación con el art.º 390.1.1.º y 2.º y 74 del Código Penal.

En poder de los procesados han sido hallados diversos documentos acreditativos de la identidad, pasaporte, carta de identidad y permiso de conducir que han sido peritazos como falsos. Dichos documentos habían sido utilizados en España como lo prueba el hecho de que Juan Francisco portara una tarjeta de crédito de Caja Murcia bajo nombre falso.

E) Un delito contra la salud publica por tráfico de drogas tratándose de sustancia que causa grave perjuicio para la salud (heroína) previsto y penado en el art.º 368 inciso 1 del Código Penal.

Se dan por reproducidos los fundamentos establecidos en el apartado A) de este fundamento.

F) Tres delitos de blanqueo de capitales de los arts. 301.1 inciso 2.º del Código Penal.

En el presente caso concurre la circunstancia de que se ha detectado en diversos procesados un incremento patrimonial evidente en los términos que más adelante se dirá al establecer la autoría, sin que los mismos hayan acreditado ingresos económico obtenido legalmente, siendo su actividad relacionada con el tráfico de drogas.

Se trata de delito de carácter autónomo del delito contra la salud publica, sin que pueda sostenerse el argumento de ser la culminación del iter criminis de este ultimo, ya que la droga fue aprehendida antes de llegar a sus destinatarios distribuidores finales de la misma, siendo los biens que se diran obtenidos de ilicito anterior.

Cuarto.-Autoría y participación-

En el presente caso, procede considerar a los procesados acusados respecto del delito indicado previamente como autores directos, de conformidad con el contenido del art.º 28 pf.º 1.º del Código Penal, conforme a lo establecido en los hechos declarados probados en esta resolución y de acuerdo a las diligencias de prueba valoradas anteriormente, lo que examinamos individualizadamente.

1.- Juan Francisco.- Debido a su participación acreditada en los hechos declarados probados, procede ser considerado autor directo de los delitos de trafico de drogas que causan grave daño para la salud (heroína) en cantidad de notoria importancia en el marco de organización criminal y en su cualidad de jefe.

La cantidad de droga aprehendida en el piso por él alquilado en la CALLE001 de El Palmar (Murcia) y su naturaleza y calidad llevan a establecer la autoría de tal ilícito.

Ha quedado acreditado con las pruebas practicadas, que Juan Francisco era la persona que se reunía con los compradores e intermediarios en la actividad, así como quien se ocupaba de coordinar los viajes al extranjero en busca de sustancia estupefaciente, siendo quien alquila la vivienda en la que se encuentra el depósito del alijo de heroína, de lo que cabe inferior su posición predominante de jefatura sobre los demás miembros de esta organización.

Las vigilancias policiales realizadas a la reunión de 21 de Marzo de 2.007 en El Corte Ingles, reconocida su presencia por Susana, así como las visitas realizadas a los distribuidores Secundino y María Teresa, reconocidas por los testigos PP.NN. NUM051, NUM052, NUM053, NUM044 y NUM054, que detallan los viajes y las entradas del primero en el domicilio de estos últimos y refuerza la convicción del Tribunal sobre el rol de jefe desarrollado por este procesado Juan Francisco.

Se puede decir que no consta acreditado el contenido de la reunión, pero el nombre y el teléfono de este procesado en la libreta hallada en el domicilio de la CALLE002 en el que constan además cantidades, correspondientes a entregas de dinero, mas la droga hallada en dicho domicilio y la pistola de identica marca e idénticas características a las encontradas en el domicilio usado por Juan Francisco con las halladas en poder de Secundino, avalan tal consideración.

Asimismo procede considerar a este autor de un delito de tenencia ilícita de armas, al haberse hallado en el domicilio usado por este en la Dehesa de Campoamor, que era usado por los cuatro integrantes de la organización se hallan dos pistolas ya detalladas, en perfecto estado de uso según los peritos y.con suficiente munición, unido al hecho de carecer de licencia o permiso imponen la autoria de este ilícito penal.

Y por ultimo de un delito continuado de falsedad en documento oficial, derivado de la posesión de tres documentos, pasaporte, carta de identidad y permiso de conducir búlgaros en los que consta su fotografía y la identidad de Carlos Daniel y una tarjeta de crédito de Caja Murcia con tal identidad, determinan la inferencia de la autoría continuada de dicho delito.

2.- Jacobo a) Millonario.

Este procesado es reconocido por los testigos que deponen en el plenario como miembro de la organización dirigida por el anterior procesado, interviniendo en la misma como acompañante del mismo y en relación con los clientes distribuidores de la heroína que la organización traía a España.

Es establecida su presencia junto con los demás procesados el dia 22 de Agosto en una visita que realiza con Juan Francisco al domicilio de Secundino (P.N. NUM042), reunión con el objetivo citado en el desarrollo de la autoría del anterior procesado. Este testigo reconoce haberle visto en reiteradas ocasiones en la Dehesa de Campoamor en la vivienda de la organización allí ubicada en compañía de Juan Francisco.

Fue detenido cuando se encontraba el Restaurante El Ranga al que había llegado en compañía de Juan Francisco lo que había sido detectado por varios testigos.

En la bolsa de los envoltorios que contenían sustancia estupefaciente que se hallaron en el interior del vehículo VW Golf matricula de Alicante que era usado por Benigno se hallaron sus huellas, por lo que es evidente la acreditación de la intervención de este procesado en el ilícito de tráfico de estupefacientes con las agravantes específicas por las que se le acusa.

Asimismo cabe considerar al mismo autor de un delito de tenencia ilícita de armas, habida cuenta las intervenidas en el piso de la Dehesa de Campoamor en el que el procesado habitaba en compañía de los demás miembros de la organización, pues tenía la posesión potencial de ellas, habiéndose acreditado asimismo el correcto funcionamiento de las mismas y la carencia de permiso o licencia por su parte.

Por ultimo cabe considerar al mismo autor de un delito de falsedad documental continuado al haberse detectado en su poder un pasaporte bulgaro una carta de identidad y un permiso de conducción que han sido peritazos como falsos en los que consta su fotografía.

3.- Dimas.-

Este procesado es considerado autor de un delito de trafico de estupefacientes en los términos que se le imputan por la acusación publica, habida cuenta la sustancia intervenida, su cantidad y pureza, asi como su pertenencia a la organización, al ser la persona que trae desde el extranjero la sustancia intervenida, presencia en el extranjero que delata la cajetilla de tabaco eslovena hallada en su reconocimiento..

Las huellas de este procesado aparecen en los envoltorios de los paquetes que conteniendo la sustancia estupefaciente fueron hallados en el domicilio de la CALLE001 usado por la organización.

El vehículo marca VW y matricula eslovena que el mismo conducía es intervenido y en su interior se encuentran camuflado un compartimento tras la placa de matricula delantera. Este hueco es similar al que tenia el vehículo usado por el siguiente procesado y en el que se encontró sustancia estupefaciente.

Fue reconocida su presencia en el restaurante El Ranga junto con los otros dos procesados anteriormente examinados, siendo detenido al salir del mismo.

Del mismo modo que a los anterior procede considerarle autor de un delito de tenencia ilícita de armas al ser ocupante de la vivienda en la que fueron halladas las dos pistolas citadas anteriormente, vivienda que era ocupada por el procesado en unión de los demás miembros de la organización, todo ello careciendo de licencia o permiso para tener un arma que ha sido peritaza como de perfecto estado de funcionamiento.

4.- Benigno.-

De las actuaciones se infiere lógicamente la autoría de este procesado de un delito de trafico de estupefacientes con las agravantes especificas de ser sustancia que causa grave daño para la salud, así como en cantidad de notoria importancia, de pertenencia a organización.

La relación de este procesado con los procesados anteriores, ha sido suficientemente acreditada con el testimonio de los testigos que han declarado en plenario, siendo visto con los mismos en múltiples ocasiones, detallando incluso las actividades que como transportista de la droga hasta los distribuidores realizaba en la organización.

En el vehículo que el mismo conducía VW matricula de Alicante y en el que fue detenido al salir del garaje de la vivienda de la CALLE001 de El Palmar, se halla sustancia estupefaciente escondida en el maletero en un habitáculo preparado para contener, siendo hallado posteriormente otro hueco en la zona delantera del parachoques tras la matrícula en el que también fue hallada sustancia estupefaciente.

Es significativo que en los envoltorios de la droga hallada en este vehículo en el citado hueco delantero se encontraran las huellas del también procesado Jacobo.

Tal actividad de transportista queda acreditada asimismo con el testimonio de los P.N. NUM048 y NUM054, que vigilaron sus visitas al domicilio de la CALLE003 NUM019 de Las Torres de Cotillas en el que habitaban Brigida y Delfina, detallando el citado en ultimo lugar como le ve llegar, como le recibe Delfina, como saca de su coche una bolsa y se introducen ambos por la puerta del garaje saliendo posteriormente Benigno sin la bolsa.

Todo ello nos lleva a establecer la autoria de este procesado en el delito citado.

Asimismo procede considerarle autor de un delito de tenencia ilícita de armas como consecuencia de ser ocupante de la vivienda sita en la Dehesa de Campoamor en el que se encuentran las dos pistolas citadas anteriormente que han sido peritazas como de perfecto estado de uso, con munición suficiente y sin tener permiso para ello.

5.- Secundino.

Este procesado es autor de un delito de trafico de estupefacientes por el que viene siendo acusado, de sustancia (heroína) que causa grave perjuicio para la salud.

Secundino, vive en la CALLE002 num. NUM017 de la localidad de El Esparragal (Murcia), en la que tiene su residencia familiar, y en la que realiza una actividad de venta de sustancia estupefaciente, lo que se infiere del contenido del acta y registro realizado en su domicilio en el que se hallan según se ha detallado en los hechos probados un total de 35,67825 grm de heroína pura, divididos en dos paquetes con distinto peso y pureza.

La razón dada por él, de su toxicomanía carece de eficacia exculpatoria, ya que su propia mujer María Teresa declara en el plenario que desconoce la toxicomanía de su esposo, y no se ha acreditado de ninguna otra forma.

La otra alegación dada de que se trata de alimento para gallos de pelea carece de base lógica ó científica alguna.

La evidencia de la relación entre la organización de Juan Francisco antes examinada con el procesado Secundino es clara, ya que consta acreditadas las visitas de Juan Francisco a su domicilio, que fueron vigiladas por los policias que declaran como testigos en el plenario y a las que antes se ha hecho mención, y que se corroboran con el hecho de que en dicho domicilio se halla una agenda en la que consta el nombre de Triqui, apodo de Juan Francisco junto a un telefono usado por este y a los que se consignan diversas cantidades, propias del ilícito comercio por el que se relacionan.

Igualmente procede considerar a este procesado autor de un delito de tenencia ilícita de armas, habida cuenta que se hallo en su poder en el registro realizado a su domicilio una pistola en perfecto estado de funcionamiento según ha sido peritaza. Es significativo que dicha pistola sea de la misma marca "Zastava", que las halladas en poder de la organización delictiva antes.

Secundino carecia de permiso o licencia para el uso de la pistola.

Por ultimo cabe considerar a este procesado autor de un delito de blanqueo de capitales ya definido, toda ves que el mismo es titular de una serie de propiedades de bienes muebles e inmuebles y en su poder se halla suficiente cantidad de dinero 24.000 €, sin que se haya podido acreditar otra procedencia que el trafico de estupefacientes

6.- María Teresa.

Esta procesada, es la esposa del procesado anteriormente examinado, residiendo en el mismo domicilio que el anterior, en el que se encuentra la sustancia intervenida, que resulto ser heroína y estar dividida en dos paquetes con un peso bruto de 815 grs.

Además en el registro de su domicilio se halló una bolsa con sustancia de 8,02 gr. De acetaminofeno y cafeina que se usan para cortar la sustancia estupefaciente. Una bascula de precision marca Tanita y 24.000€.

Estas evidencias contenidas en el acta de entrada y registro vienen en determinar junto con las visitas que realizan a su domicilio los anteriores procesados Juan Francisco, Jacobo y Benigno, forman una realidad incuestionable, de la que no es ajena la procesada, que justifica su presencia en el hecho de ser esposa de su marido.

Si a ello unimos el hecho de que constan a su nombre diversos automóviles, sin tener carnet de conducir, y el matrimonio posee diversos bienes de valor contradictorio con los ingresos de la familia, dada la ausencia de trabajo de ambos, sin que se hayan acreditado en ningún momento los supuestos ingresos de la tenencia de gallos de pelea, llevan al Tribunal a la convicción de que la misma es partícipe de esta actividad y por tanto autora del ilícito que se le imputa.

Del mismo modo que en el caso de su esposo procede considerar a la misma autora de un delito de blanqueo de capitales ya definido, al ser consciente como ha quedado indicado del incremento del patrimonio familiar, incluso teniendo bienes a su nombre sin estar habilitada para su uso.

7.- Brigida a) Lagarterana.-

Esta procesada reside con su hija en la CALLE003 num. NUM019 de la localidad de las Torres de Cotillas (Murcia) manteniendo relacion directa o a traves de su hija con la organización que dirigía Juan Francisco y tenia como actividad el trafico de estupefaciente de la que se suministraba.

Resulta acreditada tal relación por la visita que realiza Benigno y que se detecta con suficiente antelación para poder ser vigilada a dicho domicilio, el dia 27 de Agosto de 2.007, a donde llega este con una bolsa y a quien espera la hija de Brigida junto a la puerta del garaje, de cómo saca una bolsa y la introduce en el domicilio saliendo posteriormente el citado Benigno sin la misma.

Existe además una llamada reconocida por la procesada Delfina, en la que se cita con la organización pidiendo que le levaran la sustancia estupefaciente antes al decir "no puedo salir a recogerlo tan tarde", corrobora lo anterior.

No consta otra actividad a los miembros de la organización, ni consta otra actividad por la que pueda relacionarse con ellos la procesada, por lo que cabe inferir tal participación.

.La tenencia de una cantidad de dinero muy elevada en su domicilio repartida en diversos lugares y compuesta de billetes de distinto valor, que asciende a 63.410 €, sin que pueda tenerse en cuenta la juastificacion hipotecaria pretendida, reafirma la inferencia de la conducta delictiva de la misma en grado de autor.

Procede del mismo modo considerar a esta autora de un delito de blanqueo de dinero ya especificado. Y ello en base al hecho del elevado patrimonio de la procesada, que carece de ingresos obtenidos legalmente, y que si bien alega la existencia de una actividad de compraventa de joyas, ni la misma esta legalmente ejercida, ni la misma ha sido acreditada, ya que la documental presentada no ha sido acreditada, por tratarse de fotocopias y sin su adveración, por lo que se infiere la autoria indicada.

8.- Delfina.-

Esta procesada es hija de la anterior con la que convive, teniendo como actividad la misma desarrollada por su madre, sin mas diferencia que la de que está trabajando con un sueldo entre 800 y 900 € según declara.

Fue reconocida expresamente por los policías citados que realizaron la vigilancia del piso de la CALLE003 NUM019 de Las Torre de Cotillas y actúa en la forma antes citada que damos por reproducida.

La evidencia de su participación en el ilícito en cualidad de autora se corresponde asimismo con el patrimonio que la misma tiene, con varios coches a su nombre, sin tener carnet de conducir y con las propiedades adquiridas si bien nuna de ellas esta hipotecada, y con el dinero encontrado en su domicilio en los terminos citados.

De ello se infiere la autoría en el delito de trafico de estupefacientes que se le imputa.

Al igual que en el caso anterior procede considerar a la misma autora de un delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de estupefacientes, ya que ase incrementa su patrimonio sin ingresos suficientes proporcionalmente para ello, ya que con el sueldo que declara, asume una hipoteca con un coste mensual superior, e incluso tiene en su poder determinados automóviles sin estar legalmente habilitada para su uso.

9.- Luis Antonio.-

Dirigida la acusación contra este procesado, dio comienzo el juicio interviniendo en cualidad de tal, siendo retirada su acusación en el momento de la calificación definitiva por lo que procede dictar sentencia acordando la absolución del mismo

10.- Susana.-

Esta procesada compañera sentimental de Juan Francisco tiene a su nombre diversos vehículos cuyo uso corresponde a la organización citada anteriormente.

Ello conlleva un facilitamiento de la labor de ocultación de beneficios provenientes del tráfico de drogas, ya que conviviendo como lo hacia en el momento de los hechos con Juan Francisco, incluso llegando a estar presente en alguna reunión como ha reconocido, y no teniendo este ninguna actividad legalmente objetivable, ya que incluso carecía de permiso de residencia, establece la autoría de la misma como participe necesario del ilícito de blanqueo de dinero por el que se le acusa.

Quinto.-Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.-

En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, procede considerar que Juan Francisco se encuentra condenado por un delito de falsificación en documento oficial, cuya condena se encuentra suspendida, por lo que procede estimar en este la agravante de reincidencia del art.º 22.8 del Código Penal.

Sexto.-Individualización de las penas.- En el presente caso partiendo de la calificación de los hechos como constitutivos de diversos delitos y atendiendo a las penas previstas en el Código Penal:

- A) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia), 369,2 y 370, 2° (jefatura) del Código Penal, que establecen una pena posible con un mínimo de 13 años 6 meses y un dia, y una máxima de 20 años y 3 meses de prisión y multa

- B) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia), y 369,2 del Código Penal, con una pena mínima de 9 años y 1 dia y una pena máxima de 13 años y 6 meses y multa.

- C) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, con una pena mínima de 1 y una pena máxima de 2 años de prisión.

- D) Un delito continuado de falsificación de documento oficial del artículo 392 en relación con el 390,1,1° y 2° y 74 del Código Penal, con una pena mínima de 6 meses y una pena máxima de tres años y multa de 6 a 12 meses

- E) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), con la pena mínima de 3 y una pena máxima de 9 años de prisión y multa

- F) Un delito de blanqueo de dinero del art. 301.1.inciso 2.º, que tiene prevista pena mínima de 3 años 3 meses y 1 dia de prisión y una pena máxima de 6 años y multa del triplo de lo blanqueado.

Atendiendo a la pena prevista en la normativa citada, a la interesada por el Ministerio Fiscal y al grado de participación de los procesados, procede imponer a:

I.- Juan Francisco a) Triqui, como autor responsable de un delito de:

A) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia), 369,2 y 370, 2° (jefatura) del Código Penal, a la pena de 13 años y 6 meses y un día de prisión, que se corresponde con la pena mínima prevista en el tipo citado, y dos multas de 6.137.689,71 € cada una, equivalente al tríplo del valor de la droga incautada.

Dicha pena conlleva la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena.

B) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, con una pena prevista de 1 año, 6 meses de prisión y 1 dia, Dicha pena se fija en el mínimo de la mitad superior de la fijada como básica por tratarse de la tenencia de dos armas.

Dicha pena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

C) Un delito continuado de falsificación de documento oficial del artículo 392 en relación con el 390,1,1° y 2° y 74 del Código Penal, con la agravante de reincidencia a la pena de 2 años y 5 meses de prisión y multa de 9 meses a razón de 10 € dia.

Dicha pena se articula en base a la continuidad delictiva que eleva la pena en la mitad superior de la misma, es decir, de 1 año y 9 meses a 3 años, lo que unido a la agravante de reincidencia elevan la misma a la mitad superior en cuyo mínimo se fija de 2 años y 5 meses de prisión, y la pena de multa se cuantifica en cantidad proporcional a criterio del Tribunal dada la carencia de ingresos del procesado, conforme al art.º 52 del Código Penal.

Dicha condena conlleva la accesoria de inhabilitacion especial para empleo publico durante el tiempo de condena

II.- Jacobo a) Millonario, como autor responsable de un delito de:

A) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia), y 369,2 del Código Penal, a la pena de 9 años y un día de prisión mínima prevista en la norma y multa de 4.091.793,14 € importe del doble de la droga incautada

B) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, con la pena mínima de 1 año, 6 meses y un dia de prisión, en su mitad superior por tratarse de dos armas.

D) Un delito continuado de falsificación de documento oficial del artículo 392 en relación con el 390,1,1° y 2° y 74 del Código Penal, con la agravante de reincidencia a la pena de 1 años 9 meses y 1 dia de prisión y multa de 9 meses a razón de 10 € dia.

Dicha pena se articula en base a la continuidad delictiva que eleva la pena en la mitad superior de la misma, es decir, de 1 año 9 meses y 1 dia a 3 años, en cuyo mínimo se fija, y la pena de multa se cuantifica en cantidad proporcional a criterio del Tribunal dada la carencia de ingresos del procesado, conforme al art.º 52 del Código Penal.

Estas penas conllevan la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y del derecho a la obtención de cargo o empleo publica durante el tiempo de condena

III.- Dimas a) Tirantes como autor responsable de un delito de:

A) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia), y 369,2 del Código Penal, a la pena de 9 años y un día de prisión, que se corresponde con la mínima prevista en la norma. Y multa de 4.091.793,14 € importe del doble del valor de la droga incautada.

B) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, con la pena de 1 año y 6 meses y 1 dia de prisión por tratarse de dos armas se computa en su mitad superior, en los mismos términos establecidos en los procesados anteriores.

Dichas penas conllevan la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de acceso a cargo o empleo público durante el tiempo de condena..

IV.- Benigno a) Mantecas, como autor responsable de un delito de:

A) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), de los artículos 368, 369,1, circunstancias 2a (pertenencia a organización) y 6a (notoria importancia), y 369,2 del Código Penal, a la pena de 9 años y un día de prisión, la que se corresponde con la mínima prevista en la norma. Y multa de 4.091.793,14 € importe del doble del valor de la droga incautada.

B) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, con la pena de 1 año, 6 meses y 1 dia de prisión por tratarse de dos armas se computa en su mitad superior al igual que se ha impuesto a los procesados anteriores..

Dichas penas conllevan la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de acceso a cargo o empleo público durante el tiempo de condena.

IV.- Secundino como responsable en grado de autor de:

A) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564,1,1° del Código Penal, con la pena mínima de 1 año de prisión.

B) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), con la pena 6 años y un dia de prisión, computada en su mitad superior y multa de 125.808,86 € equivalente al doble del valor de la sustancia intervenida.

Dicha pena se establece en el mínimo de la mitad superior, habida cuenta la gravedad de la actividad desarrollada por este procesado, quien realiza, según consta en las libretas intervenidas en su domicilio múltiples operaciones con Juan Francisco, prueba de las mismas son los múltiples apuntes o anotaciones de cantidades unidas al nombre de este último. Incide en tal gravedad el hecho de que esta persona ha obtenido un elevado patrimonio en los últimos años, sin otra justificación económica que esta ilícita actividad.

- F) Un delito de blanqueo de dinero del art. 301.1.inciso 2.º, se le impone la pena de 3 años 3 meses y 1 dia de prisión que se corresponde con el mínimo previsto para este tipo penal y multa del tríplo de lo blanqueado, que al no haberse tasado procederá su fijación en ejecución de sentencia.

Dichos delitos conllevan la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de obtención de cargo o empleo publico durante el tiempo de condena.

V.- María Teresa, como responsable en grado de autor de:

A) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), con la pena 3 años de prisión, computada en el mínimo previsto en la norma citada para este tipo penal y multa de 125.808,86 € equivalente al doble del valor de la sustancia intervenida.

B) Un delito de blanqueo de dinero del art. 301.1.inciso 2.º, se le impone la pena de 3 años 3 meses y 1 dia de prisión que se corresponde con el mínimo previsto en la norma y multa del triplo de lo blanqueado, que al no haberse tasado procederá su fijación en ejecución de sentencia.

Dichos delitos conllevan la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de obtención de cargo o empleo publico durante el tiempo de condena.

VI.- Brigida a) Lagarterana.- como responsable en grado de autor de:

A) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), con la pena 3 años de prisión, computada en el mínimo de la pena prevista en el tipo penal y multa de 123.764 € equivalente al doble del valor de la sustancia intervenida.

B) Un delito de blanqueo de dinero del art. 301.1.inciso 2.º, se le impone la pena mínima de 3 años 3 meses y 1 dia de prisión y multa del triplo de lo blanqueado, que al no haberse tasado procederá su fijación en ejecución de sentencia.

Dichos delitos conllevan la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de obtención de cargo o empleo publico durante el tiempo de condena.

VII.- Delfina.- como responsable en grado de autor de:

A) Un delito de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), con la pena 3 años de prisión, que se corresponde con el mínimo previsto en la norma para este tipo penal y multa de 123.764 € equivalente al doble del valor de la sustancia intervenida.

B) Un delito de blanqueo de dinero del art. 301.1.inciso 2.º, se le impone la pena mínima de 3 años 3 meses y 1 dia de prisión y multa del triplo de lo blanqueado, que al no haberse tasado procederá su fijación en ejecución de sentencia.

Dichos delitos conllevan la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de obtención de cargo o empleo publico, durante el tiempo de condena.

VIII.- Susana.- como responsable en grado de autor de:

A) Un delito de blanqueo de dinero del art. 301.1.inciso 2.º, se le impone la pena de 3 años 3 meses y 1 dia de prisión, equivalente al mínimo de la pena prevista y multa del triplo de lo blanqueado, que al no haberse tasado procederá su fijación en ejecución de sentencia.

Dicho delito conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

IX.- Luis Antonio.- Procede su absolución al haber sido retirada la acusación contra él dirigida.

Séptimo.-Que procede de conformidad con lo previsto en el art.º 127 y 128 en relación con lo previsto en el art.º 122 del Código Penal el comiso de los efectos intervenidos, dinero, automóviles, joyas y demás bienes, que figuran incluidos en la trascripción de las actas de entrada y registro y que fueron intervenidos a los procesados en sus detenciones, asi como los figurados en la relación de bienes contenida en los hechos probados a excepción de la finca propiedad de Brigida adquirida en 1.989, que queda afecta al pago de multa.

Octavo.-- Con arreglo a lo dispuesto en el art. 123 del Código Penal, los acusados deben satisfacer las costas del proceso, que se imponen proporcionalmente declarándose de oficio las correspondientes al procesado absuelto.

VISTOS los preceptos citados y demás aplicables,


FALLAMOS


 
A.- Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a:

I.- Juan Francisco a) Triqui, como autor responsable de un delito de:

A) Un delito ya definido de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud, a la pena de TRECE AÑOS, SEIS MESES Y UN DIA DE PRISION Y DOS MULTAS DE 6.137.689,71 € cada una.

Dicha pena conlleva la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena...

B) Un delito ya definido de tenencia ilícita de armas a la pena de UN AÑO, SEIS MESES Y UN DIA DE PRISION..

Dicha pena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

C) Un delito continuado de falsificación de documento oficial del ya definido con la agravante de reincidencia a la pena de DOS AÑOS Y CINCO MESES DE PRISION y multa de 9 meses a razon de 10 € dia.

Dicha condena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para empleo publico durante el tiempo de condena

II.- Jacobo a) Millonario, como autor responsable de un delito de:

A) Un delito de tráfico de drogas ya definido a la pena de NUEVE AÑOS Y UN DIA DE PRISION Y MULTA DE 4.091.793,14 €

B) Un delito ya definido de tenencia ilícita de armas, a la pena de UN AÑO, SEIS MESES Y UN DIA DE PRISION.

D) Un delito continuado de falsificación de documento oficial a la pena de UN AÑO, NUEVE MESES Y UN DIA DE PRISION y multa de 9 meses a razon de 10 € dia.

Estas penas conllevan la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y del derecho a la obtención de cargo o empleo publica durante el tiempo de condena

III.- Dimas a) Tirantes como autor responsable de un delito de:

A) Un delito ya definido de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), a la pena de NUEVE AÑOS Y UN DIA DE PRISION Y MULTA DE 4.091.793,14 €.

B) Un delito de tenencia ilícita de armas ya definido a la pena de UN AÑO, SEIS MESES Y UN DIA DE PRISION..

Dichas penas conllevan la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de acceso a cargo o empleo público durante el tiempo de condena..

IV.- Benigno a) Mantecas, como autor responsable de un delito de:

A) Un delito ya definido de tráfico de drogas, tratándose de sustancia de la que causa grave daño a la salud (heroína), a la pena de NUEVE AÑOS Y UN DIA DE PRISION Y MULTA DE 4.091.793,14 €.

B) Un delito de tenencia ilícita de armas ya definido a la pena de UN AÑO SEIS MESES Y UN DIA DE PRISION..

Dichas penas conllevan la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de acceso a cargo o empleo público durante el tiempo de condena.

IV.- Secundino como responsable en grado de autor de:

A) Un delito ya definido de tenencia ilícita de armas a la pena de UN AÑO DE PRISION.

B) Un delito de tráfico de drogas ya definido, con la pena SEIS AÑOS Y UN DIA DE PRISION Y MULTA DE 125.808,86 €

C) Un delito ya definido de blanqueo de dinero a la pena de TRES AÑOS TRES MESES Y UN DIA DE PRISION Y MULTA DEL TRIPLO DEL IMPORTEDE LOS BIENES OBJETO DE BLANQUEO que al no haberse tasado procederá su fijación en ejecución de sentencia.

Dichos delitos conllevan la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de obtención de cargo o empleo publico durante el tiempo de condena.

V.- María Teresa, como responsable en grado de autor de:

A) Un delito de tráfico de drogas ya definido, con la pena TRES AÑOS DE PRISION Y MULTA DE 125.808,86 €.

B) Un delito ya definido de blanqueo de dinero a la pena de TRES AÑOS TRES MESES Y UN DIA DE PRISION Y MULTA DEL TRIPLO DEL IMPORTEDE LOS BIENES OBJETO DE BLANQUEO que al no haberse tasado procederá su fijación en ejecución de sentencia.

Dichos delitos conllevan la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de obtención de cargo o empleo publico durante el tiempo de condena.

VI.- Brigida a) Lagarterana.- como responsable en grado de autor de:

A) Un delito de tráfico de drogas ya definido, con la pena TRES AÑOS DE PRISION Y MULTA DE 123.764 €.

B) Un delito ya definido de blanqueo de dinero a la pena de TRES AÑOS TRES MESES Y UN DIA DE PRISION Y MULTA DEL TRIPLO DEL IMPORTEDE LOS BIENES OBJETO DE BLANQUEO que al no haberse tasado procederá su fijación en ejecución de sentencia.

Dichos delitos conllevan la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de obtención de cargo o empleo publico durante el tiempo de condena

VII.- Delfina.- como responsable en grado de autor de:

A) Un delito de tráfico de drogas ya definido, con la pena TRES AÑOS DE PRISION Y MULTA DE 123.764 €.

B) Un delito ya definido de blanqueo de dinero a la pena de TRES AÑOS TRES MESES Y UN DIA DE PRISION Y MULTA DEL TRIPLO DEL IMPORTEDE LOS BIENES OBJETO DE BLANQUEO que al no haberse tasado procederá su fijación en ejecución de sentencia.

Dichos delitos conllevan la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de obtención de cargo o empleo publico durante el tiempo de condena

VIII.- Susana.- como responsable en grado de autor de:

A) Un delito ya definido de blanqueo de dinero a la pena de TRES AÑOS TRES MESES Y UN DIA DE PRISION Y MULTA DEL TRIPLO DEL IMPORTEDE LOS BIENES OBJETO DE BLANQUEO que al no haberse tasado procederá su fijación en ejecución de sentencia.

Dicho delito conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

B.- Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a:

I) Luis Antonio de todos los delitos objeto de acusación.

II) A los procesados Benigno, Jacobo Y Dimas en cuanto:

La segunda multa solicitada en conclusiones provisionales para la organización al no tener esta existencia jurídica autónoma.

C) Se declara el COMISO de los objetos, joyas y demás bienes intervenidos que han sido reseñados en el fundamento correspondiente.

D) Se imponen las COSTAS a los procesados condenados proporcionalmente.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando y de la que se unirá certificación a la causa de su razón. Asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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