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Sentencia T.S.J. Cataluña 22/2010, de 7 de septiembre


 RESUMEN:

Delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Valoración inmediata de la prueba: Doctrina del Tribunal Supremo y Constitucional. Presunción de inocencia: Contenido según el Tribunal Supremo. Dolo: Contenido de acuerdo con el Tribunal Supremo. Coautoría: Definición a tenor del TS. Individualización de la pena: Criterio a seguir. Doctrina de la unidad de acción o progresión delictiva.

SENTENCIA

En Barcelona, a 7 de septiembre de 2010.

Visto por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados al margen expresados, los recursos de apelación interpuestos por el MINISTERIO FISCAL y por Piedad, Sixto y Covadonga contra la sentencia dictada en fecha 30 de noviembre de 2009 por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona, recaída en el Procedimiento núm. 38/08 del indicado Tribunal del Jurado, derivado de la Causa de Jurado núm. 1/06 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Mataró. Los apelantes Piedad, Sixto y Covadonga han sido defendidos en el acto de la vista por la letrada Dña. Meritxell Vidal i Pericas y han sido representados por el procurador D. Albert Magne Català. Han sido partes apeladas Martina, Evelio y Isaac. Martina ha sido defendida por el letrado D Joaquín Bonet Tibau y representada por la procuradora Dña. Hilda Blanco Monteagudo. Evelio ha sido defendido por el letrado D. Ignacio Ventura Berbel y representado por el procurador D. Gonzalo de Arquer que sustituye a la Sra. Montserrat Zaragoza. Isaac ha sido defendido por el letrado D. Josep M.ª Alcalde Baraldes y representado por la procuradora Dña. Anna Blancafort Camprodón.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El día 30 de noviembre de 2009, en la causa antes referenciada, recayó Sentencia cuyos hechos probados son (sic):

"1." El sábado 18 de febrero de 2006 los acusados Evelio y Martina, compañeros sentimentales, se encontraban en el domicilio que ambos compartían sito en la calle [...], de Mataró. Sabían los acusados que la vecina del piso [...] del mismo inmueble, Matilde, también conocida como Leonor, era una persona de 53 años de edad, viuda, que vivía y estaba sola y que padecía o había padecido problemas de alcoholismo, lo que la convertía en un objetivo fácil para que los acusados pudieran satisfacer sus ansias de ilícito enriquecimiento económico sustrayendo cuantas cosas de valor se encontraran en su domicilio, haciendo lo que fuera necesario para ello, sin temor a que Matilde pudiera defenderse de manera eficaz.

2. Resueltos a llevar a cabo el plan trazado, los acusados Evelio y Martina, alrededor de las 21:35 horas, de ese sábado se dirigieron al piso de Matilde, yendo el acusado Evelio pertrechado con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. La acusada Martina, prevaliéndose de la confianza que tenía con Matilde por ser vecinas y por la amistad que le había unido con sus hijas, llamó al timbre y con la excusa de que necesitaba un limón accedió domicilio. El acusado Evelio accedió al mismo domicilio escalando por el patio interior hasta la galería, entrando en el piso por la puerta de la galería.

3. El acusado Evelio con la cara cubierta para evitar ser reconocido y esgrimiendo el cuchillo que previamente había cogido, exigió a Matilde que le diera cuantas cosas de valor allí tuviera, mientras la acusada Martina simulaba no conocer al ladrón y se hacía pasar por una víctima.

4. El acusado Evelio condujo a Matilde a su dormitorio mientras esgrimía contra ella el cuchillo, acorralándola entre la cama y la pared de forma que no tenía escapatoria, colocándose él muy cerca de ella, mientras Martina entraba y permanecía en la habitación. Y con la finalidad de que Matilde colaborara, el acusado Evelio la agredió clavándole el cuchillo en la pierna derecha mientras le preguntaba por los objetos de valor que poseyera, sufriendo por ello Matilde un gran temor por lo que indicó a Evelio y Martina dónde se encontraban diversos objetos de valor, así como cuál era el número de PIN de su libreta de ahorros de La Caixa.

5. Con la libreta de ahorros de La Caixa y el número de PIN, y siguiendo el plan acordado entre ambos acusados, Martina salió del piso de Matilde y acudió a la oficina 0476 de La Caixa situada en la calle Sant Cugat de Mataró, y a las 22:14 horas extrajo de dicha libreta de Matilde núm. NUM004 la cantidad de 100 euros, realizando en las horas 22:44, 22:45, 23:10, 23:11 y 23:14 varios intentos de extracción de dinero en efectivo en el cajero de la oficina 0023 de Caixa Laietana sita en la [....] esquina con calle Sant Cugat de Mataró, sin conseguir obtener dinero alguno, tras lo cual regresó al domicilio de Matilde.

6. Cuando en el curso de los hechos Matilde se percató de que el agresor era su vecino Evelio y que cometía los hechos de común acuerdo con Martina, el acusado Evelio decidió unilateralmente terminar con la vida de Matilde.

8. La acusada Martina no participó en la decisión de terminar con la vida de Matilde, ni la compartió ni alentó dicha decisión en modo alguno.

9. Hallándose los dos acusados junto con Matilde en el dormitorio, el acusado Evelio, con clara intención de causarle la muerte, utilizó el cuchillo que portaba y le cortó en la región anterior e izquierda del cuello en su tercio superior, lo que hizo que Matilde cayera viva al suelo y boca abajo entre la cama y la pared de la entrada cerca de la mesita de noche. A continuación Evelio, con igual intención y con gran violencia clavó el cuchillo en la espalda de Matilde un total de veintidós veces consecutivas, causándole otras tantas heridas vitales que provocaron que Matilde sufriera un shock hipovolémico por hemorragia aguda que finalmente le produjo la muerte.

10. Matilde sufrió la agresión mortal en el dormitorio hallándose acorralada entre la cama y la pared de forma que no tenía escapatoria, teniendo nulas posibilidades de movimiento y de defensa eficaz y nula capacidad de reacción ante la rápida y fulminante acción del acusado Evelio que le provocó la herida en el cuello a consecuencia de la cual cayó con vida al suelo siendo entonces atacada mortalmente por la espalda sin defensa posible alguna.

11. De modo consciente se causó a Matilde un padecimiento psíquico y emocional totalmente innecesarios para acabar con su vida, aumentando su sufrimiento físico de manera innecesaria al clavarle el cuchillo en la pierna derecha causándole una herida, al causarle con el cuchillo una erosión lineal en el hombre derecho, muy cerca de la base del cuello, y al cortarle el cuello causándole una herida muy dolorosa que no penetró ni afectó a estructuras internas cervicales, de tal modo que Matilde se hallaba viva y consciente cuando fue objeto del reiterado y brutal apuñalamiento por la espalda que le provocó hasta un total de veintidós heridas vitales.

12. Matilde sufrió las siguientes heridas:

1) herida incisopunzante de 2,6 cm. de longitud, situada en el tórax posterior medio y superior, sobre la columna dorsal.

2) herida incisopunzante de 2,6 cm. situada inferiormente respecto de la anterior y ligeramente a la izquierda.

3) herida incisopunzante de 2,2 cm. de longitud situada a la izquierda e inferior a las anteriores heridas.

4) herida incisopunzante de 1, NUM003 cm. de longitud situada a nivel inferior que la anterior y a nivel paravertebral izquierdo.

5) herida incisopunzante de 3,4 cm. con dirección prácticamente seguida a la anterior, descendente de izquierda a derecha de forma cuasivertical.

6) herida incisopunzante de 3 cm. de longitud con una dirección descendente de izquierda a derecha, situada a nivel superior de las apófisis espinosas de la columna dorsal.

7) herida incisopunzante de 2 cm. deformada por la herida anterior y en contacto con ella, con su misma dirección pero en un nivel inferior.

8) herida incisopunzante situada a nivel torácico posterior y medio con una longitud de 3,1 cm.

9) herida incisopunzante de 3,2 cm. situada en la zona torácica posterior media centrada.

10) herida incisopunzante situada justo debajo de la herida anterior, que mide 1,3 cm.

11) herida incisopuinzante de 3 cm. de longitud situada en el hemitorax posterior izquierdo a nivel paravertebral.

12) herida incisopunzante situada en el hemitórax posterior inferior paravertebral izquierdo de 2,3 cm. de longitud.

13) herida incisopunzante de 2,9 cm. situada en el hemitórax posterior izquierdo, en contacto con la herida siguiente.

14) herida incisopunzante de 2,3 cm. situada en el hemitórax izquierdo, en un plano inferior a la herida anterior y contactando con ella.

15) herida incisopunzante de 2,4 cm. situada a la parte más a la izquierda del hemitórax posterior.

16) herida incisopunzante de 3,5 cm. situada en el hemitórax posterior derecho y superior.

17) herida incisopunzante de 3,5 cm. de longitud situada a la parte más medial o interna y en el ángulo agudo de la parte más lateral del cuerpo, en el hemitórax posterior.

18) herida incisopunzante de 4,2 cm. situada en el hemitórax posterior en su parte inferior y en situación paravertebral derecha.

19) herida incisopunzante de 1,7 cm. que finaliza en profundidad a nivel de tejido graso y situada en el hemitórax posterior medio paravertebral derecho.

20) erosión de 1 cm. en forma de lágrima situada la parte más gruesa a la derecha y la más angulosa a la izquierda.

21) erosión de 3,4 cm. situada en el hemitórax posterior medio paravertebral derecho, con dos erosiones satélites en su trayecto.

22) erosión de morfología oval de 0,9 x 0,6 cm. situada en el hemitórax posterior medio paravertebral derecho.

23) hematoma supramamario izquierdo en la cara anterior del tórax.

Como consecuencia de la brutalidad ejercida las herida 6, 7, 9 y 10 afectaron los bordes superiores de la séptima costilla derecha; la herida 13 provocó una muesca en la séptima costilla izquierda; la herida 16 provocó una lesión en cuerpo escapular derecho llegando a romper una espina escapular; y las heridas 17 y 18 produjeron una fractura de la séptima costilla derecha a nivel posterior con lesión del espacio intercostal superior e inferior, afectando ambas al pulmón derecho; una de ellas lesionó el hígado en la cara superior de la cúpula hepática llegando a la pared torácica anterior y provocando una fractura de la tercera costilla derecha con afectación del tercero y cuarto espacio intercostal y la otra herida provocó un infiltrado con lesión de forma más extensa y lateralizada en el tercer espacio intercostal derecho, ambas como lesiones de salida.

Asimismo, y como consecuencia también de la fuerza física ejercida durante la brutal agresión llevada a cabo cuando Matilde se hallaba postrada boca abajo en el suelo, se causó hematoma supramamario izquierdo en la cara anterior del tórax, hematoma en el pómulo derecho de dos por dos centímetros, hematoma ciliar izquierdo, hematoma frontal derecho de tres centímetros y medio por dos centímetros y medio y hematoma paranasal derecho.

Las heridas 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 afectaron a la aorta ascendente, el tronco branquioencefálico derecho, arteria primitiva y aurícula derecha, pulmón, pericardio, arteria pulmonar izquierda y sección a la bifurcación bronquial derecha, atravesando todas estas estructuras vitales mediastínicas y finalizando el trayecto una de ellas a nivel de la cima y externo a nivel, de la caja torácica anterior por su cara interna y otra llegando después de atravesar toda la caja torácica al cuarto espacio intercostal paraesternal derecho.

Todas estas heridas le provocaron un shock hipovolémico por hemorragia aguda que finalmente le produjo la muerte.

13. Los acusados Evelio y Martina, de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, procedieron a registrar el piso para encontrar cuantos efectos de valor fueran útiles a sus propósitos, apropiándose de al menos un colgante en forma de corazón de color dorado, colgante en forma de concha de color dorado, cadena dorada con dos brillantes, pendiente con una perla de color dorado, anillo con una perla de color dorado, pulsera dorada, pendiente dorado, pendiente de color dorado, aguja de color dorado, dos pendientes con brillantes de color dorado, dos pendientes de color dorado con una piedra en su interior de un cierto color verde, una medalla de color plateado con la imagen de Fray Leopoldo, una medalla con aguja de color plateado con la imagen de la Virgen de la Cabeza y un pendiente de color dorado con el cierre de rosca con perla redonda de color, una indeterminada cantidad de dinero en efectivo, ropa de la casa y comida.

14. Alguna de las joyas fueron recuperadas al ser halladas en poder de los acusados.

15. La noche del mismo sábado 18 de febrero de 2006 y unas dos horas después de haber accedido al domicilio de Matilde y tras haber hecho acopio de los objetos de valor que encontraron, los acusados Evelio y Martina, de mutuo acuerdo y con la intención de hacer desaparecer huellas, restos y vestigios que pudieran llevar a su identificación, rociaron con colonia la habitación de Matilde y le prendieron fuego.

16. El incendio provocado por los acusados Evelio y Martina originó un fuego que se desarrolló en forma horizontal en la habitación de Matilde, alcanzando una altura de un metro, propagándose el humo por el resto de la vivienda y empezando a salir hacia el rellano de la escalera.

17. El incendio provocado por los acusados Evelio y Martina en el domicilio de Matilde comportó un peligro para la vida o integridad física de los vecinos que habitaban el inmueble.

18. Como consecuencia del humo generado por el incendio el vecino del inmueble del NUM005 - NUM006, Juan Luis, sufrió taquipnea leve por intoxicación del humo, que precisó una única asistencia médica, habiendo renunciado expresamente a cualquier indemnización que le pudiera corresponder.

19. El incendio produjo daños en la vivienda que no habían sido tasados pericialmente pero que en todo caso fueron superiores a 400 euros.

20. La extinción del incendio ocasionó unos gastos tasados pericialmente en 1.249,87 euros.

21. La acusada Martina, con ánimo de ilícito enriquecimiento y siguiendo el plan previsto con el otro acusado, el día 20 de febrero de 2006 sobre las 09:17 horas acudió al cajero de la oficina 0023 de la Caixa Laietana situada en la ronda Francesc Macià núm. 40 de Mataró con la libreta de ahorro de La Caixa de Matilde, y procedió en dos ocasiones a intentar extracciones de efectivo sin éxito. Asimismo con igual fin acudió al cajero de la oficina 6006 del Banco Santander situada en la calle Sant Cugat núm. 107 de Mataró, y con las citadas libretas intentó efectuar reintegros de efectivo sin conseguirlo a las 09:16, 09:17 y 09:18 horas. Y el mismo día y con igual ánimo, sobre las 11:55 horas, acudió a la oficina 0476 de La Caixa situada en la calle Sant Cugat núm. 127 de Mataró, donde accedió al interior de la oficina simulando un ingreso de 450 euros.

22. En el momento de su fallecimiento, Matilde contaba 53 años de edad, vivía sola y tenía tres hijos mayores de edad, Sixto, Covadonga y Piedad, con los que no convivía pero mantenía una normal relación materno filial.

23. En el momento de su fallecimiento, Matilde tenía cinco hermanos, Zaira, Gaspar, Juan, Ovidio y Alejandra, con los que mantenía una cordial relación fraternal.

24. El acusado Evelio es mayor de edad y tiene antecedentes penales por haber sido condenado por varios delitos de robo y lesiones en condenas que van desde el año 1994 hasta 2004.

25. La acusada Martina es mayor de edad y carece de antecedentes penales.

26. Cuando los acusados Evelio y Martina se dirigieron al piso de Matilde, Evelio llevaba cubierto su rostro con una braga y un gorro para evitar ser reconocido, de modo que Matilde no se percató de que el agresor era su vecino Evelio hasta después de que, habiendo sido agredida por dicho acusado con un cuchillo clavándoselo en la pierna, hubiera indicado a los acusados donde se encontraban los objetos de valor, su libreta de ahorros de La Caixa y el número de PIN para operar con ella.

27. El acusado Evelio el día de los hechos se encontraba en un estado mental levemente alterado por la abstinencia a la cocaína y tomó una considerable cantidad de Trankimazines, a causa de su adicción a las drogas por ser politoxicómano por via parenteral y por via endonasal de cocaína, benzodiacepinas, opiáceos y cannabis desde los 12 años, con criterios de trastorno de dependencia, que han abocado a una patología psiquiátrica de esquizofrenia paranoide de más de 7 años de evolución que le provoca cuadros de conductas antisociales, psicóticas, con síntomas delirantes y alucinaciones.

28. La acusada Martina sobre las 23:45 horas del día 20 de febrero de 2006, con carácter previo a que la investigación se dirigiera contra los acusados, compareció en la Comisaría de Mossos d' Esquadra de Mataró y explicó de manera espontánea y libre su versión sobre los hechos inculpándose ella misma e inculpando al acusado Evelio, motivo por el cual se procedió a su detención y a la detención de éste durante la mañana del día siguiente, lo que no obstante no hizo que deviniera innecesaria la investigación de los hechos y de la participación de los acusados en los mismos."

La sentencia contiene la siguiente parte dispositiva:

"QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO AL ACUSADO Isaac de los delitos de asesinato, robo con violencia e incendio y de la falta de lesiones por los que venia acusado, en virtud de la retirada de acusación por parte del Ministerio Fiscal y de la Acusación Particular.

QUE EN VIRTUD DEL VEREDICTO DE CULPABILIDAD QUE EL JURADO HA PRONUNCIADO RESPECTO DEL ACUSADO Evelio, DEBO CONDENAR Y CONDENO A DICHO ACUSADO como responsable en concepto de autor:

1.º De un delito de asesinato, con alevosía y ensañamiento, concurriendo la circunstancia atenuante de drogadicción, a la pena de VEINTIDÓS AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de duración de la condena.

2.º De un delito de robo con violencia y uso de arma, con la concurrencia de la agravante de disfraz y la atenuante de drogadicción, a la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena.

3.º De un delito de incendio, concurriendo la atenuante de drogadicción, a la pena de SIETE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena.

4.º De una falta de lesiones, a la pena de DIEZ DÍAS DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE.

Se fija en 30 años el tiempo máximo de cumplimiento efectivo de las penas de prisión impuestas.

QUE EN VIRTUD DEL VEREDICTO DE NO CULPABILIDAD QUE EL JURADO HA PRONUNCIADO RESPECTO DE LA ACUSADA Martina respecto del delito de asesinato por el que venia siendo acusada, le ABSUELVO de dicho delito, y EN VIRTUD DEL VEREDICTO DE CULPABILIDAD QUE EL JURADO HA PRONUNCIADO RESPECTO DE LA MISMA ACUSADA, DEBO CONDENARLE Y CONDENO como responsable en concepto de autora:

1.º De un delito de robo con violencia y uso de arma, con la concurrencia de la agravante de disfraz y la atenuante de confesión, a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena.

2.º De un delito de incendio, concurriendo la atenuante de confesión, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena.

3.º De una falta de lesiones, a la pena de DIEZ DÍAS DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE.

Condeno al acusado Evelio al pago de las tres novenas partes de las costas procesales, más una tercera parte de las correspondientes a un juicio de faltas, a la acusada Martina al pago de dos novenas partes de las costas y la tercera parte restante de las correspondientes a un juicio de faltas, y declaro de oficio las cuatro novenas partes restantes de las costas y la tercera parte restante de las correspondientes a un juicio de faltas.

En concepto de responsabilidad civil, condeno al acusado Evelio a indemnizar a Sixto, Covadonga y Piedad, en la suma a cada uno de ellos de noventa mil (90.000,00) euros, y a Zaira, Gaspar, Juan, Ovidio y Alejandra, en la suma a cada uno de ellos de treinta mil (30.000,00) euros.

En concepto de responsabilidad civil condeno a los acusados Evelio y Martina a indemnizar, conjunta y solidariamente, a indemnizar a la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil en la suma de 1.249,87 euros, en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia al titular en el momento de los hechos de la vivienda sita en la DIRECCION000 núm. NUM000, NUM003 - NUM001, de Mataró.

Todas estas cantidades se abonarán con el incremento del interés del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Decreto el comiso del cuchillo, instrumentos y piezas de convicción intervenidos.

Hágase entrega a los hijos de Matilde de las joyas sustraídas y recuperadas.

Para el cumplimiento de las penas privativas de libertad les será abonado a los acusados Evelio y Martina todo el tiempo de prisión provisional sufrido por esta causa, si no le fuere abonado en otra.

Conclúyanse las piezas de responsabilidad civil".

Segundo.-Contra la anterior resolución, el MINISTERIO FISCAL y la representación procesal de Piedad, Sixto y Covadonga interpusieron, en tiempo y forma, los recursos de apelación, que se han sustanciado en este Tribunal de acuerdo con los preceptos legales, habiéndose señalado para la vista de la alzada el día 3 de mayo de 2010, a las 10.30 horas de su mañana, fecha en la que ha tenido lugar con el resultado que es de ver en la diligencia extendida al efecto unida a las presentes actuaciones.

Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Enric Anglada Fors.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Frente a la sentencia dictada por el Magistrado-Presidente, el día 30 de noviembre de 2009, en el procedimiento de jurado núm. 7/10, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Mataró, se alza tanto el Ministerio Fiscal, como la representación procesal de la acusación particular, D.ª Piedad, D. Sixto y D.ª Covadonga, a través de sendos recursos de apelación, en los que, como motivos de los mismos, ambas partes procesales, aducen los dos siguientes: 1.º) Infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos, conforme a lo previsto en el artículo 846 bis c), apartado b), de la LECr., derivada de inaplicación indebida de los artículos 138 y 139.1 del Código Penal respecto de la acusada Martina; y 2.º) Infracción de precepto legal, conforme a lo previsto en el artículo 846 bis c), apartado b), de la LECr., derivada de inaplicación indebida de los artículos 237, 238.4, 239.2 y párrafo último y 240 en relación con el artículo 16.1, todos ellos del Código Penal respecto de ambos acusados.

Segundo.-1. Planteada así la presente apelación por ambas acusaciones recurrentes, es de señalar, ante todo, que éstas, partiendo de los propios Hechos declarados probados por el Tribunal de Jurado, consideran procedente, amén de factible, condenar en apelación a Martina como coautora de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, previsto y penado en el artículo 139.1 y 3 y artículo 140 del Código Penal, ya que de la misma narración fáctica resulta que si Martina se puso de acuerdo con el otro condenado -su compañero sentimental-, mediante un plan perfectamente urdido -utilizando disfraz y engaño-, para cometer el delito de robo con violencia y uso de arma (cuchillo de grandes dimensiones) a una vecina de escalera -por el que sí fue condenada aquélla, al igual que por el delito de incendio a la vivienda (perpetrado con la finalidad de hacer desaparecer huellas, restos y vestigios que pudieran llevar a su identificación)-, que consistió en apoderarse del máximo de joyas y dinero posible, incluso del metálico que la víctima pudiera tener depositado en entidades bancarias, a cuyo fin, Evelio, en presencia de Martina y sin su oposición, clavó a aquélla el cuchillo en su pierna derecha, para obtener toda la información y datos necesarios, con los cuales -número secreto- Martina pudo acudir a dos cajeros automáticos a los efectos de sacar dinero de la cuenta corriente de la víctima, regresando seguidamente al referido domicilio, en donde la vecina, Matilde -también conocida por Leonor-, seguía estando sometida por Evelio, quien, en un momento dado, al ser reconocido por ésta, acabó con su vida - sin que Martina hiciera nada para evitarlo-, en la forma descrita por los miembros del Jurado en el hecho 9.º del objeto del veredicto -declarado probado por unanimidad-: "Hallándose los dos acusados junto con Matilde en el dormitorio, el acusado Evelio, con clara intención de causarle la muerte, utilizó el cuchillo que portaba y le cortó en la región anterior e izquierda del cuello en su tercio superior, lo que hizo que Matilde cayera viva al suelo y boca abajo... A continuación Evelio, con igual intención y con gran violencia clavó el cuchillo en la espalda de Matilde un total de veintidós veces consecutivas, causándole otras tantas heridas vitales que provocaron que Matilde sufriera un shock hipovolémico por hemorragia aguda que finalmente le causó la muerte", es evidente, según manifestación del Ministerio Público y de la dirección letrada de la acusación particular, que aquélla, dentro del plan previamente trazado para ejecutar el robo, fue consciente de que su compañero armado con el cuchillo utilizaría la violencia física necesaria contra Matilde para conseguir el común propósito de enriquecimiento ilícito sin riesgo alguno de ser descubiertos, aceptando de este modo las altas probabilidades de ocasionarle la muerte y así poder eludir su responsabilidad (teoría de las desviaciones posibles).

2. El Ministerio Fiscal, al igual que la acusación particular, consideran, por ende, que la conclusión a la que llega el Tribunal del Jurado, cuando da por probados los Hechos séptimo -"Cuando en el curso de los hechos Matilde se percató de que el agresor era su vecino Evelio decidió unilateralmente terminar con la vida de Matilde "- y octavo -"La acusada Martina no participó en la decisión de terminar con la vida de Matilde, ni la compartió, ni alentó dicha decisión en modo alguno"-, supone la práctica de "un previo juicio de inferencia" "no ajustado a las reglas del criterio humano" "ni a las reglas establecidas por la jurisprudencia en lo concerniente a la participación delictiva", según se desprende del resto de los Hechos declarados probados por el Tribunal, unido a la motivación de su veredicto.

3. Dicho ello, las propias acusaciones puntualizan que su pretensión impugnatoria no implica en absoluto afectar a la valoración inmediata de la prueba realizada por el Tribunal del Jurado, ya que esta facultad le corresponde de forma exclusiva al órgano jurisdiccional a quo, por haber gozado de inmediación en su práctica. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido distinguiendo entre la percepción sensorial inmediata directa de los medios de prueba, que es competencia exclusiva del tribunal de instancia por ser resultado de la inmediación, y que por lo tanto es ajena al control por vía de recurso, y la valoración interna de dichos medios de prueba, que puede ser objeto de revisión por el tribunal de apelación a los efectos de evitar fundamentaciones "ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias" (por todas, S. TS., Sala 2.ª, 2047/2002, de 10 de diciembre y SS. TC. 167/2002 y 230/2002, entre otras).

Ello supone que, precisamente con la finalidad de garantizar el necesario respeto a la racionalidad en la apreciación de la prueba, resulte perfectamente posible revisar los hechos declarados como probados por el Jurado a partir de prueba indiciaria, así como los elementos subjetivos de los tipos que se dan por acreditados mediante el correspondiente juicio de inferencia. De ahí que, tal como proclama nuestro más Alto Tribunal, "el control de la prueba por parte del órgano de apelación se extiende a analizar el examen de la racionalidad del juicio deductivo efectuado por el órgano de instancia, excluyendo todos los aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación" (S. TS., Sala 2.ª, 1886/2000 de 5 de diciembre).

4. Sentado lo anterior, es de reseñar, acorde con lo mantenido tanto por la acusación pública, como por la acusación particular, siguiendo a una doctrina jurisprudencial ya plenamente consolidada, que, en general, es del todo cierto que la apreciación de los llamados "hechos de conciencia", que, por su propia naturaleza -la que corresponde a los "juicios de inferencia" o "juicios de valor"-, no son perceptibles de manera inmediata y directa por referirse a una actividad de la mente y del raciocinio determinante de la intencionalidad del agente o sujeto activo de la infracción en las distintas formas comisivas admitidas legalmente, como sucede con el "animus necandi", es susceptible de revisión en esta alzada -de la misma manera que lo es en sede casacional-, y ello con independencia de que se trate del procedimiento del Tribunal del Jurado o del procedimiento ordinario o abreviado de las Audiencias Provinciales, a condición de que se suministren al Tribunal que conozca del recurso los elementos que tiendan a destruir el juicio de valor que el Tribunal a quo haya deducido, en favor del que se invoque en la impugnación (SS. TS. Sala 2.ª, 599/1998 de 5 de mayo, 574/1999 de 14 de abril, 851/1999 de 31 de mayo, 439/2000 de 26 de julio, 956/2000 de 24 de julio, 382/2001 de 13 de marzo, 1215/2003 de 29 de septiembre, 589/2004 de 6 de mayo, 867/2004 de 2 de julio, 1139/2004 de 19 de octubre, 140/2008 de 31 de enero, 434/2008 de 20 de junio y 598/2010 de 14 de junio, entre otras. Y SS. TSJC. 21/2007 de 15 de octubre, 23/2007 de 29 de octubre, 5/2008 de 21 de febrero y 13/2009 de 4 de junio).

En este sentido, no puede considerarse un obstáculo para ello la vigencia del principio constitucional de la presunción de inocencia, porque éste despliega sus efectos en el ámbito de los hechos, y no en el terreno de las calificaciones jurídicas o de los juicios de inferencia obtenidos por el Tribunal a quo en relación a la concurrencia de los factores anímicos del sujeto que conforman el dolo del tipo penal, cuyo cauce impugnativo en el recurso de apelación del procedimiento del Tribunal del Jurado es el del apartado b) del art. 846 bis c) LECr., así como en el recurso de casación lo es el de la infracción de ley del art. 849.1.º LECr. (SS. TS., Sala 2.ª, 712/1997 de 20 de mayo, 1795/2001 de 9 de octubre, 990/2004 de 15 de septiembre y 1049/2005 de 20 de septiembre).

Por lo que se refiere, en concreto, al procedimiento del Tribunal del Jurado, no debe olvidarse que las cuestiones propuestas a éste en el veredicto sobre los hechos deben ser fácticas, y no jurídicas, debiendo evitarse en todo caso la introducción de conceptos jurídicos que predeterminen el fallo. En este sentido, si bien nada impide que entre estas proposiciones fácticas puedan introducirse, cuando sea necesario, las relativas a los elementos subjetivos del tipo -caso del "animus necandi"-, las conclusiones alcanzadas al respecto por el Jurado deben poder deducirse racionalmente de los datos objetivos contenidos en los pronunciamientos precedentes, siendo obligado estructurarlos en el modo secuencial lógico para que ello sea posible. Esto es lo que resulta del artículo 52.1.a) LOTJ (apartado final), que establece que cuando la declaración de probado de un hecho se infiera de igual declaración de otro, éste habrá de ser propuesto con la debida prioridad y separación (SS. TS., Sala 2.ª, 439/2000 de 26 de julio, 382/2001 de 13 de marzo, 590/2003 de 23 de abril y 1129/2004 de 19 de octubre).

En definitiva, los juicios de inferencia en que se afirme o en que, eventualmente, se niegue la concurrencia de un hecho subjetivo, son conclusiones que se extraen de datos externos y objetivos que deben constar en el relato fáctico, y aún cuando el propio juicio de inferencia se incluya también en el mismo como hecho subjetivo, es perfectamente revisable en apelación (o en casación) por la vía del apartado b) del artículo 846 bis c) LECr. en relación con el artículo 849.1 LECr., de forma que, como nos recuerda específicamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "el "factum" vincula al Tribunal Superior (fuera del caso del artículo 849.2 LECrim) cuando expresa hechos, acontecimientos o sucesos, pero no cuando contiene juicios de inferencia, que pueden ser revisados en vía de recurso siempre que se aporten elementos que pongan de relieve la falta de lógica y racionalidad del juicio, en relación con los datos objetivos acreditados" (S. TS., Sala 2.ª, 1139/2004 de 19 de octubre).

En base a todo lo expuesto, y teniendo muy presente el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, 382/2001, de 13 de marzo, recogido y plasmado en las sentencias de este TSJ, 21/2007 de 15 de octubre y 23/2007 de 29 de octubre, cabe concluir que la concurrencia de dolo directo o de dolo eventual de causar la muerte, constituye un juicio de inferencia revisable en segunda instancia, por lo que en dicha materia, que entremezcla cuestiones fácticas con conceptos y valoraciones jurídicas, el criterio del Jurado no es vinculante. Al respecto, otra sentencia de nuestro más Alto Tribunal, Sala 2.ª, 1193/2005, de 18 de octubre, precisa que "la decisión del Jurado respecto a la intención, conocimiento y voluntad de cada uno de los acusados al ejecutar cada parte de los hechos es el resultado de una inferencia construida sobre los aspectos fácticos (...). No es exactamente el resultado de la valoración inmediata de las pruebas, sino de un razonamiento efectuado sobre las mismas, lo que permite su revisión en apelación y, posteriormente, en casación".

5. Llegados a este extremo, es de indicar que las respectivas apelaciones del Ministerio Fiscal y de la acusación particular van dirigidas a desvirtuar precisamente el juicio efectuado por los miembros del Tribunal del Jurado acerca de la intención de la acusada Martina en el momento de los hechos de autos, lo que implica, consecuentemente, valorar si conocía o no la posibilidad de que su copartícipe en la acción criminal utilizase el arma, así como su posible aceptación del resultado lesivo o mortal de este uso. Es decir, tras quedar acreditada su participación en los hechos mediante prueba directa, consistente, fundamentalmente, según los elementos de convicción de los componentes del Jurado, en la declaración de ambos acusados, la manifestación que la propia Martina hace de manera espontánea ante los Mossos d'Esquadra, y la grabación que de ésta hacen las cámaras de seguridad de las entidades bancarias a las que acude el día 20 de febrero de 2006, para intentar extraer dinero de las cuentas corrientes de la víctima, la proposición fáctica sexta del objeto del veredicto, que reza: "Cuando en el curso de los hechos Matilde se percató de que su agresor era su vecino Evelio y que cometía los hechos de común acuerdo con Martina, ambos acusados, constatados de que habían sido descubiertos, decidieron de mutuo acuerdo terminar con la vida de Matilde o, en todo caso, siendo la acusada Martina consciente de que su compañero armado con el cuchillo utilizaría la violencia física necesaria contra Matilde para conseguir el común propósito de enriquecimiento ilícito sin riesgo alguno de ser descubiertos, aceptando de este modo las altas probabilidades de ocasionarle la muerte y así poder eludir su responsabilidad", sólo podía acreditarse mediante prueba indiciaria y posterior juicio de inferencia, por recogerse en la misma el elemento subjetivo del delito contra la vida. Los miembros del Jurado declararon este hecho 6.º, no probado por unanimidad, basándose para llegar a dicha conclusión, según las razones referidas, en la ausencia de pruebas directas, "ya que no hay ningún testigo ni prueba que confirme que había un pacto de dar muerte a Matilde, pero si un pacto para robar ya que los dos lo reconocen en sus declaraciones"; "ya que no existen pruebas de que Martina incitara o alentara tanto físicamente como verbalmente a Evelio a cometer la agresión, así como declara que fue un acto realizado por Evelio como el mismo reconoce".

Pues bien, a la vista de la motivación dada por el Jurado, se colige que lo que sus componentes pretendían era encontrar de entre los distintos medios probatorios practicados, alguno que les llevara a concluir que existía la intención de matar (coautoría tácita sobrevenida), o la asunción de tal probabilidad por parte de la acusada como partícipe de los hechos (teoría de las desviaciones previsibles), obviando que debían inferirlo de todos los elementos o datos objetivos que anterior y posteriormente dieron por probados por unanimidad, y de aquellos que no dieron por probados y que afectaban a su capacidad cognitiva y/o volitiva.

6. En este punto se comprueba que la declaración de hechos probados objetivos -cuyo contenido debe ser respetado en esta alzada-, y en concreto de los que se contienen bajo los números 1 al 5, 13, 15 y 22 del apartado I, así como del Hecho número 3 del apartado II, evidencian con claridad que los dos acusados actuaron conforme a un plan previamente diseñado. Así, conforme a tales hechos declarados probados, ambos acusados habían planeado la comisión de un delito de robo con violencia mediante el empleo de un arma blanca; habían escogido a una víctima "fácil"; según lo planificado, debían hacer todo lo necesario para conseguir su propósito, llegando a lesionar con el cuchillo -de grandes dimensiones- a la víctima para obtener información con la que poder acceder a sus cuentas bancarias; y según lo proyectado, debían hacer todo lo posible para no ser descubiertos, haciéndose pasar la acusada por una víctima más, mientras que el acusado ocultaba su rostro para no ser descubierto, y, cuando ello ya devino inútil, provocando un incendio que hiciere desaparecer las huellas, restos y vestigios que pudieran identificarles.

Por tanto, en el plano -revisable en esta alzada- de los elementos subjetivos, los miembros del Jurado declararon probado, por unanimidad, que entre los acusados existió una relación asociativa para la comisión del robo con violencia, aprovechándose ambos de la llevanza del arma blanca para asegurar su perpetración. En cambio, los componentes del Jurado, al declarar no probado el hecho sexto y, por contra, probados los hechos séptimo y octavo, antes transcritos, al igual que los elementos de convicción tenidos en cuenta, quisieron distinguir entre un plan para robar -mediante la utilización de un arma blanca- el dinero y efectos de valor de una vecina del inmueble, en el que habrían tomado parte los dos acusados, y un plan - superpuesto- para agredir y matar a Matilde al descubrir ésta la identidad del acusado así como el plan de ambos inculpados para sustraerle su dinero, del que quedaría excluida la coacusada Martina.

Sucede, sin embargo, que, por la forma en que tuvieron lugar los hechos, en la que se aprecia una clara división de funciones entre los dos acusados, resulta absolutamente intrascendente que Martina no llevara arma alguna, a los efectos de establecer si concurría o no el dolo propio del delito de asesinato finalmente cometido, sabiendo -como sabía- que su compañero sentimental llevaba un cuchillo de considerables dimensiones, y máxime cuando a ella no le era imprescindible para cumplir el cometido que le fue asignado, antes al contrario, dado su rol de tener que pasar precisamente por "víctima" de su propio compañero, que llevaba el rostro cubierto con disfraz. Téngase en cuenta que la existencia del acuerdo -aunque sólo sea por adhesión- resulta evidente cuando el coautor no muestra su desacuerdo o reprobación a la violencia física empelada por los coautores mientras el delito se está cometiendo y antes de su consumación (SS. TS., Sala 2.ª, 1500/2002 de 18 de septiembre); o cuando, lejos de apartarse e interrumpir la acción típica en el momento de la utilización del arma, continúa con ella, beneficiándose de ese medio empleado por el coautor en el momento de la acción (S. TS., Sala 2.ª, 1458/2000 de 18 de septiembre y 842/2005 de 28 de junio).

En consecuencia, la inferencia realizada por los miembros del Jurado, al declarar no probado el hecho 6.º de constante alusión, resulta absurda y apartada de la lógica y del sentido común, cuando, como antes se ha indicado, existen elementos más que suficientes que determinan que Martina, debe responder como coautora -no como cooperadora (vid. S. TS., Sala 2.ª, 258/2007, de 19 de julio)-, no sólo de los delitos de robo e incendio, sino también del de asesinato. Así, partiendo como hecho probado de la existencia de un plan previamente ideado y trazado por los dos acusados, la coautoría de Martina respecto del delito contra la vida se colige de una serie de elementos, como los siguientes:

A) La previa relación sentimental de los acusados, permite concebir, no sólo una cierta comunidad de intereses, sino también que dada la naturaleza de la misma (confianza), cualquier falta de acuerdo -desacuerdo- habría de ser explicitado de manera visible o evidente; aquélla le permitía, además, conocer o prever la reacción del acusado, que, según consta en las actuaciones, era de natural violento.

B) La elección de la víctima -vecina, "fácil"- se hizo de común acuerdo.

C) El ánimo de enriquecimiento fue común.

D) El pacto común y compartido de apoderamiento era sin limitaciones o exclusiones ejecutivas ("lo que fuera necesario").

E) La actuación fue en todo momento conjunta, si bien con distribución de roles o funciones. La acusada a través de engaño y el acusado mediante violencia.

F) Formaba parte esencial del plan trazado la utilización de un arma, que debía ser y fue efectivamente conocida por la acusada, a la vista de cómo se desarrollaron los hechos.

G) La razón para matar a Matilde (ser descubiertos) fue común y aprovechó también a la acusada Martina.

H) La muerte de la vecina tuvo lugar en presencia de dicha acusada.

I) El comportamiento coetáneo de Martina, evidencia que:

Cuando el arma se utilizó para obtener información no expresó disentimiento. Además, la acusada, después de que Evelio hubiera clavado el cuchillo en la pierna de la víctima, salió de la vivienda para dirigirse a sacar dinero de ésta de los cajeros automáticos, y hallándose en la vía pública y alejada de Evelio no optó por llamar a la policía o pedir ayuda y así evitar la comisión de los hechos posteriores.

Tampoco lo hizo cuando se utilizó el arma para matar. Y eso que se encontraba al lado de Evelio, en el momento de producirse la agresión letal, la cual fue harto prolongada en el tiempo, hasta el punto de que el acusado Evelio, tras efectuar un corte en el cuello de Matilde, que hizo que ésta cayera viva al suelo y boca abajo, le llegó a clavar veintidós cuchilladas consecutivas -hecho 9.º, declarado probado por unanimidad-.

J) El comportamiento posterior de Martina, pone de relieve, que dio plena cobertura, buscó la impunidad y colaboró en la obtención de todo el aprovechamiento para ambos, y de ahí que los componentes del Tribunal de Jurado declararan probado por unanimidad, que los dos acusados, de mutuo acuerdo y con la intención de hacer desaparecer huellas, restos y vestigios que pudieran llevar a su identificación, rociaron con colonia la habitación de Matilde y le prendieron fuego -hecho 15.º del apartado I- y, asimismo, que aquélla intentó sin éxito el día 20 de febrero de 2006 (dos días después de su óbito) varias extracciones y reintegros con las libretas de ahorros que le habían sustraído de su domicilio - hecho 22.º del apartado I-. Tal proceder de Martina desvirtúa, además, su alegato de que pudiera estar sometida a coacción por parte de su compañero; situación ésta que en absoluto ha quedado acreditada en autos, sino, más bien, todo lo contrario, o sea que actuó libremente en todo momento y sin merma alguna de sus facultades intelectivas y volitivas (vid. hechos 10.º y 11.º del apartado II).

7. Pues bien, tras el análisis fáctico realizado, es de señalar, desde una perspectiva técnico-jurídica, que existe una igualdad de responsabilidad y de grado cuando en ejecución de un plan preconcebido, todos coadyuvan de modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que realice cada uno de ellos, siempre que ostenten el condominio funcional del hecho. Así la S. TS., Sala 2.ª, 1166/2002 de 24 de junio, resumiendo una copiosa doctrina anterior sobre la materia (SS. TS. 1177/1998 de 14 de diciembre, 573/1999 de 14 de abril, 1263/2000 de 10 de julio, 1240/2000 de 11 de septiembre y 1486/2000 de 27 de septiembre, entre otras), enseña que "la nueva definición de la coautoría acogida en el artículo 28 del Código Penal de 1995, como "realización conjunta del hecho" implica que cada uno de los concertados para ejecutar el delito colabora con alguna aportación objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto. No es, por ello, necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, y concretamente en el homicidio la materialización de la agresión letal, pues a la realización del delito se llega conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas". Y respecto de la trascendencia de dicha aportación y de la necesidad del dominio funcional del hecho en el coautor, las SS. TS. Sala 2.ª, 251/2004 de 26 de febrero y 529/2005 de 27 de abril, sostienen que "cada coautor, sobre la base de un acuerdo previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta a la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Ésta es la ejecución conjunta a la que se refiere el Código Penal -artículo 28 -".

Afirmada la coautoría, se produce la necesaria extensión de la responsabilidad por la totalidad del hecho a todos los que ejercen un dominio funcional sobre el mismo. En efecto, es doctrina reiterada que todos los que concurren en la ejecución de un hecho como coautores se ven ligados por un vinculo de solidaridad que les corresponsabiliza en el mismo grado, cualquiera que sea la parte que cada uno tome -imputación recíproca-, ya que todos coadyuvan de modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente realizasen para el logro de la ilícita finalidad perseguida, y sin que por ello se afecte el principio de culpabilidad (SS. TS., Sala 2.ª, 1405/1997 de 28 de noviembre, 884/2002 de 21 de mayo, 1049/2005 de 20 de septiembre, 1151/2005 de 11 de octubre, 1436/2005 de 1 de diciembre, 1003/2006 de 19 de octubre, 1145/2006 de 23 de noviembre y 258/2007 de 19 de julio).

8. Pero es más, tal como expresó este propio TSJC -en un supuesto análogo al que aquí nos ocupa- en la sentencia núm. 21/2007, de 15 de octubre (confirmada por la S. TS., Sala 2.ª, 434/2008, de 20 de junio) "..., no debe olvidarse que nuestro Tribunal Supremo entiende que, aunque el concierto --pactum scaeleris-- entre los diversos acusados de un delito de robo con uso de armas se hubiera limitado al apoderamiento del dinero de la víctima mediante una acción meramente intimidatoria, respecto a las muertes o lesiones causadas por uno de ellos a la víctima del acto depredatorio con las armas o instrumentos de que se proveyeran para su comisión, se produciría igualmente la comunicabilidad de la responsabilidad a los demás cuando, a tenor de las reglas de la lógica y de la experiencia común, pueda afirmarse que el coacusado inevitablemente habría previsto -- "teoría de las desviaciones previsibles"-- que, no resultando suficiente para el logro del objetivo depredatorio la mera compulsión psíquica de la víctima ejercida mediante la intimidación, su compañero o compañeros armados utilizarían la violencia física con dicha finalidad, corresponsabilizándose por ello por vía del dolo eventual de la acción agresiva y del resultado de la misma en el mismo concepto de coautoría que el ejecutor material de las agresiones, teniendo en cuenta que la compatibilidad del delito de asesinato cualificado por la alevosía con el dolo eventual está fuera de discusión (SS TS 2.ª 653/2004 de 24 may., 21/2007 de 19 ene. y 466/2007 de 24 may.).

A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina reiterada que el previo concierto para llevar a término un delito de robo con violencia o intimidación que no excluya a priori todo riesgo para la vida o la integridad corporal de las personas, responsabiliza a todos los partícipes directos del robo con cuya ocasión se cause una muerte o unas lesiones, aunque sólo alguno o algunos de ellos sean ejecutores de semejantes resultados personales, pues el partícipe no ejecutor material del acto homicida o lesivo que prevé y admite, de modo más o menos implícito, que en el "iter" del acto depredatorio pueda llegarse a ataques corporales, cuando menos se sitúa en el plano del dolo eventual, justificándose tanto en el campo de la causalidad como en el de la culpabilidad su responsabilidad en la acción omisiva o lesiva (véanse, en este sentido las SS TS 2.ª de 780/1993 de 31 mar., 1812/1994 de 18 oct., 2159/1994 de 7 dic., 642/1995 de 11 may., 1147/1995 de 20 nov. y 1326/1995 de 21 dic.; y entre las más recientes, las SS TS 2.ª 1478/2001 de 20 jul., 1500/2002 de 18 sep., 838/2004 de 1 jul., 842/2005 de 28 jun., 1037/2006 de 26 oct. y 2629/2006 de 20 dic.; así como el A TS 2.ª 879/2000 de 29 mar.)".

Por ende, aunque no fuera posible considerar probado que hubo acuerdo expreso o tácito sobre la causación de la muerte de la vecina entre ambos encausados, el dolo eventual propio del robo con intimidación y con uso de armas habría de abarcar las consecuencias de dicho uso -entre ellas el asesinato-, pues el reparto de roles no produce disminución de la responsabilidad, y el carácter de coautor no se excluye en los casos de desviaciones de alguno de los partícipes del plan inicial, siempre que dichas desviaciones tengan lugar en el marco habitual de los hechos emprendidos, es decir, que de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, no quepa considerar imprevisibles para los partícipes.

En definitiva, en el supuesto examinado, resulta indiferente a los efectos de acreditar la participación de Martina en el delito de asesinato y a fin de establecer si en ella concurría el dolo (directo o eventual) del asesinato finalmente cometido, que no hubiera un pacto previo y expreso para acabar con la vida de Matilde, ni que la acusada no llevara el arma blanca, ni mucho menos que no incitara o alentara, tanto físicamente, como verbalmente, a Evelio a cometer la agresión a la víctima.

9. Corolario de lo hasta aquí explicitado, es la estimación del primer motivo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, en lo que supone la condena de Martina como coautora de un delito de asesinato, con alevosía y ensañamiento, previsto y penado en el artículo 139. 1.ª y 3.ª en relación con el 140, ambos del Código Penal, en los términos expresados por el Magistrado-Presidente del Tribunal de Jurado respecto del otro condenado - Evelio -.

Aún cuando se descartase la existencia de dolo directo en la participación de la acusada en cuanto al delito de asesinato y se considerase que estamos ante un supuesto de dolo eventual, lo cierto es que, en aplicación de la indicada "doctrina de las desviaciones previsibles", éste resulta totalmente compatible con la apreciación de dichas circunstancias agravantes específicas, según ha proclamado reiterada doctrina jurisprudencial (SS. TS., Sala 2.ª, entre otras, 268/2001 de 19 de febrero, 119/2004 de 2 de febrero, 514/2004 de 19 de abril, 653/2004 de 24 de mayo, 466/2007 de 24 de mayo, 434/2008 de 20 de junio -respecto de la alevosía-; y SS. TS., Sala 2.ª, de 14 de diciembre de 2001 y 25 de marzo de 2004 -respecto del ensañamiento-.

En cuanto a la determinación e individualización de la penalidad, por lo que se refiere a la acusada Martina, además de las penas correspondientes a los delitos de robo con violencia y uso de arma y de incendio y a la falta de lesiones impuestas por el Magistrado-Presidente del Tribunal de Jurado, por el delito de asesinato, respecto del que no concurren circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad penal, y sí, cual antes se ha puntualizado, dada su comunicabilidad a todos los partícipes, las dos agravantes específicas -1.ª y 3.ª del artículo 139 CP -, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 140 CP, que prevé la pena de prisión de veinte a veinticinco años, cuando concurran más de una de las circunstancias previstas en el artículo anterior -como es el caso- y de lo estatuido en el artículo 66.1 regla 6.ª CP, que reza que "cuando no concurran atenuantes ni agravantes, los tribunales aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho", y si bien el hecho cometido es realmente grave, como resalta la sentencia impugnada, la Sala, en atención a la situación personal de Martina y el concreto rol que tenía asignado en el plan trazado en el común propósito de enriquecimiento ilícito -hacerse pasar también por víctima y acudir a las entidades bancarias para extraer el máximo de dinero posible de las cuentas corrientes de titularidad de la única y real víctima-, estima procedente imponerla la pena mínima, es decir VEINTE AÑOS DE PRISIÓN e igual tiempo de inhabilitación absoluta por el referido delito de asesinato, y ello porque, sin perjuicio de la extensión de responsabilidades que se produce en los supuestos de coautoría (Art. 28 CP) en que exista distribución de funciones, es apropiado -acorde con lo relatado- establecer diferencias punitivas dentro del marco establecido para cada tipo penal en atención a la diferente importancia de las contribuciones realizadas por cada coautor.

Tercero.-1. El segundo motivo de apelación formulado tanto por el Ministerio Fiscal, como por la acusación particular, relativo a la improcedencia de aplicar en el presente caso la doctrina de la "unidad de acción o progresión delictiva" respecto de los hechos acaecidos el día 20 de febrero de 2006 -recogidos y declarados probados por unanimidad en el Hecho 22 del apartado I del objeto del veredicto-, debe también prosperar.

A diferencia de lo argumentado por el Magistrado-Presidente del Tribunal de Jurado en la sentencia impugnada, que considera que "existe un solo delito de robo con violencia e intimidación, que abarca igualmente las posteriores extracciones de dinero en cajeros automáticos (robos con fuerza del artículo 239, último párrafo, del Código Penal) efectuados con la misma Libreta de ahorros que constituyó objeto del inicial acto depredatorio ejecutado con violencia y realizados por uno de los mismos autores del robo con violencia", lo cierto es que, en aplicación de la moderna doctrina jurisprudencial, de la que es un fiel y reciente ejemplo la sentencia de nuestro más Alto Tribunal, Sala 2.ª, 282/2008 de 22 de mayo, con cita de otras muchas, que proclama que: "La pluralidad de actos de sustracción referidos al patrimonio de la misma víctima, sin apenas solución de continuidad, no implica pluralidad de delitos, aunque aquellos actos tengan lugar en escenarios diversos, si son próximos en tiempo y espacio y, además, fruto de una única decisión, ejecutándose sin significativa solución de continuidad", en el supuesto enjuiciado, sólo pueden ser considerados como actos de apoderamiento consecutivos al inicial robo violento perpetrado el día 18 de febrero de 2006, las extracciones bancarias realizadas materialmente por la acusada el mismo día y mientras se estaba llevando a cabo el apoderamiento violento planeado por ambos acusados -y sólo en tal particular se coincide con el Magistrado- Presidente del Tribunal de Jurado-, dado que tales hechos han de quedar integrados en la misma intención criminal, al haber sido perpetrados en un período de tiempo próximo a su ejecución, y constituir, en definitiva, la perfección del ilícito penal de apoderamiento con la consecución del dinero, de manera que se puede considerar que el delito continuado de robo con fuerza relativo a las distintas sustracciones llevadas a cabo el día 18 de febrero de 2006, queda, efectivamente, absorbido por el delito de robo con violencia por el que han sido condenados ambos acusados.

2. Cuestión distinta, es la referente a los hechos acaecidos el día 20 de febrero de 2006 y que constituye propiamente el motivo del recurso de sendas acusaciones, toda vez que la acusada Martina, intentó nuevas extracciones y otras operaciones bancarias en distintos cajeros automáticos, siguiendo el plan previsto con su compañero Evelio, dos días después del apoderamiento violento y con posterioridad al asesinato de la víctima y al incendio de la vivienda de ésta.

Respecto de tales hechos, acorde con lo sustentado por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular en el acto de la vista del recurso, no concurren los requisitos de unidad de tiempo, espacio y ocasión, por cuanto no hay unidad de acción, al no haber solución de continuidad, lo que comporta, siguiendo la doctrina jurisprudencial antes reseñada, que tal ilícito proceder no pueda quedar absorbido dentro del robo con violencia perpetrado el día 18 de febrero de 2006.

3. En consecuencia, los hechos del día 20 de febrero de 2006 -declarados probados por unanimidad en el Hecho 22 del apartado I-, configuran un ilícito penal autónomo e independiente del delito de robo con violencia y uso de arma por el que aquéllos han sido condenados; y como quiera que en tal fecha los acusados no consiguieron cantidad alguna de dinero, es por lo que los hechos de constante referencia deben reputarse como legalmente constitutivos de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, tipificado en los artículos 237, 238.4, 239.2 y párrafo último y 240 en relación con el artículo 16.1 del Código Penal, del que son responsables en concepto de autores, ambos acusados, Evelio y Martina, con la concurrencia en el primero de ellos de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, atenuante de drogadicción, prevista en el artículo 21.2 CP, y en la segunda de la circunstancia atenuante de confesión del artículo 21.4 CP., en los términos ya analizados y descritos por el Magistrado-Presidente en el Fundamento de Derecho Noveno de la sentencia apelada.

4. En orden a la determinación de la penalidad del referido delito de robo con fuerza en grado de tentativa, partiendo de que la pena correspondiente, en función de lo dispuesto en los artículos 62 y 70.1, regla 2.ª, abarcaría desde seis meses a un año de prisión, la Sala, atendiendo a las circunstancias personales de los acusados y al grado de ejecución alcanzado, al haber realizado éstos todos los actos necesarios para obtener el máximo de dinero posible, sin conseguirlo por causas totalmente independientes a su voluntad, estima procedente la reducción de la pena en un grado a la que el Código punitivo señala para el delito consumado, aunque eso sí en su mínima extensión.

En base a todo ello, se impone a cada uno de los acusados, por el delito de robo con fuerza en grado de tentativa, la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Cuarto.-1. Finalmente es de añadir y precisar, dentro de los conceptos de penalidad y de responsabilidad civil, que por lo que respecta a la condenada Martina, y en cuanto al primero de ellos, se fija, en función de lo estatuido en el artículo 76.1. b) CP, el límite máximo de 30 años de prisión de cumplimiento efectivo por razón de las penas impuestas en la presente causa.

Asimismo y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 58.1 CP, para el cumplimiento de tales penas, le será abonable a dicha penada, el tiempo que se haya visto privada provisionalmente de libertad por razón de la presente causa o, aún por otras, siempre que lo haya sido por hechos anteriores al ingreso en prisión.

2. En orden al segundo concepto y de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 110.3.º, 113, 115 y 116 CP, en razón a los daños morales derivados del delito de asesinato por el que se impone ahora condena a Martina, procede igualmente condenarla a que indemnice a los hijos de la víctima Sixto, Covadonga y Piedad, y a los hermanos de aquélla, Juan, Ovidio y Alejandra, en las mismas cantidades a cada uno de ellos que en la sentencia recurrida se fijan a cargo de Evelio y que aparecen reseñadas en los antecedentes de la presente sentencia, estableciéndose la solidaridad entre ambos en cuanto a su abono (Art. 116.1 CP).

Quinto.-Consecuentemente con todo lo hasta aquí expuesto, procede, con estimación de sendos recursos formulados por el Ministerio Público y por la acusación particular y con la consiguiente revocación parcial de la sentencia impugnada, dar lugar a las pretensiones de ambas acusaciones en los términos explicitados en las precedentes fundamentaciones jurídicas; debiéndose confirmar todos los restantes pronunciamientos de la resolución de instancia, máxime cuando ninguno de ellos ha sido recurrido.

Sexto.-No es de hacer imposición de las costas de la presente apelación a ninguna de las partes, debiéndose declarar de oficio las que se hubieren podido irrogar.

VISTOS, los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.


PARTE DISPOSITIVA


 
LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, HA DECIDIDO:

ESTIMAR tanto el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, como el formulado por la representación procesal de los Sres. Sixto, Covadonga y Piedad, contra la sentencia dictada el día 30 de noviembre de 2009, en el Procedimiento de Jurado núm. 38/08, dimanante de la Causa de Jurado núm. 1/06 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Mataró, y, en consecuencia, REVOCAR PARCIALMENTE dicha sentencia, en el sentido de, además de mantener las penas impuestas a cada uno de los acusados en la mentada resolución:

- CONDENAR a Martina, como coautora de un delito de asesinato, con alevosía y ensañamiento, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, con igual tiempo de inhabilitación absoluta.

Asimismo dicha condenada, en concepto de responsabilidad civil, DEBERÁ INDEMNIZAR a Sixto, Covadonga y Piedad, en la suma a cada uno de ellos de NOVENTA MIL EUROS (90.000 €) y a Zaira, Gaspar, Juan, Ovidio y Alejandra en la suma a cada uno de ellos de TREINTA MIL EUROS (30.000 €), a cuyo pago vendrá obligado aquélla de forma solidaria con el otro penado, Evelio.

- CONDENAR a Evelio y a Martina, como penalmente responsables en concepto de autores, de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, con la concurrencia en el primero de ellos de la circunstancia atenuante de drogadicción y en la segunda de la circunstancia atenuante de confesión, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN a cada uno de ellos, con igual tiempo de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

SE FIJA para la indicada Martina en TREINTA AÑOS el tiempo máximo de cumplimiento efectivo de las penas de prisión impuestas. Para el cumplimiento de las mismas, le será abonable todo el tiempo que se hubiere visto privada provisionalmente de libertad.

SE CONFIRMA la susodicha sentencia de instancia en sus restantes pronunciamientos.

SE DECLARAN de oficio las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, a los acusados y a las demás partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en los términos que previene el art. 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta sentencia, lo pronuncian, mandan y firman la Presidenta y los Magistrados expresados al margen.

Publicación.-Esta Sentencia ha sido leída, firmada y publicada el mismo día de su fecha; doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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