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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 3/2010, de 7 de octubre


 RESUMEN:

Delito de homicidio. Carácter del recurso contra las Sentencias del Tribunal del Jurado. Error en la apreciación de la prueba: Supuestos para su admisión. Análisis del elemento subjetivo: Doctrina del TS. Agravante de parentesco: Supuestos en los que ha de apreciarse según el TS.

SENTENCIA

En Albacete a siete de Octubre de dos mil diez.

Vistos en grado de apelación los presentes autos, seguidos ante la Audiencia Provincial de Cuenca por el Procedimiento de la Ley del Jurado, con el número 1 de 2010, dimanante de los autos numero 2 de 2008 del Juzgado de Instrucción 2 de Tarancón, por delito de homicidio, siendo parte apelante, D Clemente, representado por el Procurador D.ª CONSUELO CASTILLO SANCHEZ, y defendido por el Letrado D LUIS FERNANDO MONTERO DE ESPINOSA SOLBES; y parte apelada D.ª Celsa, que ha formulado y sostenido también recurso supeditado de apelación, representada por la Procuradora D.ª ANA GOMEZ IBAÑEZ, y defendida por el la Letrada D.ª M.ª Cruz Castejón Orengo; ha sido parte el Ministerio Fiscal con la asistencia del Excmo. Sr. Fiscal Superior de Castilla-La Mancha D. JOSE MARTINEZ JIMENEZ; y Ponente el Excmo. Sr. Presidente Don Vicente Rouco Rodríguez, Presidente de la Sala;


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 6 de Mayo de 2010 el Iltmo. Sr. Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Cuenca dictó sentencia en el procedimiento de referencia, cuyos hechos probados y Fallo literalmente transcritos son los siguientes: "II. HECHOS PROBADOS.- A/ El Tribunal del Jurado, al evacuar el objeto del veredicto da como probado por unanimidad los siguientes hechos, acerca de la culpabilidad del acusado: 1) El acusado Clemente, mayor de edad y sin antecedentes penales, antes de las 9 horas del día 15 de agosto de 2008, se encontró, estando en la huerta de su propiedad sita en el Paraje San Juan Caído de la localidad de Zafra de Zancara (Cuenca), a la altura del Km. 4,150 junto a la carretera CU-V.1032, sentido Autovia A-III (Madrid-Valencia) margen izquierdo, con su cuñado Jose Antonio, dueño de una parcela contigua a la del acusado separadas simplemente por un surco. Clemente dado su carácter, mantenía unas relaciones personales no muy buenas con su cuñado. El día de los hechos, recrimino a Jose Antonio una vez llegado este a su huerta, que no le respetaba las plantas, contestándole Jose Antonio a Clemente, que "él era más prudente".- Entre ambos cuñados se inició una discusión en la huerta propiedad del acusado, en el lugar donde había una caseta que usaban tanto la víctima como el acusado, y sin que Jose Antonio provocara o agrediera al acusado Clemente, este esgrimiendo un cuchillo con una hoja metálica terminada en punta de 21 centímetros de largo por 3,5 centímetros de ancho, con mango de plástico negro de 12 centímetros de ancho, acometió con la intención de acabar con la vida de la víctima, varias veces a Jose Antonio, lanzándole diversas cuchilladas que éste trató de eludir protegiéndose con ambos brazos, lo que produjo en Jose Antonio tres lesiones puntiformes en la cara posterior del antebrazo derecho, así como una herida cortante en codo izquierdo.- En el transcurso de la agresión que Clemente realizo sobre Jose Antonio, alcanzó a éste en el costado izquierdo, causándole una herida cortante superficial lineal oblicua descendente de 4 centímetros, en la región abdominal le causó una herida cortante superficial de 17,1 centímetros y en la región del vacío izquierdo (zona cercana a la región inguinal), le causó una herida de 4,5 centímetros de longitud externa y con una profundidad de al menos 12 centímetros en que su trayectoria seccionó la vena femoral y safena interna, así como las arterias pudendas, llegando a alcanzar la rama ascendente del hueso isquion del hueso iliaco izquierdo; rompiendo el cuchillo Clemente al realizar tal acometimiento, quedando la hoja del mismo en la cavidad producida en esta zona perforada.- Esta última herida inciso punzante en la región del vacío izquierdo (zona cercana a la región inguinal), fue la causa de la muerte de Jose Antonio, quien si bien logró escapar de la huerta de su cuñado después de recibir las puñaladas descritas, logrando subir a su coche Matricula X-....-XW, dado que se esta desangrando por la última puñalada recibida, sólo pudo conducir escasos metros hasta fallecer en el interior del vehículo. -B/ Asimismo en orden a la responsabilidad civil solicitada se declara probado por las pruebas practicadas en el acto del juicio oral: 2/ La víctima Jose Antonio, en el momento de ocurrir los hechos descritos, estaba casado con Celsa quien dependida económicamente de Jose Antonio. Ambos tenían dos hijos en común quienes vivían independientemente de sus padres.- El acusado Clemente en el momento de ocurrir los hechos estaba unido en matrimonio con una hermana de Jose Antonio, llamada Nieves." "FALLO.- Que SE DEBE CONDENAR Y SE CONDENA al acusado Clemente, como autor plenamente responsable de un delito de homicidio, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de QUINCE AÑOS DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; y con las PROHIBICIONES siguientes: a) RESIDIR EN LA LOCALIDAD DE ZAFRA DE ZANCARA (CUENCA); así como b) ACERCARSE A LA VIUDA E HIJOS DE Jose Antonio, en un radio de un kilómetro, por el tiempo de UN AÑO MAS, DE LOS QUINCE AÑOS QUE LE SON IMPUESTOS como pena de prisión, pena y prohibición que se cumplirán de forma simultanea.- Asimismo deberá abonar las costas de esta instancia incluidas las de la Acusación Particular.- Deberá abonar además a la viuda de Jose Antonio, Doña Celsa, la cantidad de 120.000 euros (ciento veinte mil euros) y a cada uno de los hijos de Jose Antonio, Raimundo y Carolina la cantidad de 30.000 euros (treinta mil euros).- Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad se abonará el tiempo que haya estado el acusado en prisión preventiva".

Segundo.-Contra la anterior sentencia por la representación legal del acusado y condenado por la citada sentencia, interpuso recurso de apelación con base a los siguientes motivos:

Primero.-- Por la vía del artículo 846 bis c) letra a) en conexión con la letra e) de la LECRIM.

Se refiere el motivo a la no inclusión por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado en el objeto del veredicto sometido al Jurado de tres cuestiones o extremos de hecho:

- Que el cuchillo encontrado en el lugar de los hechos no fue el arma que causó la muerte de D Jose Antonio.

- Que el cuchillo encontrado en el lugar de los hechos fue el arma que el fallecido, D Jose Antonio, utilizó para amenazar y atacar a Clemente.

- Que Clemente no quiso matar a D Jose Antonio, si bien este murió a consecuencia de las heridas que le inflingió aquél.

El motivo se construye en el escrito de interposición partiendo del resultado de la prueba pericial biológica practicada en el juicio al manifestar los peritos de la Guardia Civil de forma indubitada que no se encontraron perfiles genéticos que pudieran identificarse con el ADN de la víctima ni en el mango del cuchillo encontrado en la huerta donde ocurrieron los hechos, ni en la propia hoja del cuchillo hallada en el interior del vehículo donde fue localizado el fallecido, sin que las otras explicaciones posibles en su opinión para justificar esa ausencia (condiciones climáticas extremas o que el arma hubiera sido limpiada o lavada) se correspondan con la versión ofrecida de los hechos por las acusaciones o con los datos de hecho acreditados. Si, de acuerdo con dicha versión, el cuchillo se rompió después de la profunda herida inflingida con el mismo en la región del vacío de la pierna izquierda, hasta el extremo de que la hoja quedó dentro de la propia herida; y si de acuerdo con los datos que se desprenden del acta del juicio y actuaciones se adoptaron en el momento de practicarse las primeras diligencias todas precauciones necesarias para custodiar todos los elementos de convicción, parece de que de acuerdo con la "más elemental lógica" la hoja de cuchillo debería de tener restos biológicos de la víctima; a no ser que se admita, que es la versión que sostiene, que el cuchillo fue esgrimido por Jose Antonio - el fallecido - y el arma con el que se golpeó en la cabeza al hoy apelante y acusado - Clemente - todo lo cual justificaría a su juicio la existencia de una agresión ilegítima por parte del fallecido y una defensa por parte del acusado; todo lo cual impondría la estimación de la eximente incompleta o atenuante de legítima defensa que se sostuvo en el acto del juicio con la consiguiente imposición de la pena inferior en dos grados a la del homicidio.

Segundo.-Por la vía del artículo 846 bis c) letra b) del artículo 846 de la LECRIM.

Con dicha base invoca la infracción por inaplicación de la figura del homicidio imprudente prevista en el artículo 142 del CP, si bien - dice - habría sido más adecuada la existencia de un concurso entre un delito de lesiones dolosas y un homicidio imprudente.

Desde su punto de vista no consta el ánimo de matar por parte de D. Clemente.

De las heridas que presentaba ninguna afectaba a zonas, centros u órganos que "usualmente se pueden calificar de vitales", sin que después del suceso y de quedar herida la víctima, el acusado le impidiera abandonar la escena de los hechos ni se produjo ningún nuevo acometimiento sobre el mismo "prevaliéndose de la situación de indefensión o debilidad de la víctima".

De acuerdo con ello al concurrir ese homicidio imprudente procedería la imposición de la pena de tres años.

Tercero.-El último motivo del recurso se articula por la vía del artículo 846 bis c) de la LECrim. Y denuncia la infracción del artículo 66, regla 6.ª del CP en lo que respecta a la individualización de la pena que ha dado lugar a que el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, haya impuesto la pena máxima prevista para el delito de homicidio - quince años - pese a no haberse apreciado la concurrencia de agravante alguna, sosteniendo que en el caso no concurren "circunstancias especialmente odiosas" que hagan aún más execrable el delito cometido, sin que tampoco se hayan tenido en absoluto en cuenta las circunstancias personales del acusado: ausencia de antecedentes penales y su propia edad, de 79 años en el momento de los hechos, lo que se traduce - a tenor de las reglas sobre beneficios penitenciarios y, sobre todo, acerca de la libertad provisional, es "muy probable" que el condenado no vuelva " a salir en vida de la cárcel", lo que debería haber sido ponderado en la aplicación de la pena, "como se hace con otros condenados..." De acuerdo con ello debe minorarse la pena a la mitad inferior de la prevista por la Ley para el delito cometido.

En base a lo expuesto concluía con la solicitud de que se dictara sentencia conforme a lo solicitado en el cuerpo del escrito del recurso.

Tercero.-Del anterior recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que lo impugnó en base a las alegaciones formuladas solicitando su desestimación; y a la representación de la acusación particular, parte apelada, que además de impugnarlo también articuló recurso supeditado de apelación con base al siguiente motivo:

Único.-Por la vía del artículo 846 bis c) de la LECrim letra b) por inaplicación de la circunstancia agravante de parentesco prevista en el artículo 23 del CP.

Rebate en el mismo los argumentos esgrimidos en la sentencia por el Magistrado para no apreciar la citada circunstancia agravante. Desde su punto de vista la muerte de un pariente de los contemplados en el citado precepto implica una mayor "penosidad" para todos los directamente afectados por dicha muerte, que no son sólo la familia del fallecido sino también la propia familia del agresor. Sólo en el caso de que estímulos más poderosos que el respeto familiar impulsaran al reo a delinquir tal relación no operaría como agravante. Sin compartir la afirmación de la sentencia de que en nada influye para agravar la conducta al haberse realizado la muerte al margen de la relación parental existente, porque tal relación existía y ello ha dado lugar a que se cause un plus de dolor añadido y el acusado, que "ha roto dos familias", no ha tenido "ningún respeto por esos vínculos".

Aun cuando el motivo no tenga trascedencia práctica de acuerdo con el razonamiento de la sentencia al aplicar la pena máxima, la apreciación de la citada agravante refuerza dicha conclusión, razón por la que se mantiene.

En base a lo razonado suplicaba se dictara sentencia por la que desestimando el recurso de apelación del acusado y estimando a su vez el supeditado de apelación interpuesto por dicha parte se mantenga la condena del mismo como autor responsable de un delito de homicidio doloso del artículo 138 del CP con la concurrencia de la agravante de parentesco la pena de quince años de prisión, accesorias y costas incluidas las de la acusación particular en los términos de la sentencia recurrida y que no han sido objeto de recurso.

Cuarto.-De dicho recurso supeditado se dio a su vez traslado a la parte apelante principal y al Ministerio Fiscal que lo impugnaron en los términos que estimaron convenientes; y verificado lo anterior se emplazó a todas las partes para ante este Tribunal Superior de Justicia, y comparecidas dentro de plazo ante esta Sala, por providencia de 16 de Septiembre pasado se señaló para la vista del recurso el día 6 de Octubre del corriente a las 10,30 horas; y llegado el mismo el acto tuvo lugar con asistencia de la representación letrada de la parte apelante que informó en apoyo de su recurso y de la apelada y apelante supeditada así como del Ministerio Fiscal que lo hicieron defendiendo su recurso supeditado, oponiéndose al recurso de contrario y solicitando se dictara sentencia de acuerdo con sus pretensiones.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Examinaremos ante todo los dos primeros motivos del recurso de apelación interpuesto por la representación del apelante principal, condenado por la sentencia del Tribunal del Jurado, porque son previos desde el punto de vista de la lógica procesal al recurso de apelación supeditado de la acusación particular, por el que se propugna la apreciación de una circunstancia agravante, la de parentesco, no acogida por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, y al tercero del propio recurso principal, referido a la individualización de la pena impuesta por la sentencia apelada.

Segundo.-El primero de los motivos de recurso, articulado por la vía del artículo 846 bis c) letra a) en conexión con la letra e) de la LECRIM, denuncia la infracción procesal cometida al formular el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado el objeto del veredicto sometido al Jurado, por rechazar expresamente tres cuestiones o extremos de hecho solicitados por la defensa. Concretamente los siguientes:

- Que el cuchillo encontrado en el lugar de los hechos no fue el arma que causó la muerte de D Jose Antonio.

- Que el cuchillo encontrado en el lugar de los hechos fue el arma que el fallecido, D Jose Antonio, utilizó para amenazar y atacar a Clemente.

- Que el acusado Clemente no quiso matar a D Jose Antonio, si bien éste murió a consecuencia de las heridas que le inflingió aquél.

Dicho motivo, desarrollado en la vista con profusión de citas y referencias a pruebas practicadas en el juicio, con indicación precisa de los folios de las actuaciones donde aparecen las referencias, declaraciones o manifestaciones en que se apoya, trata de dar entrada, aderezado con una visión de los hechos netamente diferente del relato fáctico declarado probado por la sentencia apelada con base a los hechos del veredicto estimados probados por el Jurado, a la aplicación de una eximente incompleta o atenuante de legítima defensa, como se infiere de la propia formulación literal del mismo en el escrito de interposición del recurso que se ha mantenido también en el acto de la vista.

De acuerdo con esa tesis, ahora resumida, cómo en los dos trozos del cuchillo hallados en la escena de los hechos no se pudo detectar por la pericial biológica practicada y reproducida en el juicio la presencia de rasgos genéticos -ADN - de la víctima, la única explicación de acuerdo con "la más elemental lógica" es que dicha arma no fue la utilizada para atacar a la víctima sino que ésta era la que se utilizó por la misma para acometer al acusado ocasionándole con ella la herida que presentaba en la cabeza; para de esa inferencia concluir la existencia de la referida circunstancia de exención o atenuación de la responsabilidad criminal.

Tercero.-El motivo del recurso no puede ser en modo alguno acogido.

Ante todo por la razón básica de que ha sido - como bien sostienen tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal - inadecuadamente formulado. En efecto, porque aun cuando para su cobertura se cite la letra e) del artículo 846 bis c) de la LECRIM, referida a la vulneración de la presunción de inocencia porque carezca de toda base razonable la condena, algo que ni se deduce ni se colige de su tenor y contenido, ni por su puesto se sostiene, desde el momento en que el propio recurrente admite ya la autoría de los hechos y la condena por los mismos, que en su línea defensiva en el juicio constituía en cambio la pretensión principal; en rigor, la omisión en el objeto del veredicto de determinados hechos planteados por las partes al haberlo denegado expresamente el Magistrado Presidente del Jurado, constituye únicamente, de haber alguna infracción de Derecho, uno de los supuestos de posible "quebrantamiento de forma" que se acogen propiamente en la letra a) del citado artículo 846 bis c) de la LECRIM, como de la propia lectura literal del mismo se infiere, cuando contempla como motivo de este recurso extraordinario y especial el que "en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que causare indefensión, si se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación." Mencionando específicamente entre otros como supuestos la existencia de defectos en el veredicto, por defecto en la proposición del objeto de aquél, y siempre que de ello se derive indefensión.

Ahora bien, la consecuencia de haber elegido esta vía procesal hubiera debido ser en propiedad, de acuerdo con la propia naturaleza formal del motivo, la pretensión de devolución de la causa al Tribunal del Jurado con retroacción al momento en que se cometió la falta y consiguiente nulidad del veredicto; lo que de prosperar supondría un nuevo juicio con nuevo Jurado. Y así se infiere de la propia consecuencia legal prevista para la acogida de un motivo basado en el citado apartado a) del artículo 846 bis c) en el artículo 846 bis f) de la LECRIM cuando señala que el Tribunal (esta Sala) si estimase el recurso por algunos de los motivos a que se refieren las letras a) y d) del artículo 846 bis 3, mandará devolver la causa a la Audiencia para celebración de nuevo juicio.

Lejos de ello, la parte apelante se ha fijado en esa omisión para pretender la introducción en relato de hechos probados de las hipótesis que la misma sometió a la consideración del Magistrado Presidente como alternativas de los que debían formularse en el objeto del veredicto a examinar por el Jurado; y al hacerlo además de equivocarse en el cauce procesal ha desconocido una de las máximas o principios fundamentales inherentes a la propia configuración del Jurado y a la naturaleza o configuración legal del recurso de apelación contra sus sentencias.

Es de recordar, que el recurso contra las Sentencias del Tribunal del Jurado ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia no es propiamente de apelación como pudiera deducirse de su propia denominación, sino que tiene un carácter muy similar al recurso extraordinario de casación regulado en nuestra LECRIM a raíz de la modificación introducida por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 mayo 1995 (Reguladora del Tribunal del Jurado).

En efecto, se suele reconocer la configuración legal de este medio de impugnación como un recurso extraordinario en cuanto que sólo procede cuando la Ley lo prevé expresamente; tan sólo son atacables por este medio las resoluciones específicamente previstas en el art. 846 bis, a) y, en principio, únicamente puede formalizarse por los motivos que anuncia exhaustivamente esta norma.

Pese a que el legislador lo denomina como apelación no es de apelación plena porque no cabe que en él las partes aleguen nuevos materiales de hecho, ni puedan proponerse y practicarse medios de prueba. Pero, a la vez, es extraordinario por estar tasados los motivos.

En otras palabras, no se trata de una simple apelación sino que su naturaleza es similar a la de la casación, lo que determina la necesidad de que su interposición venga fundada por la alegación de motivos separados para cada tema y fundándose en las causas predeterminadas que se comprenden en el artículo 486 bis c) en relación con los arts. 850 y 851 de la citada Ley, técnica similar al recurso de casación a que estos dos últimos preceptos citados se refieren. Y es que en puridad de principios salvo consideraciones para responder a problemas jurídicos puntuales, el Tribunal Superior de Justicia, no debe revisar la valoración de la prueba efectuada por los jurados, pues ello desnaturalizaría la institución, y tampoco se practica en la vista del recurso de apelación nueva prueba que pueda complementar o, en su caso, desvirtuar, el resultado del acervo probatorio aportado a la vista oral.

Cuarto.-Pues bien, como vemos, el apelante lo que trata de hacer, no es que esta Sala se convenza de que Magistrado Presidente cometió una infracción procesal al no someter al Jurado como hipótesis de su deliberación y veredicto las que formula en esas proposiciones que fueron denegadas expresamente por el Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, sino de que prevalezca su interpretación del resultado de las pruebas sobre un determinado hecho o su propia hipótesis o explicación sobre las conclusiones del resultado de una prueba pericial practicada en el juicio, cuando el resultado de la misma determinó que no se encontraron en el análisis o examen de la pieza de convicción los perfiles genéticos de la víctima; y es según esa particular interpretación que el cuchillo en cuestión fue en realidad el arma con el que la víctima agredió al acusado, para de ahí tratar de construir una eximente incompleta o atenuante de legítima defensa, que es verdaderamente la consecuencia que extrae en la formulación del recurso.

Pero para ello ha elegido un cauce procesal equivocado insistimos: porque de seguir el primero debía haberse limitado a solicitar la nulidad del veredicto y la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la falta; y de pretender como pretende en rigor la apreciación de una eximente incompleta o atenuante debería haber elegido el cauce procesal del artículo 846 bis b) de la LECRIM por infracción de precepto legal, cauce que impone el respeto y acatamiento escrupuloso a los hechos probados, hechos que en el caso examinado en modo alguno dan base para la supuesta legítima defensa, ya que en ningún momento queda si quiera expuesta livianamente una previa agresión de la víctima presupuesto fundamental de esta circunstancia, ya sea como eximente completa o como eximente incompleta.

Por otro lado, hay que reconocer que hemos admitido en otras ocasiones (Sentencia de esta Sala de 3 de Noviembre de 2008 recaída en el recurso de apelación 3 de 2008) la posibilidad de articular como motivo de apelación el error en la apreciación de la prueba derivado del artículo 849 2.º de la LECRIM referido a los supuestos de errores en la apreciación de la prueba basados en documentos que obren en autos y demuestren la equivocación cometidos sin contradicción con otros elementos probatorios, tal y como señala la Sentencias del Tribunal Supremo de 895/1999 (Sala de lo Penal), de 4 junio (RJ 1999\3875) que se apoya en dos vías; bien por la posibilidad de alegar dicho error por la vía de la interdicción constitucional de la arbitrariedad, que prescribe el artículo 9.3 de la C.E. cuya infracción constitucional permitiría invocar tanto el artículo 5.4 de la LOPJ como el artículo 846 bis c) letra b) de la LECrim; bien, por la necesidad de que no haya una casación "per saltum", ante la Sala de lo Civil y Penal del correspondiente Tribunal Superior de Justicia, cuando conoce de un recurso de apelación contra sentencia dictada por Tribunal del Jurado, puede plantearse como motivo de apelación la existencia de un posible error en la apreciación de la prueba, al menos en los mismos términos en que luego cabe casación ante el Tribunal Supremo.

Ahora bien, no es esta tampoco la vía elegida por la parte apelante, que tampoco expresamente denuncia el citado error de hecho en la apreciación de la prueba ni podría el mismo inferirse a juicio de esta Sala de la mera contemplación del resultado de la prueba pericial a la que se alude por la parte recurrente, que interpreta de una manera parcial y desligada del conjunto de la actividad probatoria, extrayendo una consecuencia que a ella más le conviene pero totalmente contraria a las conclusiones extraídas del resultado conjunto de la valoración de las pruebas por el Jurado, que inequívocamente señala el precitado cuchillo como el arma homicida empleada por el acusado, sin que tal conclusión sea en modo alguno arbitraria o irracional.

Por otro lado hay que resaltar que el Presidente de la Audiencia Provincial denegó bien la formulación de estos hechos o proposiciones primero y ante todo porque estaban formulados de una manera confusa, como confusa y contradictoria era la formulación del escrito de conclusiones definitivas de la defensa al plantear esta alternativa, por lo que sólo confusión o falta de claridad podían originar al Jurado al debatir sobre el veredicto. Por ende su denegación no originó indefensión de ninguna clase, como tampoco la originó la omisión de la proposición o cuestión relativa a la ausencia de animo de matar en el acusado que está mejor resuelta o planteada en otras formulas o proposiciones incluidas en el veredicto sometido al Jurado como basta un simple examen del mismo en las actuaciones, sin que la ausencia de la misma le haya privado de discutir la concurrencia del citado presupuesto fundamental del delito de homicidio, que se articula en el siguiente motivo del recurso, al que nos referimos a continuación.

Quinto.-Como decimos el segundo motivo del recurso plantea la infracción por inaplicación indebida del artículo 142 del CP relativo a la figura del homicidio imprudente. En rigor lo que se está manteniendo es también la aplicación indebida del delito de homicidio doloso del artículo 138 del CP por entender - como ya más precisamente en la vista ha sostenido el Letrado de la defensa - que en la conducta del condenado en la instancia, hoy apelante, únicamente concurría un animus de lesionar y no el animus de matar, lo que deduce en síntesis, como ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho de la presente sentencia, cuando se reflejan resumidamente los motivos del recurso de apelación, de que las heridas recibidas no se dirigían contra órganos vitales, las más eran superficiales y además de ello cuando se infirió la herida que causó la muerte el acusado no se prevalió "de la situación de indefensión o debilidad de la víctima" (sic) o en palabras - poco afortunadas quizá - pronunciadas en la vista "no lo remató".

Sexto.-Es sabido que el elemento anímico que caracteriza el tipo penal y que establece la diferencia entre el homicidio imprudente (artículo 142.1 CP) y el homicidio doloso (artículo 138 CP), es el animus necandi, es decir, la intención de matar, en su dos modalidades, tanto el dolo directo o de primer grado, constituido por el deseo y la voluntad de dar muerte, y el dolo eventual que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de la muerte aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción. El animus necandi constituye un elemento subjetivo, de modo que la prueba de su existencia deberá establecerse por medio de la modalidad probatoria denominada de indicios, lo que suscita la exigencia de realización de un juicio de inferencia sobre los hechos y datos objetivamente acaecidos y directamente probados.

Sobre la prueba de dicho elemento subjetivo, el Tribunal Supremo señala: "Con frecuencia, hay que deducir el ánimo de intención de matar, que constituye el elemento o base subjetiva del delito de homicidio, mediante una prueba indirecta o indiciaria, a través del correspondiente juicio axiológico o de valor, partiendo del conjunto de circunstancias que han rodeado la perpetración del hecho, teniendo en cuenta además cuantos actos del agresor, anteriores, simultáneos o posteriores a la acción ofrezcan alguna luz sobre el secreto fondo de sus pensamientos" (Sentencia 23 de noviembre de 1992). Esta doctrina es reiterada en otros pronunciamientos (a título de ejemplo, los de 28 de febrero de 1990, 7 de abril de 1993, 18 de marzo de 1994, 5 de mayo de 1995; y más recientemente, el de 8 de noviembre de 2005). Concretando aún más los referidos criterios, el Tribunal Supremo señala los elementos que han de concurrir para la validez probatoria de los elementos indiciarios (Sentencias 22 de noviembre 1990, 17 de junio de 1991, 7 de julio de 1992 y 21 de enero de 1993), a saber: a) pluralidad de hechos-base o indicios, por la insuficiencia de uno sólo, al comportar equivocidad probatoria; b) plena acreditación mediante prueba directa de los hechos indiciarios, periféricos a los que se trata de probar; c) interrelación lógica entre los hechos probados y los necesitados de prueba, que deben hallarse entrelazados entre sí de forma precisa y directa, según las reglas del criterio humano; d) en la fundamentación de la sentencia deben expresarse, cuanto menos, las secuencias esenciales del razonamiento deductivo.

Séptimo.-Para inferir el dolo de matar, el Tribunal Supremo maneja como hechos o circunstancias: a) las relaciones del autor con la víctima (sentencia 29 de febrero de 1988), tales como la enemistad grave (sentencia 22 de diciembre de 1989), o la existencia de disputas o resentimientos anteriores entre ambos (sentencia 15 de septiembre 1989 y 2 de marzo de 1993; b) la clase, dimensiones y característica del arma empleada y su idoneidad para matar o lesionar (sentencias de 12 de febrero de 1993, 23 marzo 1993, 16 y 20 de septiembre de 1994 y 14 de enero de 1998); c) lugar o zona del cuerpo hacia donde se dirigió la acción ofensiva, con apreciación de su vulnerabilidad y su carácter más o menos vital, teniendo en cuenta el número y la violencia de los golpes (sentencias de 6 de noviembre de 1992, 13 de febrero de 1993, 5 de abril de 1993 y 30 de octubre de 1999; d) las condiciones de espacio, lugar y tiempo (sentencias de 6 de noviembre de 1991, 2 de julio de 1992, 9 de junio de 1993 y 14 de diciembre de 1994); e) la conducta posterior observada por el infractor, ya procurando atender a la victima ya desatendiéndose del alcance de sus actos y alejándose del lugar en clara actitud de huida (sentencias de 21 de diciembre de 1990 y 14 de enero de 1998). No obstante, el Alto Tribunal no otorga a todos los criterios expuestos la misma fuerza de convicción; así, el arma empleada, la zona del cuerpo afectada y la naturaleza e intensidad de los golpes, son los datos de mayor relevancia para apreciar el animus necandi (Sentencias de 21 de septiembre de 1990, 14 de mayo y 5 de diciembre de 1991, 3 de abril, 23 de noviembre y 17 de diciembre de 1992, 4 y 13 de febrero de 1993, 22 de marzo de 2000, 14 de marzo y 17 de noviembre de 2003, entre otras).

Octavo.-En el supuesto de autos la sentencia del Magistrado Presidente, recoge de manera absolutamente correcta, diversos elementos inequívocamente determinantes del "animus necandi" en su modalidad de dolo directo, expresamente declarado probado por el Jurado también con razones simples pero claras.

Del conjunto de hechos probados y las valoraciones fácticas integradoras del relato de los mismos contenidas en la sentencia, nos encontramos antes dos personas unidas por relación de parentesco, eran cuñados, que mantenían desde mucho antes una relación mala con disputas y rencillas constantes, bastante enconadas por motivos relacionados con la vecindad de sus heredades, existiendo una predisposición en el acusado de clara animadversión hacia su cuñado; agravada por su personalidad violenta, a la que se refiere también la sentencia apelada; el arma utilizada por el agresor, un cuchillo grande (21 centímetros de longitud por 3,5 centímetros de ancho) que era apto para producir heridas mortales; la reiteración en el acometimiento realizado sobre la víctima, deducida de además de otras (tres lesiones puntiformes en cara posterior del antebrazo derecho y una herida cortante en codo izquierdo) de varias heridas que presentaba en zonas potencialmente peligrosas y que albergan órganos vitales: herida cortante superficial en línea oblicua descendente de 4 centímetros en costado izquierdo, herida cortante superficial de 17, 1 centímetros en la región abdominal y la última en la región del vacío izquierdo (cercana a la región inguinal) que le causó una herida de 4, 5 centímetros de longitud externa y con una profundidad de al menos 12 centímetros que secciona la vena femoral y safena interna, así como las arterias pudendas; el hecho de que aun cuando las primeras fueran superficiales no presupone más que se trataba de heridas con un componente defensivo que no llegaron a alcanzar su objetivo; que sí por el contrario logró la última, de fuerza y profundidad grandes al punto de alcanzar el hueso isquion el hueso ilíaco izquierdo; y romperse el propio cuchillo quedando parte de la hoja alojada en la cavidad perforada, evidenciando un designio claramente homicida, y que además resultó adecuada para lograr al provocar una hemorragia rápida y fulminante que dio lugar a que se desangrara y a un shock hipovolémico con el consiguiente fallo multiorgánico y parada cardiorrespiratoria; por lo que mal puede compartirse la tesis de la apelación de que las heridas no afectaran a zonas vitales, y en especial esta última, que es de sobra conocido se dirigió a una parte del cuerpo especialmente sensible por albergar arterias y venas cuya sección produce, según es sabido, una hemorragia difícil de controlar si no es con una intervención inmediata y por consiguiente mortal de necesidad si el lesionado no es atendido enseguida; siendo de añadir a esos datos ya de por sí relevantes el hecho de que el acusado, sin ningún arrepentimiento, dejara ir a la víctima sin prestarle ningún tipo de auxilio muriendo desangrado en el interior de su vehículo. Por otro lado, la conducta posterior muestra también su intención homicida. Las palabras que reflejan ese animo pronunciadas ante los agentes de la Guardia Civil que instruyeron las primeras diligencias: "era él o yo" cuando le comunicaron la muerte de Jose Antonio; o las que relata el médico que le atendió "la víctima quería que las cosas llegasen a este extremo" o "tenía que ocurrir" permiten colegir un propósito ya deliberado, suficientemente reflexionado y querido, en la mente y voluntad del autor de los hechos tendente al resultado que ocurrió.

No resulta nada afortunada de acuerdo con la tesis que ha mantenido la parte apelante en relación con este motivo del recurso la alegación de que la ausencia de ánimo de matar se demuestra porque el acusado dejó marchar a su víctima cuando podía haber aprovechado para "rematarlo" expresión que deja a las claras traslucir, por su significado y etimología, la reiteración del deseo de matar que ya se presupone anterior; y que por lo expuesto no cabe inferir de una acción de "prevalerse" de la indefensión de quien huye del agresor para tratar de obtener ayuda, porque ello presupone y no excluye el animo tendencial de matar en los actos anteriores y, obviamente de concurrir, lo que pondría de relieve es una mayor gravedad de la conducta y la existencia de un homicidio aleve que daría lugar a la apreciación de otra figura delictiva más grave, cual es el asesinato.

A tenor de lo expuesto se impone la desestimación del precitado motivo del recurso.

Noveno.-El último motivo del recurso de apelación interpuesto por el acusado condenado en la sentencia apelada va dirigido a combatir la individualización de la pena impuesta llevada a cabo por la sentencia apelada, la máxima permitida por el artículo 138 del CP dentro de la facultad conferida al Tribunal por el artículo 66. regla 6.ª del CP en los supuestos como el de autos, en que no se apreció por el Magistrado la concurrencia de ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad, ni atenuantes ni agravantes, de imponer la pena en la "extensión" que estime adecuada, "en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del delito".

No obstante, previo al examen de dicha impugnación es imperativo analizar el único motivo del recurso supeditado de apelación formulado por la acusación particular, que propugna la infracción por inaplicación indebida del artículo 23 del CP en cuanto a la no apreciación por la sentencia recurrida de la circunstancia agravante de parentesco, invocada en sus conclusiones definitivas lo mismo que el Ministerio Fiscal, pues aun cuando no interpuso recurso de apelación inicialmente en cuanto que además carecía de interés verdaderamente legítimo ya que la sentencia dictada realmente no le causaba perjuicio verdadero pues había impuesto la pena dentro de la mitad superior y en su límite máximo de quince años, ahora en función del recurso de apelación articulado de contrario sí tiene relevancia la decisión que se tome al respecto: en efecto, de acogerse el motivo quedaría sin base la pretensión que el apelante principal ha deducido para que se imponga la pena prevista al delito en su mitad inferior en relación con el motivo del recurso referido a la indebida individualización de la pena.

Décimo.-- Al respecto tenemos que partir del hecho probado de que la víctima era hermano de la esposa del acusado y en tal concepto su cuñado. En los hechos probados de la sentencia así se declara recogiendo el veredicto del Jurado que además declara también probado que las relaciones personales entre ambos eran malas desde hacía tiempo atrás (hecho 17 del objeto del veredicto).

El Magistrado Presidente del Jurado rechazó la apreciación de la agravante de parentesco tras razonar que "no existe una base objetiva para decir que ser pariente de una persona permita atenuar o agravar una conducta delictiva" y tras preguntarse "en qué puede influir en la culpabilidad de quien quiere matar a un persona el que sea hermano de su cónyuge" sostiene que la respuesta debe ser que en nada "porque la muerte de la víctima fue realizada al margen de la relación parental existente", invocando el resultado de la prueba testifical practicada en la persona de la esposa del fallecido aludiendo a la existencia de una "relación distante", "aguantando la víctima las cosas que el acusado le hacía desde hace unos años atrás". Insistiendo que el "móvil" del hecho "no fue la existencia de una relación parental", sino una "mala relación personal al margen de dicho vínculo" aludiendo expresamente a la "personalidad del acusado" y a la "circunstancia de que el acusado estimaba que Jose Antonio le perjudicaba por ejemplo rompiéndole las matas de pepinos".

La Sala no comparte las razones de la Sentencia de instancia para rechazar la agravante de parentesco

Como viene declarando la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a la circunstancia mixta de parentesco en su versión de agravante por lo general apreciable en los delitos contra las personas, "la justificación del incremento de pena se encuentra en el plus de culpabilidad que supone la ejecución del hecho delictivo contra las personas unidas por esa relación de parentesco o afectividad que el agresor desprecia, integrándose la circunstancia por un elemento objetivo constituido por el parentesco dentro de los límites y grado previsto, y el subjetivo que se concreta en el conocimiento que ha de tener el agresor de los lazos que le unen con la víctima, bastando sólo ese dato y no exigiéndose una concurrencia de cariño o afecto porque como tal exigencia vendría a hacer de imposible aplicación de la agravante pues si hay afecto, no va a haber agresión, salvo los supuestos de homicidio pietatis causa en los que el parentesco podría operar pero como circunstancia de atenuación". [ Sentencias del Tribunal Supremo 147/2004, de 6 de febrero (RJ 2004\2427) 3-2-2009, n.º 90/2009 (RJ 2009\443) núm. 162/2009 (Sala de lo Penal, Sección 1), de 12 febrero RJ 2009\913, núm. 1061/2009 (Sala de lo Penal, Sección 1), de 26 octubre RJ 2010\112 y núm. 1387/2009 (Sala de lo Penal, Sección 1), de 30 diciembre (RJ 2010\434) entre otras muchas]; lo cual no significa que no existan excepciones como se ha reconocido en algunos precedentes cuando el ataque pueda obedecer a razones extraparentales, o cuando el vínculo familiar aparece roto o en los casos de provocación por parte de la víctima.

Por otra parte la agravante de parentesco tiene su fundamentación en la valoración de una serie de circunstancias estrechamente relacionadas con la situación personal entre autor y sujeto pasivo que pueden derivarse de vínculos ancestralmente reconocidos y valorados como los derivados de la sangre entre ascendientes y descendientes, y otros que socialmente son relevantes como lo que naturalmente se establece entre personas que han decidido unir sus vidas para formar una comunidad de convivencia formalizada por la vías legales o simplemente de hecho cuando exista análoga relación de afectividad. Y aquí añadiríamos los que derivan de la singular relación de afinidad con los más próximos como son los hermanos del cónyuge expresamente recogidos en el artículo 23 del CP.

Pues bien, en el supuesto de autos lo único declarado probado por el Jurado y recogido así en los hechos es que las relaciones personales entre los cuñados no eran buenas desde hacía tiempo atrás, pero aún admitiendo esa situación de confrontación previa o más bien desavenencias, con relación distante entre ambos, por motivos ajenos a la propia relación familiar ello no proporciona base suficiente para descartar la apreciación de la agravante.

Y así ha venido expresamente reconociéndolo el Tribunal Supremo en supuestos de relaciones de parentesco como las que se dan entre ascendientes, descendientes y hermanos, a las que pueden añadirse las de los cuñados.

Y así por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) núm. 503/2006 de 4 mayo (RJ\2006\4062) recuerda que el parentesco es una situación socialmente considerada como fuente de relaciones directas e incluso afectivas en condiciones de normalidad que no agotan todas las posibilidades de establecimiento de afectos con personas que jurídicamente no tienen la consideración de parientes, como sucede en los supuestos que el ordenamiento considera como amistad íntima o de confianza plena entre personas no ligadas por vínculo parental alguno.

Y añade que entre ellas, hay algunas cuya permanencia o valoración a los efectos de la mayor o menor culpabilidad del agente están estrechamente vinculadas a la persistencia de una relación afectiva, pero hay otras, como las que se derivan de vínculos socialmente reconocidos, valorados e incluso exigibles sitúan a determinadas personas en una relación que no se rompe por la falta de afectividad e incluso por el odio directo. En los casos de ascendientes y descendientes existen otras raíces de hondo calado social y antropológico que exigen mantener una consideración de las mismas por encima de los afectos, por lo que la situación de confrontación no elimina la valoración negativa de los actos de la naturaleza que estamos examinando.

También opera la agravante de acuerdo con este criterio aun cuando la relación familiar entre los dos hermanos estaba rota por los insultos y diferencias económicas que entre ambos habían existido. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) núm. 971/2001 de 28 mayo (RJ\2001\4570). Recuerda esta sentencia que se había excluido la agravación en supuestos de ruptura de larga duración en la convivencia entre esposos, tan prolongada que de hecho puede equipararse a una situación de divorcio. Y agregaba que tal doctrina no era de aplicación cuando se trata de relaciones de parentesco fundadas en vínculos que la propia naturaleza ha establecido, como aquellas que existen entre ascendientes, descendientes y hermanos, caso en el cual nos encontramos.

Del mismo modo en un supuesto que afecta a cuñados la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1574/2001 de 14 noviembre (RJ\2002\3485) tras aludir a la línea jurisprudencial mantenida antaño para excluir de la agravación en las relaciones conyugales o de pareja los supuestos en que existía separación o divorcio o el vínculo se encuentra totalmente roto de modo manifiesto y efectivo, es decir en aquellos supuestos en que la relación matrimonial tenga tal grado de deterioro que no pueda presentar un fundamento suficiente para justificar la mayor reprochabilidad al autor, conforme al criterio establecido por el Pleno de esta Sala Segunda de 18 de febrero de 1994, respecto del art. 405 del anterior Código Penal (RCL 1973, 2255 y NDL 5670), y plasmado en las Sentencias 660/1994, de 28 marzo (RJ 1994, 2663), 1899/1994, de 31 octubre (RJ 1994, 8342), 1433/1994, de 12 julio (RJ 1994, 6363), 914/1995, de 25 septiembre (RJ 1995, 6744) y 1222/1995, de 24 noviembre (RJ 1995, 8954) y que - recuerda esa Sentencia - tendía a eliminar la aplicación automática de una agravante por razones meramente formales, como lo es la subsistencia puramente legal de un vínculo conyugal, declaraba de manera terminante que

"No puede convertir la excepción en regla y suprimir en la práctica la vigencia de la agravante, tanto para los cónyuges como para otras relaciones parentales. Esto ocurriría si se hiciese depender la aplicación de la agravante de factores como la concurrencia o subsistencia de cariño o afecto, que plantean problemas psicológicos o emotivos de difícil plasmación en afirmaciones fácticas concretas, y que además confunden el verdadero sentido del componente subjetivo de la agravante. Como ha señalado con acierto la doctrina este elemento subjetivo no consiste precisamente en el cariño o el afecto, pues no resultaría lógico que estos valores positivos se calificasen penalmente como agravante y además ordinariamente están ausentes precisamente en quienes se agreden violentamente. Consiste, en realidad, en la existencia de un sentimiento especial derivado de la representación de los deberes morales y jurídicos que la relación familiar entre parientes determina.

La regla general, en consecuencia, es que en las agresiones físicas entre parientes debe aplicarse la agravante de parentesco, máxime si existe una relación de convivencia, pues en estos casos concurre el incremento del desvalor de la conducta derivado para los familiares del mayor vigor o entidad del mandato que impide cualquier clase de maltrato, así como el aprovechamiento de la relación para una mayor facilidad en la comisión del hecho y la trasgresión del principio de confianza propio de la relación parental...."

Además no puede olvidarse que tras la reforma operada en el CP por la LO 11/2003 de 29 de septiembre se ha objetivado aún más la circunstancia de parentesco ya que se ha introducido en la redacción legal en los supuestos de vínculo matrimonial o de parejas ligadas por relación de análoga afectividad la eventualidad no sólo de los vínculos o relaciones actuales sino también de los pasados.

Es por ello a juicio de esta Sala que no puede excluirse sin más la agravante de parentesco entre cuñados por el hecho de que las relaciones entre ambos fueran desde hace tiempo atrás malas, o que hubiera una relación distante entre ambos. Extraer de estos hechos la consecuencia de que el homicidio cometido lo fue totalmente al margen del vínculo parental y fue producto de la personalidad violenta y asocial del acusado supone desconocer el mayor desvalor que indudable supone desde el punto de vista social y familiar la trasgresión derivada del ataque a la vida de una persona ligada al mismo por un vinculo de afinidad de entidad suficiente de acuerdo con el Código para determinar un mayor reproche de su conducta derivada de la representación que indudablemente tuvo en su intelecto de la circunstancia ser el agredido su cuñado siendo mayor la ofensa a esos vínculos y lazos sociales y familiares y de mayor entidad el daño cometido al entorno familiar por esa misma razón, lo que justifica en opinión de este Tribunal la apreciación de la agravante y en consecuencia la estimación del motivo del recurso supeditado de apelación que conlleva el efecto de neutralizar el motivo de la apelación del condenado articulado como tercero y referido a la individualización de la pena.

Undécimo.-No obstante, y aun cuando a tenor de la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco del artículo 23 del CP la penalidad a imponer debe estarlo - ex artículo 66 regla 3.ª CP - en la mitad superior de la que se fija al delito, cabe señalar que ya sí, en ese concreto tramo, para la individualización que procede hacer - ex artículo 72 del mismo Código - se muestran totalmente acertadas las razones valoradas por la sentencia apelada para llegar a la cifra máxima permitida por la Ley de quince años de prisión: al tratarse de una persona que no muestra arrepentimiento alguno por la acción realizada, que se muestra en todo momento tranquilo y sin perturbación anímica y que asume de manera inequívoca el resultado como algo normal y perfectamente representado tiempo antes en su voluntad - al manifestar después de lo sucedido "era él o yo" o "esto tenía que ocurrir" - con una deliberación clara de la muerte de su cuñado; y tratarse de una persona de carácter violento que pierde el control fácilmente o - como señala la sentencia - "con una escala de valores desfigurada" - al asumir como algo normal el dar muerte a otra persona por motivo tan fútil como el de que le pisaba las matas de hortalizas que cultivaba; todo ello sin olvidar añadimos ahora el hecho de haber empleado en el hecho un arma como el cuchillo. En relación con la edad del acusado debemos rechazar las afirmaciones relativas a que la duración de la pena harán inviable que el acusado - en actualidad con más de 80 años salga de la cárcel - porque esta circunstancia es ajena a la aplicación de la pena prevista por el Código y será en sede penitenciaria donde proceda determinar las consecuencias que sobre el tratamiento del condenado tenga la edad y salud del mismo a la luz de las previsiones de la Ley General Penitenciaria y su Reglamento.

Duodécimo.-Por todo lo expuesto se impone la desestimación del recurso de apelación principal y la estimación del recurso supeditado de apelación, que conlleva la apreciación de la agravante de parentesco, pero no la modificación de los demás pronunciamientos de la sentencia apelada y en particular de la pena impuesta. Todo ello con declaración de oficio de las costas procesales causadas en esta alzada.


FALLAMOS


 
Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso supeditado de apelación interpuesto por la representación procesal de D.ª Celsa y por el contrario debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el RECURSO DE APELACIÓN formulado por la representación procesal de D. Clemente; y en consecuencia apreciando en la comisión del delito por el que se le condena la circunstancia agravante de parentesco mantenemos en su integridad los demás pronunciamientos de la sentencia dictada con fecha 6 de Mayo de 2010 por el Tribunal del Jurado constituido en la Audiencia Provincial de Cuenca en la causa de referencia; declarando de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente con indicación a las partes que no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación de conformidad con el artículo 847 de la LECRIM, cuya preparación debe solicitarse dentro de los cinco días siguientes al de su última notificación, a tenor de los artículos 855 y 856 de la referida Ley.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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