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Sentencia A.N. 64/2010, de 8 de noviembre


 RESUMEN:

Delito de pertenencia a organización terrorista. Delito de tenencia de componentes de artefactos explosivos: Inexistencia de la excepción de falta de autorización administrativa. Pruebas periciales: Análisis de la legislación francesa. Comisión Rogatoria: Definición de su función. Delito de tenencia ilícita de armas: Falta de las oportunas licencias. Delito continuado de falsificación en documento oficial: Existencia de dictamen pericial. Delito continuado de hurto de vehículo de motor: Existencia de pruebas testificales.

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN CUARTA

ROLLO DE SALA N.º67/09

SUMARIO N.º54/09

ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º2

ILMAS SRAS. MAGISTRADOS:

D.ª ÁNGELA MURILLO BORDALLO (PRESIDENTE)

D.ª TERESA PALACIOS CRIADO (PONENTE)

D.ª MANUELA FERNÁNDEZ PRADO

SENTENCIA N.º64/2010

En la Villa de Madrid, a 8 de noviembre de 2010.

VISTO por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en juicio oral y público, el Rollo de Sala n.º 67/2009 derivado del Sumario Ordinario n.º54/2009 del Juzgado Central de Instrucción n.º2 de la Audiencia Nacional seguido por hechos calificados de pertenencia a organización terrorista, de tenencia de armas de fuego, de tenencia de componentes de aparatos explosivos, de continuidad de falsificación en documento oficial, de continuidad de hurto de vehículo de motor, todos de carácter terrorista, siendo partes:

- Como Acusación:

El Ministerio Fiscal representado por el Ilmo. Sr. D. Vicente J. González Mota.

- Como acusados:

- Mauricio, hijo de Juan Carlos y de María Isabel, nacido el día 1 de febrero de 1978 en la ciudad de Bilbao (Vizcaya), representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Cuevas Rivas y defendido por el Letrado Sr. D. Kepa Manzisidor Txirapozu.

- Rocío, hija de Joaquín y de Amaro, nacida el día 30 de julio de 1984 en la ciudad de Pamplona (Navarra), representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Cuevas Rivas y defendido por el Letrado Sr. D. Kepa Manzisidor Txirapozu.

Ambos acusados se encuentran en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza, habiendo sido detenidos en Francia el día 23 de septiembre de 2008 y entregados a España el día 17 de diciembre siguiente a virtud de las órdenes europeas de detención y entrega emitidas el día 25 de septiembre por el Juzgado Central de Instrucción n.º2 en el curso del presente procedimiento, que por auto de 18 de diciembre decretó la medida de prisión provisional, situación en la que siguen ambos acusados.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—En escrito de fecha 25 de septiembre del pasado año 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó escrito dirigido al Juzgado de guardia de dicha sede judicial, en el que se interesaba la incoación de procedimiento penal dado que se tenía noticias de que las Autoridades del Estado Francés iban a proceder a formular denuncia oficial y a remitir el procedimiento galo abierto en fecha de 23 de septiembre contra Mauricio y Rocío por los hechos a que se refería dicha denuncia.

Por auto de 25 de septiembre siguiente, el Juzgado Central de Instrucción n.ª 2 incoó las Diligencias Previas n.º301/2008, incorporándose a éstas el procedimiento francés encabezado por el auto de 31 de octubre siguiente del Tribunal de Apelación de Versálles que acordaba conceder a las autoridades judiciales españolas la entrega a España de Mauricio y de Rocío en ejecución de la orden de detención europea librada el día 25 de septiembre de 2008 en el curso de las diligencias previas n.º301/2008 del Juzgado Central de Instrucción n.º2 de la Audiencia Nacional así como la denuncia oficial de dichas autoridades francesas.

Incorporado dicho procedimiento que fue debidamente traducido, trasladados a España los imputados y remitidos los efectos intervenidos con motivo de la detención de ambos llevada a cabo el día 23 de septiembre de dicho año 2008, se transformaron las diligencias previas n.º301/08 en Sumario Ordinario que quedó registrado al número 54/09.

Por auto de fecha 30 de septiembre de 2009 se declaró procesados a Mauricio y a Rocío por hechos calificados en dicha resolución de pertenencia a organización terrorista, de tenencia de armas de fuego, de tenencia de componentes de aparatos explosivos, de falsificación de documento oficial continuado y de hurto de vehículo de motor continuado, todos de carácter terrorista.

Efectuadas diligencias varias, por auto de fecha 15 de diciembre de ese año se acordó la conclusión del Sumario que tuvo entrada en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en fecha de 21 siguiente, siendo confirmada dicha resolución por auto de 16 de febrero de 2010.

Segundo.—En escrito de fecha 3 de marzo del año en curso el Ministerio Fiscal formuló escrito de conclusiones provisionales, y en escrito 24 de marzo siguiente, la representación de los acusados planteó artículo de previo pronunciamiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 666, apartados 2 y 5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo resuelto por auto de 30 de abril del año en curso, presentándose escrito de conclusiones provisionales en nombre de los acusados en escrito de 31 de mayo.

Por auto de 5 de julio, se resolvió acerca de la prueba propuesta en sendos escritos y por decreto de esa misma fecha se señaló para la celebración del juicio oral los días 13, 14 y 15 de octubre a partir de las 10 horas.

Tercero.—El Ministerio Fiscal en el escrito de conclusiones provisionales calificó los hechos como constitutivos de:

a) Delito de pertenencia a organización terrorista de los artículos 515.2 y 516.2 del Código Penal.

b) Delito de tenencia de armas de fuego de los artículos 563, 564.1 y 574.

c) Delito de tenencia de componentes de aparatos explosivos de los artículos 573 y 568 del Código Penal.

d) Delito continuado de falsificación en documento oficial de los artículos 392, en relación con el 390.1, el 74 y 574 del Código Penal.

e) Delito continuado de hurto de vehículo de motor de los artículos 244.1.3, 234 y 574.

- A los delitos de los apartados b), c), d) y e) le es aplicable el artículo 579.2 del Código Penal.

- Son autores los acusados Mauricio y Rocío.

- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

- Procede imponer las siguientes penas:

- Por el delito A, la pena de diez años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el periodo de diez años.

- Por el delito B, la pena de un año y siete meses de prisión e inhabilitación absoluta por ocho años.

- Por el delito C, la pena de siete años de prisión e inhabilitación absoluta por quince años.

- Por el delito D, la pena de tres años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de doscientos sesenta euros e inhabilitación absoluta por diez años.

- Por el delito E, la pena de multa de dieciocho meses con una cuota diaria de doscientos sesenta euros e inhabilitación absoluta por seis años.

Los acusados deberán ser condenados al pago de las costas procesales.

La defensa de los acusados, en el escrito de conclusiones provisionales interesó la libre absolución de Mauricio y de Rocío.

Cuarto.—El juicio se celebró en las fechas señaladas, elevándose por el Ministerio Fiscal las conclusiones provisionales a definitivas y por la defensa de los acusados se presentó nuevo escrito en el que planteaba excepción de falta de autorización administrativa para perseguir el delito de tenencia de componentes de artefactos explosivos y la de nulidad de las pruebas periciales.

Alternativamente interesó que para el caso de que se considerase acreditada la responsabilidad criminal de los acusados, y con modificación exclusivamente de la conclusión cuarta, concurría la atenuante analógica del artículo 21.6 del Código Penal, por concurrir vulneración del derecho a la igualdad contemplado en el artículo 14 CE, puesto que en supuestos idénticos juzgados en la República de Francia la pena que se impone por los Tribunales franceses es sensiblemente inferior.

Terminado el juicio oral, quedó visto para el dictado de la presente resolución, de la que ha sido Ponente la Magistrado Doña TERESA PALACIOS CRIADO que expresa el parecer del Tribunal.


HECHOS PROBADOSPrimero.—Los acusados Mauricio y Rocío, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, al menos desde el año 2008 están integrados en ETA, organización dotada de armas y explosivos, que mediante la realización de acciones violentas contra las personas y bienes trata de lograr la independencia del País Vasco del resto de España, constituyendo aquéllos un comando armado al que se le había provisto de los efectos que seguidamente se dirá a fin de llevar a cabo acciones de dicha naturaleza.

Sobre las 23 horas del día 22 de septiembre de 2008, el servicio regional de la Policía Judicial de Clermont-Ferrand (Puy de Dome), de la República de Francia, informó a la Subdirección encargada de la lucha antiterrorista que un ciudadano de la localidad de Clermont comunicó que cuando iba caminando por el interior del bosque cercano a la carretera 20 de la localidad de Trelins (Loira), le llamó la atención la presencia de dos vehículos de color gris claro aparcados lejos de la carretera 41, y, de una pareja cuyo comportamiento se le antojó extraño.

El hecho de poner en conocimiento de la Subdirección antiterrorista tal información, se debió a que con anterioridad en dicha región se habían recabado datos en torno a la presencia de activistas de la organización ETA, concretamente en un robo a mano armada a la empresa denominada Labema, cometido por un comando el 20 de octubre de 2007 en Lorente (Loira), además de otras sustracciones y abandono de vehículos acaecidos en dicha región y sus comarcas limítrofes.

Ante ello se ordenó a los efectivos del servicio de investigación en la región del Macizo Central que procedieran a realizar las comprobaciones relativas a la información comunicada inicialmente, confirmándose sobre las 3.45 horas del día 23 de septiembre siguiente la localización de un campamento ilegal en el bosque de dicha localidad de Trelins, en el que se encontraron dos vehículos, instante a partir del cual se interesaron refuerzos, uniéndose sobre las 06.20 horas a los agentes que iniciaron las pesquisas, funcionarios policiales de la Brigada de investigación e intervención de Lyon, dando comienzo la búsqueda a las 07.50 horas siguientes de ese mismo día.

La zona en que se internaron los agentes se trataba de una pista asfaltada de unos siete kilómetros que recorrieron a pie y que enlaza con un camino de tierra situado a la izquierda, cuya entrada, está señalizada con una cruz que indica un camino, sin que en dicho trayecto exista residencia alguna, detectándose la presencia de dos vehículos estacionados y a unos diez metros de dichos turismos una tienda de campaña disimulada parcialmente por matorrales.

Uno de los vehículos se trataba de un automóvil marca Opel Zafira de color gris con placa de matrícula.... XM.... que había sido sustraído el día 11 de enero de ese mismo año 2008 cuando se encontraba estacionado por su propietaria, sin cerrar, con la llave puesta en el contacto y con el motor en marcha delante de la panadería LEYSSALES, sita en la Rue De La Myre Morie 47410 en la localidad de Saint Sylvestre Sur Lot (Lot et Garonne), lugar de residencia de su titular, Paula, no constando que se llevara a cabo por los acusados, si bien lo venían utilizando contra la voluntad de su propietaria. El segundo, un turismo marca Volkswagen Polo, también de color gris, con placa de matrícula.... YLK...., que había sido sustraído por el acusado, para lo que se desplazó al lugar, en el que se hizo con dicho turismo sin la anuencia de su propietario, en compañía de la acusada en el otro vehículo marca Opel Zafira, con la que se había concertado para llevar a cabo dicha sustracción. Para dicho desplazamiento previamente habían colocado al automóvil marca Opel Zafira una placa de matricula en sustitución de la legítima, terminada en 95, apareciendo ambas más tarde entre otras tantas más.

La sustracción se llevó a efecto sobre las 13 horas del día 22 de septiembre de 2008, cuando el turismo se encontraba con las llaves de contacto puestas y estacionado por su propietario, el Sr. Alcalde de la localidad de Escurolles (Alier-Francia), Humberto, en la Rue de Lagrculturee de dicha población, siendo localizados finalmente ambos automóviles, como ya se ha dicho, ese día 23 de septiembre de 2008, aparcados próximos a la tienda de campaña.

Identificadas las placas de matrícula de ambos vehículos, se reveló que la relativa al primero correspondía a un vehículo marca Opel Astra transferido en Cantal desde el 19 de marzo de 2001 con el número........, y, la segunda, correspondía a un vehículo marca Citroen C4 adquirido el 16 de julio de 2008 por el garaje Citroen Mary Auto sito en La Cote Saint Andre Francia).

Provistos de las insignias y distintivos policiales, los agentes se situaron a la altura de la tienda hallada a unos metros de dichos turismos, tras lo que, en voz alta se identificaron, procediendo seguidamente a abrir la misma, encontrando en el interior a dos personas, los acusados, Mauricio y Rocío, que fueron sorprendidos acostados en el suelo sobre unos sacos de dormir.

En ese momento fue advertida la existencia de una bolsa de tela verde que contenía un arma de fuego, tratándose de un revolver de la marca SMITH & WESSON modelo Lady Smith de 22 LR, de seis pulgadas con ocho cartuchos, siendo incautados y se precintaron, solicitándose a las dos personas que ocupaban la tienda de campaña que se identificaran, sin que lo efectuaran, limitándose ambos a decir que pertenecían a ETA.

Seguidamente y de forma verbal así como en formulario se les notificó en idioma español que quedaban detenidos, ilustrándoseles de sus derechos en dicha condición e indicándoles que les serían notificados posteriormente por escrito, en acta aparte. Conforme a la legislación francesa entre los derechos en calidad de detenidos, les asistía el de entrevistarse con un letrado de su elección o designado de oficio una vez transcurrido el periodo de detención previa.

Ordenado que se acordonara la zona y así efectuado, cerca de un matorral en un extremo del bosque se encontró otra bolsa de tela de la marca Lafuma, que contenía un segundo arma tratándose de un segundo revolver marca de calibre 38, 2 pulgadas, con cinco cartuchos, efecto éste que al igual que el anteriormente encontrado fue entregado a un funcionario de la policía de la SDAT, a la vez que se entró en contacto con la Fiscalía de Paris, Sección antiterrorista, dando lugar al informe n.º NUM000 expedido ese día 23 de septiembre de 2008 por el Fiscal de la República de Paris, Sección C1.

Dicho hallazgo se relacionaba con el robo a mano armada con secuestro cometido por parte de un comando de ETA el día 23 de octubre de 2006, en las dependencias de la empresa Sidam en Vauvert (Gard) en la que se sustrajeron entre otros doscientos uno revólveres de la marca SMITH & WESSON de distintos calibres, lo que dio lugar a la instrucción n.º11/06 por dos juzgados de instrucción antiterroristas en el Tribunal de la Gran Instancia de Paris, formando parte las dos armas localizadas de entre las que fueron sustraídos aquel día 23 de octubre de 2006 en los locales de dicha empresa.

De las dos armas halladas el día 23 de septiembre de 2008, los acusados no estaban provistos de los documentos administrativos acreditativos de pertenecerles y habilitantes para su utilización.

El revolver marca SMITH & WESSON modelo Lady Smith con número de serie NUM001 recamarado para cartuchos del 38 especial y el revolver marca SMITH & WESSON con número de serie NUM002, presentaban un buen estado de conservación y funcionamiento, habían sido disparado el segundo a fin de probar dicho funcionamiento.

Segundo.—Siguiendo con la investigación abierta, en el interior de la tienda de campaña además de las dos armas se encontraron otros objetos de los que son de reseñar los que siguen:

En los compartimentos para tarjetas de una cartera se encontró una tarjeta de teléfono France Telecom de 50 unidades con la referencia NUM003, una tarjeta bancaria auténtica de la marca GazteKutza a nombre de Mauricio con el número NUM004 y con fecha de caducidad febrero de 2008, y, el documento nacional de identidad español auténtico del acusado, con número NUM005 a nombre de Mauricio, nacido el 02.02.78 en Bilbao, residente en CALLE000 NUM006 - NUM007, Hernani, expedido por NUM008 el 23 de mayo de 2003 y válido hasta el día 21 de mayo de 2008.

Un bolso de color violeta con correa marrón de la marca Misako que contenía un sobre en blanco con una carta manuscrita que comienza por Aupa Txikitxu y termina por Mauricio, un sobre de color beige y violeta, sin anotaciones con una serie de fotos y una nota.

Un documento mecanografiado que comienza por Aupa Burkide y acaba por Fal.

Estos documentos consistían en dos correos mecanografiados en los que la firma FAL corresponde al aparato de falsificación de ETA y va precedida en uno de aquéllos con la frase que, traducida al español significa "golpear fuerte hasta obtener la independencia y el socialismo", siendo el encabezamiento del texto un "hola camarada".

Asimismo en uno de tales documentos, los nombres de personas varias que aparecen coinciden con los que en otros documentos intervenidos figura estampada la fotografía de los acusados pero con aquellas identidades, valiéndose para su confección de unos juegos de documentos administrativos españoles inauténticos enviados por dicho aparato de falsificación de ETA a los acusados, junto a la nota explicativa relativa a sus características, siendo los documentos confeccionados, los que seguidamente se relacionaran en que aparece la fotografía de los acusados junto a una identidad distinta de la suya propia.

Una funda plastificada con una tarjeta con el logo de ETA.

Un tarjetero de color negro con lo siguiente:

El pasaporte español auténtico a nombre de Rocío, nacida el 30 de julio de 1984 en Pamplona, expedido el 31 de julio de 2006 por NUM009 con caducidad el 31 de julio de 2011, n.º NUM010.

Un carnet de "Euskal Herria" no expedido por autoridad administrativa alguna a nombre de Rocío, expedido el 30 de diciembre de 2004,con caducidad el 30 de diciembre de 2014 y con el n.º NUM011 en que aparece la fotografía de la acusada.

Una tarjeta inauténtica de la Guardia Civil a nombre de María Rosa con caducidad el 30 de septiembre de 2016 con los números NUM012 y NUM013 así como con la fotografía de la acusada.

Un permiso de conducir español inauténtico a nombre de Diana, nacida el 27 de mayo de 1981 en España, residente en la CALLE001 NUM014, en Torrelodones, expedido en Madrid el 12 de julio de 2004, con el n.º NUM015 en que aparece la fotografía de la acusada.

Un permiso de conducir español inauténtico a nombre de Milagros, nacida el 11 de abril de 1981 en España, residente en NUM006 - NUM017 NUM018 01013 Vitoria Gasteiz (Álava), expedido el 29 de octubre de 2004 en Alava, con el n.º NUM016 con la fotografía de la acusada.

Un carnet de identidad español inauténtico a nombre e Diana, nacida el 27 de mayo de 1981 en Madrid, hija de José y Maria, residente en CALLE001 NUM014, Torrelodones, expedido por el equipo NUM019, con fecha de caducidad 14 de marzo de 2011 y con el n.º NUM015, con la fotografía de la acusada.

Un carnet de identidad español inauténtico a nombre de Pura, nacida el 24 de octubre de 1980 en Zaragoza, hija de José y Maria Loreto, residente en la CALLE002, NUM020 NUM021, Zaragoza, expedido por el equipo NUM022 el 8 de febrero de 2006, válido hasta el 8 de febrero de 2011, con n.º NUM023, con la fotografía de la acusada.

Un carnet de identidad español inauténtico a nombre de Milagros, nacida el 11 de abril de 1981 en Madrid, hija de Manuel y Petronila Isabel, residente en la CALLE003 NUM006 NUM018 en Vitoria Gasteiz, expedido por el equipo NUM024 el 19 de septiembre de 2007 y válido hasta el 19 de septiembre de 2012 con el n.º NUM016 con la fotografía de la acusada.

Un carnet de identidad español inauténtico a nombre de Marí Luz, nacida el 26 de abril de 1983 en Bilbao, hija de Juan Carlos y Sagrario, residente en la CALLE004 NUM025, Arrigorriaga (España), expedido por el equipo NUM026 el 31 de enero de 2007 hasta el 31 de enero de 2010, con el n.º NUM027 con la fotografía de la acusada.

Un carnet de identidad español inauténtico a nombre de Dolores, nacida el 13 de mayo de 1981 en Logroño, hija de Francisco y Maria Josefa, residente en DIRECCION000 NUM028 NUM021 en Logroño, expedido el 12 de octubre de 2006 por el equipo NUM029 y válido hasta el 12 de octubre de 2011, con el n.º NUM030, con la fotografía de la acusada.

Tales documentos quedaron intervenidos.

Un estuche de color caqui de la marca Arnette con veinte cartuchos sin percutir, marcados: 38 especial S&B.

Estos cartuchos y los antes relacionados, estaban todos troquelados, de los que los veinticinco de la marca S&B especial y S&B NONTOX son aptos para ser utilizados en el revólver SMITH & WESSON modelo Smith, y los once cartuchos troquelados de la marca super X, Rem y C, son aptos para ser usados en el revolver marca SMITH & WESSON con número de serie NUM002.

En unos pantalones de hombre pertenecientes al acusado, se encontró una cartera roja y negra marca Quiscksilver en cuyo interior se halló lo que sigue:

Una placa con la insignia de la Guardia Civil inauténtica.

Una tarjeta verde de la Guardia Civil inauténtica a nombre de Demetrio con los números NUM031 y NUM032, con fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2015 y con la fotografía del acusado.

Una tarjeta de la Guardia Civil- Ministerio de Defensa inauténtica a nombre de Demetrio, nacido el 11 de abril de 1977 con caducidad el 21 de abril de 2012 con el n.º NUM033, con la fotografía del acusado.

Un permiso de conducción español inauténtico a nombre de Isidro, nacido el 13 de agosto de 1975 en España, residente en DIRECCION001 NUM034 - NUM035 NUM036, Vitoria Gasteiz, expedido el 12 de noviembre de 2000 en Álava, con el n.º NUM037 con la fotografía del acusado.

Un carnet de identidad español inauténtico a nombre de Isidro, nacido el 13 de agosto de 1975 en Vitoria Gasteiz, hijo de Juan Jenaro y Josefa, residente en DIRECCION001 NUM034 - NUM035 NUM036 en Vitoria Gasteiz, expedido por el equipo NUM024 el 31 de enero de 2007 hasta el 31 de enero de 2017, con el n.º NUM037, con la fotografía del acusado.

Un carnet de identidad español inauténtico a nombre de Luis Enrique, nacido el 14 de agosto de 1975 en Oviedo, hijo de Jesús Luis y Rosa María, residente en la CALLE005 NUM038 - NUM039 O Noreña, expedido por NUM040 el 10 de febrero de 2006 hasta el 10 de febrero de 2016 con el n.º NUM041, con la fotografía del acusado.

Un carnet de identidad español inauténtico a nombre de Desiderio, nacido el 20 de octubre de 1975 en Villamediana de Iregua, hijo de Julián y Begoña, residente en la CALLE006 NUM042 de dicha localidad, expedido por el equipo NUM029 el 14 de noviembre de 2007, válido hasta el 14 de noviembre de 2017, con el n.º NUM043, con la fotografía del acusado.

Un carnet de identidad español inauténtico a nombre de Íñigo, nacido el 17 de julio de 1975 en Pamplona, hijo de Isidro y Maria Ester, residente en la CALLE007 NUM044, Etxauri, expedido por el equipo NUM045 el 12 de junio de 2004 y válido hasta el 12 de junio de 2017 con el n.º NUM046, con la fotografía del acusado.

Un carnet de identidad español inauténtico a nombre de Carlos Antonio, nacido el 10 de noviembre de 1976 en Barcelona, hijo de Alejandro y Maria Isabel, residente en la CALLE008 NUM047, NUM007 - NUM044, Barcelona, expedido por el equipo NUM048 el 19 de octubre de 2005 y válido hasta el 19 de octubre de 2010, con el n.º NUM049, con la fotografía del acusado.

Tales documentos quedaron incautados y precintados.

Un lápiz USB de la marca Sony modelo Microvolt con una capacidad de dos Gigas que se incautó y quedó asimismo precintado.

Tercero.—Los agentes policiales seguidamente se dirigieron a la zona donde se encontraban los vehículos estacionados para proceder a relacionar lo que en los mismos se encontrara.

Así, comenzaron por el turismo marca Opel Zafira en el que sobre el techo se encontró una bolsa cerrada con objetos que se reseñaron y que no guardan relación con la investigación.

Provistos de una intérprete de español, inscrita en el Tribunal de Apelación de Lyon, se interesó de los acusados, antes de proceder al registro de los vehículos, que informaran si en su interior se encontraban armas o explosivos sin que aquéllos respondieran, tras lo que, se procedió en presencia de los acusados a dicho registro, comenzando por el turismo marca Opel Zafira que se abrió con unas llaves que se habían intervenido al acusado Mauricio.

La operación se inició con la apertura de la guantera del lado delantero derecho del vehículo, en cuyo interior se encontró una caja tipo de tupperware con un detonador artesanal y un tubo de plástico de forma cilíndrica, con pasta de color azul.

En el maletero se halló un objeto de forma cilíndrica rodeado de cinta adhesiva y por cuyo extremo pasaba una mecha rematado con dos patas de metal.

Dado lo encontrado, por temor a que se produjera una explosión, se decidió que se realizaran clichés fotográficos detallados de los objetos y que tras la toma de muestras de los distintos elementos que componían lo hallado, se procediera a la destrucción de aquéllos.

El cilindro reseñado estaba tapado con un trozo de metal de forma cónica que contenía una sustancia de color amarillento que podía tratarse de clorato de sodio, extrayéndose dos muestras que se precintaron, dos muestras de la mecha incautada se precintaron asimismo al igual que la cinta adhesiva que rodeaba al objeto cilíndrico y el trozo de metal con forma cónica.

La sustancia granulada de color amarillo estaba compuesta por clorato sódico, sacarosa y azufre y las dos muestras de la mecha incautada presentaban un polvo blanco que se trataba de pentrita, con cuya mezcla se confecciona un artefacto.

Tanto el temporizador como el cableado encontrados son dos sistemas de activación de explosivos con operativo suficiente para ser utilizados.

Realizadas estas diligencias que se habían llevado a cabo en presencia de los dos detenidos en lo que al hallazgo se refiere, se les dio lectura del acta extendida a través de la intérprete de español, negándose ambos a firmar dicho documento.

Cuarto.—Tras ello, se continuó, con la presencia de los acusados y la asistencia de un intérprete de idioma español inscrito en el Tribunal de Apelación de Lyon, con el registro iniciado de dicho vehículo automóvil marca Opel Zafira, en el que figuraba puesta la placa de matrícula.... XM.....

Retiradas las matrículas del turismo se observó que en la parte delantera había seis agujeros, dos de ellos originales y cuatro correspondientes a roscas, y, en la parte trasera, ocho agujeros, dos de ellos originales y seis de roscas en la defensa trasera.

La matrícula delantera llevaba la referencia LA SUPERPLAQUE NUM050 n.º NUM051 y la trasera la referencia LA SUPERPLAQUE NUM052 n.º NUM053, siendo precintadas ambas.

Se encontró un certificado de seguro que se correspondía a la compañía de seguros MPF seguros, relativa a la matrícula.... XM...., válida del 30 de noviembre de 2007 al 29 de noviembre de 2009 con el n.º de contrato NUM054 que se precintó.

A la altura del quitasol del lado del conductor se encontró un tarjetero negro con el logotipo Credit Lyonnais, conteniendo otros cinco certificados de seguro de los que tres estaban expedidos por la empresa MPF seguros con las siguientes matrículas de vehículos:.... DH....,.... KFK.... y.... RP...., uno de la empresa Matmut para un vehículo matriculado.... BH.... y otro de la empresa Azur Assurances para un vehículo con la matrícula.... ZRN...., los que se precintaron.

Los certificados de seguros encontrados no habían sido emitidos por las compañías de seguros que aparecían en los mismos sin que los vehículos cuyas placas de matrícula coinciden con la reseñada en tales documentos hayan sido objeto de sustracción.

Un lector de CD con una anotación manuscrita que se precintó y en la parte delantera del lado del pasajero, se encontró en el suelo una trampilla de plástico con el n.º W0L0TGF512286390.

Con éste último dato se confirmó que dicho número correspondía al vehículo marca Opel Zafira matrícula.... BH...., sustraído el 11 de enero de 2008 de 2008 en Saint Silvestre Sur Lot (Lot- et-Garonne), a los Sres Richer.

En el asiento del pasajero se encontró un mapa de carreteras Michelin 2008 abierto en la página 229 correspondiente a la región donde se produjo la detención de los acusados, así como, un estuche con CD y una botella con agua mineral de la marca Cristalline, precintándose los efectos y revelándose huellas de la acusada asentadas sobre dicho mapa de carretera.

En un quitasol plateado se encontraron los siguientes juegos de placas de matrículas: la.... FD...., la.... ZRN...., la.... YJ...., la.... KFK...., la.... AWV.... y la.... KFK...., a la que se le había puesto dos capuchones de color blanco, siendo precintado el parasol y las placas y tratándose la terminada en.... ZRN...., la.... ZRN...., la que se colocó a este vehículo para el desplazamiento que hicieron los dos acusados hasta donde se encontraba estacionado el turismo Polo el día 22 de septiembre de 2008 con el que finalmente se hizo el acusado Mauricio, marchándose tras ello sendos automóviles del lugar, cada uno pilotado por uno de los acusados.

Tanto estas placas de matrículas como las de similares características halladas en el otro turismo que bien en la parte delantera o en la trasera tenían la referencia NUM055, NUM056, NUM051, formaban parte junto con otras del robo a mano armada cometido el día 15 de marzo de 2006 atribuido a activistas de ETA, y, llevado a cabo en las dependencias de la empresa La SUPERPLAQUE, especializada en la fabricación de equipamientos automóviles, sita en la zona industrial Les Fougeres 317 Rue Combe de Veyle en Replonges (Ain-Francia), hecho en el que se sustrajeron entre otros efectos, quince mil juegos de matrículas francesas en blanco, modelo europeo, con los números de lote comprendidos entre las referencias NUM055 y NUM057, que dio lugar a la instrucción con referencia 4/07 en el Juzgado de la Sra. Le Vert, del Tribunal de la Gran Instancia de Paris.

De ese lote de placas de matrículas sustraídas, se fueron localizando varias con motivo de la detención en fechas posteriores de personas a las que se vinculaba a la organización ETA y a las que se les inició proceso penal en Francia en el mismo juzgado antes indicado y en los que se encuentran al frente los Jueces Sr Houyvet y Sr Jannier.

Varias de las placas de matrículas encontradas se correspondían en la enumeración de otras auténticas y eran tenidas por los acusados para "doblarlas" colocándolas en turismos.

En una mochila de la marca Quechua de color rojo también hallada en dicho maletero y propiedad de la acusada Rocío, se encontró en el bolsillo superior un cepillo para peinar el pelo, manta de viaje de esa marca, dos cinturones, un foulard negro, toalla de esponja, un pendiente, así como ropa femenina interior y prendas de vestir, siendo todo ello precintado.

En una chaqueta negra se encontraron en un bolsillo exterior derecho dos cartuchos del calibre 7,65 mm atravesados por un hilo negro, lo que se precintó.

En dicha mochila se encontró además un método sobre el nuevo francés sin esfuerzo, un manual con hoja manuscrita con lecciones de conjugaciones y gramática, un cuaderno con notas manuscritas en eusquera, un archivador negro con documentos mecanografiados en eusquera, una máquina eléctrica femenina y su cargador marca Braun, un neceser con productos de belleza femenina, un cepillo de dientes, uno de pelo y diversas gomas elásticas para recoger la melena, todo precintado, encontrándose en estos tres últimos efectos huellas correspondientes a la acusada de entre las ciento veintitrés que se revelaron en los efectos intervenidos.

En el mismo habitáculo y sobre el suelo se encontró una placa de matrícula con el n.º.... BH.... y la trasera rezaba Sarl Parise Villeneuve sur Lot, tratándose de las legitimas del turismo registrado.

Se relacionaron quince escobillas con muestras de carácter biológico realizadas a compartimentos del turismo, que se precintaron así como lo que contenía diez transmisiones de huellas dactilares numeradas de la T1 a la T10.

Quinto.—En presencia de los acusados, se pasó seguidamente a registrar el vehículo automóvil marca Volkswagen modelo Polo Match TDI, con matrícula delantera.... YLK...., la que al ser retirada figuraban las anotaciones en la parte trasera NUM055 y en la delantera la anotación "LA SUPERPLAQUE TPPR NUM050 ".

Asimismo se localizó un número de matrícula en la suciedad que había en el parachoques, bajo la placa, tratándose de la auténtica correspondiente a este turismo.

Retirada la placa trasera que tenía anotado alrededor del símbolo europeo "LA SUPERPLAQUE NUM052 " y en la parte trasera con rotulador negro "C4 Grisa", así como la referencia estampada NUM056, se observó que en el parachoques trasero había dos pares de tres agujeros y una placa con número de matrícula, quedando precintado lo encontrado.

Abierto el turismo se localizaron en el maletero dos mochilas, una beige y marrón y otra negra, ésta de la marca SAVEBAG, en cuyo interior se halló un caja azul transparente de aproximadamente 17x13x13, que contenía un dispositivo de encendido con salida de dos conectores hembra, en cuyo interior se habían instalado dos despertadores digitales fijos a la caja, uno de la marca MATINAL de color aluminio con la inscripción manuscrita ST, el otro negro, unidos por dos cables rojo y negro y una alimentación de conector con pila de nueve voltios unida a otros dos cables rojo y negro.

En dicha caja aparecieron asimismo dos pares de pinzas de cocodrilo, rojas y negras unidas a un diodo y un par de conectores rojos y negros unidos a un diodo.

Asimismo apareció una caja transparente de seis compartimentos con clavos, remaches, cinta eléctrica, tres tubos de pegamento Super Glue, dos bolsas de plástico para tornillos vacías, dos pinzas cocodrilo unidas a un diodo, siete brocas de metal y un tubo de pegamento Pattex, quedando precintados.

Apareció asimismo: una linterna, una pila ENERGIZER de nueve voltios, cuatro pilas DURACEL, un cable coaxial con tomas, una bombona de gas, un taladro con batería de 14 voltios para brocas, dos tubos de pegamento LOCTITE, un rollo de cuerda, botellín de aceite parafina marca GILBERT, un conjunto de cables electrónicos unidos con una cinta adhesiva y con dos conectores, tres destornilladores, cuatro conectores macho-hembra, una caja de bombillas H4 estándar, un test de alcoholemia, una toma de encendedor con adaptador USB modelo CLA 500-01, un estuche con seis destornilladores, un taladro de titanio, una caja de plástico marca EMC en cuya cara frontal un interruptor de dos posiciones y en la parte inferior dos cables con conectores hembra, lo que se incautó y quedó precintado.

Los efectos acabados de relacionar constituían dos sistemas de activación de artefactos explosivos, ambos operativos para ser usados.

En el bolsillo delantero de dicha mochila se encontró: un conjunto de herramientas cilíndricas de fabricación artesanal, tres rollo de cinta adhesiva de electricista, cuatro pilas de nueve voltios DURACEL y CEGASA, dos láminas usadas de letras y cifras autoadhesivas, un mapa de carreteras Michelín, un tarjetero de SNCF con dos estuches transparentes para certificados con siete certificados de seguros que quedaron intervenidos y precintados.

Tales certificados son inauténticos a excepción de los dos de la compañía MACIF y uno de la compañía GROUPAMA que proceden de sustracciones de vehículos cometidas los días 30 de abril, 20 de julio y 18 de septiembre de 2008, atribuidas a miembros de la organización ETA.

En la otra mochila se encontraron diecisiete folios A4 manuscritos y numerados del 1 al 17, redactados en español con datos técnicos y esquemas para la realización de explosivos.

En el bolsillo frontal de la mochila se encontró un mapa de carreteras de la Comunidad Autónoma vasca y un lápiz USB Sony n.º08424EDDV quedando incautado y precintado.

En el primer bolsillo superior de la mochila se encontró un mapa de carreteras de Hautes Pírense y Pirineos Atlánticos, una gorra, dos paquetes de tabaco PALL MALL con la leyenda en español y en el bolsillo principal de dicha mochila prendas de vestir varias y en un neceser, junto a otros objetos, un cepillo de dientes que quedaron precintado, objetos todos del acusado Mauricio.

Siguiendo en el maletero y una vez separadas las dos mochilas reseñadas se encontraron un cargador marca BOSCH y una batería de 14,4 voltios, un par de tijeras con las asas plastificadas MAPED, una caja de herramientas en plástico transparente vacía con las referencias de un código de barras español, un transformador 12V/220V marca INVERTERUR 150W con una toma de encendedor y un bidón de aceite Castrol TXT 50501 de capacidad de un litro vacío.

Bajo el suelo del maletero, se encontraron dos pares de matrículas, el primer par sobre la rueda de repuesto con el número 462TX33, llevando la placa blanca la anotación "LA SUPERPLAQUE NUM050 " en la parte frontal y en la trasera NUM051, así como la anotación manuscrita DIRECCION002 con rotulador negro y una placa amarilla en la que rezaba "LA SUPERPLAQUE NUM052 " en la parte frontal y la referencia NUM058 en la trasera.

El segundo juego de matriculas se trataba de las originales del turismo que se registraba, quedando incautadas y precintadas las tachadas de inauténticas, tratándose de placas "dobladas" a los mismos fines que ya se dijo.

Ya en los asientos traseros del vehículo inspeccionado, se encontró en el suelo del lado izquierdo de atrás, una botella de agua HEPAR llena hasta la mitad, de la que se procedió a tomar una muestra de la boca de dicha botella que se precintó la botella así como dicho objeto.

Se procedió asimismo a tomar muestras biológicas de los tiradores de las puertas, de las ventanillas y asideros, las relativas al tirador de apertura de la puerta izquierda, manivela de ventanilla y asidero de la puerta izquierda, las relativas a los cinturones de seguridad traseros, y las relativas a las muestras tomadas al tirador de apertura de la puerta, manivela de la ventanilla y asidero de la puerta trasera derecha.

En la parte interior delantera del vehículo se tomaron muestras biológicas de tiradores, cinturón de seguridad, botón regulador del espejo retrovisor, mecanismo de apertura de la guantera, asideros, de la consola central del cuadro central, de la palanca de cambios y del freno de mano, del volante y de las palancas de los intermitentes, de los limpiaparabrisas, del retrovisor y del seleccionador de faros, que se precintaron.

Del estudio de las ciento veintitrés huellas reveladas, aparte de las correspondientes a la acusada Rocío, se encontraron once que se corresponden con las de Virginia y tres con Catalina, personas ambas con antecedentes policiales por pertenencia a banda terrorista y terrorismo e implicados en la sustracción de vehículos en territorio francés.

Finalizada la diligencia relativa al registro del turismo Volkswagen Polo, se les dio lectura de su contenido a los acusados, a través de interprete de idioma español, negándose a firmarla.

Sexto.—Una vez localizados y relacionados los efectos encontrados, se realizaron en el curso del procedimiento unos informes con anterioridad de su remisión a España, en concreto uno de carácter técnico acerca de la caja de plástico con un detonador y un artefacto que se calificó de sospechoso y que se hallaron en la guantera y el maletero del vehículo marca Opel Zafira, tratándose de un detonador eléctrico de fabricación casera y de un artefacto explosivo formado por un kilo de sustancia explosiva de una composición de clorato de azúcar, que a su vez se completaba con el sistema de desactivación que se encontró en el maletero del segundo turismo, consistente en una caja con un temporizador formado por dos despertadores electrónicos unidos entre sí por conductos eléctricos de los que dos de ellos estaban unidos a una pila de nueve voltios, presentado la caja por uno de los lados seis agujeros para accionar los despertadores que indicaban la misma hora, de manera que, tal conjunto hallado en caso de que se uniera constituirían un artefacto explosivo listo para su empleo.

Séptimo.—Los efectos que habían sido intervenidos con motivo de la detención de los acusados, relacionados y precintados por los agentes policiales franceses que llevaron a cabo tal actuación y una vez se encontraban integrado el procedimiento español con lo remitido desde Francia a raíz de la denuncia que las autoridades de dicho país formularon, fueron recepcionados por el funcionario de enlace del Cuerpo Nacional de Policía con tarjeta profesional n.º NUM059 destinado en París, quien se hizo cargo de los precintos de la causa.

Depositados seguidamente en el Juzgado Central de Instrucción n.º2 se procedió a su desprecinto y al volcado del material informático intervenido, diligencias ambas que se llevaron a cabo por la Secretaria judicial en fecha de 12 de mayo de 2009, de las que extendió la oportuna acta.

En dicho material informático se encontraron entre las carpetas del mismo una vez abiertas diversas sobre documentación sobre explosivos y detonadores, documentación sobre las estrategias a seguir frente a las detenciones, documentación sobre la utilización de "TEXALAUD MP3" para reivindicar acciones armadas, dossier de acciones armadas en los años 2004, 2005 y 2006, y diversos "Ikusi eta Ikasi" en los que aparecen instrucciones para el robo de vehículos, construcciones de zulos, entre otros, y en otras carpetas, material fotográfico explicativo de la realización de artefactos explosivos, colocación para realizar las acciones con armas de fuego y fotografías explicativas de la metodología para robos de vehículos, entre otros temas.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La primera cuestión suscitada por la defensa de los acusados es la relativa a la solicitud de estimación de la excepción de falta de autorización administrativa para perseguir el delito de tenencia de componentes de artefactos explosivos.

A tal efecto, reiteró la solicitud planteada como artículo de previo pronunciamiento con anterioridad al escrito de conclusiones elevadas a definitivas en que volvió sobre ello, afirmando en apoyo de que fuera estimada tal cuestión que los Autos de la Corte de Apelación de Versalles relativos a la entrega de los acusados son claros en su parte dispositiva y que no mencionan el delito de tenencia de artefactos explosivos, entre otras cosas porque como consta en las actuaciones, la orden de detención no se solicitó por ese delito. Alega asimismo que tanto el artículo 14 del Convenio Europeo de Extradición como el artículo 23 de la Ley 3/2003 establecen el principio de especialidad, principio que se vulneraría de admitirse la condena por el delito mencionado.

Como bien sigue diciendo, el planteamiento de la meritada cuestión fue resuelto en auto de 30 de abril pasado, resolución ésta que a entender de la dirección técnica de los acusados realizó una interpretación no ajustada a Derecho de la resolución de entrega francesa, cosa que no le está permitido realizar conforme a Derecho, reproduciendo estos argumentos en el informe final en el seno del juicio oral.

Abundando en los razonamientos de dicho auto de 30 de abril pasado, tanto el artículo 21 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal (Estrasburgo, 20 de abril de 1959), como el artículo 6.1 párrafo segundo del Acto del Consejo de 29 de mayo de 2000 (por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea) disponen lo que sigue:

"Toda denuncia cursada por una Parte Contratante cuyo objeto sea incoar un proceso ante los Tribunales de otra Parte se transmitirá mediante comunicación entre los Ministerios de Justicia. No obstante las Partes Contratantes podrán hacer uso de la facultad reconocida en el párrafo 6 del artículo 15 ".

"Toda denuncia cursada por un Estado miembro cuyo objeto sea incoar un proceso ante los tribunales de otro Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del Convenio europeo de asistencia judicial y en el artículo 42 del Tratado Benelux podrá transmitirse mediante comunicación directa entre las autoridades judiciales competentes".

La nota diferencial entre sendos preceptos estriba en que la comunicación a los efectos de cursar la denuncia por un Estado miembro ante los Tribunales de otro, era inicialmente vía Ministerio de Justicia de sendos países, introduciéndose la facultad de que tal comunicación se lleve a cabo directamente entre las autoridades judiciales implicadas en la puesta en conocimiento de hechos con caracteres de delito.

Lo que la parte achaca en este supuesto es que la orden de detención europea cursada por la autoridad judicial española no contemplaba uno de los delitos a que se contrae la calificación jurídico-penal del Ministerio Fiscal y que además, como ya se recogió más arriba, que los Autos del Tribunal de Apelación de Versalles, que son los que acceden a la entrega de los acusados a la autoridad judicial requirente, el Juzgado Central de Instrucción n.º2 de la Audiencia Nacional, omiten igualmente toda mención al delito de tenencia de componentes de aparatos explosivos, concluyendo que dado el principio de especialidad extradicional, que también opera en la regulación sobre la orden europea de detención y entrega, al no haberse incluido expresamente la mención de dicho tipo penal ni en la reiterada orden de detención cursada en el Juzgado reseñado ni en la parte dispositiva de sendos autos del Tribunal de Apelación de Versalles, no procede dictar un fallo condenatorio contra los acusados por tal figura penal.

Se han trascrito literalmente los preceptos relativos a la formulación de la denuncia oficial toda vez que en su dicción en los dos reza "denuncia(...)cuyo objeto sea incoar un proceso ante los Tribunales de otro Estado miembro".

La clave la da justamente esa previsión legal en el sentido de que será el contenido de lo denunciado lo que se erija en el núcleo de la investigación a efectuar por la autoridad judicial a la que se dirija la denuncia en cuestión, siendo ello lo acontecido en el supuesto que se examina.

Es cierto que el presente procedimiento se originó a raíz de un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de fecha 25 de septiembre de 2008 (folios 1 y 2), en que se relataba que se había tenido conocimiento de la detención de los hoy acusados a los que se les había encontrado efectos varios, que se detallaban, sin aparecer los relativos a los que podrían integrar el delito de tenencia de componentes de aparatos explosivos, y, se interesaba junto a la incoación de procedimiento, la emisión de una orden europea de detención para los dos acusados. Asimismo en dicho escrito se participaba que "la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene conocimiento que estos hechos se va a recibir denuncia de las autoridades del Estado Francés, Fiscalía del Tribunal de Gran Instancia de Paris de conformidad con el artículo 6 del Convenio de Asistencia Judicial tras haberlo acordado los Fiscales Jefes de las respectivas fiscalías francesa y española, tratándose del expediente penal seguido en dicho país contra Mauricio y Rocío..."

Es asimismo cierto que en el texto de la orden europea de detención y entrega emitida en esa misma fecha de 25 de septiembre de 2008 no aparecía expresamente la mención a aquella calificación jurídica ni siquiera a los elementos intervenidos que pudieran entrañar dicha figura penal (folios 5 a 8).

Pero no es menos cierto que en fecha de 26 de septiembre siguiente tuvo entrada en el Juzgado Central de Instrucción n.º 2, junto a un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la denuncia formulada el día 25 anterior por la Fiscalía de la República ante el Tribunal de Gran Instancia de París al Excmo. Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, en cuyo texto, entre otros hechos se refiere el que sigue "por otra parte fueron descubiertos un temporizador y un detonador en el vehículo Opel Zafira...", si bien, se aclaraba en dicho texto de la denuncia que lo que se ponía en conocimiento habida cuenta la urgencia, dado que se transmitiría en los más breves plazos, la integridad del procedimiento, los elementos principales de un caso relacionado con hechos de asociación de malhechores relacionados con una empresa terrorista, tenencia y transporte de arma y municiones de la primera categoría, tenencia de explosivos o elementos y sustancias que entran en la confección de explosivos, tenencia de documentaciones administrativas falsificadas y encubrimiento de falsos en escrituras privadas..." (folios 13 y 14).

Nuevamente en fecha de 29 de septiembre siguiente se completó la denuncia oficial por dicha Fiscalía de Paris ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la que se reitera lo anterior literalmente, refiriendo no ya el poner en conocimiento los elementos principales, sino, la remisión del procedimiento, el cual, tuvo entrada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional vía la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia español, en fecha de 5 de noviembre de ese año 2008. (folios 151, 160 y ss.).

Acto continuo, en escrito de 17 de noviembre de 2008 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional dirigido al Juzgado Instructor (folio 146), interesó entre otras diligencias la pericial del detonador y temporizador ocupados en el automóvil marca Opel Zafira.

Antes de seguir procede mencionar que el Tribunal de Apelación de Versalles, en autos dictado en fecha de 31 de octubre de 2008, acordó conceder a las autoridades judiciales españolas la entrega de sendos acusados y si bien en la parte dispositiva de dichas resoluciones no se incluye el tipo penal por el que se ha planteado la cuestión que se aborda, a la vista del procedimiento que, hacen constar que les fue remitido por auto de 3 de octubre anterior por la Sala de instrucción (folio 139), a pesar de los términos de la parte dispositiva de tales resoluciones, que es lo que resalta la parte que ha planteado la excepción, en lo que respecta al fondo que encabezan con el apartado EN CUANTO AL FONDO, en el relato de hechos que refieren en tales autos de entrega de los acusados, expresamente mencionan "un temporizador y un detonador..."(folio 141).

Lo que ocurrió es que en dicha parte dispositiva se mencionaron por las autoridades judiciales francesas las tipificaciones penales españolas que aparecían en el texto de la orden europea de detención cursada desde este país, pero es claro que en el apartado de los hechos, esto es, EN CUANTO AL FONDO, se incluía elementos que barajaban para el dictado de la resolución y que habían de someterse a investigación, entre los que se encontraban los aludidos anteriormente.

Estos datos se han resaltado para poner de manifiesto que ya no sólo en tales resoluciones de 30 de octubre de 2008 se daba entrada a hechos que podrían constituir el delito de tenencia de componentes de aparatos explosivos, sino que, previamente, en las denuncias oficiales de fecha de 25 y 29 de septiembre anterior, se hacía particular mención de tales y por lo tanto viabilizaba su investigación en el procedimiento incoado por la autoridad judicial española.

Una cosa es la orden de detención y entrega y otra es la denuncia oficial formulada por el Estado que cediendo la soberanía de su Poder Judicial ha optado como dicen los repetidos autos por "la decisión adoptada por la Fiscalía de París de efectuar la denuncia oficial de los hechos a las autoridades judiciales españolas, pues se trata del ejercicio de la acción pública o de su renuncia(...) y que en este caso particular, Francia ha decidido no ejercer acciones penales por hechos cometidos en su territorio."

Pues bien, tales denuncias por los hechos cometidos en territorio francés, refieren junto a otros distintos los que la defensa de los acusados entiende que han de quedar fuera no ya del enjuiciamiento, que se ha llevado a cabo, sino de un fallo condenatorio contra los acusados.

Lo que en puridad aconteció, de ahí que se haya hecho constar lo hasta ahora relacionado, es que cuando se cursaron las ordenes de detención y entrega por la autoridad judicial española, se conformaron las mismas en lo que al relato fáctico se refiere con los datos suministrados por el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de fecha 25 de septiembre de 2008, emitiéndose tales solicitudes de entrega con esa misma fecha, siendo, junto a otro escrito de esa misma Fiscalía del día 26 de septiembre siguiente, cuando se acompaña la primera denuncia oficial formulada por la Fiscalía francesa en la que se incluía lo que en aquel escrito de fecha 25 anterior aún no se había hecho eco, esto es, el hecho relativo al hallazgo de los efectos que podrían integrar el delito ya enunciado.

Ante ello, lo que prevalece a la luz de los artículos 21 y 6 de los Convenios europeos de asistencia judicial en materia penal, es el contenido de la denuncia oficial que como los Magistrados franceses afirmaron en las resoluciones de 31 de octubre de 2008 supone el ejercicio por las autoridades judiciales españolas de la acción penal por los hechos acontecidos el día 23 de septiembre anterior, entre los que, en base al texto de sendas denuncias oficiales, se incluían los que se pretenden no se vean afectado por un fallo condenatorio.

La virtualidad, en el caso que nos ocupa, de las órdenes europeas de detención y entrega estribaba en asegurarse la puesta a disposición en situación de prisión de los acusados mediante la entrega de éstos con la cobertura de las órdenes cursadas, para, caso de que se accediera a su entrega como ocurrió, seguirles el procedimiento incoado en España por los hechos relatados en la denuncia que se formuló por la Fiscalía francesa.

Por todo lo antedicho, procede desestimar la excepción de falta de autorización administrativa para perseguir el delito de tenencia de componentes de artefactos explosivos.

Segundo.—Como segunda cuestión, la defensa de los acusados planteó la nulidad de las pruebas periciales consistentes en el análisis de las evidencias incautadas en Francia.

Adujo que eran dos los motivos de la petición, por un lado, porque se había vulnerado el derecho a la defensa consagrado en el artículo 17.3 CE al desarrollarse la detención de los acusados en Francia sin la asistencia de abogado, y por otro, porque las evidencias son aportadas al procedimiento sin las debidas garantías, sin observar el procedimiento establecido para ello, pues, no se aportan mediante Comisión Rogatoria internacional tal y como establece el Convenio de Asistencia Judicial europeo de 1959.

Añadió que a mayor abundamiento el desprecinto y clonado de las evidencias se llevó a cabo en sede judicial sin dar oportunidad a esta defensa a estar presente, causándole efectiva indefensión, sin posibilidad de subsanación, vulnerando el derecho de defensa y a un juicio con todas las garantías. De ahí que las pruebas periciales consistentes en el análisis de las evidencias incautadas en Francia devienen nulas por aplicación del artículo 238.3 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no deben ser tenidas en cuenta.

En lo que respecta al primer apartado de la cuestión planteada añadió en el informe oral que no hubo presencia de abogado ni en la toma de declaración ni en ninguna otra diligencia de las que se llevaron a cabo, que hay que valorar si se desarrollaron conforme a las garantías constitucionales, que en un primer momento se les impidió a los acusados cuando estaban detenidos la asistencia letrada sin que en las primeras setenta y dos horas se comunicaran con abogado alguno, y, que la inicial asistencia letrada fue en fecha de 19 de diciembre de 2008, lo que es una detención ilegal.

Ha de tenerse presente conforme a la legislación francesa cuáles son los derechos de una persona puesta en detención previa por terrorismo, situación que es por veinticuatro horas pudiendo decidirse una primera prórroga por una nueva duración de veinticuatro horas y además excepcionalmente se podrá acordar dos prórrogas de la detención previa en una duración cada una de veinticuatro horas, tras lo que terminada la detención previa la persona detenida será presentada ante el Juez de Instrucción o puesto en libertad.

En esa situación de detención previa, en lo que entrevistarse con un abogado viene regulado, tal relación está prevista por treinta minutos con un abogado de la elección del detenido con el que "podrá pedir conversar", y si no lo designa o el designado no puede entrar en contacto, el detenido "puede pedir entrevistarse con un abogado de oficio".

Dicha entrevista es "al final de las setenta y dos horas, de las noventa y seis horas y de las ciento veinte horas de la detención previa".

Aparece dicho derecho junto al de poder avisar un pariente y ser reconocido por un médico, en el formulario de notificación de derechos que en idioma español se les ilustro a los acusados y que obra al folio 1062 de las actuaciones.

De la observancia de esa ilustración y la actitud de los acusados da cumplida respuesta lo obrante a los folios 493, 519, 560, 582, 628, 632, 645, 655, 663, 668, 678, 698, 707, 962, 965, 966, 969, 970, 971, 978, 981, 994, 995, 1006, 1008, 1013, 1018, 1021, 1022 y ss, 1040, 1048, 1051, 1058, 1060, 1085, 1094, 1097, 1106 y 1107.

Son de destacar tales en los que está documentado que en primer lugar se les proveyó de intérprete de español, folio 698, se les hizo saber la naturaleza de la infracción a que se refería la investigación, de asociación de malhechores relacionada con empresa terrorista, entre otras, de la situación de detención en la que quedaban, así como, que su duración se podría prolongar en los plazos antes indicados, y, finalmente de los derechos que han sido antes relacionados.

Nunca interesaron entrevistarse con abogado de oficio y sí sólo dieron el nombre de dos letrados que no fueron o identificados o localizados, lo que obra a los folios 995, 1013, 1040, 1048, 1060, 1066, 1085, y 1107.

Aún cuando se hubieran podido entrevistar con el abogado de su elección, que fue interesado por los detenidos y con el resultado ya dicho, esa comunicación conforme a la legislación francesa es siempre posterior a la finalización del plazo de detención previa, o dicho de otro modo, las declaraciones dada la naturaleza presuntamente terrorista de los hechos, se prestan sin presencia de letrado, sin perjuicio, de que concluida dicha situación de detención previa se pueda entrevistar el detenido sea con el letrado que designe o sea de oficio, si lo interesa en ambos casos.

Asimismo consta que en tanto el periodo de detención, a los acusados se les recibió declaración y se practicaron diligencias en presencia de uno y otro pero sin la asistencia de letrado, siendo tales, aparte de la toma de manifestaciones en las que se negaron a contestar a pregunta alguna, la relativa a presenciar el registro que se llevó a cabo de la tienda de campaña, de los vehículos, y, la de toma de saliva a la que no se opusieron.

El letrado de los acusados ha relacionado la no presencia de abogado en el curso de la detención previa con la falta de garantías constitucionales, en concreto, con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Constitución española.

El procedimiento se gestó en territorio francés donde se localizó a los acusados y los objetos que fueron registrados, intervenidos y precintados, de modo que en esa fase inicial entra en juego el derecho interno del Estado que es el que en el aspecto que se trata se ha plasmado sucintamente; la no presencia de letrado no se debió a que se les impidiera sino a la improcedencia de atender esa petición formulada por los acusados que contrariaba la norma de procedimiento francés.

Es cierto que dicha disposición es distinta de la española, que prevé en caso de detención e incomunicación de personas vinculadas al terrorismo la asistencia letrada de oficio, cuya presencia es obligatoria en las declaraciones de los detenidos y descartando el de libre elección.

Ello por diferente que sea no incidió en derecho alguno que se observó escrupulosamente, y, en lo que respecta al lado español, país que iba seguidamente a hacerse cargo de lo actuado, aparte de no ser transplantable, pues impenetraría indebidamente en el derecho interno de otro Estado apartando su procedente aplicación, es que, en puridad no tuvo una incidencia negativa para con los detenidos que no respondieron al interrogatorio que se les formuló ni tampoco hicieron manifestación en sentido alguno en tanto los registros, excepción hecha de que espontáneamente los acusados manifestaron de alguno de los efectos intervenidos que eran suyos o la llave de acceso a uno de los turismos procedía del acusado.

Es más, una vez concluido el periodo de detención nada optaba a que se comunicaran con abogado de oficio, al no ser localizado el de su elección, lo que no hay constancia de si interesaron, de modo que nada distinto de lo previsto en la normativa francesa se podía llevar a cabo.

Se han querido hacer estas precisiones por la trascendencia de los derechos en lisa y en modo alguno para cuestionar la normativa de otro Estado sino para concluir que sus previsiones fueron atendidas.

No hay que olvidar que, a la hora de atender a la colaboración mutua entre países o como en el supuesto que nos ocupa de dar virtualidad íntegra a lo que en un Estado se ha llevado a cabo y va a ser utilizado en otro, preside en la normativa sobre la materia, tal como expresa el Convenio de asistencia judicial en materia penal de 29 de mayo de 2000, el señalamiento del "interés común de los Estados miembros de asegurar que la asistencia judicial entre ellos se lleve a cabo con rapidez y eficacia y de forma compatible con los principios fundamentales de sus respectivos Derechos internos, respetando los derechos individuales y los principios contenidos en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 ", y ello, por "la confianza en la estructura y funcionamiento de sus respectivos sistemas jurídicos y en la capacidad de todos los Estados miembros para garantizar un juicio justo".

Resta por añadir, partiendo de lo hasta ahora expuesto, que nada más lejos de estar en presencia de un presunto delito de detención ilegal como abiertamente dijo el letrado.

El segundo apartado de la cuestión versa acerca de que las evidencias fueron aportadas al procedimiento sin las debidas garantías, dado que no fue a través de una Comisión Rogatoria, y, que el desprecinto y clonado se llevó a cabo en sede judicial sin dar oportunidad a la parte de estar presente, causándole efectiva indefensión, sin posibilidad de subsanación, vulnerando el derecho de defensa y a un juicio con todas las garantías.

No parece que el hecho de que los efectos intervenidos y remitidos desde territorio francés a español hayan sido puestos a disposición de la autoridad judicial española sin vehicular en el seno de una Comisión Rogatoria sea identificable con ausencia de garantías.

Del devenir que tales efectos siguieron no es lo que se resalta en la cuestión planteada sino, como se ha dicho, que se hiciera el traslado de los mismos obviando el mecanismo de esa forma de auxilio judicial entre autoridades judiciales de distintos Estados.

Eso es precisamente en lo que estriba la Comisión Rogatoria, en una modalidad de petición de ayuda mutua, pero no es la única fórmula, de ahí que no se alcance a entender el reparo que se hace a cómo se procedió en el presente procedimiento, cuando además no se trataba de interesar de otro Estado diligencia alguna sino de estar a la espera de recibir lo que debía incorporarse al único procedimiento que se seguía.

En el texto de las ordenes europeas de detención y entrega de Mauricio y Rocío se interesaba junto a la entrega de uno y otro, la de las armas, municiones, documentación y cuantos efectos se hubieran incautado a los reclamados (folio 68), oficiando la autoridad judicial que lo acordó al mismo tiempo al Comisario Jefe de la oficina de SIRENE y al Magistrado de Enlace español con Francia a los mismos fines (folios 80 y 81).

Un vez que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial española los acusados y objetos personales de éstos, se estuvo a la espera de la recepción de los efectos intervenidos a aquéllos al tiempo de su detención, materializándose en fecha de 20 de febrero de 2009 a través el funcionario de enlace del Cuerpo Nacional de Policía con tarjeta profesional n.º NUM059 destinado en París, que se hizo cargo de los precintos entregados por la Subdirección Antiterrorista de la Dirección General de la Policía Judicial, derivados de la causa cuyo numero de referencia era NUM000 de la Fiscalía del Tribunal de la Gran Instancia de Paris (folios 1165 a 1167), que seguidamente los depositó en la Comisaría General de Información con los sellos precintados (folio 1180), siendo trasladados en ese estado al Juzgado Central de Instrucción n.º2, el que una vez se le informó que se había procedido a la traducción de dicha relación en fecha de 30 de marzo siguiente, acordó en base a la lista en que venían relacionados (folio 1153), que se procediera por la Sra. Secretaria judicial al desprecinto, apertura y comprobación de las evidencias enviadas (folio 1187).

En acta extendida de fecha 12 de mayo de 2009 se llevó a cabo dicha diligencia y la de volcado del material informático (folio 1189 a 1191).

En lo que se refiere a cómo se aportaron los efectos que venían interesados por el Juzgado Central de Instrucción, ello no requería el cursar Comisión Rogatoria alguna dado que se habían pedido en el seno de las órdenes de detención cursadas y se materializó a través del cuerpo policial francés que los entregó a un funcionario policial español y éste los depositó en la Comisaría General de Información pasando al Juzgado Instructor.

La norma que da cobertura a tal actuación es el artículo 22 de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, que dispone que la entrega de objetos se hará conforme el derecho interno del país, con lo que del lado francés se llevó a cabo tal como se ha indicado y a su vez respondía a lo interesado por la autoridad judicial española que se dirigió expresamente a tal efecto tanto al Magistrado de Enlace como a SIRENE.

No se alcanza nuevamente a saber cuál ha sido la efectiva indefensión que se ha originado a los acusados ni a la regularidad del procedimiento en que han de causar estado los efectos cuya formula de remisión ha sido cuestionada toda vez que la intervención de los objetos se llevó a cabo en presencia de aquéllos al tiempo que se precintaban, se les preguntó en las declaraciones en las que no dieron respuesta alguna por tales, y, una vez remitidos a España, nunca cuestionaron que los mismos, que aparecían relacionados en una lista confeccionada por los funcionarios policiales franceses al frente de la investigación, no fueran los que se localizaron e incautaron el día 23 de septiembre de 2008 en el lugar en que se encontraban presenciando la intervención como detenidos.

Ni siquiera en el curso del juicio se han pronunciado los acusados en torno a la incidencia planteada por su letrado que hizo una impugnación carente de base en que fundar esa materialización de la indefensión que además entendió que no era subsanable.

Asimismo tachó, como ya se ha aventurado, de no subsanable el que no fuera notificado de la diligencia de volcado del material informático remitido, que se efectuó el día 12 de mayo de 2009 y que se le hizo saber una vez llevada a cabo.

Igual suerte ha de correr esta impugnación, pues, correspondiéndose con la realidad que no se le notificó con antelación a la práctica de dicha diligencia, la esencia de la misma estriba en que es quien tiene la función de la fe pública judicial la persona que ha de dejar constancia de que lo que se descarga es coincidente con el contenido informático que se vuelca, lo que compete exclusivamente al Secretario Judicial, el cual relacionó los sellos que contenían el material informático, y, custodió el original, entregando copia a los funcionarios policiales presentes en la diligencia (folio 1189 a 1191).

No consta a lo largo de la causa que la parte que plantea la cuestión, una vez que fue notificada de que se había llevado a cabo dicha diligencia de volcado, ni se pronunciara nunca antes a como lo hizo en el escrito de conclusiones provisionales, primera ocasión que utilizó, ni menos aún que interesase que en presencia de la Secretaria judicial se volviera a realizar el volcado a fin de comprobar la exactitud o no del contenido del acta extendida sobre dicha operación.

Es por todo lo que se ha expuesto por lo que procede desestimar la solicitud de nulidad que ha sido planteada.

Tercero.—Los Hechos Declarados Probados son legalmente constitutivos de los delitos a los que se contrae la pretensión acusatoria formulada por el Ministerio Fiscal, pretensión que encabeza con el delito de pertenencia a organización terrorista de los artículos 512.2 y 516.2 del Código Penal.

Ambos acusados son miembros de la organización terrorista ETA dado el cúmulo de material probatorio que en torno a la incardinación de la conducta de Mauricio y Rocío en ésta figura penal obra en la causa.

Ello no sólo porque los funcionarios policiales franceses al inicio de la investigación lo afirmen al decir que "viajaban en sendos vehículos, con matrículas falsas e iban armados, además de estar en poder de documentos de identidad falsos, datos éstos característicos de los miembros de ETA que residen de forma clandestina en territorio francés" (folio 551), ni porque los acusados cuando fueron sorprendidos gritaran un "Viva ETA" (folio 560), o que pertenecían a ETA, según dijo en el juicio oral el Capitán de Policía Cecilio, que no estuvo en el lugar donde se encontraron, sino coordinando el operativo desde Paris, sino porque tal punto de partida ha quedado plenamente corroborado.

Efectivamente los acusados fueron localizados en un paraje cuyas características de acceso, difícilmente transitable y carente de población, les haría creer que les mantendría ocultos frente a terceros en vista de lo que portaban: efectos que delataría esa condición de miembros de la organización terrorista ETA, que cabe aventurar en puertas de llevar a cabo acción alguna de esa naturaleza, pero, que el mero hecho de lo localizado revela su integración en dicha organización terrorista.

Así, lo intervenido a los dos acusados de un lado sirve para conformar el tipo penal de la pertenencia a organización terrorista y a la par para configurar otras conductas penales que se analizaran más tarde.

En el origen de las presentes diligencias son los agentes de policía franceses que se personan en el lugar los que desde el primer momento dieron entrada a la Subdirección antiterrorista de la Dirección Central de la Policía Judicial debido a (folio 540): "los datos recabados por los servicios de investigación en torno a la presencia de ETA en ésta región(...)abandonos de vehículos acaecidos en Loira y sus comarcas limítrofes."

Ello lo confirmó en el acto del juicio oral el testigo Cecilio, Capitán de Policía de la Dirección Central de la Policía Judicial, Subdirección antiterrorista, que afirmó que cuando se descubrió el día 23 de septiembre de 2008 el campamento en el bosque, teniendo en cuenta los crímenes en el pasado de la organización ETA, y, aclarando que cuando dice crímenes se refiere a robos de vehículos que se habían atribuido a dicha organización, en concreto se refería a un robo a mano armada en octubre de 2007 a la empresa LABAMA, en el que se había robado cinco litros de una sustancia que sirve para hacer explosivos, siendo ello lo que propició que se mandaran equipos antiterroristas.

De entre los efectos intervenidos con motivo de la actuación policial en el presente procedimiento son de resaltar aquéllos que establecen un hilo conductor con la organización terrorista ETA.

Así, aparte de documentos varios netamente falsos en los que aparece la fotografía de los acusados y que en otro apartado se estudiará la petición fiscal de entrañar un delito continuado de falsificación de documento oficial, se encontraron dos documentos especificados en el relato fáctico de esta resolución en que aparece la firma FAL, del aparato de falsificación de ETA (folios 549 y 902), lo que fue afirmado por agentes destinados en la Sección antiterrorista que lo detallaron en las diligencias instruidas y fue ratificado por aquel testigo que afirmó que se trata de documentos de la estructura de falsificación de ETA, que con las fotografías emite documentos falsos españoles, franceses o británicos, entre otros. Siguió afirmando dicho testigo que tales documentos dicen si la calidad de la falsificación es buena y que en los mismos venían los nombres que aparecían en los documentos falsos, añadiendo sobre ésta cuestión que entre los documentos tachados de falsos había de la Guardia Civil, lo que "es normal en ETA".

Del hallazgo de estos documentos con las siglas FAL, se ratificó el testigo Lucio, Teniente de Policía en la Subdirección antiterrorista que ubicó dicho hallazgo en el registro de la tienda de campaña, que era donde se encontraban los detenidos cuando se les localizó, el cual añadió que también se encontró una funda con tarjeta con el logo de ETA, sin recordar en qué concreto bolso se guardaba.

El hecho de disponer los acusados de tales documentos indica claramente la relación con la organización terrorista dado que será a sus miembros a los que les haga llegar esa clase de documentos a fin de que se controle y compruebe que los confeccionados a nombre de los acusados para ser manejados por éstos ocultando su identidad y otros aspectos son una creación apta a fin de hacer creer la realidad de lo que conformaba su contenido.

Se encontraron asimismo dos armas y cartuchos, todos troquelados, que los investigadores franceses relacionaron continuadamente con un robo a mano armada atribuido un comando de ETA, cometido el 23 de octubre de 2006, en el que se sustrajeron doscientos uno revólveres de la misma marca que aquellos y cartuchos como los incautados, aparte de otros tipos de armas y municiones (folio 873), hecho que se investiga en procedimiento abierto en uno de los Juzgados de París encargados de la instrucción por delitos atribuidos a la organización terrorista ETA o a personas vinculadas a la misma.

El testigo antes citado, destinado en la Sección antiterrorista, de forma inequívoca afirmó que las dos armas cortas, por el número de serie, procedían de tal robo, lo cual corrobora la identificación completa de las dos armas intervenidas como parte de las que fueron sustraídas en aquel hecho y que su interés en esta causa ha sido para conformar otro elemento de la relación de los acusados con la organización terrorista a la que se le atribuye dicha acción.

De entre los efectos hallados en el interior de los vehículos aparcados próximos a la tienda de campaña en que se encontraban los acusados, se relacionaron una serie de placas de matrículas (folios 676, 677, 877 y 878), que tal como los agentes policiales hicieron constar, procedían de un robo a mano armada cometido el día 15 de marzo de 2006 atribuido a activistas de ETA.

En este caso es nuevamente de afirmar la procedencia de varias de las placas de matrícula halladas en poder de los acusados de aquella otra sustracción que abarcaba a unos quince mil juegos de matrículas francesas en blanco, por cuanto se dispone de los datos necesarios para establecer dicha identidad, que se especifica en las diligencias, pues, algunas de las intervenidas en los vehículos en su numeración están comprendidas entre las referencias NUM055 y NUM057 de los números de lote que fueron sustraídos, además de llevar la referencia LA SUPERPLAQUE que es el nombre de la empresa en cuyas dependencias se llevó a cabo la repetida sustracción.

Entre otras, fueron incautadas a los acusados las placas de matrícula marca LA SUPERPLAQUE con referencia NUM055 delantera y NUM056 trasera o NUM051 (folios 676 y 677, 877 y 878), cuya numeración está comprendida entre las referencias de las que habían sido sustraídas en dicha empresa.

El testigo Adolfo, Brigadier en Jefe de la Policía de la Subdirección antiterrorista, que participó en el registro de los turismos, afirmó que las matrículas que estaban en el turismo marca Opel Zafira, tenían unas referencias de la marca SUPERPLAQUE y el testigo Eufrasia, agente de la policía judicial de Lyon, se ratificó en la localización de placas de matrículas en el turismo marca Volkswagen Polo.

Es otro dato revelador de la conexión de este hallazgo con la organización terrorista ETA, que, tras dicha sustracción en la empresa LA SUPERPLAQUE, en Francia se abrieron procedimientos cada vez que se localizaron juegos de matrículas todas con las mismas características técnicas y marcas, procedimientos que se siguen, bien por el resultado de las pruebas realizadas tras el abandono de vehículos robados en dicho territorio por parte de activistas de ETA, bien por hallarse de forma fortuita diversos objetos producto de aquel robo con ocasión de otras operaciones relativas a la organización terrorista, bien por registros o por la localización de algunas con motivo de la detención de personas vinculadas a dicha organización terrorista (folios 879 a 891).

Cada uno de estos procesos no se conoce en el presente procedimiento a fin de contrastar los datos que se afirman en las diligencias policiales francesas, pero son precisamente los agentes encargados de la investigación por terrorismo de ETA en Francia, los que suministran al presente tal información, conocimiento que, derivado de dichas investigaciones les obrará de primera mano.

Se encontraron asimismo elementos cuya composición es incardinable en el delito de tenencia de componentes de artefactos explosivos, que en otro apartado se estudiará, pero en lo que ahora interesa ha de resaltarse que los funcionarios que llevaron a cabo el informe sobre tales, los funcionarios policiales con carnet profesional NUM060 y NUM061, manifestaron que el funcionamiento general de lo que analizaron es como en otros casos de ETA, y es de destacar la ampliación de informe que éstos llevaron a cabo y que ratificaron en el juicio oral, obrante a los folios 1656 a 1664, en que hicieron constar que disponiendo de un CD que también había sido intervenido y del temporizador sometido a la pericia encomendada, confrontaron éste con las sus imágenes existentes en el vídeo, llegando a la conclusión de que "se puede suponer que dicha fiambrera es la misma que aparece en el CD y que por tanto ha sido utilizada por la banda terrorista ETA para sus ejercicios de enseñanza e instrucción".

Siguiendo con el resultado de las pericias en lo que para este apartado es relevante hacer constar, los encargados de la pericia sobre unas sustancias que se hallaron, el funcionario policial NUM062 y el contratado laboral NUM063, afirmaron que lo analizado es un explosivo habitual de ETA.

La defensa de los acusados manifestó que una vez el procedimiento se encontraba abierto en un juzgado central de instrucción seguían practicando diligencias los investigadores policiales franceses.

Es cierto que tanto de los documentos intervenidos en los que aparece la firma FAL, como de elementos que podían ser componentes un artefacto explosivo, emitieron su parecer, pero también es cierto que es factible pensar que iniciaron el análisis en fecha antes de que se remitiera el procedimiento pero que debían finalizarlo, lo cual solo podían hacerlo una vez concluido el estudio.

El criterio de los investigadores franceses acerca del documento atribuido al aparato de falsificación de ETA, aparece recién iniciada la investigación justamente cuando lo localizan e intervienen, y, en lo que respecta al dictamen sobre material para confección de artefactos explosivos, también se apremiaron dado que, tal como se dice en las diligencias, recogieron de algunos elementos muestras para desactivar lo que pudiera ser peligroso, de modo que antes de ello determinaron el contenido de la carga y la utilidad de lo encontrado (folio 630).

En todo caso, una vez la totalidad de lo incorporado por la investigación gala al procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción n.º2, se realizaron las pericias nuevamente que coincidieron con lo aportado desde Francia.

Esa vinculación con dicha organización terrorista se hace precisamente no sólo en este último apartado sino en los que ya se han referido anteriormente, además de coincidir con la continua mención realizada por los agentes franceses que de forma reiterada lo plasman en las diligencias llevadas a cabo en dicho territorio y por los funcionarios españoles de las distintas especialidades periciales que emitieron sus pareceres, todos ellos conocedores por su labor, de la forma de operar de la organización terrorista ETA.

Asimismo les fue encontrado a los acusados material informático que contenía en sus archivos carpetas que trataban desde la confección de artefactos explosivos, colocación para realizar las acciones con armas de fuego, fotos explicativas de la metodología para el robo de vehículos, dossier de acciones armadas, construcciones de zulos hasta la estrategia a seguir frente a las detenciones.

Los funcionarios que llevaron a cabo tal informe pericial, los funcionarios policiales con carne profesional NUM064 y NUM065, lo ratificaron en el juicio oral, consistiendo en el análisis informático de un dispositivo realizado sobre el clonado del original el cual quedó precintado en presencia de la Sra. Secretaria judicial.

Esta diligencia fue impugnada y goza de toda validez tal como se dijo al tratar dicha cuestión, siendo lo relevante el mero hecho del contenido de los archivos informáticos, pues, todo lo que en dicho material se trata no es ni más ni menos que situaciones derivadas de comportamientos relacionados con la organización terrorista ETA. Así, tanto lo relativo a los medios empleados en su vertiente armada y forma comisiva en dicho proceder, como, la conducta que han de observar para el supuesto de que por cualquier circunstancia resulten finalmente detenidos.

Otro dato a destacar es que del análisis de sesenta y nueve muestras o efectos intervenidos, los funcionarios policiales con carne profesional NUM066 y NUM067 adscritos a la Sección de Inspecciones Oculares de la Comisaría General de Policía Científica, concluyeron que reveladas ciento veintitrés, cotejadas cuarenta, dieron como resultado que once se correspondían con la reseña decadactilar de Virginia, persona esta con antecedentes por pertenencia a banda armada y terrorismo, concretamente en el asunto 6039/08 correspondiente a la localización de un vehículo marca Ford- Focus matrícula...FF.. en Septfondas-Tarn (Francia), y, otras tres se corresponden con las de Catalina, con los mismos antecedentes policiales, siendo las huellas las mismas que las reveladas en un vehículo marca Renault-Megane, matrícula...UYY.., sustraído el día 25 de mayo de 2006 en Seignosse (Landas-Francia), y, recuperado el día 29 de septiembre de 2007 por la policía francesa en Loubieng (Pirineos Atlánticos). Dicha persona previamente había sido identificada en el asunto correspondiente a la localización de un vehículo marca Peugeot 307, sustraído en Vacquiers Haute Garonne y recuperado en Sainte Marie de Campa Hautes (Francia).

Tales extremos obran en el dictamen a los folios 1210 a 1229 y 1233 1239, para cuya realización contaron con las huellas asentadas en los efectos encontrados en los turismos y que fueron remitidos a España.

Es de destacar del dato suministrado, no ya que se hayan revelado huellas que identifican a la acusada, sino que se encontraron otras de personas que se les vincula al menos policialmente con la organización terrorista, además de que los hechos que se les siguieron también estaban relacionados con la sustracción de vehículos, como en el caso que nos ocupa.

Es mecánica habitual de la organización terrorista ETA el hacerse con vehículos a los que les cambian las placas de matrículas para cualquiera de sus movimientos, sea para cualquier desplazamiento que hagan sus componentes, provistos siempre de esa sustitución, de las placas que también son objeto de sustracción, sea para llevar a cabo los atentados que cometen.

Antes de abandonar este apartado sólo añadir que de entre los juegos de placas de matrícula intervenidos, se constató por los investigadores que varios de éstos tenían la misma numeración que auténticas que no habían sido sustraídas, pues, se contactó con los propietarios de los vehículos que así lo afirmaron (folios 929 a 931), de modo que, volviendo a la operativa de la organización terrorista ETA, ya dejaba apuntado la investigación antiterrorista francesa llevada a cabo que "de este modo maquillan los coches robados para circular con libertad por el territorio tal y como hacen los activistas de la organización terrorista ETA así como para escapar de los controles de las fuerzas de policía y gendarmería".

Completa este particular que para tal proceder se proveen de certificados de seguro falsificados, de los que de los intervenidos se tachan por los investigadores franceses a diez de ellos con esas características y sólo tres auténticos, dos de la compañía de seguros MACIF y uno de la compañía de seguros GROUPAMA, que proceden de sustracciones de vehículos cometidos el día 30 de abril, 20 de julio y el 18 de septiembre de 2008 y atribuidas a miembros de ETA.

Esta información aparece en las diligencias remitidas y llevada a cabo de forma exhaustiva por los funcionarios franceses (folios 917 y ss.), en la que se deja pormenorizada constancia de las pesquisas llevadas a cabo acerca del origen de estos efectos intervenidos.

Dichos documentos a entender de los agentes como se indica sólo tienen un objetivo "el maquillaje de vehículos robados con los que circular libremente por territorio nacional y escapar de los posibles controles de policía (...) por lo tanto, la falsificación de certificados de seguro es un complemento ideal de la colocación, en coches robados por ETA, de matrículas con referencias de vehículos que no han sido denunciados como robados".

Con este cúmulo probatorio que se ha significado, el Tribunal ha alcanzado la convicción exigida por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de que los acusados son miembros de la organización terrorista ETA, formando un comando operativo a punto de iniciar acciones armadas por cuenta de dicha organización terrorista.

Cuarto.—Asimismo constituyen un delito de tenencia ilícita de armas de fuego definido en los artículos 563, 664.1 y 574 todos del Código Penal del que son autores los acusados Mauricio y Rocío

En el relato fáctico de la presente resolución se hace constar el punto exacto donde se localizaron dos revólveres y cartuchos, una de las armas en un extremo del bosque y la segunda próxima a los acusados en el interior de la tienda de campaña ocupada por éstos, además de cartuchos, sin que los acusados dispusieran de las oportunas licencias de armas ni la guía de pertenencia acreditativa de la propiedad de los revólveres que les fueron hallados, lo cual es exigible tal como disponen los artículos del Código Penal antes citados aunque la defensa de los acusados entienda que no hace falta documentación administrativa por la mera tenencia de unas armas.

En las diligencias que inicialmente se llevaron a cabo por funcionarios policiales galos que hicieron el hallazgo, prácticamente dan por sentado que las armas intervenidas procedían de un robo acontecido en la empresa Sidam en Vauvert (Gard) ocurrido el día 23 de octubre del año 2006 y que atribuía a un comando de ETA (folio 873), que, de hecho se viene investigando en un juzgado de instrucción francés de la Sección antiterrorista, en concreto del terrorismo de ETA.

A los efectos del tipo penal que se analiza goza de trascendencia, como antes se indicó por ser un dato revelador junto a otros a barajar para vincular a los acusados con la organización terrorista ETA, dado que si a personas de la misma se les achaca la sustracción llevada a cabo de un número ingente de revólveres de la misma marca, ello a su vez representa un ligazón con los acusados a los que se les intervino dos de esa misma marca.

En cualquier caso es práctica habitual en los miembros de dicha organización terrorista, los que constituyen su brazo armado, ir provistos de armas, de la misma manera que las portaban los ahora acusados.

De hecho no sólo es que las portaban, sino que ya habían probado una de ellas, según refleja el informe pericial emitido en el Servicio Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica (folios 1272 a 1275), en el que además dictaminan sus emisores que las dos armas y los cartuchos intervenidos, todos troquelados, se encontraban en buen estado de conservación y funcionamiento, informe que fue ratificado en el juicio oral por los funcionarios policiales con carnes profesional n.º NUM068 y NUM069 añadiendo en dicho acto que no les constaban utilizados los revólveres con anterioridad, pero sí usados pues lo comprobaron con la vaina dubitada asimismo troquelada, sometida a pericia.

Concurriendo todos los elementos del delito de tenencia de armas de fuego del que vienen siendo acusados Mauricio y Rocío procede acoger la petición formulada por el Ministerio Público contra los mismos por dicha figura penal.

Quinto.—El Ministerio Fiscal acusó a los acusados de un delito de componentes de aparatos explosivos de los artículos 573 y 568 del Código Penal, cuya comisión está asimismo acreditada.

Ha sido por este delito por el que el defensor de los acusados tanto por la vía del artículo de previo pronunciamiento como en el escrito de conclusiones ha venido manteniendo la improcedencia de que a los acusados se les juzgara o recayera un fallo condenatorio.

Dejando a un lado dicha cuestión que en el razonamiento primero de esta resolución se abordó, está plenamente probada la comisión del delito que nos ocupa.

De un lado, el hallazgo de tales componentes en la forma y lugar que se recoge en el relato fáctico de esta resolución, derivado ello de lo obrante en las diligencias levantadas por los agentes policiales franceses que registraron los vehículos, folios 630 y ss., folios 646 y ss., que fueron ratificados en el acto del juicio oral por el Capitán de policía Eufrasia, Agente de la Policía judicial de Lyon y por Adolfo, Brigadier en jefe de la Policía de subdirección antiterrorista de la Dirección Central de la Policía Judicial, agente en Levallosi Pret (Hauts de Seine).

Estos testigos informaron que en el vehículo marca Polo se encontraron en el maletero dos mochilas, en la primera había una caja de plástico azul con dispositivo de encendido, cables eléctricos, una caja de plástico blanco con interruptor y material eléctrico, que el dispositivo de encendido era una caja de plástico donde había dos relojes digitales que se podían poner en funcionamiento desde el exterior con un hilo eléctrico, que se le podía enchufar un alimentador.

De lo localizado en el segundo de los turismos, el testigo citado en último lugar afirmó que en la guantera delantera, lado del copiloto, del vehículo Opel Zafira se encontró una caja de plástico con un detonador artesanal y en el maletero un cilindro de 30x10 que parecía la extremidad de una mecha y en la parte opuesta para fijarlo.

Añadió que intervinieron los de antiexplosivos que encontraron una sustancia amarilla "clorato de sodio", de la que se tomaron unas muestras para análisis.

El informe pericial efectuado por los especialistas en desactivación de explosivos de la Comisaría General de Información (folios 1643 a 1652) concluyó que los efectos analizados son dos sistemas de activación de artefactos explosivos encontrándose plenamente operativos.

Los peritos comparecieron al acto del juicio oral donde se ratificaron acerca del informe emitido en la fase de instrucción, reiterando tales, los funcionarios policiales con carnes profesionales NUM060 y NUM061, que en una caja de plástico había un sistema de activación de explosivos y que se trataba de un detonador, que tenía un cable de mando y un temporizador, ambos aptos para ser utilizados, tratándose de una fabricación artesanal o casera que partía de unos industriales, los relojes digitales, siendo todos elementos complementarios que de hecho estaban unidos.

Acerca de la muestra de explosivos, el funcionario policial NUM062 y el contratado laboral NUM063, ambos licenciados en química se ratificaron en el informe de los folios 1280 a 1283 añadiendo que la cloratita es la carga y que la pentrita es el detonante para favorecer la carga detonante, sin que "la mezcla de estas sustancias tenga una finalidad distinta de hacer un artefacto".

Todos los elementos referidos fueron hallados en el interior de los turismos registrados, para lo que accedieron al marca Opel Zafira con las mismas llaves que llevaba encima el acusado (folio 628), hallándose asimismo huellas de la acusada sobre objetos varios en el interior de dicho turismo (folios 1213 y ss.) como asimismo afirmaron los funcionarios policiales NUM066 y NUM067 que sobre un total de 123 huellas, cinco correspondían a aquélla, y, en el segundo se encontraron efectos personales que el acusado Mauricio afirmó que eran suyos (folio 655).

Por todo lo antedicho, procede dictar un fallo condenatorio contra los acusados por el delito de tenencia de componentes de aparatos explosivos.

Sexto.—Son asimismo autores de un delito continuado de falsificación en documento oficial de los artículos 392 en relación con el artículo 390.1, 74 y 574, todos del Código Penal.

En el relato fáctico de Esta resolución se han relacionado todos y cada uno de los documentos inauténticos que con identidades distintas de la de los acusados llevaban la fotografía de los mismos y que sometidos a informe pericial en la Sección de Documentoscopia de la Unidad de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica, se dictaminó la falsedad de los que aparecen relacionados al folio 1336 de dicho informe, conceptuando el denominado carnet vasco a nombre de Rocío, de documento ficticio o de fantasía dado que no hay una autoridad que lo avale y sí bien presenta los mismos datos de filiación que el pasaporte auténtico a nombre de aquélla, no se trata ni siquiera de un documento a peritar (folio 1331).

Los firmantes de dicho informe pericial comparecieron al plenario donde se ratificaron los funcionarios policiales con carne profesional NUM070 y NUM071, que añadieron que el soporte era totalmente falso de los documentos en que aparecían siempre las mismas fotografías, excepción de los que conceptúan de auténticos y de otro que era el denominado de fantasía.

Todos estos efectos, incluso cualquiera que fuera el lugar donde se hubieran encontrados, son atribuibles a los acusados toda vez que presentaban sus fotografías que al menos proporcionarían para su confección, y, sólo los mismos, de pretender hacer uso, serían los que pudieran intentarlo, aparte de que se hallaron en un tarjetero en el interior de la tienda de campaña ocupada por los acusados (folio 575) y en un par de pantalones de caballero que el acusado manifestó que eran suyos (folios 576 y ss.).

En el registro de la tienda que se practicó con la presencia de los acusados intervino el testigo Lucio, Teniente de policía de la subdirección antiterrorista de la Dirección Central de la Policía Judicial en Levallosi Pret (Hauts de Seine), el que en el juicio oral manifestó que de los objetos de interés en el interior de la tienda de campaña fue el hallazgo entre otros de documentos con fotos de los detenidos con nombres falsos en una bolsa en la que se encontró el pasaporte auténtico y el DNI de Rocío, y, en un billetero rojo una placa de la Guardia Civil, otros tantos documentos con identidades falsas con las fotos de Mauricio.

Este testigo se extendió acerca del hallazgo de un documento que consistía en una carta escrita en lengua vasca del que había dos que decían FAL, dirigido el primero a los "camaradas" que contenía detalles técnicos de los documentos anteriores aludidos, siendo la misma identidad la de tales con la de los acusados.

Sólo añadir que la defensa de los acusados en relación a este delito de falsificación continuada en documento oficial, de la que no queda duda que no fue aislada sino relativa a documentos varios, indicó que no constaba que las fotografías estampadas en los documentos tachados de falsos fuera la de los acusados.

No parece que generase duda alguna a los investigadores que llevaron a cabo las diligencias al inicio de las mismas el que, justamente al tiempo de localizar los documentos aún sin haberse sometido a examen pericial, hicieran constar junto a la reseña de los datos que en todos y cada uno de los mismos aparecían, el que los completaba de la fotografía de uno u otro acusado estampada en los mismos.

Es más que lógico pensar que ese contraste inicial surgía de que al tiempo que se produjo el hallazgo confrontaron los rostros que aparecían en cada fotografía de cada aparente documento auténtico con el rostro de los acusados que estaban delante presenciando el registro de la tienda de campaña, que fue, donde se encontraron, y, que en el concreto caso de la acusada Rocío entre los documentos que se estaban interviniendo se incluían el DNI y el Pasaporte originales expedidos a nombre de la misma, con lo que nuevamente sólo restaba hacer esa comparación para saber que se trata de la misma persona.

Cuando posteriormente se emite el dictamen pericial ya referido en que se distinguen tras un exhaustivo análisis los documentos auténticos de los que no lo son, los Sres. peritos no cuentan con la presencia física de los acusados, pero llegan al parecer de que unos y otros tienen un dato común que es que siempre son las mismas personas, una la acusada de la que tenían en su poder el DNI y el Pasaporte ambos auténticos en que aparece su fotografía, y, de los documentos relativos a un varón afirmaron que se trata del asimismo acusado Mauricio pues la identidad de las caras en todos los remitidos con su rostro no la discutieron, precisamente porque se daba por sentado a raíz de la visualización directa que de éste y de los documentos a peritar se había tenido por los investigadores franceses que así lo habían afirmado en momento anterior, con lo que, era tan evidente que sobre ese extremo no hubo cuestión.

Séptimo.—Por el Ministerio Fiscal se atribuye a los acusados ser autores de un delito continuado de hurto de vehículo de motor de los artículos 244.1 y 3, artículos 234 y 574 todos del Código Penal.

En el relato fáctico de esta resolución se da por probado que los acusados llevaron a cabo la sustracción del vehículo marca Volkswagen Polo que había acontecido sobre las trece horas del día 22 de septiembre de 2008, esto es, el mismo día que un vecino alerta de la presencia en un campamento ilegal de los acusados así como de dos vehículos de los que uno de ellos es el referido.

Se da la circunstancia de que en el procedimiento no han sido llamados a declarar al acto del juicio oral las personas que testificaron ante los funcionarios policiales en Francia por este hecho y que sin embargo dieron una serie de datos que llevó a los agentes a atribuir tal sustracción a los hoy acusados, para mayor veracidad, al acusado Mauricio, pero este Tribunal considera que de la materialización de ese hecho son tributarios aquél y Rocío.

En principio, por el corto espacio temporal entre la hora y día de la sustracción y la de localización por un tercero de los acusados cercanos a los turismos, sin poder pasarse por alto, que en sendos turismos se encontró un material que se les achaca a éstos, con lo que, en lo que respecta al vehículo sustraído el día 22 de septiembre de 2008, sólo se dispuso de tiempo para llevar a cabo dicha conducta contra la voluntad del titular del automóvil en una localidad próxima al lugar en que se encontró a los acusados, que en también breve espacio de tiempo, tuvieron que ocultar en su interior todos los efectos que se hallaron y asimismo previamente cambiarle la placa de matrícula sustituyendo la legítima por otra que ya portaban los acusados.

A ello hay que unir que los testigos antes aludidos y no citados al plenario, aportaron algún que otro dato acerca de las características físicas de la persona que tomó para si dicho turismo marca Volkswagen Polo, afirmando que se trataba de un varón, tipo europeo de 1,70 m, con barba, de casi treinta años (folio 834), que era de apariencia joven, de unos treinta años, 1,70 m, "le seguía otro coche, que(...)era un Opel Zafira, matriculado en el 95 y de color gris oscuro (folio 841-842), que me rozó un segundo vehículo así que sólo pude leer las últimas dos cifras de la matrícula que eran 95 (folio 852), a mi parecer era un hombre de unos treinta años, de 1,75 m de alto, delgado, pelo corto, y creo que con barba, aunque no lo puedo asegurar" (folio 853).

Es muy esclarecedora la versión de uno de los testigos, dado que es la más completa, pues dice que (folios 858 y ss): "hacia las trece horas vi por la ventana un Opel Zafira gris claro que aparcaba frente a mi casa, en el interior había dos personas sentadas en los asientos delanteros(...)el pasajero se bajó(...)el conductor se quedó en el coche, poco después el Opel Zafira se iba también hacia la izquierda, en la misma dirección por donde vino, pero con una sola persona dentro (...) en cuanto al pasajero del coche al que vi alejarse a pie, se trataba de un hombre, tipo europeo, de unos 25 a 30 años, corpulento normal, de unos 1,80 m aproximadamente, cabello castaño y corto".

Las versiones acerca de la identidad del autor de la sustracción son prácticamente coincidentes, introduciéndose un nuevo dato que viene referido a otra persona y otro segundo turismo, el Opel Zafira del que los acusados ya disponían.

Si bien en relación a la sustracción por parte de los acusados de este segundo vehículo, el Opel Zafira, no se dispone de más elementos que los que nos llevan a concluir que lo venían utilizando y no así la participación de los mismos en dicha sustracción que se llevó a cabo hacía nueve meses, con los elementos de prueba referidos a la sustracción del turismo marca Volkswagen Polo se está en condiciones de afirmar que los acusados fueron los autores de la misma.

Los testimonios ofrecidos inmediatamente después de ocurrir el hecho se recogieron en las diligencias instruidas por la Policía gala, de modo que los que tuvieron algo que contar lo plasmaron a la mayor brevedad posible y con la precisión que les fue posible relataron de lo que se percataron.

Lo que describieron de forma coincidente ubica al acusado Mauricio en el acceso a dicho turismo y en su pilotaje, dadas las características físicas del autor de la sustracción que son trasladables a dicho acusado, pero, es que además, a la que se coloca igualmente en la población donde se llevó a cabo el hurto del turismo en cuestión, es a la asimismo acusada Rocío, no porque se le viera físicamente, sólo dicen que se trata de otra persona, sino porque esta otra persona a bordo de un turismo marca Opel Zafira con matrícula terminada en 95 acercó a la localidad al acusado y una vez que éste último se hizo con el automóvil marca Volkswagen Polo, sendos vehículos se marcharon siguiendo la misma trayectoria.

Estos datos no son insuficientes si tenemos en cuenta lo antedicho del breve plazo temporal entre la comisión de la sustracción y la localización de los acusados, las características físicas del que la materializó, el hecho de que se le vio llegar a bordo de otro segundo automóvil de la misma marca, modelo y color que el intervenido y registrado horas después y finalmente que entre los efectos incautados se encontró una placa de matrícula que terminaba en 95.

Así analizado, se llega a la determinación de que el acompañante del acusado en dicha acción no podía ser otra persona que la acusada Rocío, que era la persona con la que fue detenido aquél unas horas más tarde, de modo que, sólo ésta era la persona de la que disponía o con la que contaba el acusado para que le desplazara hasta la población en la que perpetró el hurto del turismo marca Volkswagen Polo.

Del contenido íntegro de lo que obra en las diligencias practicadas en territorio francés, entre las que se encuentra este apartado de la investigación, se ratificó el Capitán de Policía del servicio Regional de Policía judicial de Clermont-Ferrand (Puy de Dome), Cecilio, que si bien no se había desplazado a la zona donde se llevó a cabo la investigación, era el que la coordinaba y el encargado de recibir lo que los situados en el lugar recopilaron en aras del esclarecimiento de lo que se denunció.

Sólo especificar que en relación a la sustracción el día 11 de enero de 2008 del vehículo marca Opel Zafira, obra que los testimonios aportados en el procedimiento describen a una persona de unos 20 ó 25 años de edad, corpulencia media y rostro redondeado como la que se hizo con dicho turismo (folios 758, 770, entre otros), sin más datos que éstos, lo que deviene de todo punto inconsistente por absolutamente escaso a fin de dictar un fallo condenatorio por un delito de hurto, siendo el encaje más adecuado por el delito de utilización de vehículo de motor ajeno (hurto de uso) contemplado en el mismo precepto penal que el invocado por el Ministerio Fiscal, del que no hay duda alguna de su perpetración dado que a los acusados se les intervino dicho turismo, tal como reiteradamente se viene exponiendo.

Por todo lo dicho, los acusados son autores de un delito de hurto y otro de utilización de vehículos de motor ajeno, en cuya comisión es de apreciar la continuidad delictiva que no se ve alterada por la variación de la imputación.

Acabado de analizar todos y cada uno de los comportamientos penales de los acusados, es más que evidente que en la perpetración de los cuatro últimos lo que preside su comportamiento en el quehacer delictivo desplegado es su pertenencia a la organización terrorista ETA, que es la primera de las tipologías abordadas en los razonamientos atinentes a los delitos a los que se contrae la acusación formulada, dado que el proceder de aquéllos deriva de esa integración en la misma y desde luego iba dirigida, tras la comisión de hechos delictivos varios, a otros de superior envergadura en pro de ETA y con conculcación de los bienes afectantes a la paz pública y al orden social.

Octavo.—De los delitos enunciados son los autores criminalmente responsables en grado de autoría por su participación directa en los mismos de conformidad con el artículo 28.1 del Código Penal.

Noveno.—En la ejecución de los delitos no concurren en los acusados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Décimo.—- En orden a las penas a imponer a los acusados por cada uno de los delitos, la defensa de éstos adujo que en Francia en hechos relativos a ETA las penas eran sensiblemente inferiores, a cuyo efecto aportó tres sentencias dictadas por los Tribunales franceses, por lo que en vista de la pena impuesta en las mismas, era de observar el principio de igualdad por la vía de la atenuante analógica del artículo 21.6 del Código Penal.

De otro lado, añadió que en lo que respecta a la dosimetría de las penas pedidas por el Ministerio Fiscal, ha de atenderse a lo dispuesto en el artículo 66.6 del Código Penal, pues dicho Ministerio para unos delitos ha pedido penas elevadas, incluso en su grado máximo y en otros por contrario penas cercana al mínimo de la pena.

El reflejo penológico que para cada delito establece el Código Penal es el único al que hay que atender sin que por la atenuante analógica introducida por la defensa del acusado se pueda atemperar más allá de lo contemplado en dicho Texto Legal.

Acontece que cada país contempla unos delitos y modula las penas sin guardar absoluta identidad con la regulación de otros Estados aún cuando responden a la protección de bienes jurídicos similares por no decir que hasta iguales.

Incluso partiendo de que los hechos enjuiciados tengan asignada una previsión penológica en España superior que en Francia, territorio este último donde se llevaron a cabo, una vez entra en juego el derecho interno patrio es el único vinculante y al que hay que atender, debiendo además significarse, que a la fecha de la comisión de aquéllos estaba en vigor la normativa que da cobertura a la cesión de la soberanía del Poder Judicial del Estado francés al español, por lo que, podía darse lugar, como ha acontecido, a la decisión de las autoridades judiciales francesas de formular denuncia oficial para la persecución en España de los hechos desplegados en su territorio, y consecuentemente todo lo que ello conlleva, entre lo que se comprende las penas previstas en la legislación penal española para los delitos aquí contemplados.

Por el delito de pertenencia a organización terrorista procede imponer a los acusados la pena interesada por el Ministerio Fiscal de diez años de prisión y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo.

Ello es así dado la gravedad de los hechos perpetrados por los acusados, pues, con sólo acudir a los efectos que les fueron intervenidos se comprueba la amenaza que representaban por una inminente acción armada llevada a cabo por aquéllos.

Nada ya quedaba por ultimar, sino, el acometerla, estando provistos de los objetos suficientes y necesarios para dicho proceder.

Estamos en presencia de un comando armado de la organización terrorista, el que se había nutrido de armas y explosivos, y, para su impunidad, de vehículos sustraídos, de placas de matriculas, con cuyo uso no se alertaría de que iban a ser los acusados y no sus legítimos propietarios los que los iban a utilizar, a más de numerosos documentos inauténticos que posibilitaban asimismo ocultar sus verdaderas identidades en la mecánica operativa desplegada y la planeada.

Son estos comportamientos los que revelan las gravosas conductas que el artículo 66.6 del Código Penal exige que concurran para la determinación de las penas a imponer que al prever en toda su extensión, se ha acogido la pedida por el Ministerio Fiscal.

Por el delito de tenencia de armas de fuego, procede impone a los acusados la pena de un año y siete meses de prisión e inhabilitación absoluta por ocho años, dado que no sólo es que portaran dos revólveres con su munición, sino que había hecho pruebas con uno de ellos, aptos sendos para ser utilizados, revelador de la inminencia del referido proceder, para la comisión de atentado alguno o para asegurarse eludir cualquier actuación contra ellos.

Por el delito de tenencia de componentes de aparatos explosivos procede imponer la pena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por diez años, pues, siendo indiscutible que iban provistos de elementos configuradores de arterfactos explosivos, no se ha concretado el alcance de los mismos y parece que afortunadamente dada la carga de la que disponían su uso no conllevaría daños de entidad.

Por el delito continuado de falsificación en documento oficial procede imponer a los acusados la pena de dos años de prisión y la de multa de doce meses con una cuota diaria de 260 euros e inhabilitación absoluta por diez años, teniendo en cuenta que si bien aún no los habían utilizado, es considerable el número de documentos que con identidades distintas de las suyas propias portaban, documentos todos, supervisados por la propia organización a fin de asegurarse que el resultado de lo confeccionado garantizaba prácticamente la ocultación de la verdadera identidad de los acusados.

Por el delito continuado de hurto y de utilización ilegitima de vehículo de motor ajeno, procede imponer la pena de prisión de seis meses que es la pena mínima, y la pena de inhabilitación absoluta por seis años, no siendo aplicable la pena de multa por dieciocho meses que es la pedida por el Ministerio Fiscal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 234 del Código Penal, precepto este que determina la pena cuando se trata tanto del delito hurto como de hurto de uso si en éste segundo no se ha producido la restitución del objeto sustraído en el plazo de cuarenta y ocho horas, que no se llevó a cabo por los acusados sino que fueron sorprendidos junto al vehículo del que se ha venido disponiendo contra la voluntad de su legítima propietaria y que se sustrajo la fecha el día 10 de enero de 2008.

Undécimo.—En orden a las costas procesales son de imponer por mitad a los acusados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal.

DECIMO-SEGUNDO.- En relación a los efectos intervenidos, dese a los mismos el destino legal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
QUE DEBEMOS CONDENAR y CONDENAMOS a los acusados Mauricio y Rocío como autores criminalmente responsables de un delito de PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN TERRORISTA, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena para cada uno de ellos, de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena.

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a los acusados como autores criminalmente responsables de un delito de TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS DE FUEGO, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena, para cada uno de ellos, de UN AÑO Y SIETE MESES DE PRISIÓN e inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo por ocho años.

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a los acusados como autores criminalmente responsables de un delito de TENENCIA DE COMPONENTES DE APARATOS EXPLOSIVOS, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, para cada uno de ellos, de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por diez años para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a los acusados como autores criminalmente responsable de un delito CONTINUADO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, para cada uno de ellos, de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de doce meses con cuota diaria de 260 euros e inhabilitación absoluta por diez años para el derecho de sufragio pasivo.

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a los acusados como autores criminalmente responsables de un delito CONTINUADO DE HURTO y UTILIZACIÓN ILEGÍTIMA DE VEHÍCULO DE MOTOR AJENO, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, para cada uno de ellos, de SEIS MESES DE PRISIÓN e inhabilitación absoluta por seis años para el derecho de sufragio pasivo, así como al pago por mitad de las costas procesales causadas.

Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad le será de abono el tiempo de privación de libertad por esta causa.

A los efectos previstos en el artículo 861 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se prorroga hasta la mitad de la pena impuesta la prisión provisional para los acusados, ambos en situación de prisión preventiva.

Dese a los efectos intervenidos el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación por infracción de ley o quebrantamiento de forma, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que deberá ser anunciado en el plazo de cinco días, a contar desde la última notificación.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los registros correspondientes, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Ponente Ilma. Sra. D.ª TERESA PALACIOS CRIADO, estando celebrando audiencia pública el día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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