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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia A.N. 68/2010, de 1 de diciembre


 RESUMEN:

Delito de fabricación de moneda falsa: En la modalidad de tarjeta de crédito. Definición del tipo y doctrina del TS. Delito de estafa. Elementos integrantes según el TS. Delito de falsificación de documento oficial: Jurisprudencia. Existencia de prueba acreditativa. Circunstancias modificativas: Concurrencia de la atenuante analógica muy cualificada de dilaciones indebidas y doctrina del TS y TC.

En Madrid, a uno de diciembre de dos mil diez.

Vista en juicio oral y público, ante esta Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa procedente del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 bajo el n.º 91/09, seguida por el trámite del Sumario ante la posible comisión de los DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y ESTAFA, en el que aparece como acusado Justo, mayor de edad, nacido el día 21-12-1979 en Sevilla, hijo de Manuel y de María del Carmen, con Documento Nacional de Identidad n.º NUM000, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, en la que ha estado privado de libertad preventivamente desde el día 30-12-2005 hasta el día 31-12-2005, representado por el Procurador D. Álvaro Mondría Terán y defendido por el Abogado D. Francisco Javier Garoña Fernández.

El MINISTERIO FISCAL estuvo representado por la Iltma. Sra. D.ª Ana Noé Sebastián.

Ha actuado como ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El día 31-12-2005 se incoaron las Diligencias Previas n.º 2035/05 del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en virtud de las investigaciones desplegadas por la Guardia Civil con motivo de los hechos acaecidos en la localidad de Espartinas, presuntamente constitutivos de los delitos de falsificación de tarjetas de crédito, falsedad documental y estafa, resultando detenido Justo, como persona que supuestamente participó en la fabricación de una tarjeta de crédito falsa, previa copia del contenido de las bandas magnéticas de una tarjeta verdadera, realizando adquisiciones con la tarjeta irregularmente generada, así como ante la presunta elaboración falaz y utilización de documentación personal de otro. De tales Diligencias se inhibió el mencionado Juzgado el día 25-3-2009 a favor del Juzgado Central de Instrucción Decano, siendo repartida la causa al Juzgado Central de Instrucción n.º 4, donde se incoaron las Diligencias Previas n.º 147/09 el día 9-6- 2009, dictándose auto de aceptación de la competencia para investigar los hechos el día 17-7-2009. Tales Diligencias Previas fueron transformadas en el Sumario n.º 91/09 el día 12-11-2009, dictándose auto de procesamiento el día 23-11-2009 y auto de conclusión del Sumario el día 10-3-2010, siendo repartida la causa para su enjuiciamiento a esta Sección 4.ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde ya se había formado el día 20-11-2009 el Rollo n.º 92/09. Una vez recibida la causa el día 23-3-2010, en el Rollo de Sala se dictó el día 18-5-2010 auto de confirmación de la conclusión del Sumario y de apertura del juicio oral, y el día 28-7-2010 auto de admisión e inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes, así como de señalamiento de la sesión del juicio oral, que finalmente se celebró el día 30-11-2010.

Segundo.-El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de un delito de fabricación de moneda falsa en su modalidad de tarjetas de crédito, previsto en los artículos 386.1.º y 387 del Código Penal; de un delito de falsificación de documento oficial previsto en los artículos 392 y 390.1.2.º del Código Penal, y de un delito de estafa previsto en los artículos 248 y 249 del Código Penal.

De los tres delitos responde como autor material el acusado Justo, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de dilaciones indebidas, prevista en los artículos 21.6.º y 66.1.2.º del Código Penal.

Respecto a las penas a imponer por el primer delito, interesa el Ministerio Fiscal para el acusado la imposición de las penas de 2 años de prisión, además de la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo. Respecto a las penas a imponer por el segundo delito, interesa el Ministerio Fiscal la imposición de las penas de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y multa de 1 mes y 15 días, con cuota diaria de 3 euros (135 euros en total) y con la responsabilidad subsidiaria del artículo 53.1 del Código Penal, debiendo sustituirse la pena privativa de libertad por una multa de 270 euros, a razón de 3 euros de cuota diaria, como prevén los artículos 71.2 y 88 del Código Penal. Y respecto a las penas a imponer por el tercer delito, interesa el Ministerio Fiscal la imposición de la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, debiendo sustituirse la pena privativa de libertad por una multa de 270 euros, a razón de 3 euros de cuota diaria, como prevén los artículos 71.2 y 88 del Código Penal.

Finalmente, el acusado deberá satisfacer las costas procesales, así como deberá indemnizar al titular o subsidiariamente a la entidad emisora a la que pertenece la tarjeta intervenida en el importa defraudado de 495,60 euros, con abono del interés legal, y se procederá al comiso de los efectos intervenidos.

Tercero.-La defensa del acusado, en igual trámite de elevación de sus conclusiones a definitivas, mostró su conformidad con la calificación de los hechos que formuló el Ministerio Fiscal y con las penas que interesó se impusieran, lo que secundó su cliente.

Cuarto.-El juicio se celebró durante la audiencia del día 30-11-2010.


HECHOS PROBADOSHa quedado acreditado en autos que:

El acusado Justo, mayor de edad y sin antecedentes penales, sobre las 03:30 horas de la madrugada del día 30 de diciembre de 2005, actuando con ánimo de ilícito enriquecimiento, cuando se encontraba en el Club Vaji, ubicado en el hotel Loreto de la localidad sevillana de Espartinas, entregó para el pago de diversas consumiciones, por el importe total de 495,60 euros, una tarjeta de crédito de La Caixa, a su nombre, con número NUM001, asociada a su libreta n.º NUM002, que presentaba manipulada su banda magnética, al no coincidir los dígitos de sus pistas 1 y 2 con los de la tarjeta, consiguiendo así el acusado que los cargos se realizasen en la tarjeta número NUM003, numeración grabada en la banda magnética alterada, cuyo legítimo titular no consta, perteneciente al banco Firstrand Bank Limited, de Johannesburgo (Sudáfrica).

El acusado utilizó para identificarse un permiso de conducir español con n.º NUM004, a su nombre y con su fotografía, que resultó asimismo inauténtico.

La tramitación de la causa estuvo paralizada, sin motivo imputable al acusado, desde el día 31 de diciembre de 2005 hasta el día 28 de mayo de 2008.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-Calificación jurídica de los hechos enjuiciados y acreditación de los mismos.

A) Los hechos declarados probados son constitutivos, por un lado, de un delito de fabricación de moneda falsa, en su modalidad de tarjeta de crédito, previsto en los artículos 386.1.1.º y 387 del Código Penal, del que aparece como responsable en concepto de autor el acusado Justo, por su directa, material y voluntaria ejecución.

La fabricación supone crear o elaborar moneda o billetes falsos con apariencia de genuidad; la consumación coincide con el momento en que la moneda falsa se halle dispuesta para ser lanzada a la circulación, sin que se precise la efectividad de ésta ni el perjuicio para un sujeto concreto. En el supuesto de las tarjetas de crédito, la generación de un documento nuevo sin existencia previa ha de considerarse fabricación y no simple alteración, siendo el número de tarjetas objeto de falsificación irrelevante. El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala 2.ª del T.S. de 28-6-2002 estableció que la incorporación a la banda magnética de las tarjetas de crédito o de débito (dinero de plástico) de unos datos obtenidos fraudulentamente equivalía a la fabricación o elaboración; en estos casos no será posible imponer la pena pecuniaria, al desconocerse el valor aparente del objeto falsificado. Por tanto, la alteración de la banda magnética, como ocurre en el caso enjuiciado, supone la generación de una tarjeta ex novo e integra por sí misma el delito de falsificación de moneda, independiente del uso posterior fraudulento a que ese instrumento de pago mendaz pueda ser destinado, produciéndose en tal caso una relación concursal entre ambos ilícitos (doctrina la expuesta que se recoge en las S.T.S. de 8-7-2002 y 26-9-2002).

El acto consciente de la necesaria intervención en la falsificación de tarjeta de crédito por el nombrado acusado, se deduce fácilmente de las diligencias practicadas, habiendo sido sorprendido cuando la tenía en su poder y cuando la acababa de utilizar, siendo en origen una tarjeta vinculada a su cuenta bancaria, pero que fue manipulada para que los cargos no afectaran a su saldo. Tales hechos han sido admitidos plenamente en el acto del juicio por el acusado, lo que se ha corroborado por la existencia misma de la tarjeta y de los tickets de consumición donde figuraban datos numéricos distintos a los de la tarjeta, así como por las testificales practicadas.

B) Por otro lado, los hechos descritos en el relato fáctico también constituyen un delito de estafa, previsto en los artículos 248 y 249 del Código Penal, siendo autor responsable del mismo el acusado Justo, por la participación directa, material y voluntaria que ha tenido en su ejecución.

La jurisprudencia (por todas, la S.T.S. de 2-1-2002) viene estableciendo como elementos integrantes del delito de estafa los siguientes: a) Un engaño precedente o concurrente; b) El engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos; c) Originación o producción de error en el sujeto pasivo; d) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente; e) Ánimo de lucro, como elemento subjetivo del injusto, y f) Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño y el perjuicio.

Todos estos elementos aparecen en los hechos declarados probados en esta resolución, puesto que la tenencia y utilización de la tarjeta de crédito incautada y la precedente clonación de los datos contenidos en dos de las tres pistas de su banda magnética, según admitió el acusado y viene corroborado por la pericial practicada, dio lugar al uso fraudulento de la tarjeta ilícitamente utilizada con aquellos datos, a través de conductas engañosas del acusado tendentes a la producción de error en los empleados del establecimiento de ocio donde fue sorprendido, quienes dispusieron prestaciones a favor del autor material del engaño, previa presentación de la ilegítima tarjeta, con apariencia de legítima.

C) Por último, los hechos descritos en el correspondiente apartado del relato fáctico constituyen un delito de falsificación de documento oficial, previsto en los artículos 390.1.2.º y 392 del Código Penal, siendo también autor responsable del mismo el acusado Justo, por la participación directa, material y voluntaria que ha tenido en su ejecución.

Debe recordarse que reiterada jurisprudencia (de la que es exponente la S.T.S. de 3-5-2001) tiene declarado que la falsedad documental no es necesariamente un tipo de propia mano, de modo que pueden participar en el delito varias personas, realizando en forma colaboradora la acción descrita en el verbo rector del tipo, tomando parte en la ejecución, participando idealmente en la misma, o auxiliando a su comisión con actos necesarios o accesorios; resulta irrelevante si fue el acusado u otra persona quien física y materialmente manipuló el documento falsificado, porque en todo caso hubo de entregar necesariamente su fotografía para la elaboración falsa de aquél, y esto constituye cuanto menos una cooperación necesaria para la falsificación, puesto que de otro modo no hubiera sido posible, aparte que no teniendo el documento así falsificado más utilidad que el de su uso por el acusado, que en él figuraba fotografiado y quien precisamente lo tenía en su poder, resulta incuestionable el conocimiento del destino que se le iba a dar, especialmente cuando lo había utilizado para su identificación (S.T.S. de 16-9-2004).

En el caso enjuiciado resulta acreditada la comisión por el acusado del delito mencionado, porque así lo admite y porque tal documento irregularmente confeccionado le fue encontrado en su poder y fue objeto de la correspondiente prueba pericial. El documento en cuestión anómalamente elaborado tiene apariencia de legalidad y fue incorporado al tráfico jurídico, por lo que el delito fue perpetrado.

D) Como corolario a todo lo anterior, debe especificarse que los hechos declarados probados aparecen acreditados a través de la prueba practicada en el acto del juicio preceptivo, consistente en declaración del acusado, testificales de dos funcionarios de la Guardia Civil que actuaron en el primer momento de la investigación, dictamen pericial no impugnado de los efectos falaces intervenidos, y diversa documental acumulada durante la instrucción de la causa. El examen de tales medios probatorios se hará a continuación.

a) El acusado Justo en el acto del plenario reconoció sin fisuras los hechos que le atribuía el Ministerio Fiscal, acaecidos en un establecimiento de ocio de la localidad de Espartinas. Los hechos consisten, por un lado, en la utilización de una tarjeta de crédito de su propiedad que había sido clonada en dos de sus bandas magnéticas, de forma que los cargos por su uso no revertían en la cuenta de ahorros de la titularidad del acusado a que estaba asociada la tarjeta, sino a un banco sudafricano que era el emisor de la tarjeta cuyas dos bandas magnéticas se habían copiado en la tarjeta del acusado. Mediante su utilización, el acusado recibió fraudulentamente prestaciones por importe de 495,60 euros en el Club donde abonó las consumiciones que conllevaron aquel uso. Además, exhibió para identificarse un carnet de conducir con su fotografía elaborado fuera de los cauces legales.

b) Los funcionarios de la Guardia Civil con números de identificación NUM005 y NUM006, se ratifican en las actuaciones policiales que llevaron a cabo con motivo de la detención del acusado, al ser llamados por el encargado del Club Vaji del hotel Loreto de Espartinas, ante las sospechas que le infundía el acusado, el cual abonaba consumiciones del mismo y de diversas personas con una tarjeta de crédito, sin que coincidieran los dígitos de dicha tarjeta con los que aparecían en los tickets que se le iban dando conforme iba pagando las diversos gastos, aparte de identificarse a través de un permiso de circulación en que figuraba su fotografía sin tener estampado el sello de la Jefatura de Tráfico y cuyo número tampoco coincidía con el del verdadero titular.

c) Como prueba pericial, en los folios 63 a 75 de la causa obra el informe sobre la tarjeta Visa Electrón de la entidad La Caixa con número NUM001, a nombre del acusado, y sobre el permiso de conducción español con número NUM004, también a nombre del acusado, emitido por los Especialistas del Departamento de Grafística del Laboratorio de Criminalística de la IV Zona de la Guardia Civil (Comunidad Autónoma de Andalucía), con tarjetas de identidad profesional NUM007 y NUM008, quienes lo ratificaron en el acto del juicio. En dicho dictamen, fechado el 26-1-2009, llegan a las siguientes conclusiones: respecto a la tarjeta de crédito, presenta soporte auténtico, si bien está manipulada en la banda magnética, pues la numeración de las pistas 1 y 2 no se corresponden con los dígitos que porta la tarjeta en cuestión; y respecto al permiso de conducir, es íntegramente falso.

d) Por lo demás, en el folio 57 de la causa obra el oficio remitido por La Caixa, acreditativo de que en la cuenta del acusado asociada a la tarjeta Visa Electrón que se le intervino no se registró ningún cargo referente a los tickets de gastos intervenidos al acusado, correspondientes a las consumiciones efectuadas en la madrugada de los hechos.

Segundo.-Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Una vez examinadas las actuaciones, ha de acogerse la pretensión de la acusación pública, seguida por la defensa del acusado, en orden a la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas, enmarcable en el artículo 21.6.º del Código Penal.

Debe recordarse que, como establece la S.T.S. de 22-2-2006, es cierto que el artículo 24.2 de la Constitución proclama "el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", como igualmente se declara en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al afirmar que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable", y en el artículo 14.3 c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, al disponer que "toda persona tiene derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas", y este derecho ha sido reconocido en doctrina del Tribunal Constitucional y en jurisprudencia de esta Sala, si bien también se han precisado los criterios a tener en cuenta para determinar si se han producido o no dilaciones indebidas, recogiéndose como tales: a) La naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) Los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) La conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) El interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, y e) La actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles.

Debe añadirse que numerosa jurisprudencia (por todas las S.T.S. de 23-11-2001, 26-11-2001, 19-2-2003, 10-6-2003, 1-7-2003 y 20-10-2003) ha acogido la posibilidad de aplicar tal atenuante de modo analógico, con apoyo en el actual artículo 21.6 del Código Penal y en el antiguo artículo 9.10 del Código Penal Texto Refundido de 1973. Dicha jurisprudencia viene manifestando que la expresión constitucional "dilaciones indebidas" (artículo 24.2) hace alusión a un concepto jurídico indeterminado, por lo que su imprecisión exige examinar cada supuesto concreto a la luz de determinados criterios que permitan examinar si ha existido efectiva dilación y si ésta puede considerarse justificada, porque tal derecho no se identifica con la duración global de la causa, ni aun siquiera con el incumplimiento de los plazos procesales, por lo que hay que considerar en cada caso la complejidad de la causa, los márgenes ordinarios de la duración de procesos del mismo tipo y la conducta procesal de las partes. En consecuencia, el carácter razonable de la dilación de un proceso, debe ser apreciado mediante la aplicación, a las circunstancias del caso concreto, de los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, la duración normal de procesos similares, el comportamiento de los litigantes y las actuaciones del órgano judicial. Sigue indicando el T.S. que a la hora de tratar sobre las dilaciones indebidas tres soluciones se ofrecían: la primera consistía en mantener la misma pena haciendo caso omiso a las dilaciones, lo que suponía desconocer la existencia de la evidente lesión que se haya podido causar al reo con las dilaciones, dejándolas de corregir; la segunda consistía en aferrarse a las figuras del indulto o de la petición de resarcimiento por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, lo que suponía hacer responsable al Poder Ejecutivo de esa corrección, con provocación de nuevas e indeseadas dilaciones, y la tercera consistía en aceptar una atenuante analógica que pueda catalogarse de muy cualificada, lo que resulta adecuado a la legalidad y a la necesidad de compensar a la parte afectada de los perjuicios que le han podido suponer tales dilaciones.

La Sala 2.ª del T.S. en el Pleno celebrado el día 21-5-1999 llegó al acuerdo consistente en que, al concurrir una eminente lesión a los derechos del reo cuando existan dilaciones que no le puedan ser achacadas, su compensación ha de procurarse desde el propio ámbito jurisdiccional ya que esa lesión, en definitiva, supone una pena; compensación que habría de fundarse en el criterio de la "menor culpabilidad" y, por tanto, con aplicación de la atenuante analógica que establecen los artículos 21.6 del Código Penal de 1995 y 9.10 del Código Penal de 1973.

En el caso de autos, no se puede obviar que las actuaciones investigadoras resultaron arduas y ralentizadas, al menos en la primera fase de comprobación delictiva. A pesar de que los hechos, de fácil investigación, datan de finales de 2005, es lo cierto que las actuaciones judiciales no siempre estuvieron activas desde que el día 31-12-2005 se incoaron, en Sanlúcar la Mayor, las iniciales Diligencias Previas con motivo de la detención del implicado, a quien se tomó declaración como imputado y se decretó su libertad provisional (folios 29 al 32 de la causa), no prosiguiéndose las investigaciones hasta que, el día 28-5-2008 (folio 37), es decir, casi dos años y medio después, el Juzgado de Instrucción n.º 3 de aquella localidad sevillana ordena la práctica de determinadas diligencias. Durante el dilatado tiempo transcurrido se produjo un injustificado retraso de dos años y cinco meses, durante cuyo lapso temporal ninguna actuación judicial se desarrolló. De lo anterior se deduce la concreta atribución al primer órgano judicial instructor de una inactividad procesal que implica una indebida dilación en el desenvolvimiento de la causa, cuya circunstancia no puede justificarse en la existencia de una pluralidad de imputados (que no acaece en este caso), la diversidad de territorios de actuación (que tampoco se produce), la variedad de diligencias de investigación desplegadas (ninguna en la época de inactividad procesal) y los plazos procesales que debían observarse para garantizar el principio de seguridad jurídica (que tampoco aparecen). Por ello, ha de acogerse la tesis atenuatoria esgrimida por las partes personadas, en su versión de muy cualificada y con el efecto punitivo previsto en el artículo 66.1.2.º del Código Penal.

Tercero.-Determinación de las penas a imponer.

A) Respecto a las penas a imponer por la comisión del delito de fabricación de moneda falsa de los artículos 386.1.1.º y 387 del Código Penal, inicialmente y en abstracto se sitúan en la privación de libertad con una horquilla que discurre desde los 8 años hasta los 12 años, así como en la multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda.

En cuanto a la pena privativa de libertad, ha de tenerse en cuenta la primariedad delictiva del acusado, así como la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, como muy cualificada, lo que permite rebajar hasta en dos grados la pena a imponer (artículo 66.1.2.º del Código Penal), que por ello discurre entre los 2 y los 8 años. Razón por la cual debe acogerse la pretensión del Ministerio Fiscal, en orden a la imposición de la pena mínima de 2 años de prisión, además de la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, como establece el artículo 56 del Código Penal, a cuya pena mostró su conformidad el acusado y su defensa.

Y en cuanto a la pena pecuniaria, ésta no puede imponerse, ya que lo contrario supondría una contravención del ordenamiento jurídico, al no obrar en las actuaciones dato fiable alguno acerca del valor aparente de la tarjeta de crédito falsificada. Debe recordarse que el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala 2.ª del T.S. de 28-6-2002 establece que la incorporación a la banda magnética de las tarjetas de crédito o de débito (dinero de plástico) de unos datos obtenidos fraudulentamente equivale a la fabricación o elaboración, y que en estos casos no será posible imponer la pena pecuniaria, al desconocerse el valor aparente del objeto falsificado.

B) Respecto a las penas a imponer por la perpetración del delito de estafa, el artículo 249 del Código Penal establece que aquél se castiga con las penas de prisión de 6 meses a 3 años.

Atendiendo a la primariedad delictiva del acusado y a la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, resulta adecuada a las circunstancias del caso imponerle la pena mínima, interesada por el Ministerio Fiscal, de 1 mes y 15 días de prisión, además de la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por así establecerlo el artículo 56 del Código Penal. Sin embargo, por aplicación de los artículos 71.2 y 88.1 del Código Penal, dicha pena privativa de libertad se sustituirá por una multa de 270 euros, resultante de multiplicar por 3 euros las 90 cuotas de multa sustitutiva, a razón de dos cuotas por cada día de prisión (45 x 2), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de prisión por cada dos cuotas diarias no satisfechas, como preceptúa el artículo 53.1 del Código Penal.

C) Y respecto a las penas a imponer por la perpetración del delito de falsificación de documento oficial, el artículo 392 del Código Penal establece que aquél se castiga con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

Atendiendo precisamente de nuevo a que el acusado es delincuente primario y concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, se le impondrá, de conformidad con la petición del Ministerio Fiscal, las penas mínimas de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por así establecerlo el artículo 56 del Código Penal, y multa de 135 euros, resultante de multiplicar cada una de las 45 cuotas diarias por 3 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas. Sin embargo, por aplicación de los artículos 71.2 y 88.1 del Código Penal, aquella pena privativa de libertad se sustituirá por una multa de 270 euros, resultante de multiplicar por 3 euros las 90 cuotas de multa sustitutiva, a razón de dos cuotas por cada día de prisión (45 x 2), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de prisión por cada dos cuotas diarias no satisfechas, como preceptúa el artículo 53.1 del Código Penal.

D) Finalmente, se procederá al comiso de los efectos intervenidos, como previene el artículo 127 del Código Penal, a los que se dará el destino legal.

Cuarto.-Responsabilidades civiles.

Indica el artículo 116.1 del Código Penal que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. En orden a la cuantificación de las responsabilidades civiles derivadas de los hechos delictivos producidos, el acusado indemnizará al titular o subsidiariamente a la entidad emisora a la que pertenece la tarjeta NUM003 en el importe defraudado, ascendente a 495,60 euros, con expreso pronunciamiento de devengo de los intereses legales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinto.-Costas procesales.

Las costas procesales vienen impuestas legalmente a todo responsable de delito o falta, como preceptúa el artículo 123 del Código Penal.

En atención a lo expuesto,


FALLAMOS


 
Que debemos condenar y condenamos a Justo, como responsable en concepto de autor de un DELITO DE FABRICACIÓN DE MONEDA FALSA, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de dilaciones indebidas, como muy cualificada, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; como autor de un DELITO DE ESTAFA, con la concurrencia de la misma atenuante, a la pena de UN MES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pena que se sustituye por una multa de 270 euros, resultante de multiplicar por 3 euros las 90 cuotas de multa sustitutiva, a razón de dos cuotas por cada día de prisión, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de prisión por cada dos cuotas diarias no satisfechas; y como autor de un DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL, con la concurrencia de idéntica atenuante, a las penas de UN MES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA DE UN MES Y QUINCE DÍAS, con cuota diaria de 3 euros (135 euros en total) y con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas, si bien la pena privativa de libertad se sustituye por una multa de 270 euros, resultante de multiplicar por 3 euros las 90 cuotas de multa sustitutiva, a razón de dos cuotas por cada día de prisión, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de prisión por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Se le impone, además, el abono de las costas procesales.

Se decreta el comiso de los efectos intervenidos al acusado, a los que se dará el destino legal.

El acusado deberá indemnizar al titular o subsidiariamente a la entidad emisora a la que pertenece la tarjeta NUM003 en la suma de 495,60 euros, con devengo de los intereses legales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para el cumplimiento de las penas, se abona al condenado el tiempo que haya estado privado de libertad preventivamente por esta causa, establecido en el encabezamiento de esta resolución.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de casación, por infracción de ley o quebrantamiento de forma, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá ser anunciado en el plazo de cinco días, a contar desde la última notificación.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los registros correspondientes, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO, estando celebrando audiencia pública el día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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