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Sentencia T.S. (Sala 3) de 27 de octubre de 2010


 RESUMEN:

Recurso contencioso dirigido contra el artículo 6 del Decreto 171/2006, del Gobierno de Cataluña, de normas complementarias para la realización del referendúm sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ha lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Octubre de dos mil diez.

Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el número 3553/2007 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la GENERALIDAD DE CATALUÑA, representada y defendida por la Abogada de sus Servicios Jurídicos, contra la sentencia de 13 de abril de 2007 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 2/2006).

Siendo parte recurrida el PARTIT POPULAR DE CATALUNYA, que no ha comparecido en esta fase de casación.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La sentencia recurrida contiene una parte dispositiva que copiada literalmente dice:

" FALLO:

En atención a lo expuesto la Sala ha decidido estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Partit Popular de Catalunya respecto del art. 6 del Decret 171/2006 de normas complementarias para la realización del referéndum sobre la reforma del Estatut de Autonomía de Catalunya, declarándolo conforme a derecho siempre que se interprete de conformidad a lo dispuesto en los fundamentos tercero y cuarto de esta sentencia".

Segundo.-Notificada la anterior sentencia, la representación de la GENERALIDAD DE CATALUÑA promovió recurso de casación, y la Sala de instancia lo tuvo por preparado y remitió las actuaciones a este Tribunal con emplazamiento de las partes.

Tercero.-Recibidas las actuaciones, por la representación de la parte recurrente se presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras expresar los motivos en que lo apoyaba, se terminaba con este Suplico a la Sala:

"(...) dicte en su día sentencia por la que, con estimación del mismo, se case la sentencia recurrida de 13 de abril de 2007 (dictada en el recurso 6/2006, de los de la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ) y se resuelva en los términos que esta parte tiene interesado, desestimando en su totalidad el recurso contencioso administrativo formulado en su día por el Partit Popular de Catalunya contra el Decreto 171/2005 ".

Cuarto.-Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia de 13 de octubre de 2010.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El proceso de instancia fue iniciado por el PARTIT POPULAR DE CATALUNYA, mediante un recurso contencioso administrativo dirigido contra el artículo 6 del Decreto 171/2006, de 18 de mayo, del Gobierno de Cataluña, de normas complementarias para la realización del referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, cuyo contenido era el siguiente:

"La Generalitat de Catalunya realizará una campaña de carácter institucional, de acuerdo con lo que prevé la Llei 18/2000, de 29 de diciembre, por la que se regula la publicidad institucional, y en lo que afecta a la publicidad institucional por radio y televisión, por la Llei 22/2.005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña".

La sentencia que se recurre en la actual casación, como ya se ha hecho constar en los antecedentes, estimó parcialmente el anterior recurso jurisdiccional con este alcance: declarar el precepto reglamentario impugnado conforme a Derecho "siempre que se interprete de conformidad a lo dispuesto en los fundamentos tercero y cuarto de esta sentencia".

Justificó ese fallo principalmente en sus fundamentos de derecho (FFJJ) tercero y el cuarto, pero antes, en el segundo, delimitó los términos del litigio, y lo hizo diciendo que lo reprochado al precepto impugnado era la violación del principio de jerarquía normativa proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución (CE) porque omitía toda referencia a la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas Modalidades de Referéndum y a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG).

El FJ tercero comenzó afirmando que ninguna violación genérica podía apreciarse en el Decreto impugnado, pues en su preámbulo se remitía expresamente a esos dos textos legales estatales que acaban de mencionarse.

Añadíó a continuación que, por lo que se refiere en concreto a la campaña institucional, la Ley Orgánica 2/1980, de Referéndum, no recogía ninguna regulación específica y sí lo hacía la LOREG en su artículo 50.1; y señaló que este precepto, tras su modificación por la Ley Orgánica 13/1994, de 30 de marzo, lo que pretendía era establecer la imposibilidad de incentivar institucionalmente el voto y limitar durante el periodo electoral la información institucional a los tres concretos supuestos que recogía [ "la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores" ].

Declaró también que la LOREG era aplicable a las distintas modalidades de Referéndum, por aplicación de lo que establecía la Ley Orgánica 2/1989 en su artículo 11 y en su disposición transitoria primera.

Se refirió más adelante a lo que sobre la información institucional establecían el artículo 8 de la Llei 18/2000, de 29 de diciembre, por la que se regula la publicidad institucional, y el artículo 109 de la Llei 22/2.005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

Y con base en todo lo anterior este FJ tercero concluía con esta declaración:

"En suma, no se aprecia ignorancia u omisión formal de las Leyes Orgánicas alegadas, en cuanto que se citan expresamente en el preámbulo del Decret impugnado, ni se observa violación material de su contenido en cuanto que las dos normas autonómicas transcritas ciñen también en definitiva la publicidad institucional en periodo electoral, entendido este como iniciado el día de la publicación de la convocatoria, a la organización y desarrollo del proceso, es decir a la fecha de las elecciones o referéndum, al procedimiento para votar y a los trámites del voto por correo".

Por su parte, el siguiente FJ cuarto explicó la declaración interpretativa del fallo de la siguiente manera:

"No obstante, con objeto de que no se plantee duda alguna en cuanto al respeto del Decret autonómico a la normativa estatal sobre una materia en la que el Estado tiene competencia exclusiva en virtud del art. 194.1 en relación con el 23 de la Constitución, habida cuenta de la dicción literal del art. 8.3 de la Llei 18/2000 al que ya nos hemos referido, la estimación del recurso será parcial en el sentido de que el art. 6 del Decret 171/06 impugnado deberá interpretarse, en lo que se refiere su remisión a la Llei 18/2000, conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 de la Ley Orgánica 5/85 electoral general".

Segundo.-El actual recurso de casación, interpuesto por la GENERALIDAD DE CATALUÑA, invoca en su apoyo un único motivo, amparado en la letra c) del artículo 88.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción (LJCA), que imputa a la recurrida sentencia de la Sala de Cataluña incongruencia y vulneración de los artículos 70 y 71 LJCA y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La argumentación principal esgrimida para apoyar lo anterior es que hay en la sentencia recurrida una contradicción entre lo que razona y lo que decide, y esto porque, después de declarar en sus fundamentos de derecho que el precepto impugnado es conforme a Derecho y no incurre en las vulneraciones que la parte actora le imputaba (de la Ley Orgánica de Referéndum y de la LOREG), luego en el fallo estima parcialmente el recurso.

Esta contradicción se dice que es contraria a lo que establecen esos artículos 70 y 71 de la LJCA porque, en el primero, la desestimación aparece dispuesta para los casos en que sea considerada ajustada a derecho de la disposición impugnada y, en el segundo, la estimación conlleva la anulación de la disposición recurrida.

Y se añade también que vulnera el artículo 218 de la LEC en lo que establece que la motivación se ajustará siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

Tercero.-Esos reproches del motivo de casación son fundados y merecen por ello ser acogidos, porque efectivamente el fallo de la sentencia de instancia, en lo que hace a esa polémica declaración interpretativa que incluye en su fallo, es innecesario y también contradictorio con lo razonado en los fundamentos de derecho que lo preceden.

Como acertadamente viene a denunciar el recurso de casación, ni el concreto precepto recurrido ni la totalidad del Decreto 171/2006 de Cataluña ofrecían una base razonable para derivar de ellos unas interpretaciones alternativas en orden a la aplicabilidad o no al Referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de esas normas estatales que el recurrente en la instancia consideraba indebidamente omitidas y, por ello, incumplidas.

Por tanto, una vez descartada esa variada posibilidad hermenéutica, el establecimiento de una concreta pauta interpretativa, como hace el fallo recurrido, es innecesario y, al no identificarse ni concretarse siquiera mínimamente las dudas que se dice quieren evitarse, tal pauta debe considerarse, en cuanto carente de una justificación razonable, también ausente de lógica.

La lectura de los fundamentos de derecho (FFJJ) de la sentencia de instancia, que antes se reseñaron, confirman todo lo anterior por lo que seguidamente se va a exponer.

En lo que se refiere al contenido global del Decreto 171/2006, descartan toda duda sobre que esa norma reglamentaria conduzca a una exclusión de las leyes orgánicas estatales de que se viene hablando, porque el FJ tercero reconoce que el preámbulo del Decreto expresamente declara que el referéndum se desarrollará de conformidad con lo establecido en ambas leyes orgánicas.

Esa misma duda también aparece descartada por la sentencia de Cataluña para lo que establece el artículo 6 del tan repetido Decreto 171/2006 sobre la aplicabilidad a la campaña institucional de la Llei 18/2000, de 29 de diciembre, por la que se regula la publicidad institucional, y de la Llei 22/2.005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

En primer lugar, porque ese mismo FJ tercero viene a declarar que lo regulado en estas leyes autonómicas sobre la campaña institucional es coincidente con lo establecido sobre la misma materia en la LOREG; y, en segundo lugar, y por lo que en concreto se refiere al apartado 3 del artículo 8 de la Llei 18/2000, porque lo conecta directamente con lo que se establece en los anteriores apartados y dice que le afectan la prohibición del apartado 1 y los contenidos del apartado 2, lo cual significa reconocer que no hay base para dudar sobre que esa remisión a la regulación autonómica es acorde con lo que establecen las leyes orgánicas estatales de que se viene hablando.

Para terminar: debe insistirse en que estos razonamientos de la sentencia "a quo" que acaban de recordarse, en cuanto descartan toda duda interpretativa, son contradictorios con el pronunciamiento interpretativo del fallo, y demuestran también la falta de lógica de este último.

Cuarto.-Todo lo que se ha venido razonando hace procedente declarar haber lugar al recurso de casación, anular la sentencia recurrida y desestimar en su totalidad el recurso contencioso-administrativo que fue interpuesto en el proceso de instancia.

Y en cuanto a las costas, no son de apreciar circunstancias para hacer una especial imposición de las causadas en la instancia y cada parte litigante soportará las suyas en las que corresponden a esta casación (artículo 139, 1 y 2, de la LJCA).


FALLAMOS


 
1.- Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la GENERALIDAD DE CATALUÑA contra la sentencia de 13 de abril de 2007 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 2/2006), y anular dicha sentencia con las consecuencias de lo que se declara a continuación.

2.- Desestimar en su totalidad el recurso contencioso-administrativo que fue interpuesto en el proceso de instancia por el PARTIT POPULAR DE CATALUNYA contra el artículo 6 del Decreto 171/2006, de 18 de mayo, del Gobierno de Cataluña, de normas complementarias para la realización del referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, por ser dicho precepto impugnado conforme a Derecho en lo que ha sido objeto de discusión en el actual litigio.

3.- No hacer especial imposición de las costas causadas en el proceso de instancia y declarar que cada parte abone las suyas en las correspondientes a este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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