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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 29 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Expropiación forzosa. Se impugnan los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, resolutorio del justiprecio de la finca afectada por el expediente de expropiación, para la ejecución de un parque. No ha lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa en nombre y representación de D.ª Sonia, D.ª Angustia y D.ª Julia, contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso 8708/2002, en el que se impugnan los Acuerdos de 26 de marzo de 2002 y de 16 de julio de 2002, del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de La Coruña, resolutorio del justiprecio de la finca n.º NUM000, propiedad de los recurrentes, afectada por la expediente de expropiación NUM001, aprobado por la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Galicia en beneficio del Ayuntamiento de La Coruña para la ejecución del Parque de San Diego. Han sido partes recurridas el Sr. Abogado del Estado en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, la JUNTA DE GALICIA, representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén y el AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA, representado por el Procurador D. Luis Arredondo Sanz.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La representación procesal de D.ª Sonia, D.ª Angustia y D.ª Julia, por escrito de 11 de octubre de 2002, interpuso recurso contencioso-administrativo contra los Acuerdos de 26 de marzo de 2002 y de 16 de julio de 2002 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de La Coruña que fijaban el justiprecio de la finca n.º NUM000, Polígono NUM002 del Plano parcelario, t.m. de La Coruña, afectada por la obra pública promovida por la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Galicia, en beneficio del Ayuntamiento de La Coruña, para la ejecución del Parque de San Diego. Tras los trámites pertinentes la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor:

"Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo num. 8708/2002 interpuesto por Acuerdo de 26-3-02 y 16-7-02 resolutorios de justiprecio de finca num. NUM000 de los recurrentes expropiadas por C. Política Territorial para la obra ejecución del Parque de San Diego, t.m. A Coruña, expte. 772/98; dictado por JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACION DE A CORUÑA. Sin imposición de costas" .

Segundo.-Notificada la anterior sentencia, por el Procurador D. Fernando Iglesias Ferreiro en nombre y representación de D.ª Sonia, D.ª Angustia y D.ª Julia se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia preparando recurso de casación contra la misma. Por resolución de fecha 12 de abril de 2007 la Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

Tercero.-Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, en fecha 30 de mayo de 2007 la representación procesal de la recurrente presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que hace valer dos motivos de casación al amparo del art. 88.1.c y d) de la Ley de la Jurisdicción.

En el primer motivo alega la infracción del artículo 218 LEC, por cuanto la Sentencia de instancia adolece de impresiones notorias, tanto lógicas como gramaticales, de falta de claridad expositiva e incluso incurre en contradicciones, entre las cabe señalar la relativa a la edificabilidad, que a afectos expropiatorios debe tenerse en cuenta para valorar la finca expropiada. Añade la recurrente que la Sentencia haciendo caso omiso a la prueba practicada, ni la menciona ni la considera, vulnerado de esta forma, no solo el artículo 218.2 LEC, sino la Jurisprudencia aplicable.

Aduce en el segundo motivo, la vulneración del artículo 29 de la Ley 6/98 y sus precedentes, así como la Jurisprudencia de este Tribunal sobre valoración expropiatoria de fincas destinadas a zonas verdes y dotaciones públicas o carentes de aprovechamiento lucrativo. Respecto al aprovechamiento lucrativo, la Sentencia de instancia recoge la tesis planteada por el Ayuntamiento de La Coruña que sostiene que en el Plan General dichos terrenos tenían atribuido un aprovechamiento de 0,25 m2/m2, pero incurre en incongruencia al no resolver sobre la cuestión planteada por la recurrente sobre si la edificabilidad, que el mencionado Plan General señalaba "para transferir" de 0,25 m2/m2 para el Parque de San Diego, podía ser lucrativa a efectos expropiatorios y valorativos. Dicha tesis no parece ajustarse a los principios sentados por el Jurisprudencia en casos análogos, y además deja sin resolver la cuestión jurídica planteada por la recurrente, confundiendo además la aplicación del método residual con la aplicación del artículo 29 de la Ley 6/98. Por último señala que la Sentencia tampoco recoge las indicaciones expresadas por el perito en relación a la mencionada edificabilidad, que considera no lucrativa.

Finalmente suplica a la Sala dicte Sentencia estimatoria de la demanda de conformidad con lo expuesto en el escrito de conclusiones respecto a la edificabilidad a tener en cuenta para determinar el justiprecio de la finca.

Cuarto.-Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a las partes recurridas para que formalizaran escrito de oposición, en el plazo de treinta días, habiéndose abstenido de formular oposición el Sr. Abogado del Estado en la representación que ostenta de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, y oponiéndose en tiempo y forma al recurso de casación la JUNTA DE GALICIA, representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén que suplicó a la Sala se desestime el recurso interpuesto, y se confirme la Sentencia del TSJ de Galicia, o en su caso, se desestime la pretensión ejercitada y se declare que aprovechamiento urbanístico de la zona de San Diego, a efectos de determinar el justiprecio de la finca expropiada a los actora es de 1m2/m2.

Quinto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 24 de noviembre de 2010, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de casación se dirige contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso 8708/2002, en el que se impugnan los Acuerdos de 26 de marzo de 2002 y de 16 de julio de 2002, del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de La Coruña, resolutorio del justiprecio de la finca n.º NUM000, propiedad de los recurrentes, afectada por la expediente de expropiación NUM001, aprobado por la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Galicia en beneficio del Ayuntamiento de La Coruña para la ejecución del Parque de San Diego.

La finca núm. NUM000 está situada en suelo urbano sin pormenorizar, incluida en la actuación núm. 22 (Parque de San Diego) por el Plan General de Ordenación Urbana de La Coruña del año 1985. El Jurado para determinar su valor se atuvo, en aplicación del art. 28 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones, al valor básico de repercusión en parcela fijado en las ponencias catastrales al que aplicó el aprovechamiento de 0,25 m2/m2 previsto en el planeamiento.

El actor discutió en la instancia la edificabilidad aplicada al considerar que, a falta de su inclusión por el Plan General en un área de reparto con su correspondiente aprovechamiento tipo o medio, había que aplicar la de su entorno que, según el propio PGOU de 1985 la fijaba para el barrio de Los Castros-Gaiteira una edificabilidad mínima o de derecho de 2 m2/m2 y máxima de 4 m2/m2

Segundo.-Lo primero que imputa el recurrente a la sentencia de instancia es incongruencia interna por su imprecisión y falta de claridad expositiva lo que determina, a su juicio, la infracción del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es indudable que la exigencia de precisión y claridad contenida en el art. 218 de la LEC obliga al rigor discursivo de las sentencias y a que éstas mantengan una coherencia y lógica interna tratando de evitar la contraditio in terminis. Sin embargo, pese a que la sentencia impugnada en esta casación no sea un ejemplo de ese rigor y resulte además un tanto confusa en su razonamiento, no puede negarse que entre lo razonado en su fundamentación y lo decidido en el fallo se produce la necesaria correspondencia pues, por un lado, se rechazan determinados argumentos utilizados por la parte actora en sustento de su petición de una mayor valoración del suelo expropiado, como la utilización del método residual en vez de los valores de las ponencias catastrales o la aplicación de una superior edificabilidad a la contemplada en el planeamiento, y, por otro, hace prevalecer la presunción de legalidad y acierto de la decisión del Jurado sobre lo pretendido por la actora al no haber sido desvirtuada aquella en el proceso.

Para apreciar la incongruencia interna de la sentencia es preciso que ésta no refleje mínimamente el debate procesal producido en la instancia y resulte imposible o extraordinariamente dificultoso reconocer en ella los motivos que conducen a la decisión finalmente adoptada, bien porque no se expresan o bien porque no resulten comprensibles, circunstancias que como acabamos de expresar no se dan en la sentencia impugnada en este recurso de casación.

El motivo debe ser desestimado.

Tercero.-El segundo motivo se hace valer a través del apartado d) del art. 88.1 de la LJCA, por infracción del art. 29 de la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones. La cuestión que se discutió en la instancia y que se traslada ahora a la casación versa sobre la edificabilidad aplicable a la parcela expropiada por el Ayuntamiento de La Coruña. El criterio que siguió el Jurado, en aplicación del art. 28 de la referida Ley, fue obtener el valor básico de repercusión en parcela fijado en las ponencias catastrales, que en el presente caso era de 40.170 pts/m2, cantidad a la que se aplicó la edificabilidad prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de La Coruña, aprobado en el año 1985, que incluía esta parcela en la Acción núm. 22, San Diego, y le asignaba una edificabilidad de 0,25 m2/m2. Disconforme con esta edificabilidad la parte recurrente pretendió en la instancia que se le aplicara otra, más favorables a sus intereses, que fuera coincidente con la que resultaba aplicable a los terrenos colindantes de la Unidad de Actuación 22 (Parque de San Diego) y que ascendía a una edificabilidad media de 2 m2/m2 y máxima de 4 m2/m2. En sustento de esta pretensión invocaba jurisprudencia de esta Sala, particularmente la STS de 25 de noviembre de 1996 que fijaba el criterio de atender al aprovechamiento de las parcelas próximas más representativas para establecer el correspondiente al suelo expropiado destinado a zona verde.

Olvida el recurrente en su hilo argumental un dato que es de todo punto relevante para la aplicación del art. 29 y de la doctrina establecida en la anterior sentencia, que es que no exista planeamiento o que éste no atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no incluido en un determinado ámbito de gestión. Sólo en esos casos el aprovechamiento a tener en cuenta a los solos efectos de la valoración del suelo será el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso predominante, del polígono fiscal en que, a efectos catastrales, esté incluido el mismo.

Se da la circunstancia en el caso litigioso que el Plan General de Ordenación Urbana de La Coruña de 1985 asignó a la Unidad de Actuación núm. 22 (Parque de San Diego) una edificabilidad determinada, 0,25 m2/m2 y que este aprovechamiento no fue impugnado en ningún momento, razón por la que no se puede pretender en el momento de la valoración que se aplique otro distinto y más beneficioso, pues el art. 29 citado exige como presupuesto para su aplicación la inexistencia de planeamiento o que éste no fije aprovechamiento lucrativo, lo que no concurre en el presente caso como acabamos de ver. El motivo debe ser desestimado.

Cuarto.-Con arreglo al art. 139 LJCA, la desestimación total del recurso de casación lleva aparejada la imposición de las costas a la recurrente. Ajustándose al criterio usualmente seguido por esta Sección 6.ª, quedan las costas fijadas en un máximo de tres mil euros en cuanto a honorarios de abogado.


FALLAMOS


 
No haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.ª Sonia, D.ª Angustia y D.ª Julia, contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso 8708/2002, en el que se impugnan los Acuerdos de 26 de marzo de 2002 y de 16 de julio de 2002, del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de La Coruña, resolutorio del justiprecio de la finca n.º NUM000, propiedad de los recurrentes, afectada por la expediente de expropiación NUM001, aprobado por la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Galicia en beneficio del Ayuntamiento de La Coruña para la ejecución del Parque de San Diego, con imposición de las costas a la recurrente hasta un máximo de tres mil euros en cuanto a honorarios de abogado.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Carlos Lesmes Serrano, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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