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Sentencia T.S. (Sala 3) de 3 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Inscripción de aprovechamiento de aguas subterráneas para usos de regadíos en el Registro de Aguas. Falta de motivación de la sentencia y valoración de la prueba. Escueta referencia de a los datos y elementos de prueba en los que el demandante sustenta la pretensión de que se reconozca su derecho sin efectuar valoración Ha lugar al recurso de casación y estimación del recurso contencioso-administrativo.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Diciembre de dos mil diez.

La Sala, constituida por los Excmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, ha visto el recurso de casación n.º 5962/06, interpuesto por la entidad S.A.T. VIRGEN DE LA ESPERANZA 4476, representada por la Procuradora Doña María del Mar Montero De Cozar Millet, contra la sentencia de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 13 de octubre de 2006 (recurso contencioso-administrativo n.º 220/03). Se ha personado en las actuaciones como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y asistida por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia con fecha 13 de octubre de 2006 (recurso contencioso-administrativo n.º 220/03) en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo formulado por la S.A.T. Virgen de la Esperanza 4476 contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 4 de febrero de 2.003 dictada en expediente n.º UGH AB 0223.

La entidad demandante S.A.T. Virgen de la Esperanza 4476 solicitaba que se declarase la nulidad de la resolución impugnada en el particular relativo al volumen máximo anual de aprovechamiento a inscribir en el Registro de Aguas, porque al fijar el volumen en 656.300 m3 se infringía la disposición transitoria tercera de la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto, dado que ese volumen asignado no se corresponde con el declarado por el titular (1.140.000 m3), ni por el instructor del procedimiento, según el acta de la visita a la explotación.

Segundo.-La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo haciendo, en lo que aquí interesa, las siguientes consideraciones:

"Primero.-Se contraen los presentes autos a determinar si es o no ajustada a derecho la resolución recurrida, alegándose por la actora interpretación errónea y aplicación indebida del Art. 2 y disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta de la L.A., valoración desviada de las pruebas practicadas por la recurrida para la parcial denegación de la solicitud de inscripción en Registro de Aguas Privadas de aprovechamiento de la titularidad del actor y de explotación anterior a la entrada en vigor de aquella, cuatro pozos emplazados en término municipal de Albacete, carretera de Jaén, km 19,5 paraje, Casa de las Monjas, 114 Has. de superficie regada, con una necesidad de 1.140.000 m3 de caudal anual, cifra avalada por las pruebas practicadas a su instancia, recibos de consumo eléctrico y autorización de funcionamiento de estación transformadora próxima, planos de situación y memoria descriptiva en la que se hacia alusión a grupo electrobomba sumergida de rebombeo de agua sobre embalse desde el que tres grupos de bombas horizontales dan presión en redes de cobertura, aspersores y pivots instalados a aquéllos fines, actas de inspección de técnicos de la confederación demandada, en la primera de las cuales se significaba tal cantidad, además de los particulares caudal instantáneo global 170l/s, actual 0210l/s, dotación media 09827,5m3 por Ha. y año, superficie de riego 116 Has, y que a pesar de que la recurrida accediera a aquel asiento, se redujera en la resolución combatida a 67.800 m3, hechos sobre los que se interesaba la revocación parcial de aquella y la declaración de la necesidad postulada 1.140.000 m3.

Segundo.-Por la demandada se alegó correcto discurso de la resolución recurrida.

Tercero.-De lo actuado se desprende la adecuación del tenor de la resolución recurrida a lo establecido en los artículos y disposiciones transitorias citadas, tras la demanialización de aguas in génere con posibilidad de aprovechamientos temporales, por un plazo de cincuenta años, a medio de inclusión en Registro de Aguas Privadas creado por aquel cuerpo legal en el plazo de tres años desde su promulgación, una vez acreditados, su utilización y su no afección a otros usos públicos preexistentes (su exclusión o falta de inscripción en él, con asiento obligatorio y de oficio solamente en catalogo subsidiario, impedía la protección administrativa que tal precepto implica), con arreglo a la legislación anterior, L.A. de 13 de junio de 1879, Art. 19 del Reglamento de Policía de Aguas de 14 de noviembre de 1958, modificado por Decreto 1375 de 1972, Ley 22/73 de Minas y Reglamento General para su Desarrollo de 25 de agosto de 1978, y Decretos de 23 de agosto de 1934 de Policía Minera y Metalúrgica y catalogación de aguas y manantiales, como quiera

1) Que en la línea de que reiterada doctrina de esta misma Sala ha venido enfatizando con particular firmeza la necesidad, no sólo de acreditar la titularidad del derecho a tales aprovechamientos, sino también su contenido, dimensión y alcance, en orden a conferir a inscripciones como la aquí pretendida la funcionalidad informativa y de control que la ley le atribuye, ha de subrayarse que, no obstante ser cierto que el volumen máximo anual, 656.300 m3, de la resolución recurrida se establece pese a comprobación y estudio de campo realizados por empleados de contratista de la codemandada que arrojó el resultado según del acta que lo recogiera, (caudal instantáneo global: 170 l/s -actual=210 l/s, -Volumen máximo anual total: 1.140.000 m3, dotación media = 9.827,5 m3 por Ha y año, Superficie de riego: 116 Has.) ha de estarse al poder adveratorio en régimen de técnica presuntiva de certeza, en este caso caudalímetra de reportaje fotográfico de teledetección por satélite Landstadt, Sección de tal técnica y sistemas de información geográfica del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla la Mancha y de medias de asignación global de aprovechamientos inscritos antes del 1 de enero de 1997, incluidas las comparaciones de sus montantes, con los de la Confederación Hidrográfica del Guadiana o la dotaciones medias nacionales o circunscritas al sureste español, de regadíos con aguas subterráneas, y en la medida de que sentencias de esta misma Sala, como la de 18 de marzo de 2002 dictada para supuesto sustancialmente similar, se estableciera: "Otro dato que sólo se puede considerar a mayor abundamiento, pero no con carácter de decisiva trascendencia, es el de las actas de comprobación de los sondeos, que en su mayor parte llevó a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadiana a lo largo de 1992, al menos ello es lo que hemos tenido ocasión de comprobar con la multiplicidad de expedientes similares; y ello por la evidente razón de que en tales actas de comprobación sólo se constataron los aprovechamientos existentes en aquel momento, en la fecha de la visita de los actuantes, pero no puede servir sino como simple dato orientativo de lo que pudiese haber ocurrido entre seis y siete años antes, en la época que nos marca la referencia, por imposición legal."

Cuarto.-Procede por tanto la desestimación de la demanda sin pronunciamiento alguno acerca de las costas causadas.

Quinto.-A tal convicción llega la Sala en virtud de:

a) El juego conjunto de las normas sobre valoración de la prueba en el proceso civil, es decir, apreciación libre no tasada en contexto de racionalidad y enjuiciamiento inductivo o deductivo no arbitrario en función de la complejidad de las máximas de experiencia o conocimientos técnicos a computar, sugestionabilidad y capacidad de tabulación de peritos y testigos y partes respectivamente y, en los mismo términos, sana crítica y común experiencia en el de la documental privada impugnada o falta de cotejo caligráfico y tasada en hipótesis de documental pública respecto de los hechos, partes y fechas que documentan.

b) Las normas acerca de su carga, hechos constitutivos a cargo del actor e impeditivos, extintivos y excluyentes a cargo de la demandada, con la matización introducida por la nueva ley de ritos de que, para la aplicación de tales imperativos, deberá tenerse presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes en el litigio."

Tercero.-La representación de la entidad S.A.T. Virgen de la Esperanza 4476 preparó recurso de casación contra dicha sentencia; y luego formalizó su interposición mediante escrito presentado el 2 de enero de 2007 en el que formula cuatro motivos de casación, el primero de ellos al amparo del artículo 88.1.c/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción y los tres restantes por el cauce del artículo 88.1.d/ de la misma Ley. Ahora bien, por auto de la Sección Primera de esta Sala de 13 de marzo de 2008 se acordó la inadmisión de los tres motivos de casación formulados al amparo del artículo 88.1.d/ y se admitió el recurso únicamente en cuanto al motivo primero, acordándose en el mismo auto la remisión de las actuaciones a esta Sección Quinta según las normas de reparto de asuntos.

En el primer motivo de casación, único admitido, se alega la infracción del deber de motivación exigido por el art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y art. 120 de la Constitución, según la jurisprudencia contenida en las sentencias que se citan. En el desarrollo del motivo la recurrente señala que la sentencia no explica cuál ha sido el razonamiento que lleva a la Sala sentenciadora a adoptar la decisión de desestimar la demanda, porque no realiza una mínima y adecuada valoración de las pruebas tenidas en cuenta para llegar a la solución.

Cuarto.-Recibidas las actuaciones en esta Sección 5.ª, mediante providencia de 5 de junio de 2008 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso a la parte recurrida para que esta formalizase su oposición en el plazo de treinta días.

La Abogacía del Estado presentó escrito con fecha 16 de julio de 2008 en el que formula su oposición al recurso alegando que la sentencia está suficientemente motivada porque la Sala de instancia expone las razones por las que ha optado por unos datos y pone de relieve que las actas de comprobación de los sondeos solo pueden servir como simple dato orientativo.

Quinto.-Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo fijándose finalmente al efecto el día 30 de noviembre de 2010, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de casación lo interpone la representación de S.A.T. Virgen de la Esperanza 4476 contra la sentencia de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 13 de octubre de 2006 (recurso n.º 220/03) que desestimó el contencioso-administrativo interpuesto por dicha entidad contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 4 de Febrero de 2.003 dictada en expediente n.º UGH AB 0223, sobre inscripción en el Registro de Aguas del aprovechamiento de aguas subterráneas para usos de regadío en la Finca Casa de la Monjas, del término municipal de Albacete.

Ya hemos dejado expuestas en el antecedente tercero las razones que ofrece la sentencia recurrida para fundamentar la desestimación del recurso contencioso-administrativo, así como el motivo de casación formulado por la representación de S.A.T. Virgen de la Esperanza 4476 cuyo enunciado hemos dejado reseñado en el antecedente cuarto. Procede entonces que pasemos a examinar ese motivo del recurso.

Segundo.-Ante todo debemos recordar que el presente recurso de casación ha sido admitido únicamente en cuanto al motivo formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.c/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, al haber sido inadmitidos, por auto de la Sección Primera de esta Sala de 13 de marzo de 2008, los tres motivos de casación que venían formulados al amparo del art. 88.1.d/ de la misma Ley (véase antecedente cuarto).

En ese motivo de casación que ahora pasamos a examinar se alega, como ya vimos, la vulneración del deber de motivación de la sentencia, citándose como infringidos los artículos 120 de la Constitución, 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la jurisprudencia que los aplica (invoca sentencia de esta Sala de 20 de julio de 2004, así como sentencias de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 29 de marzo y 17 de mayo de 2006 y del Tribunal Constitucional de 1 de diciembre de 2003 y 10 de febrero de 2003). En el desarrollo del motivo la recurrente señala que la sentencia no explica cuál ha sido el razonamiento que lleva a la Sala sentenciadora a adoptar la decisión de desestimar la demanda, porque no realiza una mínima y adecuada valoración de las pruebas tenidas en cuenta para llegar a la solución.

Pues bien, el motivo debe ser acogido.

En los apartados de la fundamentación de la sentencia que antes hemos dejado reseñados (véase antecedente segundo) puede verse que la Sala de instancia hace una escueta referencia a los datos y elementos de prueba en los que la demandante sustenta la pretensión de que se reconozca su derecho a la inscripción con un volumen máximo anual de 1.140.000 m3 frente al de sólo 656.300 m3 reconocido por la Administración. Ahora bien, sin hacer ninguna valoración acerca de aquellos datos aducidos por la demandante, la Sala de instancia se limita a afirmar -aunque lo hace de forma confusa- que debe prevalecer la asignación de volumen máximo acordada por la Administración a partir del reportaje fotográfico de teledetección por el satélite Landstadt. En ningún apartado de la sentencia se explica la razón por la que se otorga más virtualidad probatoria a este elemento de prueba, pues cuando la Sala de instancia anuncia que va a exponer la razón de ser de su convicción (fundamento quinto de la sentencia) únicamente ofrece unas consideraciones genéricas y estereotipadas sobre las reglas de valoración de la prueba y de carga de la prueba, omitiendo toda valoración de los concretos elementos de prueba disponibles en el caso que se está examinando, a los que ni siquiera alude.

Es claro, entonces, que la sentencia incurre en el defecto de motivación que se le reprocha; por lo que, con acogimiento del motivo de casación, la sentencia recurrida debe ser casada y anulada; lo que determina que debamos resolver en los términos en que viene planteado el debate (artículo 95.2.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción).

Tercero.-Entrando entonces a resolver la controversia de fondo planteada, comenzaremos señalando que no hay discrepancia en lo que se refiere a la superficie de riego acreditada, pues la recurrente acepta el dato fijado en la resolución administrativa (112Z1879 hectáreas). El debate se centra en la cifra de volumen anual máximo de agua; y desde ahora dejamos anticipado que la pretensión de la demandante de que se proceda a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de Aguas Públicas con un volumen máximo anual de 1.140.000 m3 (en lugar de los 656.299 m3 reconocidos por la Administración) cuenta con un nutrido respaldo probatorio.

Por lo pronto, esa pretensión formulada en la solicitud inicial -y luego reiterada en la demanda- se sustenta no sólo en los datos recogidos en la declaración responsable presentada en su día por la solicitante sino también en los documentos que la propia S.A.T. Virgen de la Esperanza 4476 aportó al expediente, entre los que cabe destacar las certificaciones de aforo de los cuatro sondeos emitidas en los meses de marzo, noviembre (dos) y diciembre de 1982, la documentación relativa a las características de las bombas instaladas en los pozos y los diversos recibos acreditativos del consumo de energía eléctrica.

Por otra parte, los datos facilitados por la solicitante sobre superficie regable, sistema de riego, caudal instantáneo global y volumen máximo anual quedan plenamente corroborados en las fichas correspondientes a la visita de inspección realizada el 28 de mayo de 1991, en las que en Instructor actuante asume aquellos datos sin formular reserva ni objeción alguna. Si el representante de la Administración hubiese tenido alguna razón para discrepar de los datos declarados por la solicitante, debía haberlo reflejado entonces, pues como señala nuestra sentencia de 20 de octubre de 2004 (casación 2722/02), el acta de comprobación de datos por la Administración no puede limitarse a una acrítica consignación de los datos del aprovechamiento en la fecha en que se lleva a cabo el reconocimiento sino que tiene que extenderse a la constatación, o, en su caso, rectificación, de los datos del aprovechamiento declarados por el solicitante, teniendo en cuenta la totalidad de los datos en poder de la Administración. En fin, no cabe objetar que la inspección realizada y el acta extendida en mayo de 1991 no son instrumento idóneo para acreditar la situación y los datos correspondientes al momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas (año 1986), pues, como sucedía en el caso examinado en la sentencia de 20 de octubre de 2004 que acabamos de mencionar, fue el retraso de la Administración el que determinó que esa comprobación no se llevase a cabo hasta el 28 de mayo de 1991, esto es, casi cuatro años después de la presentación de la solicitud de inscripción (2 de diciembre de 1988).

En fin, ya en el curso del proceso, la parte actora aportó con la demanda un informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial D. Braulio, en el que, como conclusión, se considera "... justificado que el caudal extraído y utilizado en las instalaciones de riego durante el año 1985 fue, como mínimo, el indicado en los cálculos, es decir, 1.399.795 m2...". Es decir, un volumen superior incluso al manifestado por la solicitante.

Frente a todo ese material probatorio aportado por la solicitante, la decisión de la Administración de reconocer únicamente un volumen de 656.300 m3 cuenta como único sustento con el "Estudio sobre la Evolución de las superficies de regadío mediante teledetección en el ámbito del acuífero de la Mancha Oriental (años 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1996 y 1997)", basado en el reportaje fotográfico de teledetección realizado por el satélite Landstadt.

Pues bien, dadas las características de generalidad de dicho estudio y la amplia extensión superficial que abarca, entendemos que no proporciona el grado de certeza necesario para servir de respaldo a la decisión de la Administración. Debe notarse que la resolución impugnada no explica -tampoco lo hace ningún documento o informe previo a la misma- las razones y operaciones de cálculo en cuya virtud, a partir del estudio basado en el mencionado reportaje fotográfico del satélite Landstadt, se llega a la cifra de de 656.300 m3 fijada como volumen máximo por la Administración. Y, a falta de esa justificación, los datos y estimaciones contenidas en el mencionado estudio, por su propia amplitud y generalidad, no pueden considerarse prevalentes sobre los elementos de prueba aportados por la solicitante, tanto en vía administrativa como en el curso del proceso, pues en ellos se contienen datos mucho más concretos y específicamente referidos a los terrenos y sondeos para los que se solicita la inscripción.

Por todo ello, procede la estimación del recurso contencioso-administrativo, debiendo anularse la resolución impugnada en cuanto limita el volumen máximo anual utilizable a la cifra de 656.299 m3, debiendo declararse, en su lugar, que la inscripción del aprovechamiento en el Registro debe establecer un volumen máximo anual de 1.140.000 m3

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no procede imponer las costas de la instancia a ninguno de los litigantes, corriendo cada parte con las suyas en lo que se refiere a las de la casación.


FALLAMOS


 
1. Ha lugar al recurso de casación interpuesto en representación de la entidad S.A.T. VIRGEN DE LA ESPERANZA 4476 contra la sentencia de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 13 de octubre de 2006 (recurso contencioso-administrativo n.º 220/03), que ahora queda anulada y sin efecto.

2. Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de S.A.T. Virgen de la Esperanza 4476 contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 4 de febrero de 2.003 dictada en expediente n.º UGH AB 0223, anulando dicha resolución en cuanto cifra en 656.300 m3 el volumen máximo anual de aprovechamiento a inscribir en el Registro de Aguas, debiendo quedar fijado en la inscripción un volumen máximo anual de 1.140.000 m3.

3. No hacemos imposición de costas en el proceso de instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en el recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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