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Sentencia T.S. (Sala 3) de 3 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial de la Administración. Ayudas para la construcción de buques. Solicitud de la cuantía de la ayuda prohibida por la Unión Europea. Acto administrativo tardío pero ajustado a derecho. Inadmisión de medio de prueba. Incongruencia. Ha lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a tres de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera, Sección Sexta del Tribunal Supremo constituida por los señores al margen anotados el presente recurso de casación con el número 245/07 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de DIRECCION000 C.B. contra sentencia de fecha 15 de diciembre de 2006 dictada en el recurso 538/2005 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Siendo parte recurrida LA COMUNIDAD VALENCIANA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor: "FALLAMOS.- Desestimamos el recurso interpuesto por la Procuradora doña Laura Oliver Ferrer, en nombre y representación de DIRECCION000 C.B., contra la Resolución del Director General de Pesca de la Consellería de Agricultura y Alimentación de 10 de febrero de 2005, sin hacer expresa imposición de costas".

Segundo.-Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de DIRECCION000 C.B, presentó escrito ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de la Comunidad Valenciana preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

Tercero.-Con fecha 9 de abril de 2007 la Secretaria de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, extendió Diligencia en la que se hace constar que habiendo transcurrido los treinta días del emplazamiento a la parte recurrente, DIRECCION000, C.B., no ha comparecido ante la Sala para hacer uso de su derecho.

Con la misma fecha dicha Sala y Sección dictó Auto en el que se acuerda declarar desierto el recurso de casación preparado por DIRECCION000 C.B., contra la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2.ª en los autos núm. 538/2005.

Cuarto.-Con fecha 26 de junio de 2007 la Secretaria de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Diligencia en la que se hace constar que por error del Registro General de dicho Tribunal, se incorporó el escrito de interposición del recurso de casación, presentado dentro del plazo legal, por la representación procesal del recurrente, DIRECCION000 C.B., a otro recurso de esa misma Secretaría, dando lugar a duplicidad de recursos.

A la vista de la mencionada Diligencia, por dicha Sala y Sección se dictó Auto en el que se acuerda dejar sin efecto el Auto de fecha 9 de abril de 2007 y en consecuencia, tener por presentado en tiempo y forma por la representación procesal de DIRECCION000 C.B., escrito de interposición del recurso de casación contra sentencia de fecha 15 de diciembre de 2006, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-administrativo 538/2005.

Quinto.-Teniendo por interpuesto y admitido el escrito de recurso de casación, el recurrente expresa en el mismo los motivos en que se funda, suplicando a la Sala: "... dicte sentencia por la que se estime los dos motivos primero y segundo, del recurso, case y anule la sentencia recurrida, declarando la nulidad de la Resolución de la Dirección General de Pesca de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalidad Valenciana, dictando sentencia conforme al Suplico de nuestro escrito de interposición de demanda ante la Sala de instancia".

Sexto.-Por Providencia, se emplazó a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días, formalizara escrito de oposición, lo que realizó, oponiéndose al recurso de casación y suplicando a la Sala: "... Sentencia por la que se confirme la Sentencia núm. 1239/06, de 15 de diciembre de la Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ".

Séptimo.-Evacuado dicho trámite, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia el día 30 de noviembre de 2010, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de casación es interpuesto por la representación procesal de la entidad DIRECCION000 C.B. contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 15 de diciembre de 2006.

Los antecedentes del asunto, tal como quedan reflejados en la sentencia ahora impugnada, son los siguientes. Con fecha 17 de diciembre de 2003 y acogiéndose a lo dispuesto por el Real Decreto 1048/2003, la recurrente presentó una solicitud de ayuda para la construcción de un buque ante la Consejería de Agricultura y Alimentación de la Generalitat Valenciana. La autorización para la construcción del buque, requisito imprescindible para obtener la mencionada ayuda, fue otorgada por la Administración autonómica con fecha 28 de enero de 2005. Y con fecha 10 de febrero de 2005, el Director General de Pesca de la referida Consejería de Agricultura y Alimentación dictó resolución denegatoria de la ayuda solicitada, porque el Reglamento 2369/2002 del Consejo de la Unión Europea prohibía que con posterioridad al 31 de diciembre de 2004 se concediesen ayudas de esa clase para la construcción de buques.

Disconforme con ello, la recurrente acudió a la vía jurisdiccional. Hay que señalar que el escrito de demanda está muy lejos de ser un modelo de claridad; pero un extremo es incontestable: en el suplico, la recurrente pide que se anule la resolución de 10 de febrero de 2005, por la que se le denegó la ayuda solicitada, y que se declare su derecho a recibir la suma correspondiente a dicha ayuda.

La sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo, por dos razones. En primer lugar, afirma que en el escrito de demanda se reconoce que el acto administrativo impugnado es legal, ya que se ajusta a lo preceptuado por el Reglamento 2369/2002 del Consejo de la Unión Europea. De aquí que no quepa, a juicio de la sentencia impugnada, anular la resolución denegatoria de la ayuda solicitada. En segundo lugar, dice que debe entenderse que lo realmente pretendido por la recurrente es una indemnización de daños y perjuicios; pero esto, siempre según la sentencia impugnada, no puede ser acogido, porque la recurrente no formuló la correspondiente reclamación de responsabilidad patrimonial en la vía administrativa previa.

Segundo.-Se basa este recurso de casación en dos motivos. En el motivo primero, formulado al amparo de la letra c) del art. 88.1 LJCA, se alega tanto indebida inadmisión de un medio de prueba, como incongruencia. La Sala de instancia efectivamente declaró inadmisible la testifical del Secretario de la Cofradía de Pescadores de Jávea, ante quien debían depositarse materialmente las solicitudes de ayuda para la construcción de buques, por entender que formaba parte de la Administración demandada. La finalidad de este medio de prueba, según la recurrente, era acreditar que se había producido un retraso injustificado en los distintos trámites administrativos necesarios para resolver su solicitud y, por ello, entiende que su denegación le ha producido indefensión. En cuanto a la incongruencia, estribaría, siempre a juicio de la recurrente, en que la sentencia impugnada basa su fallo desestimatorio en que no cabe acoger una pretensión de indemnización de daños y perjuicios que, en realidad, no había sido formulada.

En el motivo segundo, formulado al amparo de la letra d) del art. 88.1 LJCA, se alega infracción de los arts. 24 y 106 CE y de los arts. 42, 54 y 89 LRJ-PAC. Sostiene la recurrente, en sustancia, que toda la actuación administrativa realizada relativa a raíz de su solicitud fue ilegal, porque se llevo a cabo con injustificada lentitud; algo que habría sido determinante de la resolución final denegatoria de la ayuda solicitada.

Tercero.-El motivo primero hace referencia a la inadmisión de un medio de prueba. Es dudoso si el Secretario de la Cofradía de Pescadores de Jávea puede ser considerado, tal como afirma la sentencia impugnada, parte integrante de la Administración demandada. Es cierto que no se halla orgánicamente integrado en ella; pero no es menos claro que estaba encargado de recoger materialmente las solicitudes de ayuda para la construcción de buques y, en esa medida, podría ser tenido por un colaborador de la Administración. Pero esta discusión resulta, en todo caso, irrelevante, desde el momento en que la testifical propuesta por la recurrente tenía como finalidad acreditar que había habido un retraso injustificado en la tramitación administrativa. Este hecho habría podido ser importante para fundar una pretensión de indemnización por los daños y perjuicios derivados de un acto administrativo ajustado a derecho pero tardío; pero, tal como la recurrente expresamente sostiene en su escrito de interposición del recurso de casación, ésa no fue la pretensión formulada. La existencia de un retraso injustificado en la tramitación administrativa, por el contrario, no tiene ninguna relevancia para determinar si la resolución denegatoria de la ayuda solicitada es o no ajustada a derecho: es claro -ni siquiera la recurrente lo niega- que el Reglamento 2369/2002 del Consejo de la Unión Europea prohibía la concesión de ayudas de esa clase con posterioridad al 31 de diciembre de 2004, por lo que en el momento en que se dictó el acto administrativo impugnado sólo cabía que fuese denegatorio. De aquí se sigue que la denegación del referido medio de prueba no haya ocasionado indefensión a la recurrente, razón por la que no ha habido, desde este punto de vista, un quebrantamiento de formas procesales que justifique la anulación de la sentencia impugnada.

Cuarto.-En el motivo primero hay también una alegación de incongruencia. Es verdad que en el escrito de demanda se hacen algunas alusiones a la responsabilidad patrimonial de la Administración; pero se engloban en un texto que, como se observó más arriba, es muy poco ordenado y, sobre todo, se hacen de pasada. El dato crucial es que en el suplico se pide la anulación de la resolución denegatoria de la ayuda solicitada y el reconocimiento del derecho a recibir la suma correspondiente a dicha ayuda. Así, al resolver el litigio sobre el presupuesto de que la recurrente había en realidad formulado una pretensión de indemnización de daños y perjuicios y que ésta era formalmente inadecuada por no haberse agotado la vía administrativa previa, la sentencia impugnada resuelve sin sujetarse a lo pretendido por la parte actora, incurriendo por ello en incongruencia. Esto supone una vulneración de lo ordenado por el art. 33 LJCA, lo que conduce a la estimación del motivo primero de este recurso de casación y a la consiguiente anulación de la sentencia impugnada.

Quinto.-La estimación del motivo primero de este recurso de casación hace ya innecesario abordar el examen del motivo segundo del mismo. Ahora es preciso, más bien, estar a lo dispuesto por el inciso final del art. 95.2.c) LJCA y resolver el fondo del litigio tal como éste ha quedado planteado.

Pues bien, de cuanto precede resulta claro que el acto administrativo impugnado -incuso si pudiera ser tachado de "tardío" por haber sido dictado con injustificado retraso, algo sobre lo que esta Sala no puede ahora pronunciarse- es conforme a derecho: el Reglamento 2369/2002 del Consejo de la Unión Europea prohíbe la concesión de ayudas como la solicitada por la recurrente con posterioridad al 31 de diciembre de 2004; y, dado que la resolución aquí examinada se produjo con fecha 10 de febrero de 2005, su sentido sólo podía ser denegatorio. Dado que la recurrente no ha aducido ninguna razón por la que la citada disposición de derecho europeo no debiera considerarse aplicable al presente caso, sólo cabe confirmar el acto administrativo impugnado. Y ni que decir tiene que, al ser éste perfectamente legal, no es posible declarar que la recurrente tenga derecho a recibir la suma correspondiente a la ayuda solicitada.

Por todo lo expuesto, el recurso contencioso-administrativo de DIRECCION000 C.B. contra la resolución del Director General de Pesca de la Generalitat Valenciana de 10 de febrero de 2005 debe ser desestimado.

Sexto.-Con arreglo al art. 139 LJCA, no procede hacer imposición de las costas de este recurso de casación y, en cuanto a las costas de la instancia, no se aprecia temeridad o mala fe que justifiquen una condena al pago de las mismas.


FALLAMOS


 
Primero.-Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad DIRECCION000 C.B. contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 15 de diciembre de 2006, que anulamos.

Segundo.-En su lugar, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad DIRECCION000 C.B. contra la resolución del Director General de Pesca de la Generalitat Valenciana de 10 de febrero de 2005.

Tercero.-No hacemos imposición de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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