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Sentencia A.P. Oviedo 10/2008 de 17 de enero


 RESUMEN:

Condena en instancia por autoría de falta contra el orden público y absolución de las demás acusaciones. Recurso de apelación se basa en la petición de condena por falso testimonio e intrusismo: No se ha probado que nada de lo que manifiesta el acusado en su informe pericial como ingeniero técnico sea maliciosamente falso o erróneo. No todo perito que interviene en un proceso civil debe ser titulado. Los Peritos de parte solo pueden ser objeto de tacha. Se desestima el recurso de apelación.

Órgano de procedencia:JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 DE GIJÓN

Procedimiento de origen:PROCEDIMIENTO ABREVIADO N.º 138/2007

SENTENCIA N.º 10/08

PRESIDENTE:

ILMO. SR. D. BERNARDO DONAPETRY CAMACHO

MAGISTRADOS:

ILMA. SRA. D.ª ALICIA MARTÍNEZ SERRANO

ILMO. SR. D. JOSÉ FRANCISCO PALLICER MERCADAL

En Gijón, a diecisiete de enero de dos mil ocho

Vistas, en grado de apelación, por la Sección Octava de esta Audiencia Provincial, las Diligencias de Procedimiento Abreviado, procedentes del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gijón, con el n.º 138 de 2007 (Rollo de Apelación n.º 234/07), sobre FALSO TESTIMONIO E INTRUSISMO, contra Rosendo, cuyas demás circunstancias personales constan en las Diligencias, representado en el recurso en su calidad de apelado por la Procuradora D.ª Pilar Cancio Sánchez, bajo la dirección de la Abogada D.ª María García Díaz, siendo parte apelante Jesús Manuel, representado por la Procuradora D.ª Isabel Beramendi Marturet, bajo la dirección de la Letrada D.ª Beatriz González Álvarez, siendo parte también apelada el MINISTERIO FISCAL, y PONENTE el Magistrado ILMO. SR. D. BERNARDO DONAPETRY CAMACHO, y fundados en los siguientes:


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gijón dictó sentencia en las referidas Diligencias, de fecha 19 de septiembre de 2007, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debo condenar y condeno a Rosendo como autor criminalmente responsable de una falta contra el orden público, ya definida, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de multa de sesenta euros (15 días de arresto caso de impago) resultante de multa de diez días con cuota día de seis euros y al pago de 1/3 de las costas correspondientes a un juicio de faltas, sin incluir las devengadas por la acusación particular. Asimismo debo absolver y absuelvo al referido de los demás hechos que se le imputaban declarando de oficio 2/3 partes de las costas causadas".

Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso por la representación de Jesús Manuel recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes, que lo impugnaron, y remitido el asunto a esta Sección Octava se registró como Rollo de Apelación n.º 234 de 2007, pasando para resolver al Ponente, que expresa el parecer de la Sala.

Tercero.-Se aceptan los ANTECEDENTES DE HECHO de la sentencia apelada, y con ellos la DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Único.-Nada se ha alegado ni probado en la primera instancia o en esta alzada que demuestre error del Juez a quo en su relato de los hechos enjuiciados o en la calificación jurídica de los mismos, por lo que procede confirmar la sentencia impugnada, cuyos fundamentos se aceptan y se dan aquí por reproducidos, y frente a la que no pueden prevalecer los alegatos de la parte recurrente, que insiste en pedir la condena del acusado por un delito de falso testimonio como perito del artículo 459 del Código Penal y por un delito de intrusismo del artículo 403 de dicho Código. En cuanto al supuesto falso testimonio, es cierto que el aquí acusado en el juicio del procedimiento civil 817/05 del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Gijón manifestó "que su titulación es la de Ingeniero Técnico" y "que como perito industrial su especialidad es la electrónica" (folio 65), y por ello procede su condena, y así lo hace la sentencia apelada, como autor de una falta del artículo 637 del Código Penal -con toda corrección, pues aunque fuera cierto que, como dice, obtuvo esa titulación en Alemania, lo cierto es que, como el acusado ha reconocido reiteradamente (folios 150, 250 y 270), dicha titulación no está convalidada u homologada en España, por lo que en España no es, no puede decir que lo sea como ha hecho, "ingeniero técnico"-, pero no por delito de falso testimonio, porque la referida manifestación en aquel juicio del aquí acusado nada tenía que ver ni con la forma de su informe pericial, en el que en ninguna parte dice que sea "ingeniero técnico especialista en electrónica", ni con su contenido, pues a pesar de lo extenso y prolijo de su informe (71 páginas -folios 9 a 44 de los autos- más 8 páginas del anexo -folios 45 a 48-) en ninguno de los múltiples defectos, anomalías y deficiencias que refiere se alude para nada a sistemas o instalaciones eléctricos o electrónicos (que es lo único que puede tener que ver con su supuesta titulación), no habiéndose por otro lado probado, ni siquiera alegado, que lo que dice en su informe sea maliciosamente falso o erróneo. En cuanto al supuesto delito de intrusismo, llama en primer lugar la atención que no hayan sido parte acusadora en este proceso el Colegio Oficial de Arquitectos o el de Aparejadores, pese a que uno de los objetivos primordiales de todo Colegio profesional es la persecución del intrusismo, y uno de los deberes esenciales de todo colegiado sea el denunciar al Colegio los casos de posible intrusismo de que tenga noticia; llama también la atención que Jesús Manuel se considere legitimado como perjudicado para actuar como acusación particular contra Rosendo por la actuación de éste como perito en el referido pleito civil cuando la sentencia dictada en dicho pleito (folios 74 a 96) absolvió a Jesús Manuel; en todo caso, no se cumplen los requisitos del delito de intrusismo; en primer lugar, no compartimos la tesis del recurrente de que todo perito que actúe en un proceso civil deba ser en principio titulado conforme al artículo 340 de la L.E.Civil, y ello aunque se apoye en la cita de una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, pues, si es cierta la cita que se hace (lo que no hemos podido comprobar), de un lado, la sentencia tal como se transcribe contiene un error manifiesto ("sin perjuicio de reconocer que, efectivamente, la tacha de los peritos, artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, únicamente es aplicable a los que hubieran sido designados judicialmente"; lo que dicen los artículos 124 y 334 de dicha Ley es cabalmente lo contrario, que los peritos designados judicialmente sólo pueden ser objeto de recusación y que los peritos de dictámenes aportados por las partes sólo pueden ser objeto de tacha), y de otro lado, ni esa sentencia ni el apelante explican por qué el artículo 335 de la L.E.Civil, primero dedicado a la prueba pericial y referido al "Objeto y finalidad del dictamen de peritos", no exige a todos los peritos -tanto "de parte" como "judiciales"- que sean en principio titulados y sí sólo para los dictámenes que las partes aporten "que posean los conocimientos correspondientes", por qué los artículos 336 a 338, referidos a los dictámenes de peritos aportados por las partes, tampoco exigen que esos peritos sean titulados, por qué el artículo 340 -que es el único que exige en principio que los peritos sean titulados, aunque tampoco siempre- está situado entre los artículos 339 a 342, dedicados a los peritos designados judicialmente, por qué el muy distinto régimen jurídico de "impugnar" a los peritos, pues mientras los "judiciales" sólo pueden ser recusados, siguiéndose en tal caso lo previsto en los artículos 124 a 128 de la L.E.Civil, con el efecto de prosperar la recusación de que el perito es sustituido por otro, los "de parte" sólo pueden ser objeto de tacha conforme al artículo 343, con el efecto de que "el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradicción en el momento de valorar la prueba" (artículo 344), o por qué entre las causas de recusación de los "peritos judiciales" no hay ninguna que se refiera a su titulación o capacidad profesional (lógicamente porque en principio deben ser titulados y estar incluidos en las listas que los Colegios profesionales deben remitir cada año a los Tribunales) mientras que entre los motivos de tacha de los "peritos de parte" se encuentra el 5.º: "Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional" (por ejemplo, carecer de título adecuado o de experiencia en la materia); en el caso de autos y en el referido pleito, el Juez civil admitió la validez del informe pericial del hoy acusado, pese a no tener título de arquitecto, aparejador u otro relacionado con la construcción, a ciertos efectos (constatación material de los defectos y su valoración: fundamento octavo de la sentencia civil "in initio"), y luego lo valoró contrastándolo con el informe pericial de un Arquitecto aportado por la parte allí demandada, atribuyendo mayor valor a éste en caso de contradicción cuando la apreciación del defecto requería conocimientos técnicos especiales (así sucedió, por ejemplos significativos por ser dos de los más costosos, con los supuestos defectos de los apartados 37 y 40 del fundamento octavo), por lo que no es cierto que el informe pericial del hoy acusado fuese él solo determinante de la sentencia (que si acogió otros defectos y valoraciones señalados por el acusado en su informe fue por coincidencia o no contradicción con el otro informe pericial, y que si desechó otros fue por irrelevantes o no estar probado que fueran imputables a la promotora o/y a la constructora, únicos que resultaron condenados); y en segundo lugar, es claro que el informe del hoy acusado se refiere sólo a deficiencias en la ejecución, defectos de materiales, diferencias entre lo proyectado y lo realizado y diferencias de calidades o precios y a su valoración -para lo cual no hacen falta conocimientos especiales-, pero no a "vicios del suelo" o a defectos en el proyecto de construcción o de ejecución de obra relativos a las estructuras esenciales de la edificación (para lo cual sí se requeriría titulación), como es claro que el acusado, en las reparaciones o medidas correctoras que propone, no habla de "obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio" (obras que según el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación sí requerirían un proyecto y por tanto una titulación), y aunque según el perito autor del informe obrante a los folios 290 y 291 y que depuso en esta alzada el informe del acusado, sobre todo al diagnosticar las causas de algunos defectos que observa, hace afirmaciones atrevidas, incompletas e incluso erróneas (aunque dejó claro que el objeto de su informe no era apreciar la corrección o no del informe del acusado) que requerirían de conocimientos especiales, de un lado, ese mismo perito reconoció que "He visto a personas no tituladas sí cualificadas" para hacer esas apreciaciones con acierto (luego no es absolutamente imprescindible la titulación para ello, aunque lógicamente parece lo preferible), y de otro lado, el Juez civil ya tuvo en cuenta que ciertos defectos o deficiencias apuntados por el acusado requerían de conocimientos técnicos especiales, que no tiene el acusado, y por eso, cuando sobre ellos existía contradicción entre el informe del acusado y el informe pericial de un Arquitecto aportado por la parte demandada otorgó prevalencia a este último (véanse los apartados 7, 19, 21, 25, 37, 40 y 42 del fundamento octavo de la sentencia civil), es decir y en conclusión, la falta de titulación del acusado no le impedía hacer un informe como el que hizo (aunque el mismo resulte en algunos extremos atrevido) pero esa falta de titulación afectó lógicamente a la valoración de su informe cuando entró en contradicción (no global sino en detalles concretos) con otro informe emitido por un Arquitecto.

Vistos los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


FALLAMOS


 
QUE, DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Jesús Manuel contra la sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gijón, dictada en su Procedimiento Abreviado n.º 138 de 2007, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha sentencia, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos a su procedencia con testimonio de la presente, que se notificará con instrucción de lo dispuesto en el artículo 248.4 de la L.O.P.J.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia fue leída y publicada por el Ilmo. Magistrado Ponente, en audiencia pública y a mi presencia, de lo que doy fe. En Gijón, a diecisiete de enero de dos mil ocho.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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