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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia A.P. Bilbao 270/2010 de 19 de mayo


 RESUMEN:

Transacción: Se pretende la nulidad de un acuerdo transaccional que puso fin a un pleito sobre derechos hereditarios por error en la condición de heredero y por partir la herencia sin la previa liquidación de la sociedad de gananciales. La sentencia rechaza la nulidad porque la demandante conoció, en todo momento la condición en la que intervenía el hoy demandado en tales acuerdos y por aplicación de la doctrina de los actos propios, pues instó los anteriores procedimientos y pagó al demandado las sumas que allí se recogen.

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 3.ª

BARROETA ALDAMAR 10 3.ª planta- C.P. 48001

Tfno.: 94-4016664

Fax: 94-4016992

N.I.G. 48.01.2-08/001367

A.p.ordinario L2 11/10

O.Judicial Origen: 1.ª Inst. e Instrucc. n.º 3 (Durango)

Autos de Pro.ordinario L2 212/08

SENTENCIA N.º 270

ILMAS. SRAS.

Dña. MARIA CONCEPCION MARCO CACHO

Dña. ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ

Dña. CARMEN KELLER ECHEVARRIA

En Bilbao, a diecinueve de mayo de dos mil diez.

Vistos en grado de apelación ante la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial integrada por las Ilustrísimas Señoras Magistradas del margen los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.º 212/08, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE LOS DE DURANGO y seguidos entre partes como apelante D. Eulalio, representado por el Procurador D. Luis P. López-Abadia Rodrigo y dirigido por el Letrado D. Miguel Pardos Moneva y como apelada D.ª Edurne, representada por la Procuradora D.ª Patricia Lanzagorta Mayor y dirigida por la Letrada D.ª Begoña Martin López.

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos, en lo esencial, los Antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada, en cuanto se relacionan con la misma.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que la referida Sentencia de instancia, de fecha 27 de Julio de 2009 es del tenor literal siguiente: "DESESTIMANDO la demanda interpuesta por la procuradora Virginia Tejada, en nombre y representación de Eulalio y ESTIMANDO la demanda reconvencional interpuesta por la procuradora Esther Asategui, en nombre y representación de Edurne,

DECLARO la nulidad del acuerdo transaccional de fecha 27 de abril de 2004, suscrito entre Eulalio y Edurne.

Se condena en COSTAS a la parte demandante.

Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación con arreglo a los arts. 455 y ss de la LEC, en el plazo de cinco días desde el siguiente al de su notificación, ante este juzgado, para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo".

Segundo.-Que publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. Eulalio se interpuso en tiempo y dorma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia se dió traslado a la contraparte por término de DIEZ DIAS para impugnación u oposición, verificándolo mediante escrito de oposición. Emplazadas las partes para ante este Tribunal y subsiguiente remisión de los autos, comparecieron las partes por medio de sus Procuradores; ordenándose a la recepción de autos y personamientos efectuados la formación del presente rollo al que correspondió el número 11/10 de registro y que se sustanció con arreglo a los trámites de su clase.

Tercero.-Que con fecha 23 de Febrero de 2010 se señaló para deliberación, votación y fallo del recurso el día 18 de Mayo de 2010.

Cuarto.-Que en la tramitación del presente recurso, se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La parte apelante, alega error en la valoración de la prueba, al no existir prueba respecto del error de consentimiento padecido al suscribir el acuerdo transaccional, con infracción del art.217 LEC, sosteniendo que existe prueba que acredita que la demandada conocía el carácter de cesionario del actor(docs. 1- 3 y 5-10 de la demanda). Como segunda alegación se recoge que la demandada con fecha 19/10/04, habiendo fallecido su padre en el mes de julio de dicho año, formalizó, como única compareciente, la escritura de declaración de herederos abintestato de su madre a favor de ella misma y de su hermano Marino, en dicha escritura (doc.1 de la demanda) consta la declaración como únicos y universales herederos por partes iguales a los citados. Por otro lado, el padre lega a Marino la legítima estricta. Se alega que la renuncia hecha a favor de uno de los hijos por el heredero es cesión de derechos, y no puede entenderse como abdicativa, ni sería admisible, ya que sería equipararla a la repudiación, y ésta conforme al art. 990 del C.ºc. no puede hacerse en parte, ni a plazo, ni condicionalmente, debiendo constar en instrumento público. Por otro lado, se alega que no cabe entender la renuncia, como se pretende por la parte contraria, ya que iría en perjuicio de terceros, los descendientes y sustitutos del heredero, prohibido por el art. 6.2 del C.ºc.

Se apoya en el carácter de la renuncia traslativa en la resolución de la DGRYN de 5/02/96.

Respecto de la herencia de la madre y el derecho de acrecer se alega la no aplicación del art. 981 del C.ª c., al no darse la repudiación que lo genera, siendo así que la aceptación fue expresa por la demandada, y además se da la aceptación tácita. En cuanto al derecho de acrecer en la suscesión testamentaria del padre, tampoco se daría ya que el padre previó en sus últimas voluntades la sustitución vulgar por los descendientes, art. 982 C.ºc. habiendo cedido también sus derechos el otro descendiente Iker a favor de Eulalio. Por tanto, se concluye que la cesión traslativa de derechos por el heredero D. Marino a favor de su hijo Eulalio hace que éste esté legitimado para entablar el procedimiento que culminó con el acuerdo transaccional, cuya nulidad se pretende en base a una falta de legitimación como heredero, cuando es evidente que fue suscrito con el cesionario de los derechos hereditarios.

Se alude a la libertad contractual, e infracción de los arts. 1.255, 1.256, 1.258 y 1.271 C.ºc. en relación con el art. 1.809 del mismo texto legal, al acuerdo transaccional, y a la interpretación y ejecución de los contratos, infracción de los arts. 1.281 a 1.289 C.ºc. En tal sentido se alega que en todos los procedimientos seguidos (acto de conciliación, demanda de jurisdicción voluntaria y demanda de juicio verbal), se hacía constar la legitimación, del hoy recurrente, como cesionario, por lo que no se puede alegar su desconocimiento ni error al respecto, y el acuerdo se alcanzó debidamente asesoradas las partes por sus profesionales.

Se alega infracción de las normas del ordenamiento jurídico por inaplicación de los artículos que regulan en el C.ºc. la transacción, 1.809 y ss y la doctrina legal que los cumplimentan, así como los arts. 1.261,1.265, 1.266 y 1.300 y su Jurisprudencia y la relativa en torno al error en la transacción. En este sentido se afirma, que frente al razonamiento de la sentencia de que la demandada prestó el consentimiento para el acuerdo porque creyó que el actor era heredero, y ello era esencial para la demandada, que tal eror no es esencial, ya que para suscribir el acuerdo es suficiente la condición de cesionario. Se cita Jurisprudencia al efecto y se concluye con la doctrina de los actos propios ya que fue la propia demandada, la que entregó en el acto dela firma del acuerdo 11.201,21 Euros mediante cheque bancario.

La contraparte se opone al recurso alegando que la prueba del error en la condición de heredero se recoge en el mismo acuerdo, y así se reconoce en la demanda en los fundamentos de derecho. Por otro lado, se alega que la escritura pública de renuncia se denomina como de renuncia de herencia no de cesión traslativa, y sólo cabe entender que la renuncia a la herencia se entiende como aceptada, cuando la renuncia se efectúa a favor de alguno o de todos los coherederos (art.1000 C.ºc.), y D. Marino no cede, dona o vende su derecho a favor de su hijo, supuesto en que si se entendería aceptada la herencia, sino que renuncia a favor del mismo. Por tanto, al renunciar a sus derechos en la herencia de la madre es de aplicación el art. 981 del C.ºc. acreciendo su parte a los coherederos, la demandada. Siendo así que el actor es heredero respecto de su abuelo, que ya lo instituía como tal caso de renuncia del padre, pero no respecto de su abuela, que muere intestada y, por tanto, la renuncia supone que la demandada sea la única heredera de la madre, y el acuerdo nulo. Aún cuando se entendiera que el padre renuncia aceptando sus derechos a favor de su hijo se sostiene que el acuerdo sería igualmente nulo, porque el actor recurrente no puede aceptar la herencia de sus abuelos, tal y como se señala en el documento, la aceptación de herencia está reservada a los herederos, art.1004 C.ºc. Solo los herederos pueden intervenir en la partición de la herencia, podrá el actor intervenir como cesionario, pero la partición debería estar suscrita por su padre y tía. La actuación del padre no puede ser sustituida porque el heredero que cede sus derechos sigue siendo heredero, no se produce una plena subrogación del cesionario en la posición del heredero cedente, ya que sobre éste sigue recayendo la obligación por el pasivo. En la cesión de los derechos hereditarios se producen dos transmisiones, la primera del acusante al heredero, la segunda del heredero al cesionario. Si éste pudiera sustituir en la herencia al cedente sólo existiría una transmisión del causante al cesionario. El acuerdo es igualmente nulo por proceder a una partición de herencias sin liquidar previamente la sociedad de gananciales de los finados, y aún no siendo así, la partición sería nula o no se podría ejecutar ya que si la masa hereditaria la forman un inmueble y la cantidad de 11.201,21 Euros, no puede adjudicarse en lapartición al actor la suma de 53.101,21 Euros, al no existir tal importe en la masa hereditaria.

Segundo.-Por lo que se refiere al error como vicio del consentimiento dice la sentencia del TS 24 de enero de 2003 EDJ 2003/2541 que "de acuerdo con la doctrina de esta Sala, para que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de error excusable, es decir, aquel que no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar el consentimiento, así lo entienden las sentencias de 14 EDJ 1994/1236 y 18 de febrero de 1994 EDJ 1994/1457, 6 de noviembre de 1996 EDJ 1996/7616 y 30 de septiembre de 1999 EDJ 1999/28214, señalándose en la penúltima de las citadas que "la doctrina y la jurisprudencia viene reiteradamente exigiendo que el error alegado no sea inexcusable, habiéndose pronunciamiento por su inadmisión, si este recae sobre las condiciones jurídicas de la cosa y en el contrato intervino un letrado, o se hubiera podido evitar el error con una normal diligencia"; con cita de otras varias, la sentencia de 12 de julio de 2002 EDJ 2002/27766 recoge la doctrina de esta Sala respecto al error en el objeto al que se refiere el párrafo 1.º del art. 1265 del Código Civil EDL 1889/1 y establece que "será determinante de la invalidación del contrato únicamente si reúne dos fundamentales requisitos:

a) Ser esencial porque la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste.

b) Que no sea imputable a quien lo padece y no haya podido ser evitado mediante el empleo, por parte de quien lo ha sufrido, de una diligencia media o regular teniendo en cuenta la condición de las personas, pues de acuerdo con los postulados de la buena fe el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por la declaración (sentencias de 18 de febrero EDJ 1994/1457 y 3 de marzo de 1994 EDJ 1994/1955 EDJ1994/1955)".

Por último sobre el dolo es sabido que su apreciación como vicio del consentimiento (art. 1269 CC), en cualquiera de sus manifestaciones, exige la concurrencia de dos requisitos, á saber, el empleo de negociación engañosa (vía acción u omisión) y la inducción que tal comportamiento ejerce en la voluntad de la contraparte que la determina a efectuar un negocio que de otra forma no hubiese realizado. Tiene al respecto declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo que el dolo ha de ser grave y que no se presume, debiendo ser cumplidamente acreditado por quien lo invoca (SS de 21 de mayo de 1982 EDJ1982/3227, 22 de enero de 1988 y 23 de mayo de 1996 EDJ1996/2708).

Por otro lado recordar que la transacción es un contrato dirigido a superar una controversia jurídica y para ello las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado (art. 1809 CC). Los elementos que derivan de esta definición son: 1) Relación anterior incierta en la que hay una posibilidad o una causa litigiosa. En realidad no es necesario que haya un pleito inminente, ni que exista una incertidumbre objetiva que pudiera apreciar un técnico en Derecho. Basta con que subjetivamente se entienda que hay una incertidumbre. Eso sí, lo anterior habrá que matizarlo teniendo en cuenta la posible presencia de vicios del consentimiento, concretamente de error o dolo. Se puede realizar la transacción sobre todo los derechos controvertidos o dudosos si son susceptibles de disposición y renuncia y están dentro del comercio. No se puede transar sobre, por ejemplo, la acción pública para que se imponga una pena legal (art. 1813 CC), pero sí sobre la acción de responsabilidad civil ex delicto, que es una responsabilidad de naturaleza claramente civil. 2) Intención de sustituir la relación incierta anterior por una relación cierta e incontestable, de tal manera que la transacción puede parecerse a una novación extintiva. 3) Recíproca concesión o sacrificio mutuo. Si sólo una parte abandona su pretensión estaremos ante un allanamiento, una renuncia o un reconocimiento unilateral, pero no ante la transacción. Dentro de la transacción se distingue la extrajudicial de la judicial. La transacción, dice el art. 1816, "tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial". La transacción judicial, más que un procedimiento judicial especial, es un contrato que llega al conocimiento del Juez que le transfiere la naturaleza de judicial. Actualmente la transacción se ha visto impulsada desde la LEC, pues el intentar alcanzarla es uno de los objetivos de la Audiencia previa (arts. 414 y siguientes LEC). De esta manera la transacción judicial puede fundar una acción ejecutiva (art. 517 LEC), lo que completa la eficacia de la "la autoridad de cosa juzgada" común a todas las transacciones. La transacción extrajudicial tiene los efectos propios del contrato. Por supuesto que dentro del mismo se encuentra la obligación de no plantear de nuevo el mismo caso, lo que se articula a través de la exceptio litis per transactionem finitae, análoga a la de cosa juzgada, al igual que existe la obligación de realizar las prestaciones que es exigible en los Tribunales. Pero todo lo anterior es aplicable en cuanto que contrato, mientras que en la transacción judicial sería equiparable una sentencia firme.

Como señala la STS de 30/11/09: "El acuerdo adoptado se ajusta plenamente a una de las posibilidades de la transacción: la de poner término a un litigio (SS. 21 de octubre de 1.997, 27 de noviembre de 1.987), eliminar un pleito (SS. 8 de marzo de 1.962 4 de noviembre de 1.969), terminar con la controversia judicial pendiente (SS. 16 de mayo de 1.991, 13 de octubre de 1.997). Esa ha sido, y no otra, la intención común de los contratantes, según se deduce de los términos del acuerdo ¿transacción".

Tercero.-Teniendo en cuenta las precisiones doctrinales y jurisprudenciales precedentes ha de señalarse, en primer lugar, que no existe prueba alguna que acredite que la demandada padeciese el error como vicio del consentimiento que se predica, y ello, por un lado, porque tanto en la demanda de acto de conciliación como en la posterior demanda de jurisdicción voluntaria, como en el procedimiento verbal que culminó con el acuerdo de transacción suscrito, en ningún momento se atribuye el actor la condición de heredero en los términos que llevasen a la demandada a considerar que su sobrino suscribía el acuerdo en condición de tal heredero, argumento éste que es el que se sostiene, principalmente, por la demandada para sostener la nulidad del acuerdo suscrito y que obra en el doc. n.º 10 aportado con la demanda.

Por otro lado, es fundamental reseñar que dicho acuerdo se suscribe con la participación de los Letrados y Procuradores de ambas partes, y que el mismo se acuerda con la finalidad de solucionar transaccionalmente el juicio, así se recoge expresamente en el acuerdo transaccional de fecha 27 de abril de 2007, (folio 81 de las actuaciones).

A mayor abundamiento, es preciso recordar que si la parte sostiene que tal acuerdo lo habremos de considerar como de partición hereditaria, y ello no sería factible por los argumentos expuestos en el fundamento primero de la presente resolución, debemos concluir que no cabe estimar, que el objeto de dicho acuerdo pueda calificarse de tal, sino de una voluntad conjunta de la partes de proceder a la división y adjudicación de unos bienes, por cuanto es cosa sabida que para llevar a cabo las operaciones de la partición se hace necesario practicar un inventario de todos los bienes que forman parte del activo y también una relación de todas las deudas de la herencia para, después del avalúo, llevar a cabo las adjudicaciones singulares de los bienes y no existen datos en la causa que permita llevar a cabo tales operaciones de inventario, avalúo, liquidación y adjudicación de bienes del caudal relicto.

A ello hemos de añadir que invocada la doctrina de los actos propios, es cierto que la doctrina de los actos propios tiene su fundamento último en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y autolimita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2000;, que cita las Sentencias del Tribunal Constitucional 73 y 198/1988, y el Auto del Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 1993; RTC 77/1993).

Aunque la conducta previa contra la que no se puede ir posteriormente ha de tener ciertos caracteres, y así la jurisprudencia había ya recogido la necesidad de la relevancia jurídica de la conducta, afirmando que los actos deben ser reveladores de alguna manera del designio de decidir la situación jurídica de su autor, y en cuanto a la significación jurídica del acto anterior es menester que ésta pueda ser valorada objetivamente como índice de una actitud adoptada respecto a la situación jurídica en la cual ha sido realizada.

En esta línea, es doctrina reiterada (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1990, 5 de marzo de 1991, 4 de junio de 1992, 12 de abril de 1993, y 30 de mayo de 1995) que son actos propios los caracterizados por una clara, expresa, y concluyente manifestación de voluntad encaminada a crear, modificar o extinguir algún derecho, siendo el propio acto revelador de la voluntad expresa del autor o de la voluntad tácita deducible de los actos inequívocos realizados. Y los actos propios para vincular a su autor, han de ser inequívocos y definitivos, en el sentido de crear, establecer y fijar una determinada situación jurídica, causando estado (Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1995, 30 de septiembre de 1996, y 20 de junio de 2002;, 6821/1996, y 5230/2002)y existe en el presente supuesto constancia de que es la propia parte demandada, la que entregó en el acto de la firma del acuerdo 11.201,21¿ mediante cheque bancario.

Lo expuesto conlleva la estimación del recurso.

Cuarto.-Deben imponerse las costas de la instancia a la parte demandada y sin expresa declaración en cuanto a las de esta alzada, arts. 394 y 398 LEC.

Vistos los artículos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y en virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey


FALLAMOS


 
Que estimando el recurso de apelación formulado por la representación de D. Eulalio, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de los de Durango en autos de Procedimiento Ordinario n.º 212/08 de fecha 27 de Julio de 2009, debemos revocar como revocamos dicha resolución dictando otra en su lugar por la que estimando la demanda interpuesta por D. Eulalio frente a D.ª Edurne, debiendo condenar a dicha parte demandada a abonar a la actora la suma de 41.900 Euros, intereses desde la presente, costas de la instancia y sin expresa declaración en cuanto a las de esta alzada.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia con testimonio de la misma, para su ejecución y cumplimiento.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta sentencia no cabe recurso, a salvo el de Casación ante la Sala de los Civil del Tribunal Supremo si se acredita el interés casacional (art. 477.3 y 481.2 de la LECn). En este caso habría tambien recurso extraordinario por infracción procesal ante la misma Sala (Disposición Final decimosexta de la LECn).

Uno y otro recurso se prepararán mediante escrito presentado en este Tribunal dentro de los cinco días siguientes a la notificación (artículos 470 y 479 de la LECn).

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los/as Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as que la firman y leída por el/la Ilmo/a. Magistrado/a Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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