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Sentencia A.P. La Coruña 178/2010 de 20 de mayo


 RESUMEN:

Montes vecinales en mano común: Las actores, en su condición de vecinos con casa abierta, desde tiempo inmemorial, y a título de dueños, dicen ser poseedores de los montes vecinales en mano común. Los demandantes han de acreditar que son vecinos, con casa abierta con humo, es decir, que ha de ser la residencia habitual, titular de una unidad económica y que aproveche el monte tradicionalmente, ejerciendo alguna actividad relacionada con dicho monte, lo que excluye a quienes no están vinculados de forma más o menos permanente al mundo agrícola de la zona. La condición de comunero no se identifica con la vecindad administrativa. El origen real de la institución es la vinculación del vecino a la casa y de la casa al monte. En Galicia existen varias figuras de posesión comunal de montes como Montes de varios vecinos.

A CORUÑA

SENTENCIA: 00178/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION 483/2008

SENTENCIA

PRESIDENTE ILMO. SR.

DON JUAN ÁNGEL RODRÍGUEZ CARDAMA

MAGISTRADOS ILMOS. SRES.

DOÑA MARÍA JOSÉ PÉREZ PENA

DON RAFAEL JESÚS FERNÁNDEZ PORTO GARCÍA

En La Coruña, a veinte de mayo de dos mil diez.

Visto el presente recurso de apelación tramitado bajo el número 483 de 2008, por la Sección Tercera de esta Ilma. Audiencia Provincial, constituida por los Ilmos. señores Magistrados que anteriormente se relacionan, interpuesto contra la sentencia dictada el 4 de junio de 2007 en los autos de juicio de menor cuantía, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Betanzos, ante el que se tramitaron bajo el número 109/1996, en el que son parte:

A) Como APELANTES, los demandantes:

a) DOÑA Inés y DON Segismundo, mayores de edad, vecinos de Monfero (La Coruña), con domicilio en la parroquia de Queixeiro, lugar de DIRECCION000, NUM000, provistos de los documentos nacionales de identidad números NUM001 y NUM002 respectivamente, como sustitutos procesales del inicialmente demandante don Anselmo, mayor de edad, vecino que fue de Monfero (La Coruña), habiendo tenido su domicilio en la parroquia de Queixeiro, lugar de DIRECCION000, y que tenía asignado el documento nacional de identidad número NUM003; que no se personaron ante esta Audiencia.

b) DON Eloy, mayor de edad, vecino de A Capela (La Coruña), con domicilio en la parroquia de Santiago de A Capela, lugar de DIRECCION001, NUM004, provisto del documento nacional de identidad número NUM005; que no se personó ante esta Audiencia.

c) DON Ildefonso, mayor de edad, vecino de Monfero (La Coruña), con domicilio en la parroquia de Queixeiro, lugar de DIRECCION000, provisto del documento nacional de identidad número NUM006; que no se personó ante esta Audiencia.

d) DON Oscar, mayor de edad, vecino que fue de Monfero (La Coruña), con domicilio en la parroquia de San Fiz de Monfero, lugar de DIRECCION002, NUM000, provisto del documento nacional de identidad número NUM007; fallecido el 22 de julio de 2009, sin que se haya regularizado su situación procesal; y sin que se personase ante esta Audiencia.

e) DON Juan María, mayor de edad, vecino de Monfero (La Coruña), con domicilio en la parroquia de San Fiz de Monfero, lugar de DIRECCION003, provisto del documento nacional de identidad número NUM008; que no se personó ante esta Audiencia.

f) DON Arsenio, mayor de edad, vecino que fue de Monfero (La Coruña), con domicilio en la parroquia de Queixeiro, lugar de DIRECCION000, NUM009, provisto del documento nacional de identidad número NUM010; fallecido el 16 de abril de 2008, sin que se haya regularizado su situación procesal; y sin que se personase ante esta Audiencia.

Quienes manifestaron actuar en beneficio de "Comunidades de Vecinos de las Parroquias de San Fiz de Monfero y San Xurxo de Queixeiro".

B) Como APELADOS:

1.º- Los demandados:

a) DON Eusebio, mayor de edad, vecino de Monfero (La Coruña, con domicilio en la parroquia de San Fiz de Monfero, lugar de DIRECCION004, NUM011, provisto del documento nacional de identidad número NUM012, que no se personó ante esta Audiencia.

b) DOÑA Cristina, esposa del anterior, mayor de edad, vecina de Monfero (La Coruña), con domicilio en la parroquia de San Fiz de Monfero, lugar de DIRECCION004, NUM011, provista del documento nacional de identidad número NUM013, en situación procesal de rebeldía en la instancia.

c) Los cónyuges DON Ricardo y DOÑA María, mayores de edad, vecinos de La Coruña, con domicilio en La Coruña, calle DIRECCION005, NUM014 - DIRECCION006, provistos de los documentos nacionales de identidad número NUM015 y NUM016, representados por el procurador don Juan Lage Fernández-Cervera, bajo la dirección del abogado don Ignacio Fernández Lage.

d) DON Pablo Jesús, mayor de edad, mayor de edad, vecino que fue de Santiago de Compostela (La Coruña), con domicilio en la calle DIRECCION007, NUM017, provisto del documento nacional de identidad número NUM018, fallecido el 24 de agosto de 2008, sin que se haya regularizado su situación procesal, y que no se personó ante esta Audiencia.

e) DOÑA Carlota, mayor de edad, vecina de Santiago de Compostela (La Coruña), con domicilio en la calle DIRECCION008, NUM019, provista del documento nacional de identidad número NUM020, representada por la procuradora doña María del Pilar Castro Rey.

f) DOÑA Felicidad, mayor de edad, incapacitada judicialmente según se deduce de los autos, y de la que era tutor don Pablo Jesús, vecina que fue de Santiago de Compostela (La Coruña), con domicilio en la DIRECCION008, NUM019 - NUM000, provista del documento nacional de identidad número NUM021, fallecida el 16 de enero de 2008, sin que se haya regularizado su situación procesal, declarada en rebeldía en la instancia.

h) DON Joaquín, mayor de edad, vecino de Carballo (La Coruña), con domicilio en la parroquia de Lema, lugar de DIRECCION009, Baldaio, provisto del documento nacional de identidad número NUM022, en situación procesal de rebeldía en la instancia.

i) DOÑA Virtudes, mayor de edad, incapacitada judicialmente, y de la que era tutor don Pablo Jesús, vecina de Coristanco (La Coruña), con domicilio en la parroquia de Xaviña, lugar de DIRECCION010, provista del documento nacional de identidad número NUM023, en situación de rebeldía en la instancia.

j) DON Victoriano, mayor de edad, vecino de Vigo (Pontevedra), con domicilio en la calle DIRECCION011, NUM024 - NUM025, provisto del documento nacional de identidad número NUM026, en situación procesal de rebeldía en la instancia.

k) DON Adrian, mayor de edad, vecino de Dumbría (La Coruña), con domicilio en la parroquia de San Martín de Olveira, lugar de DIRECCION012, provisto del documento nacional de identidad número NUM027, en situación procesal de rebeldía.

l) DON Darío, mayor de edad, que al parecer es vecino de Mayague (Puerto Rico), con domicilio en la urbanización " DIRECCION013 ", calle DIRECCION014 NUM028, con nacionalidad de EEUU, en situación procesal de rebeldía en la instancia.

m) EL FISCAL

2.º- Los citados de evicción por los demandados don Pablo Jesús y doña Carlota:

a) ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

b) XUNTA DE GALICIA, representada por el Letrado de la Xunta de Galicia.

c) EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LA CORUÑA, que no se personó ante esta Audiencia.

d) DON Mario, mayor de edad, vecino que fue de La Coruña, habiendo tenido su domicilio en la calle DIRECCION015, NUM029, provisto del documento nacional de identidad número NUM030, fallecido el 15 de marzo de 2007, sin que se hubiese regularizado su situación procesal, en situación procesal de rebeldía en la instancia.

e) DOÑA María Purificación, viuda del anterior, mayor de edad vecina de La Coruña, con domicilio en la calle RONDA000, NUM031, NUM032, provista del documento nacional de identidad número NUM033, en situación procesal de rebeldía en la instancia.

f) Los cónyuges DON Victorio y DOÑA Claudia, mayores de edad, vecinos de La Coruña, con domicilio en la calle DIRECCION016, NUM034 - NUM035, provistos de los documentos nacionales de identidad números NUM036 y NUM037 respectivamente; ambos en situación procesal de rebeldía en la instancia.

g) El ya reseñado don Eusebio y su esposa DOÑA Cristina, mayor de edad, vecina de Monfero (La Coruña), con domicilio en la parroquia de San Fiz, lugar de DIRECCION004, provista del documento nacional de identidad número NUM013, declarada en situación procesal de rebeldía en la instancia.

h) DON Ezequiel, mayor de edad, vecino que fue de La Coruña, con domicilio en la calle DIRECCION017, NUM038 - NUM039, provisto del documento nacional de identidad número NUM040, fallecido el 11 de noviembre de 1999, sin que se haya regularizado su situación procesal, declarado en rebeldía en la instancia.

i) DOÑA Carmen, mayor de edad, vecina que fue de La Coruña, con domicilio en la DIRECCION017, NUM041 - NUM042, provista del documento nacional de identidad número NUM043, que por su fallecimiento el 9 de septiembre de 1994 se emplazó a sus herederos desconocidos e inciertos, también en situación procesal de rebeldía en la instancia.

j) DON Secundino, mayor de edad, vecino de La Coruña, con domicilio en la calle DIRECCION018, NUM044 - DIRECCION019, provisto del documento nacional de identidad número NUM045, en situación procesal de rebeldía en la instancia;

l) DOÑA Serafina, mayor de edad, vecina de La Coruña, con domicilio en la calle DIRECCION020, DIRECCION021 - DIRECCION022, provista del documento nacional de identidad número NUM046, en situación procesal de rebeldía en la instancia;

m) DON Emilio, mayor de edad, vecino de La Coruña, con domicilio en la calle DIRECCION023, NUM047, DIRECCION024; o en la DIRECCION017, NUM038 - NUM039, provisto del documento nacional de identidad número NUM074, en situación procesal de rebeldía en la instancia.

n) Y DON Roberto, mayor de edad, vecino de Ames (La Coruña), con domicilio en la parroquia de Ortoño, lugar de Bertamirans, rúa DIRECCION025, NUM048, portal NUM011, DIRECCION026, provisto del documento nacional de identidad número NUM049, en situación procesal de rebeldía en la instancia

3.º- Los citados de evicción por don Ricardo:

a) DOÑA Antonieta, mayor de edad, vecina que fue de La Coruña, con domicilio en la calle DIRECCION027, NUM019, provista del documento nacional de identidad número NUM075, fallecida el 19 de agosto de 1999, en situación procesal de rebeldía en la instancia.

b) DON Gonzalo, mayor de edad, vecino que fue de Neda (La Coruña), que por su fallecimiento fueron emplazados su viuda DOÑA Lorena, mayor de edad, vecina que fue de Neda (La Coruña), con domicilio en la avenida DIRECCION028, NUM038 - NUM025, provista del documento nacional de identidad número NUM050, fallecida el 11 de julio de 2001, sin que se haya regularizado su sucesión procesal; y su hija DOÑA María del Pilar, mayor de edad, vecina de Neda (La Coruña), con domicilio en Avenida de DIRECCION029, NUM051 - NUM000, provista del documento nacional de identidad número NUM052, ambas en situación procesal de rebeldía.

c) DON Juan Ramón, mayor de edad, vecino de fue de Cabanas (La Coruña), que por su fallecimiento se emplazó a sus hijas DOÑA Eulalia, mayor de edad, vecina de Ferrol (La Coruña), con domicilio en la calle DIRECCION030, NUM053 - NUM054, NUM011, provista del documento nacional de identidad número NUM055; y DOÑA Penélope, mayor de edad, vecina de A Capela (La Coruña), con domicilio en la parroquia de Santiago de A Capela, lugar de DIRECCION001, provista del documento nacional de identidad número NUM056, ambas en situación procesal de rebeldía en la instancia.

d) DOÑA María Esther, mayor de edad, vecina que fue de Neda (La Coruña), y por su fallecimiento se emplazó a sus hijos, DOÑA Berta, mayor de edad, vecina de Neda (La Coruña), Avenida DIRECCION031, NUM057, provista del documento nacional de identidad número NUM058; y DON Indalecio, mayor de edad, vecino de Ferrol, con domicilio en la calle DIRECCION032, NUM059 - NUM060, DIRECCION033, provisto del documento nacional de identidad número NUM061, ambos en situación procesal de rebeldía en la instancia.

4.º- Los demandados contra los que se amplió la demanda:

a) DON Ceferino, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

b) DON Feliciano, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

c) DON Jesús, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

d) DON Octavio, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

e) DON Víctor, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

f) DON Juan Enrique, que en realidad se llamaría Romualdo, fallecido, y padre del demandante don Arsenio.

g) DON Balbino, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

h) DON Doroteo, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

i) DON Inocencio, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

j) DON Gonzalo, que en realidad es el causante del demandado don Ricardo, casado con doña María, y que fue citado de evicción.

k) DON Rodolfo, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

l) DOÑA Debora, cuya existencia real no consta, emplazada por edictos y declarada en rebeldía en la instancia.

n) DON Luis Alberto, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

ñ) DOÑA Antonieta, que en realidad es causante de don Ricardo, y fue citada de evicción.

o) DON Amadeo, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

p) DON Efrain, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

q) DON Higinio, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

r) DON Miguel, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

s) DON Valentín, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

t) DOÑA Angelica, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

u) DON Adriano, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

v) DON Carmelo, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

w) DOÑA Guadalupe, cuya existencia real no consta, emplazada por edictos y declarada en rebeldía en la instancia.

x) DON Gabriel, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

y) DON Feliciano, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

z) DON Jesús, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

a') DON Pio, cuya existencia real no consta, emplazado por edictos y declarado en rebeldía en la instancia.

Versando las actuaciones sobre declaración de que determinados montes tienen el carácter de vecinales en mano común, y subsiguiente nulidad radical de los títulos de dominio que sobre determinadas parcelas de los mismos puedan ostentar los demandados; habiéndose fijado una cuantía de 22.659.060 pesetas.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Aceptando los de la sentencia de 4 de junio de 2008, dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Betanzos, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimar íntegramente las acciones ejercitadas por D. Anselmo (sustituido procesalmente por fallecimiento por D.ª Inés y D. Segismundo), D. Eloy, D. Ildefonso, D. Oscar, D. Juan María y D. Arsenio contra D. Pablo Jesús y D.ª Carlota, D. Ricardo y D. Eusebio, D.ª Adriana, D.ª Concepción, D.ª Felicidad, D. Joaquín, D.ª Virtudes, D. Victoriano, D. Adrian y D. Darío; D. Mario, D.ª María Purificación; D.ª Cristina, D. Ezequiel, herederos desconocidos e inciertos de doña Carmen, D. Secundino, D.ª Serafina, D. Emilio, D. Roberto, D.ª Antonieta, don Gonzalo (habiendo sido emplazados por su fallecimiento D.ª Lorena, y D.ª María del Pilar); D. Juan Ramón (sus herederos D.ª Eulalia y D.ª Penélope) y D.ª María Esther (habiendo sido emplazados por su fallecimiento D.ª Berta y D. Indalecio); D. Victorio y D.ª Claudia; D.ª María; Diputación Provincial de A Coruña; Xunta de Galicia y Ministerio Fiscal, Administración General del Estado, Cristina, Ceferino, Feliciano, Jesús, Octavio, Víctor, Doroteo, herederos de Inocencio, Gonzalo, herederos de Rodolfo, Debora, Luis Alberto, Antonieta, Amadeo, Efrain, Higinio, Miguel, Valentín, Angelica, Adriano, Carmelo, Pedro Antonio, Gabriel, Feliciano, Jesús, Pio.

Todo ello con condena en costas a la parte demandante".

Segundo.-Presentado escrito preparando recurso de apelación por doña Inés y don Segismundo, don Eloy, don Ildefonso, don Oscar, don Juan María y don Arsenio, se dictó providencia teniéndolo por preparado, emplazando a la parte para que en término de veinte días lo interpusiera, por medio de escrito. Deducido en tiempo el escrito interponiendo el recurso, se dio traslado por término de diez días, presentándose por la representación de don Pablo Jesús y doña Carlota, por la de doña María y don Ricardo, por la de don Victorio, por el Ministerio Fiscal y por el Abogado del Estado, escritos de oposición. Con oficio de fecha 31 de julio de 2008 se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes.

Tercero.-Recibidas las actuaciones en esta Audiencia con fecha 1 de septiembre de 2008, fueron turnadas a esta Sección, donde se registraron bajo el número 483/2008, y se dictó providencia admitiendo el recurso, mandando formar el correspondiente rollo, designando ponente, devolviendo los autos para subsanar defectos procesales, y acordando esperar el término del emplazamiento. Se personó en esta alzada el procurador don Juan Lage Fernández Cervera en nombre y representación de don Ricardo y doña María, en calidad de apelado; y efectuando de igual modo su personamiento la procuradora doña María del Pilar Castro Rey, en nombre y representación de doña Carlota, en calidad de apelada; también se personó el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Se tuvo por personados a los mencionados, en las representaciones que respectivamente acreditaban, y no habiéndose personado ante esta Audiencia ni los apelantes doña Inés, don Segismundo, don Eloy, don Ildefonso, don Oscar, don Juan María y don Arsenio, ni el demandado don Eusebio, ni los citados de evicción Xunta de Galicia, Diputación Provincial de La Coruña, se acordó que no se les notificaría ninguna resolución salvo la que pusiera término a la apelación. Recibidos los autos nuevamente el 14 de noviembre de 2008, quedó el recurso pendiente de señalamiento para votación y fallo cuando por turno correspondiese. Por providencia de 19 de octubre de 2009 se señaló para votación y fallo el pasado día 6 de abril de 2010.

Cuarto.-En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido al volumen de las actuaciones; y, siendo ponente el Ilmo. Sr. magistrado don RAFAEL JESÚS FERNÁNDEZ PORTO GARCÍA, quien expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se aceptan en términos generales los de la sentencia apelada, y en cuanto no contradigan los que se exponen a continuación.

Segundo.-Hechos probados y objeto del litigio: La cuestión litigiosa planteada puede resumirse en los siguientes términos:

I.- El 11 de abril de 1996 don Anselmo, don Eloy, don Ildefonso, don Oscar, don Juan María y don Arsenio, formularon demanda en juicio de menor cuantía contra don Eusebio, don Ricardo, don Pablo Jesús, doña Carlota, doña Felicidad, don Joaquín, doña Virtudes, don Victoriano, don Adrian y don Darío, manifestando actuar en beneficio de una supuestas "Comunidades de Vecinos de las Parroquias de San Fiz de Monfero y San Xurxo de Queixeiro", en el término municipal de Monfero (La Coruña), ejercitando una acción declarativa de dominio, en la que exponían:

1.º- Como vecinos con casa abierta, desde tiempo inmemorial, y a título de dueños, venían en la posesión, con el carácter de montes vecinales en mano común, de las fincas que se describían así:

a) "AYUNTAMIENTO DE MONFERO (La Coruña).- PARROQUIAS DE SAN XURXO DE QUEIXEIRO y SAN FIZ DE MONFERO.- LUGARES DE DIRECCION000, DIRECCION003 y DIRECCION002.- Terreno destinado a monte bajo, tojal y peñascal al sitio que llaman DIRECCION000, DIRECCION002 y DIRECCION003, que ocupa una superficie de ciento ochenta y seis áreas y treinta y nueve centiáreas, equivalentes a tres mil cuatrocientos un ferrados y un tercio de otro, que linda: NORTE y OESTE, relacionados de norte a sur: caudal del río Eume, Fragas del Eume, terreno de Ricardo, herederos de Efrain, camino público que conduce desde San Bartolomé a los Mosqueiros, Juan Ramón, Efrain, Ricardo, herederos de Juan Enrique, Eloy, Inocencio, Octavio, Eloy, Jesús, Octavio, Eloy, Octavio, Leovigildo, Baldomero, Leovigildo, Geronimo, Valentín, Inocencio, camino de servicio, Jesús, Rodolfo, Valentín y Lucas; por el SUR, relacionados de oeste a este: Lucas, María Antonieta, Pelayo, herederos de Jesus Miguel, y herederos de Isidoro; y ESTE, relacionados de norte a sur: cauce del río Eume, presa y embalse de dicho río, Valentín, Ricardo, Fermín, Ricardo, desconocido, Vicente, Imanol, Feliciano, herederos de Higinio, Ricardo, herederos de María Antonieta, herederos de Carlos Miguel, herederos de Ezequias, Pelayo, herederos de Rodolfo, y montes de los vecinos de Sanguiñedo".

En esta fundo estarían enclavadas cinco parcelas de propiedad privativa: Una finca de 12 ferrados, propiedad de doña Guadalupe; otra de 4 ferrados de don Lucas; otras de NUM000 ferrados de don Octavio; la cuarta, de 38 ferrados de don Ricardo; y la última, de 19 ferrados, de don Valentín.

b) "AYUNTAMIENTO DE MONFERO (La Coruña).- PARROQUIAS DE SAN XURXO DE QUEIXEIRO.- LUGAR DE DIRECCION000.- Monte en tres porciones al sitio que llaman do LEIRON, de superficie dos hectáreas cuarenta y tres áreas y treinta y una centiáreas, equivalentes a cuarenta y cuatro ferrados y dos quintos de otro. Linda el conjunto de las tres porciones: NORTE, herederos de Miguel y herederos de Antonieta; SUR, herederos de Romualdo, Fausto, herederos de Jesús Manuel, pista que sube desde la central del Eume a San Bartolomé, y una porción de monte de herederos de Miguel; ESTE, herederos de Miguel, herederos de Romualdo, Fausto, y herederos de Jesús Manuel; y OESTE, antiguo camino conocido por "camino do Leirón" y una porción de monte de herederos de Miguel ".

Debe destacarse que la descripción de ambas fincas es de tipo acomodaticio y totalmente nueva. Se encargó en abril de 1992 a un ingeniero técnico agrícola que describiese las fincas por ellos señaladas, y de ahí se obtuvo la descripción que relacionan.

2.º- El 9 de junio de 1992 solicitaron del Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano Común que se declarase esa condición de los fundos anteriormente reseñados. Tras la tramitación administrativa del correspondiente expediente, el 23 de mayo de 1995 el Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano Común de La Coruña, dictó resolución en la que se mencionaba que "tras un reconocimiento sobre el terreno, por su configuración física como fincas abiertas, pueden apreciarse indicios de que pudieran tener un origen comunal... si bien no pueden observarse vestigios de aprovechamientos remotos practicadas por las comunidades vecinales... en el informe emitido por el Sr. Alcalde de Monfero... se deja constancia de que "de tiempo inmemorial las indicadas parroquias han venido realizando aprovechamientos de carácter vecinal en los mismos, tales como leñas, esquilmos, pastos"... durante la tramitación se constató la existencia de titulares registrales de las fincas cuya ubicación coincide con la totalidad de las parcelas solicitadas...", para terminar acordando "no ha lugar a pronunciarse sobre la calificación como vecinal en mano común...".

3.º- La razón del ejercicio de la acción reivindicatoria era que los demandados se llamaban a la titularidad de diversas parcelas en dichos montes, concretamente:

a) Los hermanos Adrian Virtudes Felicidad Victoriano Darío Joaquín Pablo Jesús Carlota, que se consideraban propietarios, en la forma que se dirá, de las siguientes parcelas:

1) Un monte a tojal en la parroquia de San Xurxo de Queixeiro, lugar de DIRECCION000 (término municipal de Monfero), al sitio que llaman DIRECCION037, de 115 323 m2.

2) Un monte a tojal en la parroquia de San Xurxo de Queixeiro, lugar de DIRECCION000 (término municipal de Monfero), al sitio que llaman DIRECCION037, que en la actualidad sólo les pertenecería el resto de la matriz que se mensura en 301 868 m2.

b) Don Eusebio y a su esposa doña Cristina, serían titulares dominicales de una porción de 15 750 m2, segregada de la reseñada con el número 2 precedente.

c) Las pertenecientes a don Ricardo y su esposa doña María, que al parecer serían las cuatro siguientes:

1) Monte " DIRECCION035 ", de 3 288 m2.

2) Monte " DIRECCION036 " de 5 480 m2.

3) Monte " DIRECCION000 ", de 66 200 m2.

4) Monte " DIRECCION037 ", de 5.503 m2.

Terminaban suplicando que se dictase sentencia declarando que los mencionados montes tiene el carácter de vecinales en mano común, pertenecientes a los vecinos de las parroquias de San Xurxo de Queixeiro y San Fiz de Monfero; así como la nulidad radical de los títulos que pudieran ostentar los demandados, cancelando los asientos registrales.

4.º- Para fundamentar su pretensión acompañaban los siguientes documentos:

a) Fotocopias de lo que se decía que era copia parcial de una escritura pública otorgada en el año 1974, en la que se protocolizaba una partición hereditaria, en la que, al describir una finca sita en la parroquia de San Fiz, con el nombre de " DIRECCION034 " se mencionaba que por el este lindaba con "montes vecinales".

b) Fotocopias de lo que se decía que decía que era copia parcial de un escritura pública otorgada en el año 1983, en la que se protocolizaba una partición hereditaria, en la que al describir una finca al sito de "Monte Meao", se recoge que por el sur y oeste linda con "montes comunes"; en una fraga, al sitio "Da Bachuqueira", que supuestamente linda por el norte, sur y oeste con "montes comunes"; un trozo de monte bajo peñascoso, al sitio de " DIRECCION000 ", que lindaría por todos sus vientos con "montes comunales de los vecinos de San Bartolomé"; y otro trozo de monte, en la parroquia de San Bartolomeu, al sitio "da Portixola", que lindaría por el sur y este con "montes comunes".

c) Fotocopias de parte de un cuaderno particional no protocolizado, supuestamente datado al año 1954, en el que al describir una finca de monte en el lugar de Cancela", se dice que linda por este y oeste con "montes vecinales"; al relacionar una finca en el lugar de "Enxertado", se recoge que por el sur, en plano superior, lindaría con "montes vecinales".

d) Fotocopias de lo que aparenta ser parte de una copia parcial de una escritura de protocolización de un cuaderno particional, otorgada en 1971, en la que al describir una porción de monte denominada "Fonte Lagoa", se relaciona que por el sur lindaría con "montes vecinales".

e) Fotocopias de lo que sería parte de una copia de una escritura de protocolización de una partición hereditaria, otorgada en 1953, en la que al describir la parcela de monte en el lugar de "Enxertado", se plasma que por el oeste lindaría con "montes vecinales".

f) Fotocopias de lo que sería parte de una copia de escritura de protocolización de una partición, otorgada en 1958, en la que al adjudicar: Una parcela de monte en donde llaman "Fonte Lagoa", se dice que por el sur linda con "montes vecinales"; una parcela de monte y prado, al sitio de " DIRECCION037 ", se recoge que linda por el sur con "montes vecinales"; otra, también de monte, al sitio de "Cortixo", que linda por el este con "montes vecinales", una finca, a monte, al sitio "Da Choza", que linda por el sur con "monte de varios partícipes"; una parcela, al mismo sitio, que linda por el sur con "monte de varios partícipes"; un fundo al sitio de "Monte Meao", que linda por el sur con "montes vecinales"; una finca al sitio de "Encima do Cargadoiro", que linda por el este con "montes vecinales"; una parcela al sitio de "Fonte Pallar", que linda por el Norte con "monte de varios vecinos".

g) Fotocopias de parte de una escritura notarial de protocolización de una partición, otorgada en 1953, en la que al describir una finca se menciona que linda por el norte con "montes abiertos".

h) Fotocopias de parte de una escritura notarial otorgada el 7 de julio de 1919, en la que la testadora confecciona su partición, en la que al realizar las adjudicaciones, a una porción de fraga destinada a robledal, al sitio de "Texoeira", indica que por el oeste linda con "montes de bocería"; así como una parcela en "Coba", que también linda por el oeste con "monte de bocería",

i) Fotocopias de los edictos publicados por la Sra. Registradora de la Propiedad de Pontedeume (La Coruña), en el trámite de inmatriculación de fincas por el cauce del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, promovido por don Ricardo, en el que al describir las fincas "Pena da Rama", "Monte Meao" al sitio de San Bartolomeu, se hacía constar que por uno de sus linderos era con "monte de San Bartolomé".

II.- Admitida a trámite la demanda y emplazados los demandados:

1.º- El 24 de mayo de 1996 los demandados don Pablo Jesús y doña Carlota, se personaron en el procedimiento, y al amparo de lo previsto en el artículo 1482 del Código Civil, solicitaron que se llamara de evicción a la Administración General del Estado, Xunta de Galicia, don Mario, doña María Purificación, don Victorio, doña Claudia, don Eusebio, doña Cristina, don Ezequiel, doña Carmen, don Secundino, doña Serafina, don Emilio, don Roberto y Diputación Provincial de La Coruña. Se fundamentaba en que:

El Sr. Recaudador de Contribuciones de la zona de Betanzos, en expediente de apremio seguido contra "los vecinos de San Andrés, Guilfonso y Castiñeira" del término municipal de Monfero, eran deudores por el concepto de contribución rústica, correspondiente a los años 1958 a 1962, a los que se acumularon posteriormente los débitos de los años 1964 y 1965. Interesado del Ayuntamiento información sobre los nombres de los vecinos de esos lugares, y obtenida la información, se requirió de pago a los vecinos, se decretó posteriormente el embargo de una parcela de monte en la parroquia de San Bartolomeu, al sitio " DIRECCION037 ", de 115 523 m2 (que linda al norte con "monte proindiviso entre los vecinos de Coira y Castiñeira"); celebrada la subasta, se la adjudicó el licitador don Ezequiel, que actuaba por sí y en representación de don Mario, don Victorio y don Calixto.

El Sr. Recaudador de Contribuciones de la zona de Betanzos, en expediente de apremio seguido contra "los vecinos de Coira y Castiñeira" del término municipal de Monfero, eran deudores por el concepto de contribución rústica, correspondiente a los años 1958 a 1962, a los que se acumularon posteriormente los débitos de los años 1963 a 1967. Interesado del Ayuntamiento información sobre los nombres de los vecinos de esos lugares, y obtenida la información, se requirió de pago a los vecinos, se decretó posteriormente el embargo de una parcela de monte en la parroquia de San Bartolomeu, al sitio " DIRECCION037 ", de 317 618 m2 (que linda al sur con "montes de vecinos de San Andrés"); celebrada la subasta, se la adjudicó el licitador don Ezequiel, que actuaba por sí y en representación de don Mario, don Victorio y don Calixto.

El 31 de diciembre de 1970 el Sr. Recaudador otorgó escrituras públicas a favor de don Ezequiel, don Mario, don Victorio y don Calixto, de transmisión de las mencionadas fincas, siendo adquiridas en proindivisión y por iguales partes. Se inmatricularon en el Registro de la Propiedad de Pontedeume, bajo los números NUM062 y NUM063 respectivamente, a los tomos NUM064 y NUM065, libros NUM066 y NUM067.

El 18 de septiembre de 1982 don Calixto (hermano de estos demandados) compró a medio de escritura notarial a los copropietarios don Mario y don Victorio (casados con doña María Purificación y doña Claudia respectivamente) las participaciones que les correspondían en dichas fincas. Es decir, don Calixto pasaba a ostentar el 75%.

El 2 de septiembre de 1989 falleció don Calixto, en estado de soltero, sin ascendientes ni descendientes, siendo declarados herederos "ab intestato" sus ocho hermanos: don Pablo Jesús, doña Carlota, don Joaquín, doña Virtudes, don Victoriano, don Adrian y don Darío.

El 22 de enero de 1991, se otorgó escritura pública por la que el adjudicatario don Ezequiel, junto con sus hijos (los hermanos Emilio Serafina Carmen, como herederos de su difunta madre), vendieron su participación en las fincas a don Eusebio, en estado de casado con doña Cristina.

El 22 de julio de 1991 don Eusebio y su esposa, junto con don Pablo Jesús, que actuaba en parte en nombre propio y en parte como mandatario verbal de sus hermanos, otorgaron una escritura de partición parcial, en virtud de la cual se segregó de la parcela de 317 618 m2 una porción de 15 750 m2, que se adjudica a don Eusebio y esposa, quienes a su vez transmite el resto de la matriz a los hermanos Adrian Virtudes Felicidad Victoriano Darío Pablo Jesús Calixto Carlota.

El 23 de septiembre de 1994 se protocolizó el cuaderno particional de la herencia de don Calixto, adjudicándose la finca de 115 523 m2 en proindivisión y por iguales partes entre los 8 hermanos Felicidad Victoriano Darío Joaquín Pablo Jesús Calixto Carlota Virtudes; de la parcela de 317 618 m2, se segregó una porción de 15 750 m2 que se adjudicó a don Pablo Jesús (que había sido previamente transmitida a don Eusebio), y el resto de la matriz a los otros hermanos Adrian Virtudes Victoriano Darío Joaquín Calixto Carlota, por iguales séptimas partes y en proindiviso. En consecuencia, la finca de 115 523 m2 pertenecería en proindivisión a los 8 hermanos Adrian Virtudes Victoriano Darío Joaquín Pablo Jesús Carlota Felicidad, y el resto de la segunda (301 868 m2) a los 7 hermanos Adrian Virtudes Felicidad Victoriano Darío Joaquín Carlota (excluido don Pablo Jesús).

En consecuencia, en cuanto las fincas procedían de una venta realizada por la Administración General del Estado, como de la propiedad de don Mario, doña María Purificación, don Victorio, doña Claudia, don Eusebio, doña Cristina, don Ezequiel, doña Carmen, don Secundino, doña Serafina, don Emilio, don Roberto, se les citaba de evicción. Se ignora el motivo de haberse llamado a la Diputación Provincial de La Coruña y a la Xunta de Galicia,

2.º- Igualmente se personó el demandado don Ricardo, quien también solicitó que se citase de evicción a quienes habían sido vendedores de la finca que poseía: doña Antonieta, don Gonzalo, don Juan Ramón y doña María Esther. La petición se fundamentaba en que las habría adquirido de los llamados, a medio de compraventas plasmadas en documentos privados datados al 7 de diciembre de 1976 y 31 de julio de 1979 (folios 379 y siguientes); posteriormente elevados a escrituras públicas de 21 de mayo de 1992, 23 de marzo de 1976, y 3 de abril de 1976 (folios 64 a 66), e inscritos en el Registro de la Propiedad (folios 836 y siguientes).

3.º- Don Eusebio contestó a la demanda, reconociendo ser el titular de una parcela de monte de 15 750 m2, alegando que nada tenía que ver con las reclamadas por los actores, estando su propiedad perfectamente delimitada, y en su pacífica posesión.

III.- El Juzgado admitió a trámite las solicitudes, acordando notificar la demanda a los demandados de evicción, habiéndose personado:

1.º- La Administración General del Estado que negó la existencia de los montes vecinales que se mencionaban en la demanda, que las parcelas habían sido embargadas en 1967 como de propiedad particular, y objeto de subasta y adjudicación en 1970, no comprendiéndose que en 1992 se solicitase su clasificación.

2.º- La Xunta de Galicia, que manifestó que la Administración Autonómica no tenía ninguna vinculación jurídica con la cuestión litigiosa, pues no era objeto de las competencias transferidas.

3.º- La Diputación Provincial de La Coruña, alegando que eran meros gestores del servicio de recaudación de contribuciones e impuestos del Estado, siendo las relaciones entre el Sr. Recaudador y la Tesorería de la Hacienda Estatal directa, sin intervención alguna del ente provincial, por lo que ninguna relación guarda con los hechos.

4.º- También se personaron los cónyuges don Victorio y doña Claudia, quienes reconocieron la venta de su participación a don Calixto, que la habían adquirido en la subasta mencionada; desconociendo si las fincas formaban parte del monte que se decía vecinal, o su carácter.

IV.- No habiendo comparecido los restantes llamados de evicción, se reanudó el cómputo del plazo de los demandados para contestar, y:

1.º- Don Ricardo contestó a la demanda cuestionando la acreditación de los hechos alegados en la misma en cuanto a la condición personal de los demandantes, negando que viniesen en la posesión que manifestaban, que tenía sus fincas registradas en el Registro de la Propiedad, tomo NUM068, libro NUM069 de Monfero, fincas NUM070, NUM071, NUM072 y NUM073, que ha realizado aprovechamientos ganaderos. Terminaba solicitando la desestimación de la demanda.

A su demanda acompañaba un documento privado datado a 2 de marzo de 1991, en el que intervenían el propio don Ricardo, don Pablo Jesús (en beneficio de la herencia de su fallecido hermano don Calixto), y don Eloy, don Anselmo, don Arsenio y don Juan María (quienes, junto con otros, formularon la demanda objeto del presente litigio), concurriendo con "el propósito de practicar deslinde y amojonamiento de las fincas de su respectivas propiedad, acuerdan en este momento encargar al Ingeniero Técnico Agrícola don... la realización de los trabajos conducentes a tal deslinde y amojonamiento...".

2.º- Don Pablo Jesús y doña Carlota se opusieron a la demanda alegando la falta de competencia objetiva del Juzgado, la falta de reclamación previa en vía administrativa, falta de legitimación activa, falta de litisconsorcio pasivo necesario, inadecuación de procedimiento por razón de la cuantía; que venían en la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de las fincas desde 1970, con el carácter de dueños como se reconoce en el documento de 2 de marzo de 1991; que habría adquirido por usucapión "secundum tabulas" al figurar las fincas en el Registro; que no figuraban bienes comunes en el catastro del Marqués de la Ensenada; que las fincas no están identificadas y no coinciden.

V.- Convocadas las partes a comparecencia, se tramitó incidente de cuantía, quedando establecida en 22.659.060 pesetas.

VI.- Tras la tramitación correspondiente, el Juzgado de instancia dictó sentencia el 26 de enero de 2003, cuya parte dispositiva era del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando íntegramente a demanda interposta polo Procurador Don Manuel José Pedreira del Río en representación de D.ª Inés, D. Segismundo, Don Eloy, Don Ildefonso, Don Oscar, Don Juan María e Don Arsenio, contra Don Eusebio representado polo Procurador Don Carlos García Brandariz, D. Ricardo representado polo Procurador Sr. López Díaz, D. Pablo Jesús e Carlota, actuando en nome propio e en representación da comunidade de herdeiros que forman cos seus irmáns, representados polo procurador Sr. López Díaz, e contra aquelas persoas descoñecidas e inciertas que puidesen ter interés no que é obxeto desta demanda, declaradas en rebeldía DEBO DECLARAR Y DECLARO a cualidade dos montes que se descritos no feito primeiro da demanda denominados DIRECCION000, DIRECCION002, DIRECCION003, como veciñaies en man común, e que os mesmos son da exclusiva pertencia dos veciños das parroquias de San Jorge-Queixeiro e San Félix de Monfero, así como a nulidade radical e absoluta de cantos títulos poidan ostentar os demandados que contradigan tal titularidade, e a anulación de calquera inscripción no Rexitro da Propiedade de Pontedeume, que contradigan o dereito de propiedade das señaladas comunidades veciñais das expresadas parroquias sobre tales montes. E DEBO CONDENAR E CONDENO os demandados a estar e pasar polos anteriores pronunciamentos e a que os consintan e acaten, e con expresa imposición en custas ós demandados".

Contra dicha resolución se preparó e interpuso recursos de apelación por don Ricardo, don Pablo Jesús y doña Carlota, y por el Sr. Abogado del Estado; e impugnaron la sentencia don Victorio y doña Claudia.

VII.- El 22 de julio de 2005 esta Sección dictó sentencia en el recurso de apelación número 651/2004, en la que se desestiman las excepciones procesales de falta de competencia del Juzgado, falta de legitimación activa, falta de reclamación previa, pero estimando una situación litisconsorcial pasiva, la parte dispositiva de dicha sentencia establecía "... debemos revocar y revocamos dicha resolución, y, en su virtud, debemos declarar y declaramos la nulidad de actuaciones desde la comparecencia celebrada el 13 de abril de 2000, en los términos y efectos mencionados en el fundamento legal noveno de esta resolución...", en el fundamento indicado se mencionaba que:

" Siguiendo dichas pautas, es evidente que se está ejercitando una acción real, que no sólo tiende a que se declare el carácter de monte vecinal en mano común de una determinada área geográfica; sino también a que se declare la nulidad de los títulos de dominio que sobre unas concretas parcelas tienen los demandados, que en el caso de don Eusebio y don Ricardo implica una declaración de nulidad de sus adquisiciones para la sociedad legal de gananciales, con la consiguiente cancelación de las inscripciones en el Registro de la Propiedad; lo que supone la pérdida de patrimonio ganancial, y que viene a esconder una auténtica acción reivindicatoria y no sólo mera declarativa. Por lo que se afecta directamente los intereses de las esposas de los citados demandados.

En lo que se refiere a doña Cristina, podría, en aras a la economía procesal, entenderse integrada en la litis desde el momento en que fue citada de evicción, y por lo tanto tuvo conocimiento de la demanda principal. Pero no acontece lo mismo con doña María, ya que la acción en ningún momento se dirigió contra ella, ni se le comunicó la existencia del litigio.

Todo ello sin olvidar que de otras pruebas parece deducirse que dentro de los confines de esos montes supuestamente vecinales en mano común existen múltiples parcelas diferenciadas catastradas a nombre de terceros desde 1957 que no han sido llamados al litigio (folios 869 y siguiente)".

VIII.- Convocadas las partes nuevamente a la comparecencia que establecía la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 para el juicio de menor cuantía, la parte demandante amplió la demanda (por mera aportación de más copias de la demanda tal y como la había redactado inicialmente, y sus documentos) contra doña Cristina y doña María.

El Juzgado dictó providencia requiriendo a la parte para que subsanase el litisconsorcio existente en cuanto a los titulares de las otras parcelas catastradas. Por dicha parte se presentó escrito manifestando adjuntar copias de la demanda y documentos, y que dirigía la demanda contra don Ceferino, don Feliciano, don Jesús, don Octavio, don Víctor, don Juan Enrique, don Balbino, don Doroteo, don Inocencio, don Gonzalo, don Rodolfo, doña Debora, don Luis Alberto, doña Antonieta, don Amadeo, don Efrain, don Higinio, don Miguel, don Valentín, doña Angelica, don Adriano, don Carmelo, doña Guadalupe, don Gabriel, don Feliciano, don Jesús y don Pio, que eran las personas que constaban en la relación facilitada por el Catastro de Rústica como titulares de parcelas en el monte litigioso, cuyos datos ignoraba, solicitando que se emplazasen por medio de edictos, como finalmente se acordó.

IX.- Continuada la tramitación por su peculiar cauce, el 4 de junio de 2007 el Juzgado de instancia dictó sentencia desestimando íntegramente la demanda, como se recoge en el antecedente fáctico primero de la presente resolución. La desestimación se fundamenta en la falta de legitimación de los actores para solicitar la declaración de las dos parcelas como monte vecinal en mano común, y no haber acreditado que tengan ese carácter; con imposición de costas a los demandantes. Pronunciamientos frente a los que se alzan los demandantes.

Tercero.-Notificación de la demanda a los llamados de evicción.- El artículo 1481 del Código Civil dispone que "El vendedor estará obligado al saneamiento que corresponda, siempre que resulte probado que se le notificó la demanda de evicción a instancia del comprador. Faltando la notificación, el vendedor no estará obligado al saneamiento", lo que se complementa procesalmente en el artículos siguiente, al establecer que "El comprador demandado solicitará, dentro del término que la Ley de Enjuiciamiento Civil señala para contestar a la demanda, que ésta se notifique al vendedor o vendedores en el plazo más breve posible". Debe significarse que los preceptos legales sustantivos se refieren a una "notificación" de la demanda por la que se pretende privar al adquirente de la posesión.

La finalidad de la "llamada en garantía" a que dicha norma se refiere, como condición necesaria para que el vendedor quede obligado al saneamiento por evicción, es hacer posible que el vendedor pueda defender en el proceso la posesión legal y pacífica para el comprador de la cosa que le vendió, procurando que sea desestimada la demanda del tercero que pretende reivindicarla con los negativos efectos que ello puede suponer para dicho vendedor [Ts. 17 de julio de 2007 (Ar. 5129)]. Esta notificación de la demanda a los vendedores no les obliga a personarse, ni a mostrarse parte; pero si se persona tiene la cualidad de parte propiamente dicha, no mero coadyuvante [Ts. 13 de enero de 1998 (Ar. 113)]. Pero ese personamiento no significa que pase a ocupar la posición de demandado. Sea cual sea la postura doctrinal que se siga acerca de la posición de los vendedores llamados, no permite que la sentencia que se dicte contenga ningún tipo de pronunciamiento (absolutorio o condenatorio) relativo a los vendedores llamados de evicción. La finalidad es que los citados de evicción quedan vinculados por la declaración judicial, de tal forma que no podrán volver a discutir la propiedad del objeto vendido en un ulterior proceso que pueda promover el comprador desposeído contra el vendedor para ser resarcido de la privación [Ts. 5 de mayo de 1997 (Ar. 3673)].

Situación procesal que se regula en el artículo 14 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil. Es por ello que la Sala no puede compartir la parte dispositiva de la sentencia apelada, por cuanto la demanda formulada no se dirigió contra los citados de evicción; ni procede por tanto absolverlos de las peticiones de la demanda. Postura que podría tener su repercusión en cuanto a la imposición de las costas ocasionadas en la instancia. Pero al no haber sido objeto de recurso dicha imposición, no puede tenerse en consideración (artículo 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarto.-Ampliación subjetiva de la demanda.- Cuando, como sucede en el presente supuesto, la parte actora amplía subjetivamente la demanda, dirigiéndola contra personas que inicialmente no figuraban como demandados, no pueden los demandantes limitarse a dar traslado de la demanda inicial. En ella no se menciona para nada a los nuevos demandados, ni se establece cuál es la causa de llamarlos al juicio. Es por ello que, con las limitaciones propias de esta situación (tal y como contempla actualmente el artículo 420.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), era obligada la modificación del escrito rector, tanto para introducir a los nuevos demandados, como para exponer cuáles eran sus parcelas, y si la acción declarativa de dominio se extendía también a ellos. Es decir, aunque se les trae al pleito teóricamente, ninguna pretensión concreta se ejercita contra ellos.

Quinto.-Emplazamiento edictal.- Por otra parte, no puede aceptarse que la parte demandante limite su actuación procesal a relacionar una lista de nombres, copiándola de una certificación catastral, y manifieste que como desconoce su vecindad y domicilio debe emplazárseles por medio de edictos. Una cosa es que el Juzgado coadyuve a la debida identificación y emplazamiento de los demandados, y otra que la parte adopte una postura totalmente pasiva. Hasta el punto de que ni verificó los nombres de los supuestos nuevos demandados (uno causante de un demandante).

Como establece el Tribunal Constitucional en sus sentencias números 176/2009, 78/2008, 223/2007, 231/2007, 186/2007 163/2007, 306/2006, 304/2006, 138/2003, 158/2001, 100/1997, 9/1981, entre otras, la importancia que posee la correcta constitución de la relación jurídico procesal, para entablar y proseguir los procesos judiciales con la plena observancia del derecho de defensa, garantizando los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes del litigio conlleva que debe prestarse especial cuidado al régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones. Por lo que recae sobre el órgano judicial el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, asegurándose de que sirven a su fin: que la parte pueda ser oída en el proceso. Consecuencia de dicho deber es que el órgano jurisdiccional debe procurar que el emplazamiento o citación sea siempre de forma personal, evitando en la medida de lo posible el emplazamiento o citación por medio de edictos. La convocatoria edictal constituye un remedio último de carácter supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios y la convicción del órgano judicial de que, al ser desconocido el domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal. Y en todo caso, antes de acordar esta modalidad de comunicación, el órgano judicial debe dirigirse a los organismos oficiales y registros públicos que por su naturaleza sea previsible que dispongan de datos efectivos para la localización de la parte. Comportamiento que el Tribunal Constitucional venía exigiendo bajo la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, y que actualmente tiene su reflejo en los artículos 155 y 156 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

La falta o la deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser parte en el proceso coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, salvo que la situación de incomunicación procesal sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso.

En este trámite procesal, este tribunal se plantea si procedería declarar nuevamente la nulidad de actuaciones, a fin de que se identifique y emplace a esos nuevos demandados; o, por el contrario, considerar que las actuaciones, en cuanto dirigidos contra ellos, deben reputarse nulas, y por lo tanto como no ejercitada la acción declarativa, quedando a salvo sus derechos. A fin de impedir que los obstáculos procesales se conviertan en un valladar insuperable, la larga tramitación de este pleito, cuyo inicio se remonta al año 1996, se opta por la segunda solución; y por lo tanto tener por limitada la acción declarativa en cuanto se ejercita contra los inicialmente demandados, y en su caso los cónyuges posteriormente llamados, para el supuesto de que procediese la estimación del recurso.

Sexto.-Condición de miembros de la comunidad.- En el primer motivo del recurso de apelación se critica la sentencia de instancia, en cuanto niega la legitimación "ad caussam" de los demandantes, considerando que se hace una interpretación rigorista del concepto de la condición de vecinos. Se argumenta que es bastante con ser residentes habituales "en el ayuntamiento y parroquia de turno", máxime cuando los montes litigiosos son improductivos, por lo que sus aprovechamientos no pueden servir de cimiento a una actividad económica de ningún tipo, siendo posible que participen personas con profesiones ajenas al ámbito puramente agrario; que debe entenderse por vecino lo que establece el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y el artículo 53 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

El motivo no puede ser estimado:

1.º- Aunque se hacen repetidas alusiones a la legitimación de los demandantes, es más correcto referirse a si ostentan la cualidad de vecinos y miembros de la comunidad titular del monte vecinal en mano común:

El artículo 3.1 de la Ley de Montes Vecinales en Mano Común 13/1989 de 10 de octubre, del Parlamento de Galicia, que es la norma aplicable al tiempo de la formulación de la demanda, establece que los montes vecinales en mano común son de naturaleza privada y colectiva, correspondiendo su dominio (en la forma en que menciona) "al conjunto de los vecinos titulares de unidades económicas, con casa abierta y residencia habitual en las entidades de población a las que tradicionalmente hubiese estado adscrito su aprovechamiento, y que vengan ejerciendo, según los usos y costumbres de la Comunidad, alguna actividad relacionada con aquéllos". En términos similares se regula en el artículo 61.2 de la Ley de Derecho Civil de Galicia 2/2006, de 14 de junio, al prescribir que "Terán a condición de veciños comuneiros aquelas persoas titulares de unidades económicas, produtivas ou de consumo, con casa aberta e residencia habitual independente dentro da área xeográfica sobre a que se asente o grupo social ao que tradicionalmente estivese adscrito o aproveitamento do monte".

Tal y como se menciona en la sentencia apelada, los demandantes estaban obligados a acreditar su condición de vecinos en el sentido indicado, lo que implica:

a) Que tienen una "casa abierta", o como decía el artículo 7 de la Ley estatal de 11 de noviembre de 1980 "casa abierta con humos", o "casa abierta y con humo" que establece el artículo 14 de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho Civil de Galicia (que copiaba literalmente el primero de la Ley gallega de 1989) y que reitera el artículo 56 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia; o "con lume e fume" en la tradición gallega. Casa que además debe ser la "residencia habitual". Es decir, no basta con tener casa abierta, sino que además debe ser la residencia habitual del autoproclamado miembro de la comunidad vecinal.

b) Que son titulares de una "unidad" económica.

c) Que han aprovechado el monte tradicionalmente.

d) Que venían ejerciendo alguna actividad relacionada con dicho monte.

Normativa que, salvo contadas excepciones, se ha interpretado que tiende a excluir tanto de la titularidad como del uso a quienes no están vinculados de forma más o menos permanente al mundo agrícola de la zona (segundas residencias, explotaciones turísticas, industrias ajenas a ese ámbito, etcétera).

Y en este sentido se viene pronunciando la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia [Sentencias de 20 de febrero de 2009 (Roj: STSJ GAL 4567/2009), 29 de noviembre de 2007 (Roj: STSJ GAL 6643/2007), y las que en ellas se citan abundantemente], matizando que:

a) La condición de vecino comunero deriva "prima facie" de la convivencia colectiva. Si se sostiene que son montes comunales, propiedad de una comunidad, la cualidad de miembro la ostenta quien conviva real y efectivamente en esa comunidad (lo que excluye otras formas de relaciones de vecindad). La condición de comunero no puede identificarse con la vecindad administrativa, ya que no es bastante para acreditar "la inseparable unidad existente entre las cualidades de copropietario del monte y la de vecino en el marco de la relación de carácter puramente civil y privado derivada del nexo jurídico consiguiente al hecho de la convivencia colectiva en el disfrute proindiviso del monte". Tampoco es suficiente ostentar la vecindad administrativa y ejercitar alguna actividad relacionada con el monte, o tener algún tipo de unidad económica, sino que, yendo a los orígenes reales de esta institución, la característica es que exista "el vínculo que une al vecino con la casa y a la casa con el monte".

b) Ejercer alguna actividad relacionada con el monte no implica necesariamente una profesionalidad agrícola o ganadera. Máxime cuando es posible ceder el uso de los montes, como prevé el artículo 5 de la Ley 13/1989 (supuestos actuales son arrendarlos para campos de golf, o parques eólicos, etcétera). Exigencia que tiene la finalidad precautoria de no ampliar el concepto de vecino comunero a quien teniendo casa abierta con residencia habitual, sin embargo no desarrolla una actividad, por accesoria o complementaria que sea, que le permita a él también poder aprovechar el monte. No depende tanto del ejercicio efectivo de una actividad en el monte, sino de una actividad relacionada con el monte, que ha de ser aquélla o aquéllas que realizan los demás comuneros en aprovechamiento y uso del destino propio del monte, no necesariamente agrícola, forestal, pecuario o ganadero, pues las normas legales matizan la utilidad a los usos y costumbres de la comunidad vecinal; y porque la norma debe interpretarse a la luz de los tiempos actuales (artículo 3.1 del Código Civil), donde la tradicional concepción de la agricultura y ganadería, sobre todo cerca de núcleos urbanos más o menos poblados, ha variado de forma considerable; e incluso en ocasiones es residual o complementario de la economía familiar, cuya fuente de rentas es otra.

2.º- Aplicando la doctrina mencionada al presente caso, es obligado compartir los razonamientos del Juzgador de instancia, en cuanto los demandantes no acreditaron los hechos fundamentales para que puedan ser considerados como vecinos con casa abierta, residentes habituales, y que desarrollen algún tipo de explotación económica relacionada con el monte:

a) No pueden tener la condición de vecinos con casa abierta y residentes habituales:

1) Don Eloy, pues consta en las actuaciones que si bien se empadronó formalmente en el Ayuntamiento de Monfero, su domicilio real radicaba en el término municipal de A Capela, tal y como menciona la resolución recurrida al remitirse al contenido del informe de este Ayuntamiento sobre su efectiva residencia. Además, a efectos de la Seguridad Social, consta su domicilio en A Capela, cotizando como empleado de distintas empresas en régimen ordinario (página 1 374 y 1 375) desde 1957.

2) Don Ildefonso, ya que se limitó a empadronarse en el Ayuntamiento de Monfero para la presentación de la demanda, para acto seguido volver a empadronarse en A Capela, donde ya estaba empadronado anteriormente (página 1 779), tal y como informó este Ayuntamiento. Y consta que cotizó a la Seguridad Social por el régimen ordinario, como empleado de distintas empresas (página 1 378), siendo actualmente pensionista por incapacidad y régimen general (página 1 389).

3) Don Oscar, tenía su domicilio en el término municipal de Fene, trabajando para los astilleros navales de dicha localidad (página 1 380). Causó alta en el Ayuntamiento de Monfero el 17 de mayo de 1996 (página 1 208).

Es decir, el requisito de residir habitualmente con casa abierta sólo lo cumplirían inicialmente los otros tres demandantes.

b) El segundo requisito sería que fuesen titulares de alguna "unidad" económica, productiva o de consumo. A la vista de la prueba practicada no puede considerarse acreditado este extremo en cuanto a los vecinos con casa con "humo" y residencia habitual:

1) En cuanto a don Anselmo, si se probó que cotizó a la Seguridad Social por el régimen agrario (páginas 1 373 y 1 387), pero no que fuese titular de una explotación económica cuando formuló la demanda.

2) En lo que se refiere don Juan María, los datos obrantes en las actuaciones son contradictorios, pues no o consta que haya cotizado por agraria, sino que su régimen de Seguridad Social es el ordinario, como empleado de distintas empresas (página 1 383), pero consta que percibe una pensión por régimen agrario (página 1 390). Pero, en cualquier caso, no se probó que fuese titular de algún tipo de unidad económica.

3) Por último, y en cuanto don Arsenio, no consta que haya cotizado por agraria, sino que su régimen es el ordinario, como empleado de distintas empresas (página 1 385). Ni tampoco se probó que fuese titular de alguna unidad económica.

Sobre este particular, debe indicarse que la prueba propuesta no fue tendente a acreditar que los demandantes tuviesen algún tipo de unidad económica. A los testigos se les pregunta directamente si los montes son vecinales, si los aprovechaban los vecinos, etcétera.

c) Pero es que el tercer requisito es que se pruebe que esos concretos demandantes han venido aprovechando el monte tradicionalmente según los usos y costumbres de la comunidad. Aunque esta cuestión enlaza con las siguientes, debe desde este momento concluirse que, a la luz de la prueba practicada, no consta que los demandantes utilizasen esos montes o se aprovechasen de ellos de una forma directa o indirecta. Es más, resulta significativo que el propio Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano Común de La Coruña, en su resolución de 23 de mayo de 1995, ya indicase que "tras un reconocimiento sobre el terreno,... no pueden observarse vestigios de aprovechamientos remotos practicadas por las comunidades vecinales...". Y pese a que este elemento era un evidente escollo, la única prueba propuesta y practicada ha sido una testifical que se considera insuficiente para acreditar este extremo.

Séptimo.-Existencia de las "Comunidades de Vecinos de las Parroquias de San Fiz de Monfero y San Xurxo de Queixeiro".- Por otra parte, y dejando al margen si estamos en presencia de un monte comunal, y en su caso su carácter, no debe olvidarse que la acción se ejercita en beneficio de las "Comunidades de Vecinos de las Parroquias de San Fiz de Monfero y San Xurxo de Queixeiro". Y no está probado que exista esa comunidad vecinal, ni si son una o dos distintas. Un complaciente informe municipal, o las declaraciones más o menos interesadas de algún vecino no es prueba bastante para establecer como hecho probado que existe una comunidad vecinal que utilizaba esos montes; que pertenecían al común, y no a propietarios individualizados con propiedad privativa. Es más, la prueba obrante en las actuaciones no permite concluir que existan, sino lo contrario. En el supuesto más favorable para los recurrentes podría constatarse unas referencias a comunidades vecinales, titulares de un monte comunal, pero circunscrita a lugares concretos de la parroquia de San Fiz. Ni a toda la parroquia, ni a ambas parroquias.

Octavo.-Existencia de un monte vecinal en mano común.- En lo que vendría a ser el segundo motivo del recurso de apelación, se vendría a sostener que, en contra de lo afirmado en la sentencia de instancia, la documental aportada y la testifical practicada probarían cumplidamente que las parcelas de monte fueron explotadas y aprovechadas por los vecinos de las parroquias con el carácter de vecinal en mano común. Realmente el motivo no se desarrolla con un mínimo de meticulosidad, quizá por el desánimo que conlleva la inusual dilatada tramitación del litigio.

El motivo no puede ser estimado:

Es cierto que algunos elementos podrían impresionar, en términos generales, la realidad de la existencia de un monte comunal:

1.º- En las fotocopias acompañadas con la demanda, se contienen referencias documentadas a "montes vecinales", "montes comunes", "montes comunales de los vecinos de San Bartolomé", "monte de varios partícipes", "monte de varios vecinos", "montes abiertos" o "monte de bocería". Pero este elemento probatorio tiene varias tachas:

a) Son unas fotocopias parciales, por lo que incluso se ignora si la descripción que se realiza se corresponde con la fecha y negocio jurídico de las carátulas o primeras páginas.

b) No está probado que las fincas que se describen en esos documentos sean colindantes de alguna forma con alguna de las dos parcelas de monte que cuya declaración de dominio se insta. Tal y como se describen, pueden estar en otro sitio y no guardar relación alguna con el objeto litigioso.

2.º- La prueba testifical fue correctamente valorada por el Juzgador de instancia, pues tuvo en cuenta las tachas de testigos, el interés directo que tenían; y que las respuestas son contradictorias con la realidad, y con la propia exposición de los recurrentes. Los declarantes llegan a responder afirmativamente a que en esos montes se realizaban cultivos agrícolas; cuando en el acta notarial aportada consta que se trata de unos terrenos prácticamente yermos; cuando en el recurso se reconoce que la utilización se limitaba a un supuesto pastoreo y sacas de esquilmos; cuando también se sostiene que, cuando menos desde 1992, no volvieron al monte.

3.º- Quizá el indicio probatorio más llamativo, a juicio del tribunal, y al que no se alude nunca, sean las propias escrituras otorgadas por el Sr. Recaudador de Tributos, de 31 de diciembre de 1970 (páginas 399 y siguientes):

a) En la primera (por orden de aparición en los autos), la deuda tributaria que se ejecuta tiene su origen en el impago de la Contribución Rústica, siendo los deudores "los vecinos de San Andrés, Guilfonso y Castiñeira" (que son tres lugares de la parroquia de San Fiz de Monfero), que se pidió al Ayuntamiento la relación de vecinos de esos lugares; y una vez identificados se les requirió personalmente de pago a "los vecinos de los lugares antes citados", y se embargó la parcela de monte en la parroquia de San Bartolomé, al sitio " DIRECCION037 ", de 115 523 m2 (que linda al norte con "monte proindiviso entre los vecinos de Coira y Castiñeira").

b) En la segunda, la deuda tributaria que se ejecuta tiene su origen en el impago de la Contribución Rústica, siendo los deudores "los vecinos de Coira y Castiñeira" (que son dos lugares de la parroquia de San Fiz de Monfero), que se pidió al Ayuntamiento la relación de vecinos de esos lugares, y se les requirió posteriormente de pago a "los vecinos de los lugares antes citados", y se embarga la parcela de monte en la parroquia de San Bartolomé, al sitio " DIRECCION037 ", de 317 618 m2 (que linda al sur con "montes de vecinos de San Andrés").

Debe indicarse que no existen, según el nomenclátor, la "parroquia de San Bartolomé", sino que DIRECCION000 es un lugar de la parroquia de Queixeiro; y los lugares indicados por el Recaudador son todos pertenecientes a la parroquia de San Fiz, lo que excluiría como supuesto titular a los vecinos de la parroquia de San Xurxo de Queixeiro.

Pero, igualmente, debe resaltase que se embargan como de la propiedad de vecinos de lugares concretos, no de toda la parroquia en general, como se indica en la demanda. Es decir, en el supuesto más favorable, se trataría de propiedades comunales de los vecinos de lugares concretos de la parroquia de San Fiz.

Este indicio probatorio, al que ninguna relevancia se le dio en la instancia, y ante la ausencia del expediente de apremio, impide conocer con el necesario detalle lo sucedido.

Es decir, las pruebas obrantes en las actuaciones generan una cierta impresión de monte comunal, pero no son bastantes, a juicio de la sala, como para establecer sin ningún género de dudas la existencia de un monte vecinal en mano común, como perteneciente a unas "Comunidades de Vecinos de las Parroquias de San Fiz de Monfero y San Xurxo de Queixeiro" que no se ha acreditado que existan.

Noveno.-Montes de varios vecinos.- A lo anterior debe añadirse que, aunque se considerase probada la existencia de un monte comunal, tampoco podría concluirse que fuese precisamente un monte vecinal en mano común. Incluso la documentación aportada contradice dicha hipótesis.

Lo que caracteriza un monte vecinal en mano común es que se trata de un terreno cuyos aprovechamientos vienen determinados por la costumbre, y cuyos titulares son un determinado grupo social (los vecinos de un lugar o de una parroquia normalmente), que lo utilizan sin asignación de cupos o cuotas, en comunidad germánica (mano común); en contra de la tradición jurídica de comunidades por cuotas o romana. La característica diferenciadora esencial, al margen de la titularidad, es la forma de posesión en comunidad germánica.

Pero existen más figuras de posesión comunal de montes en Galicia: los montes abertales. Esta institución viene reconocida ya por la antigua Audiencia Territorial, y posteriormente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Actualmente se menciona por vez primera en el derecho positivo en el preámbulo de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, aunque no sea norma aplicable al presente procedimiento, al mencionar que "También ha de destacarse la regulación en el texto legal de las instituciones derivadas de relaciones de vecindad, como son la gavia, el resío, la venela y los montes abertales, instituciones de derecho consuetudinario reflejadas en el informe del Consejo de la Cultura Gallega y que la ponencia consideró oportuno desarrollar". Y en el artículo 64 establece que "Son montes abertales, de voces, de varas o de fabeo los conservados pro indiviso en los cuales sus copropietarios, sin perjuicio de realizar en común aprovechamientos secundarios, tenían o mantienen la costumbre de reunirse para repartirse entre sí porciones determinadas de monte o sernas para el aprovechamiento privativo de las mismas, asignaciones que se hacen en tantos lotes como partícipes principales vienen determinados por los títulos o uso inmemorial, y en los cuales su adjudicación se decide por la suerte, también sin perjuicio de la subdivisión de las sernas así asignadas conforme a las adquisiciones hereditarias o contractuales. En su caso, la división de dichas tierras y la consiguiente extinción de la copropiedad se harán con arreglo a la costumbre, y no existiendo esta se harán con arreglo a la presunción de igualdad de cuotas referida en el párrafo segundo del artículo 393 del Código Civil ".

La doctrina de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia [Sentencias de 6 de febrero de 2009 (Roj: STSJ GAL 4566/2009), 6 de mayo de 2008 (Roj: STSJ GAL 8685/2008), 20 de febrero de 2004 (Roj: STSJ GAL 1148/2004), 19 de junio de 2003 (Roj: STSJ GAL 3408/2003), 26 de junio de 1998 (Roj: STSJ GAL 3864/1998), entre otras muchas], nos enseña que:

1.º- Comparte con los montes vecinales en mano común que:

a) Son una comunidad, que su origen también suele ser foral, que se utilizaban parcialmente para pastoreo, sacas de esquilmos, leña, etcétera, por el conjunto de los vecinos.

b) No están delimitados. "Abertales" es un vocablo que deriva del latín "apertus" (abierto), que significa "que no está cerrado con tapia, vallado, ni de otra manera".

2.º- Pero se diferencian en que:

a) El sujeto de la relación no es el vecino propiamente dicho, sino "la casa". El uso de la zona "común" era libre, para pastos y leña, pero a la hora de hacer rozas, a cada casa de la aldea se le adjudicaban "sus" varas; o no se le concedían, si no tenía ese derecho. Son montes de propiedad consorciada, anexos a las casas de una aldea en proporción determinada.

b) El hecho de tener una casa en el lugar y prender luz ("acender lume") no era suficiente para tener derecho a usar una parcela para cultivo propio. Por otra parte, el propietario podía vender su parte en el monte; o abandonar su casa ("o seu lume") sin perder el derecho a su cuota parte. A un matrimonio nuevo que levantase una casa no se le permitía hacer rozas si alguno de sus componentes no era heredero de ese derecho, a menos que efectuase una adquisición en ese sentido; o fuese una concesión gratuita, lo que no era norma.

c) Su régimen comunitario es de copropiedad romana (a diferencia de los montes en mano común, que es germánica).

d) Las cuotas no eran iguales para todos los comuneros. El reparto se hacía en proporción equivalente a lo que en un principio correspondía al tanto de renta que tenía que pagar cada casa del total del canon foral.

e) En muchos casos la propiedad está documentada (aunque con el paso del tiempo se vayan perdiendo los títulos primitivos), siendo los vecinos o propietarios consorciados "antiguos y de solar conocido", estando cada uno de ellos en condiciones de vender, ceder o transmitir su parte a sus herederos.

f) La tradición era que los vecinos con derecho se reuniesen periódicamente (normalmente en primavera), realizasen el sorteo entre sí una porción determinada de monte, que denominan "seara" (aunque también se encuentran menciones como "senaras" o "separas") con el fin de roturarlo, quemar los terrenos y sembrar.

g) Las escasas manifestaciones de los mismos se localizan siempre en la mitad septentrional de Galicia, al norte de una línea que iría del nacimiento del Ulla a Pedrafita; indicándose que los montes que se "usufructuaban" por la simple razón de vecindad eran escasos en los siglos de la Edad Moderna, y en cambio predominaban con mucho los montes de varas o de voces que, aunque estaban abiertos y pro indiviso, se consideraban anexos a determinados casales o, mejor, a determinados linajes, herederos y porcioneros, en realidad propietarios consorciados que podían vender sus partes.

Actualmente la utilización o aprovechamiento de los montes en Galicia ha sufrido una profunda transformación. Su inicial fin primordial (la rotulación alternativa por partes para recolectar cereales) se convirtió en residual, siendo hoy en día la madera su principal fruto; en muchos casos propiciada por la política de consorcios efectuada por las administraciones públicas. Esto vino a propiciar también un cambio en la utilización de los montes que ocupan, pues el reparto periódico en primavera de las "searas" fue desapareciendo paulatinamente. Por eso las parcelas pueden figurar inscritas en el Registro de la Propiedad, y suelen aparecer catastradas a nombre de los particulares que las usan; con el paso del tiempo, la característica del sorteo deja de hacerse, y empieza a cultivarse la misma parcela con una cierta fijeza.

Institución que recibe diversas denominaciones, tales como

1.º- Montes "abiertos", o "abertales", porque no están cerrados, no se delimitan con vallados o cierres.

2.º- Montes de "de fabeo", o "de sorteo", en referencia a que las adjudicaciones de la zona que se iba a entregar en cultivo exclusivo temporal se hacían por suertes (no en cuanto a la extensión, que era por cuota).

3.º- Montes "de cuotas", "de varas", o "de varadío", porque el reparto se hacía en función de la cuota que cada una de las "casas" tenía.

4.º- Montes "de voces", "de vocería", o de "bocería", porque su norma de reparto era la opinión del común.

Décimo.-- Montes de bocerío.- Partiendo de dicha diferenciación, debe significarse:

1.º- La mención en los documentos aportados a "montes vecinales", "montes comunes", "montes comunales de los vecinos de San Bartolomé", podría interpretarse como una referencia un monte que tiene el carácter genérico de comunal, pero tanto puede ser vecinal en mano común como abertal.

2.º- Las referencias a que lindan con "monte de varios partícipes", "monte de varios vecinos", y especialmente cuando aluden a "montes abiertos" o "monte de bocería", indican más la presencia de un monte abertal que un monte en mano común.

3.º- En contra de lo sostenido por la parte recurrente en la instancia, monte de bocería no es la denominación de un monte en mano común, sino de un monte abertal.

4.º- La parcela de 115 523 m2, subastada por el Sr. Recaudador, se dice que linda al norte con "monte proindiviso entre los vecinos de Coira y Castiñeira" (proindiviso, no vecinal en mano común); y la otra simplemente con "montes de vecinos de San Andrés".

5.º- Tampoco puede soslayarse el alto número de enclaves existentes, con parcelas catastradas a nombre de particulares, en medio de lo que sería el monte comunal. Algo realmente anómalo en los montes vecinales en mano común. Aunque el hecho de que los enclaves tengan todos las mismas dimensiones distorsiona la conclusión.

6.º- Debe destacarse que en el documento privado datado a 2 de marzo de 1991, en el que intervenían los demandantes don Eloy, don Anselmo, don Arsenio y don Juan María, manifestasen que concurrían con "el propósito de practicar deslinde y amojonamiento de las fincas de su respectiva propiedad, acuerdan en este momento encargar al Ingeniero Técnico Agrícola don... la realización de los trabajos conducentes a tal deslinde y amojonamiento...". Y en la confesión vienen a sostener que el deslinde no se llevó a cabo porque no vino el perito. Luego implica el reconocimiento de la existencia de parcelas de propiedad privada, tanto a su favor, como a favor de los demandados.

Undécimo.-Acción declarativa.- Por último, no puede olvidarse que se está ejercitando una acción declarativa de dominio, derivada del artículo 348 del Código Civil. Como establece una conocida jurisprudencia [Ts. 5 de febrero de 1999 (Ar. 749), 19 de febrero de 1998 (Ar. 1166), 8 de noviembre de 1994 (Ar. 9317), 18 de noviembre de 1992 (Ar. 9237), 18 de diciembre de 1987 (Ar. 9586), 5 de diciembre de 1983 (Ar. 6825), 11 de junio de 1976 (Ar. 2697), 31 de octubre de 1963 (Ar. 4263) y 3 de mayo de 1944 (Ar. 659), entre otras muchas] la acción declarativa de dominio requiere que el actor pruebe el título de dominio que ostenta sobre la finca; así como su identificación exacta.

No puede considerarse acreditado el dominio sobre un monte vecinal en mano común, a favor de los vecinos de las parroquias en cuyo beneficio se dice accionar. Como se dijo, ni consta que exista esa comunidad vecinal, ni que el monte tuviese el carácter de vecinal en mano común, ni siquiera que se viniera usando de forma comunal.

Pero es que, además, la identificación de la finca supone que debe acreditarse con la debida claridad y precisión la situación, cabida y linderos de la finca, de modo que no pueda dudarse cuál es la que se reclama [Ts. 4 de noviembre de 1.993 (Ar. 8965), y 27 de enero de 1.995 (Ar. 175)]. Identificación que se desarrolla en un doble aspecto: El documental, en el que debe fijarse con claridad y precisión los linderos y cabida; y el práctico, que se acredite en el juicio que el terreno reclamado es aquél al que el primer aspecto de la identificación se refiere [Ts. 9 de junio de 1.982 (Ar. 4311)]. Sin olvidar que la situación y linderos, más que la cabida, es lo que identifica la finca; siendo resumen de las exigencias jurisprudenciales que no debe caber duda de qué es lo que se reclama, y de que el predio reclamado es aquél al que se refieren los títulos, lo que hace necesario un juicio comparativo entre la finca real contemplada y la que consta en la titulación presentada.

Como se dijo en el segundo fundamento, la descripción que se hace de las parcelas de monte es totalmente acomodaticia a una postura previa de los demandantes, derivada de lo que le señalaron al perito que confeccionó los planos para su presentación ante el Jurado Provincial de Montes en Mano Común de La Coruña. Es decir, ni siquiera se probó que la totalidad de la superficie que se recoge dentro de los linderos que mencionan conformase en realidad un monte de uso comunal ¿por qué no menos? o ¿por qué no más?

Duodécimo.-Costas.- Por todo lo anterior, la sentencia apelada debe ser confirmada, lo que conlleva la preceptiva imposición de las costas devengadas por el recurso a la parte apelante (artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Por lo expuesto,


FALLAMOS:


 
Desestimando el recurso de apelación interpuesto en nombre de doña Inés y don Segismundo (como sucesores procesales del demandante don Anselmo), don Eloy, don Ildefonso, don Oscar, don Juan María y don Arsenio, contra la sentencia dictada el 4 de junio de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Betanzos, en los autos del juicio de menor cuantía seguidos con el número 109/1996, a su instancia contra don Eusebio y doña Cristina, don Ricardo y doña María, don Pablo Jesús, doña Carlota, doña Felicidad, don Joaquín, doña Virtudes, don Victoriano, don Adrian y don Darío, habiendo sido notificados de evicción la Administración General del Estado, Xunta de Galicia, don Mario, doña María Purificación, don Victorio, doña Claudia, don Eusebio, doña Cristina, don Ezequiel, doña Carmen, don Secundino, doña Serafina, don Emilio, don Roberto y Diputación Provincial de La Coruña, don Gonzalo, don Juan Ramón y doña María Esther; y habiéndose ampliado la demanda posteriormente contra don Ceferino, don Feliciano, don Jesús, don Octavio, don Víctor, don Juan Enrique, don Balbino, don Doroteo, don Inocencio, don Gonzalo, don Rodolfo, doña Debora, don Luis Alberto, doña Antonieta, don Amadeo, don Efrain, don Higinio, don Miguel, don Valentín, doña Angelica, don Adriano, don Carmelo, doña Guadalupe, don Gabriel, don Feliciano, don Jesús y don Pio, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, con indicación de que contra la misma podría interponerse recurso de casación, en término de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación, por escrito y para ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia; debiendo acreditarse que previamente se constituyó un depósito por importe de cincuenta euros (50 €) en la "cuenta de depósitos y consignaciones" de esta Sección, en la entidad Banco Español de Crédito, S.A., con la clave 1524 0000 12 0483 08.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Ilmos. señores Magistrados que la firman, y leída por el Ilmo. Sr. magistrado ponente don RAFAEL JESÚS FERNÁNDEZ PORTO GARCÍA, en el mismo día de su fecha, de lo que yo, Secretario, certifico.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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