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Sentencia A.P. La Rioja 221/2010 de 20 de mayo


 RESUMEN:

Entidades aseguradoras: Estimación de la acción subrogatoria ejercitada frente a una Compañía de Seguros, condenándola por daños por agua causados a su aseguradora e imputables a la aseguradora de la demandada, por falta de mantenimiento del tejado del edificio de que es propietaria. Seguro comunitario: Obligación de cubrir la responsabilidad derivada del deficiente estado de un elemento comunitario, como es el tejado, ya que es objeto de la cobertura del seguro. Responsabilidad civil inmobiliaria: Vulneración del principio que impide actuar contra los actos propios. Jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto.

LOGROÑO

SENTENCIA: 00221/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA RIOJA

LOGROÑO

Sección 001

Domicilio: VICTOR PRADERA 2

Telf: 941296484/486/489

Fax: 941296488

Modelo: SEN01

N.I.G.: 26089 37 1 2009 0100085

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000081 /2009

Juzgado procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de LOGROÑO

Procedimiento de origen: JUICIO VERBAL 0000581 /2008

SENTENCIA N.º 221 DE 2010

Ilmos. Sres. Magistrados:

D.ª CARMEN ARAUJO GARCIA

D. LUIS MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ

D. RICARDO MORENO GARCIA

En la ciudad de Logroño a veinte de mayo de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, integrada por los Sres. Magistrados indicados al margen, los Autos de JUICIO VERBAL 581/2008, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de LOGROÑO, a los que ha correspondido el Rollo 81/2009, en los que aparece como parte apelante, SEGUROS AXA, representado por la procuradora D.ª Gabriela, y asistido por el letrado D. JOAQUIN PURON PICATOSTE, y como apelado, SANTA LUCIA S.A., representado por el procurador D.ª JOSE TOLEDO SOBRON, y asistido por el letrado D. VICENTE RODRIGO DIAZ, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª CARMEN ARAUJO GARCIA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que, con fecha 10 de noviembre de 2008, se dictó sentencia en primera instancia en cuyo fallo se recogía:"Estimo la demanda formulada por el Procurador Sr. Toledo Sobrón en nombre y representación de Santa Lucía S.A. Compañía de Seguros, contra Axa Aurora Ibérica de Seguros y Reaseguros S.A., y en su virtud condeno a dicha demandada al pago a la actora de la cantidad de 1822,40 euros, con sus intereses legales incrementados en un cincuenta por ciento desde la fecha del siniestro: 19 de Marzo de 2007, y hasta su completo pago; y con expresa imposición de costas a dicha demandada".

Segundo.-Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de la parte apelante, se presentó escrito solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.

Tercero.-Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 20 de mayo de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Impugna la demanda, Axa Aurora Ibérica de Seguros y Reaseguros S.A., la sentencia de instancia que estima la acción subrogatoria frente a ella ejercitada por Santa Lucia S.A., y condena a la demandada a abonar a ésta la cantidad de 1822,40 euros, abonados por la actora, por daños por agua causados a su aseguradora e imputables, según la sentencia recurrida, a la aseguradora de la demandada, por absoluta falta de mantenimiento del tejado del edificio de que es propietaria.

Pretende la recurrente que la sentencia vulnera los artículos 1 y 76 de la Ley de Contrato de Seguro, alegando haber incurrido la juez a quo en error en la valoración de la prueba y no existir un seguro comunitario, pretendiendo que Axa no tiene obligación de cubrir la responsabilidad derivada del deficiente estado de un elemento comunitario, como es el tejado, por que el tejado no es objeto de la cobertura del seguro.

La póliza (folios 56 a 58 de los autos) concertada por Axa y D.ª Rosa, describe el riesgo asegurado como "piso/apartamento" con situación " CALLE000 NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 " y el interés asegurado como, entre otros, "continente (edificio)", y como garantías "responsabilidad civil inmobiliaria", con una cobertura de 300.506 euros.

Que los daños en la vivienda o piso segundo del n.º NUM000 de la CALLE000 de Logroño, ocupado por la aseguradora de la actora, se produjeron por agua procedente del tejado del edificio por absoluta falta de mantenimiento, no se cuestiona y resulta de la peritación aportada a los folios 14 a 16 y precisada en juicio por la perito, y de la declaración del testigo D. Cipriano que reparó los daños, que pagó Santa Lucia (folios 18 a 20).

Cuando Santa Lucia reclama (folio 21) a Axa el importe de los daños, ésta (folio 22) contesta que no se hace cargo de la reclamación, rechazando el siniestro "por falta de mantenimiento del edificio", no porque no exista seguro de la comunidad, cuando el seguro es respecto al edificio y además la demandada envió a Multiservicios Saga S.L. y pagó los trabajos de reparación del tejado por ésta efectuados. En tal situación, a la apelante correspondería acreditar, respecto a las alegaciones que efectúa, la existencia de otros pisos además de los referidos en la póliza, o que el edificio no era propiedad de D.ª Rosa, cuando en la póliza, (folio 56) consta como asegurada y propietaria, o que el edificio si estuviese constituido en régimen de propiedad horizontal.

Resulta de plena aplicación al caso, respecto a la conducta de la demandada, la doctrina de los actos propios conforme a la que, según a la S.T.S. n.º 305/2008, de 30 de abril,: "Los actos propios tienen su fundamento último en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, lo que impone un deber de coherencia y autolimita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables, declarando así mismo que sólo pueden merecer esta consideración aquellos que, por su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado, definen de forma inalterable la situación jurídica de su autor o aquellos que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho, lo que no puede predicarse en los supuestos de error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia (STS 27 de octubre 2005 y las que en ella se citan)", o, como señala la S.T.S. n.º 900/2008, de 14 de octubre: "Nos encontramos ante la regla de la prohibición de ir contra los actos propios, según la cual, desde la posición de destacada doctrina científica, no puede venirse contra los mismos, con negativa de todo efecto jurídico a la conducta contraria; este principio se asienta en la buena fe, en la necesidad de coherencia en el comportamiento para la protección a la confianza que un acto o conducta de una persona suscita objetivamente en otra u otras; el centro de gravedad de la regla no reside en la voluntad de su autor, sino en la confianza generada en terceros, ni se trata de una manifestación del valor de una declaración de voluntad negocial manifestada por hechos o actos concluyentes, pues no deriva de la doctrina del negocio jurídico, sino que tiene una sustantividad propia, asentada en el principio de buena fe".

Las SSTS de 28 de noviembre de 2000 y de 24 de mayo de 2001 aclaran que: "En efecto, la regla que veda "venire contra "factum" propium", nacida en el ámbito de la autonomía de la voluntad propia del Derecho privado, impone la vinculación del autor de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma, tal y como puede ser entendido por los demás, impidiendo un comportamiento contradictorio". Así, los actos de una persona que pueden tener relevancia en el campo jurídico condicionan los realizados con posterioridad en virtud del principio general de respecto a los actos propios, lo que significa que en ningún caso pueden contradecir a los anteriores provocando una situación de incertidumbre que desconcierte a terceros afectados por los mismos y que contraríe el principio de buena fe establecido en el artículo 7-1 del Código Civil. Por eso se exige que tales actos sean válidos, probados, producto de una determinación espontánea y libre de la voluntad, y exteriorizados bien sea en forma expresa o tácita, pero siempre expresados de modo indubitado y concluyente, en tanto que se quieren tener como demostrativos de una voluntad determinada y contraria al acto posterior que se rechaza.

Pero además, para que pueda entenderse que tienen fuerza vinculante los actos propios, se exige que éstos se hayan producido con una finalidad inequívoca de lograr el fin para el que se pretende invocar, que tengan una significación jurídica inequívoca y que no dejen lugar a dudas, de tal modo que entre dicha conducta anterior y la pretensión actualmente ejercitada exista una auténtica incompatibilidad o contradicción; por ello, la jurisprudencia exige al acto anterior una significación y eficacia jurídica contraria a la acción ejercitada. Esa significación especial que convierte al mero acto en "factum" concludens", exigida por la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2005 y el conjunto de las que en su cuerpo se citan (las SSTS de 9 de mayo, 13 de junio, 31 de octubre de 2000, 26 de julio de 2002, 13 de marzo de 2003), está considerada como "una eficacia jurídica bastante para producir una situación de derecho contraria a la sostenida por quien lo realiza", que dimana de la "finalidad o conciencia de crear, modificar o extinguir algún derecho causando estado y definiendo o esclareciendo de modo inalterable la situación jurídica de que se trata", a la que se refieren también multitud de sentencias como las de 25 y 26 de julio de 2000, 7 y 24 de Mayo 23 de noviembre y 21 de diciembre 2001; 25 de Enero, 19 de Febrero, 15 de marzo y 30 de diciembre de 2 28 de noviembre de 2003.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2004 (precisamente también en relación con un contrato de seguro) la doctrina de los actos propios tiene su fundamento último en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y autolimita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables (Sentencias del Tribunal Constitucional 73 y 198/1988 y SSTS de 25-10 y 28-11- 2000). De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, para que los denominados actos propios sean vinculantes, se exige que causen estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, o que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho opuesto a sí mismo (Sentencias de 27 de julio y 5 de octubre de 1987, 15 de julio de 1989, 18 de enero y 22 de julio de 1990), además de que el acto ha de estar revestido de cierta solemnidad, ser expreso, no ambiguo y perfectamente delimitado, definiendo de forma inequívoca la intención y situación del que lo realiza (Sentencias de 22 de septiembre y 10 de octubre de 1988), lo que no puede predicarse en los supuestos en que hay error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia (Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1995). En igual sentido las Sentencias de 25 de octubre de 2000, 12 de febrero de 1999 y 4 de junio de 1992). En los mismos términos se pronuncian, entre otras, las SSTS de 26 de enero de 2004 y 21 de abril de 2006, en las que se aplica esta doctrina también en relación con contratos de seguro.

Pues bien, en el caso concreto que nos ocupa, la demandada concertó el seguro con D.ª Rosa, como propietaria del edificio, y con la cobertura de responsabilidad civil inmobiliaria; cuando se produjo el siniestro, encargó la reparación del tejado y abonó su importe, y cuando realizó la reclamación de la actora, la causa señalada para su rechazo es haber rechazado el siniestro por falta de mantenimiento del edificio, no que el tejado no sea objeto de cobertura, o que D.ª Rosa no fuese propietaria, o que el seguro no fuese concertado por la comunidad de propietarios, (cuando en absoluto se ha acreditado que existan otros propietarios, y que estuviesen constituidos en comunidad de propietarios conforme a la Ley de Propiedad Horizontal). La conducta preprocesal de la demandada se contradice con la actual posición en el procedimiento, vulnerando el principio que impide actuar contra los actos propios.

El Juzgado a quo ha analizado la prueba practicada en el procedimiento de forma conjunta, en una exégesis apreciativa razonada y razonable, y que se corresponde con el resultado de las pruebas practicadas y con las reglas generales que, sobre la carga de la prueba, establece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; resultancia probatoria y valoración en absoluto desvirtuada por las alegaciones en las que se sustenta el recurso.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal no puede sino convenir necesariamente con los razonamientos expuestos por el Juzgado a quo en los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, desestimando el recurso y confirmando la sentencia en todos sus pronunciamientos.

Segundo.-Rechazado el recurso, han de imponerse a la parte apelante las costas causadas en esta alzada, en virtud de lo dispuesto en los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la procuradora D.ª Gabriela, en nombre y representación de SEGUROS AXA, contra la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2008, aclarada por Auto de fecha 4 de diciembre de 2008, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de los de Logroño, debemos confirmarla y la confirmamos.

Con imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta alzada.

Contra la presente resolución puede caber recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si se cumplieran los requisitos legales, que serían examinados en cada caso por la Sala.

Cúmplase al notificar esta resolución lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Devuélvanse los autos al juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, interesándose acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrado/s que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario doy fe.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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