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Sentencia A.P. Las Palmas 265/2010 de 20 de mayo


 RESUMEN:

Letrado: Reclamación de la minuta correspondiente a las gestiones y asesoramiento prestado relativo a la impugnación del testamento del padre de la demandada y a la reclamación de herencia de su madre. Estimación.

 

PRESIDENTE: Doña Emma Galcerán Solsona

MAGISTRADOS: Doña María Elena Corral losada

Don Lucas Andrés Pérez Martín.

SENTENCIA

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a veinte de mayo de dos mil diez;

VISTAS por la Sección 4.ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 7 de febrero de 2009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santa María de Guía en los autos de Juicio Verbal n.º 482/207 seguidos a instancia de DON Hermenegildo, parte apelante, representado en esta alzada por la Procuradora de los Tribunales DOÑA MARÍA JESÚS RIVERO HERRERA, asumiendo él mismo su defensa letrada, contra DOÑA Elisa, parte apelada, representada en esta alzada por la Procuradora DOÑA LIDIA SAINZ DE AJA CURBELO, asistida por el Letrado DON MARIO COELLO RIVERO, siendo ponente el Sr. Magistrado DON Lucas Andrés Pérez Martín, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Santa María de Guía, se dictó en los autos del Juicio Verbal n.º 482/2007, del que dimana el presente Rollo, Sentencia cuya parte dispositiva literalmente establece:

"Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda formulada por la representación procesal de D. Hermenegildo debo DECLARAR que la demandada adeuda al demandando la suma de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNIMOS (418,50 €) y CONDENAR a la demandada a que abone dicha suma al actor, procede ABSOLVER a la demandada del resto de las pretensiones formuladas en su contra".

Segundo.-La referida sentencia, de fecha 7 de febrero de 2009, se recurrió en tiempo y forma en apelación por la parte demandante, interponiéndose tras su anuncio el citado recurso con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la parte contraria, demandada, presentó escrito de oposición al recurso alegando cuanto tuvo por conveniente. Seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. Sin necesidad de celebración de vista en esta alzada, se señaló para discusión, votación y fallo quedando los autos pendientes de dictar sentencia.

Tercero.-En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Los hechos que motivan el presente procedimiento se centran en la reclamación del letrado actor a la demandada de la minuta correspondiente a las gestiones y al asesoramiento prestado relativo a la impugnación del testamento de su padre y a la reclamación de la herencia de su madre. Afirmó el Letrado que la demandada conocía desde el inicio el precio total del asesoramiento, 9.000 euros, y la demandada lo niega, alegando que en el momento en el que conoció dicho precio fue cuando le solicitó al demandante que le devolviese su documentación y solicitó abogado de oficio, y que por ello no procedía la estimación de la demanda.

La resolución de instancia establece que la minuta no consta recibida por la demandada, que sí admite haber solicitado los servicios del actor para impugnar el testamento de su padre y reclamar la herencia de su madre, y que ésta alega que una vez conoció el precio del asesoramiento, 9.000 euros, le fue imposible de abonarlo, negando las gestiones que el demandante reclama ya que afirma haberle facilitado ella la documentación relativa a sus padres, admitiendo únicamente la gestión ante el centro de Taliarte para la obtención del expediente médico de su padre. Afirma la resolución de instancia que consta que el acto de conciliación sí que se llevó a cabo, por lo que se admite dicha partida, pero no considera acreditada la complejidad de la suspensión del acto de conciliación, por lo que se le deducen los 60 euros para aplicar el criterio n.º 6, rebajándolo a 45 euros. Por las salidas a Taliarte, toda vez que no consta la complejidad ni el trayecto, se reducen a 45 euros por cada salida, sin desglosar entre la gestión y la salida. Se admite la asistencia al acto de conciliación sin avenencia por 126 euros por ser criterio fijo del Colegio de Abogados, sin atender al resto de partidas, ya que no consta la complejidad de las mismas ni que el demandante las hubiese llevado a cabo, haciendo la cuantía un total de lo reclamado 480 euros.

Dos son los motivos esenciales del recurso de apelación del actor. El primero se centra el contenido de las salidas y gestiones, y afirma que la resolución a quo sufrió un error en la interpretación de los criterios de honorarios profesionales. No se pueden interpretar los citados criterios como lo ha hecho la jueza de primera instancia, ya que no se pude valorar una consulta en el despacho con 50 a 88 euros del criterio 1 y una salida desde Gáldar a Las Palmas de Gran Canaria o Telde, con 45 euros. Los criterios 6 y 7 de los honorarios son complementarios y no se han de valorar conjuntamente, sino por separado. El primero remunera la gestión y el segundo la salida necesaria para la gestión. Además, las salidas son lejanas, desde Gáldar a Las Palmas y Telde, y se podría cobrar 107 euros por salidas fuera de la localidad, y sólo ha minutado 75 euros. El segundo motivo del recurso trata de las gestiones no probadas, ya que no se consideran probadas ni la tramitación de las partidas de nacimiento de los padres de la demandada, ni los certificados de últimas voluntades, ni la copia de los testamento, y al respecto la demandada no dijo que los tramitase ella en el acto de conciliación, ni en el escrito al colegio de abogados. Aunque ella no redactase el documento de retirada de la documentación lo leyó, y figura que el Letrado fue el que retiró los documentos. La demandada sabe leer y escribir, lo que se acredita con la denuncia ante el colegio de abogados y además en la vista demostró que no sabía dónde se obtenía cada documento, por lo que este desconocimiento prueba que no fue ella la que los retiró, constando en autos la autorización al letrado para obtenerlos, solicitando por todo ello que se estime la demanda revocando la resolución a quo.

Se opuso al recurso la demandada alegando que no quedó acreditado que pactaran 9.000 euros por los trámites a desarrollar ya que no existe hoja de encargo. Se admite la gestión de Taliarte, coherente con el escrito presentado ante el Colegio de Abogados, y se califica el documento de retirada de la documentación como una trampa que sólo firma la demandada porque desconoce su contenido, solicitando se confirme la resolución de instancia en la cuantía condenatoria.

Segundo.-Para dejar asentado el debate jurídico que se plantea en el proceso, inicialmente lo hemos de centrar en que, existiendo un contrato de arrendamiento de servicios entre el abogado y la demandada en el que no se han establecido los criterios económicos del contrato, consolidada es la Jurisprudencia de la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo que establece que en tal situación la cuantía de la retribución de la prestación de servicios deberá ser fijada por el órgano jurisdiccional, atendiendo al dictamen del Colegio de Abogados (en caso de haberlo, lo que no es nuestro caso), pero no sólo a él, ya que también se deberán estudiar la cuantía de los asuntos, el trabajo realizado, el grado de complejidad, la dedicación requerida, y resultados obtenidos, sin que los criterios orientadores deban ser seguidos imperativamente, aunque sí sean una guía orientadora para fijar la retribución del Letrado.

Así, la Sentencia de la Sección Primera del TS de 31 de octubre de 2008 establece;

"TERCERO.- El primero de los motivos del recurso viene referido a la infracción de lo dispuesto en los artículos 3-2.º, 1258 y 1282 del Código Civil, que la parte recurrente entiende indebidamente aplicados y erróneamente interpretados por la sentencia impugnada, puesto que la falta de pacto sobre honorarios había de conducir inexorablemente a la aplicación de los fijados por el Colegio de Abogados en su informe.

El motivo no puede prosperar. El artículo 1258 del Código Civil, en cuanto se refiere de modo genérico a las obligaciones derivadas del contrato, comprendiendo no sólo lo expresamente pactado, sino las demás consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, no resulta apto para fundar un motivo de casación por infracción de ley como se han encargado de señalar numerosas sentencias de esta Sala (así las de 23 marzo 1999, 30 marzo 2000, 23 mayo 2003, 9 octubre 2003, 4 y 27 febrero 2004, 12 noviembre 2004, 21 junio 2005, 6 octubre 2005, 9 mayo 2006, 8 junio 2006, 23 marzo 2007 y 17 marzo 2008, entre otras muchas).

Por su parte, el artículo 3.2 del mismo código invita a los tribunales a la consideración de criterios de equidad en la aplicación de las normas, si bien impide que la resolución pueda estar basada exclusivamente en ella salvo en los casos en que la ley expresamente lo permita; y en el presente caso basta examinar los razonamientos de que se sirve la Audiencia en su resolución para comprobar que la misma no viene fundamentada exclusivamente en criterios de equidad, sino que fija como adecuada una cuantía por honorarios teniendo en cuenta los antecedentes existentes en referencia a la relación contractual de arrendamiento de servicios continuada en el tiempo entre las partes, así como la naturaleza y dificultad del encargo profesional realizado, lo que entronca con la aplicación del artículo 1282 del Código Civil, en tanto que si las partes no fijaron unos honorarios profesionales específicos -como siempre habían hecho- para un asunto que presentaba una elevada cuantía -acto coetáneo- no cabe deducir que se remitían a la rigurosa aplicación de los criterios sobre honorarios profesionales fijados por el Colegio de Abogados.

Además, esta Sala ha declarado reiteradamente que los tribunales no se encuentran vinculados por tales normas colegiales, cuyo valor es meramente orientativo no obstante su evidente valor referencial. Lo que la Audiencia ha entendido es que, con los antecedentes derivados del proceso en el que se aplica la minuta y la intervención que en él se atribuye el Letrado demandante Sr. Miguel Ángel, resultan absolutamente desproporcionados unos honorarios como los reclamados que ascienden a una cantidad de treinta y seis millones trescientas veinticuatro mil cuatrocientas cincuenta pesetas, más IVA, por el seguimiento del proceso en primera y segunda instancia.

La sentencia de esta Sala de 25 junio 2007 señala que "ni el dictamen de un perito ni el de un Colegio profesional es vinculante para el órgano jurisdiccional, aunque éste no puede caer en la arbitrariedad fijándolo sin razonamiento, sino que puede apartarse del dictamen por argumentos objetivamente serios" (Sentencia de 25 de octubre de 2002), toda vez que, en definitiva, se trata de un dictamen pericial (Sentencia de 24 de febrero de 1998). No puede olvidarse tampoco (Sentencia de 3 de febrero de 1988) que la intervención del Colegio de Abogados del lugar donde se presten los servicios del Abogado, junto al carácter detallado de la minuta presentada, es exigencia ineludible de orden sustantivo para que el Juez haga uso de sus facultades moderadoras, asumiendo el órgano judicial funciones de arbitrador por ministerio legal (artículo 1.544 del Código Civil, a relacionar con el artículo 1.447 de igual texto legal)".

Por tanto, en el caso presente la Audiencia se ha limitado a actuar usando de tales facultades moderadoras con fijación de unos honorarios que ha estimado adecuados a las circunstancias del caso; determinación que ha de considerarse irrevisable en casación en cuanto no resulta arbitraria ni irrazonable.

(...)

Quinto.-(...) Los artículos 1258, 1583 y 1544 del Código Civil, por su generalidad, no son aptos para fundar un recurso de casación por infracción legal. En cuanto al primero de ellos ha de bastar lo ya razonado en el anterior fundamento jurídico tercero. El artículo 1583 se limita a señalar que, en el arrendamiento de servicios, estos pueden ser contratados sin tiempo fijo, por cierto tiempo o para una obra determinada, prohibiendo expresamente el arrendamiento hecho por toda la vida, por lo que dicha norma presenta carácter genérico además de que no se discute que en el caso presente se trataba de un arrendamiento para la defensa en un proceso determinado. El 1544 es meramente enunciativo de los contratos de arrendamiento de obras y servicios y como tal no puede servir de fundamento a un recurso de casación por infracción legal (sentencias de 7 diciembre 1998, 20 diciembre 2002, 29 marzo 2006, 7 marzo 2007, entre otras). Por último, el artículo 1447 del Código Civil se refiere al contrato de compraventa y refiere que basta para considerar la existencia de precio cierto que éste lo sea con referencia a otra cosa cierta o que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada, nada de lo cual sucedió en el presente caso pues no cabe entender que la falta de fijación previa de los honorarios remitía inexorablemente a la rígida aplicación de las normas colegiales, máxime cuando tal aplicación conduciría a una cuantía tan elevada como la que se reclama; supuesto en el que lógicamente el profesional ha de advertir a su cliente de las consecuencias económicas que pudieran derivar del proceso, lo que exigía razonablemente, cuando habían de elevarse a cantidad como la ahora reclamada, la previa fijación de tales honorarios a iniciativa del propio Letrado."

Y respecto al resto de los criterios, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2008 establece;

"SEGUNDO. En cuanto a la impugnación de honorarios del Letrado por excesivos, en consideración a la doctrina de esta Sala, su importe ha de guardar proporción con la cuantía económica del litigio y con el esfuerzo profesional que han de realizar en defensa de sus intereses, siendo en todo caso las normas del Colegio de Abogados orientadoras; y sin olvidar que la condena en costas al vencido en cuanto a fijación se hace al margen del contrato de arrendamientos de servicios que la parte vencedora haya podido concluir con su dirección letrada; estos criterios, han de relacionarse en el caso presente con el único concepto por el que en este recurso se produce devengo de honorarios a favor del Letrado solicitante, que es el escrito de extrema simplicidad y sin dificultad jurídica de oposición a la admisión a trámite del recurso. Por todo lo cual procede declarar como adecuada la cantidad de 1.600 euros, en atención a lo previsto en el artículo 246.3, párrafo 1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en atención a la diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala."

Tercero.-Sentados estos condicionantes, analizaremos las alegaciones del recurso en sentido inverso, primero desarrollaremos si las gestiones que se afirman en la resolución de instancia no hechas se probaron si se hicieron o no, ya que si no se hicieron nada más hay que estudiar al respecto, para posteriormente, si sí se hicieron, valorar su coste en la minuta reclamada a tenor de los principios señalados, honorarios profesionales orientadores, cuantía económica y dificultad del asunto, tareas ejecutadas y esfuerzo del Letrado.

Los documentos de los que se afirma que no se ha probado por el Letrado que los haya obtenido él son, de 9 de mayo de 2005 los certificados de defunción de los padres de la demandada, y de 16 de mayo el certificado de últimas voluntades. En este momento el Letrado ya asesoraba a la demandada, porque ésta admite la gestión ante Taliarte, y el Letrado aportó con el número 7 de documentos, escrito firmado por la demandada para entregar en la citada residencia en la que se solicitaba que la documentación se enviase al Letrado, con sus datos y dirección, que fue quien lo debió redactar, por su forma, siendo el documento de fecha 12 de mayo de 2005, teniendo entrada en Taliarte el 24 de mayo. Este es un principio de prueba de que los documentos los pudo solicitar el Letrado. Hemos de señalar que el hecho de que la demandada no los citase ni en el acto de conciliación ni en el escrito al colegio de abogados puede ser otro indicio de que no negaba al inicio del conflicto que dichos trámites se llevasen a cabo, pero no son la prueba definitiva. Para nosotros sí que lo es, junto a la fecha de los documentos, el hecho de que la demandada no sepa dónde se obtienen los documentos que afirma que ella le propinó al Letrado, ya que no alega que ninguna otra persona se los facilitase, sino que los obtuvo ella misma. La demanda declaró en el acto de la vista que para el certificado de defunción acudió a la notaría, y el documento se obtiene en el Registro Civil. Afirmo que para las últimas voluntades acudió al Juzgado de Paz, y se obtiene directamente a través de la Delegación territorial del Ministerio de Justicia, o a través de gestoría que intermedie, pero nunca en el Juzgado de Paz, donde también afirmó que obtuvo el testamento, que es notarial y se debió obtener en la notaría correspondiente, tal y como se ve al documento n.º 6 de los acompañados a la demanda. Y si la demandada no sabe dónde se obtienen los documentos, necesariamente los tuvo que haber obtenido el Letrado, y sí procede incluir dichas partidas en la minuta.

Respecto a las partidas por gestiones y por salidas del despacho cierto es como señala el Letrado que los criterios orientadores recogen como acciones separadas y minutadas por separado ambas actividades. El criterio 6 recoge la minutación de las "gestiones de simple trámite en Juzgados, oficinas públicas particulares", como son las gestiones de las que tratamos y como cobro diferente las salidas para obtenerlas, ya que el criterio 7 recoge la minutación de las citadas salidas "Aparte de los honorarios correspondientes al trabajo profesional que las motive...". Dicha diferenciación la consideramos ajustada a la equidad, ya que para la gestión el Letrado usa la formación jurídica que tiene y que ha obtenido para saber qué documento ha de pedir de cara al futuro o hipotético proceso, objeto que es diferente al tiempo empleado para ir a obtener el documento, que se minuta aparte, máxime cuando el Letrado tiene residencia profesional en Gáldar y los certificados se tuvieron que recoger en Telde el del padre de la demandada y en Las Palmas de Gran Canaria el de la madre.

En cuanto a la valoración de las citadas partidas, lo que sí es cierto es que la gestión en sí de pedir los citados documentos no requiere formación de fondo alguna, sí la requiere saber qué documento se ha de pedir, pero la petición en sí no tiene dificultad y lo puede hacer cualquier persona sin formación jurídica, por lo que de las 11 primeras partidas de la minuta, rebajamos las relativas a gestiones a 45 euros por cada una (las partidas, enumerándolas, 1.ª, 3.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª y 10.ª). Respecto a las salidas, si bien los certificados de defunción de padre y madre tienen la misma fecha de lo que se habría que suponer que pudieron haberse obtenido el mismo día, ha de beneficiar al letrado el hecho de que pudiendo haber aplicado el criterio 7.2 que cifra la salida fuera de la localidad en 107,1 euros cada una haya usado el 7.1, de las salidas en la misma localidad, minutando sólo 75 euros por ellas, por lo que se han de mantener las cuantías de las partidas 2.ª, 4.ª, 6.ª, 9.ª y 11.ª Esto hace un total de 645 euros en la minuta por las 11 primeras partidas, a 45 euros unas y a 75 las otras.

Las partidas de la elaboración de la demanda de conciliación y de la asistencia al acto de conciliación son admitidas por la recurrida desde el momento en el que pide la confirmación de la resolución a quo que le condenó a su pago, por lo que a la minuta se le han de sumar los citados 157,50 y 126 euros respectivamente. Sin embargo, no se ha de admitir la partida de 60 euros por la gestión de suspender el acto de conciliación, ya que la disposición general 3.ª de los criterios de honorarios establece que los criterios relativos a asuntos judiciales se refieren a su tramitación normal y completa, considerándose incluidos en la minutación la redacción de escritos, o actuaciones judiciales con inclusión de las salidas de despacho en la misma localidad, y minutándose ya los dos actos del procedimiento, demanda y asistencia al acto de conciliación y siendo el mismo en Gáldar, la misma localidad que la del Letrado, no procede admitir dicha partida.

Tampoco podemos admitir las partidas no probadas, y no se ha acreditado en el procedimiento en ningún lugar que el Letrado celebrase dos reuniones con el Letrado de Don Juan Reyes García, ya que no se ha probado ni por escrito ni verbalmente, por lo que dicha partida se ha de eliminar. Y respecto a las visitas al despacho, tampoco acreditó el Letrado que la demandada hubiese ido 5 veces a realizarle consultas de ninguna manera, y de hecho no lo pareció en el proceso, y dando por hecho que fue a consultarle la primera ocasión por el asunto y que cuando le citó el Letrado el precio que le iba a cobrar también debió ser en su despacho, se le admiten en la minuta 2 consultas, y por ello 80 euros por este concepto. Por último, acreditado que los documentos fueron solicitados por el actor y aportados a los autos, sí que procede incluir en la minuta los dos suplidos, que ascienden a 14,15 euros.

La suma de todas las partidas admitidas hace un total de 1.022,65 euros que serán los que deberá abonar la demandada al actor, estimándose por ello parcialmente el presente recurso de apelación.

Cuarto.-En cuanto a las costas del procedimiento, a tenor de lo establecido en los artículos 394, 397 y 398 de la LEC, habiéndose estimado parcialmente el presente recurso, no procede hacer expresa mención en costas de esta alzada, abonando cada parte las suyas y las comunes por mitad.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;


FALLAMOS


 
Que debemos estimar y estimamos parcialmente la impugnación interpuesta por la representación de DON Hermenegildo contra la sentencia de fecha 7 de febrero de 2009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santa María de Guía en los autos de Juicio Verbal n.º 482/207, que modificamos, condenando a la demandada, DOÑA Elisa a que pague al actor, DON Hermenegildo la suma de MIL VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.022,65. euros), sin hacer expresa mención respecto a la condena en costas del proceso.

Llévese certificación de la presente resolución al rollo de esta Sala y notifíquese a las partes, y con certificación de la misma, devuélvanse los autos al Juzgado de Procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Lucas Andrés Pérez Martín, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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