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Sentencia A.P. Pontevedra 450/2010, de 20 de septiembre


 RESUMEN:

Propiedad de una construcción: Se presume que pertenece al propietario de la finca sobre la que se ubica, siendo ésta indiscutida, salvo prueba de dominio de mayor consistencia. Prueba del dominio: El expediente de expropiación forzosa, el pago de la contribución territorial urbana, así como de la prueba testifical, no son suficientes para acreditar el dominio invocado por la apelante, ya que la autoridad administrativa o fiscal carecen de competencias a tal fin, y en cuanto a los testigos, no se acredita con cargo a qué patrimonio se realizó tal construcción.

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00450/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 508/10

Asunto: ORDINARIO 35/08

Procedencia: PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 CANGAS

LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, COMPUESTA POR LOS ILMOS

MAGISTRADOS

D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ

D.ª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

D. JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ,

HA DICTADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA NUM.450

En Pontevedra a veinte de septiembre de dos mil diez.

Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los autos de procedimiento ordinario 35/08, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cangas, a los que ha correspondido el Rollo núm. 508/10, en los que aparece como parte apelante-demandante: D. Inés representado por el procurador D. ANTONIO D. RIVAS GANDASEGI y asistido por el Letrado D. VIRGINIA BLANCO CORRAL, y como parte apelado- demandado: D. Marisa, DÑA Rebeca, DÑA Teodora, D. Baldomero, D. Celestino, representado por el Procurador D. SENEN SOTO SANTIAGO, y asistido por el Letrado D. DOMINGO ADRIO RAMILO, sobre nulidad de operaciones particionales, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cangas, con fecha 16 abril 2010, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sr. Rivas Gandasegui en nombre y representación de Inés contra Marisa, Rebeca, Teodora, Baldomero Y Celestino debo absolver y absuelvo a Marisa, Rebeca, Teodora, Baldomero Y Celestino, de las pretensiones deducidas contra los mismos. Las costas procesales se imponen a Inés."

Segundo.-Notificada dicha resolución a las partes, por Dña Inés, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala y se señaló el día dieciséis de septiembre para la deliberación de este recurso.

Tercero.-En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia desestima la acción de impugnación de la partición judicial llevada a cabo en el juicio voluntario de testamentaria seguido ante ese mismo Juzgado con el número 195/1996. La parte actora pretende, en esencia, tanto en la instancia como en esta alzada, que se declare la nulidad de las operaciones particionales aprobadas en el citado procedimiento al haberse incluido como bien integrante del caudal relicto de la causante Doña Martina la cantidad de 3.348.000 de las antiguas pesetas en concepto de cantidades que por la expropiación pagó Autopistas del Atlántico a la actora y apelante y que correspondían a la herencia de la causante cuando, como sostiene la parte apelante, de esa cantidad, 3 millones de las antiguas pesetas corresponden a la casa que era la vivienda de la actora, y de su propiedad, no de la causante.

Segundo.-Aún cuando la sentencia lo trata en último lugar, la parte apelante cuestiona al inicio de su recurso la prescripción apreciada por la sentencia de instancia, si bien no es el motivo esencial de desestimación. La argumentación de la sentencia de instancia se centra en la falta de prueba sobre la titularidad del dominio de la vivienda construida en la finca rústica " DIRECCION000 " de la que no se ha discutido que fuera propiedad de la causante, pero además argumenta que la acción ejercitada, que podría encajar, en principio, en uno de los supuestos que vician de modo trascendente la partición ha prescrito por el transcurso de cuatro años conforme a lo dispuesto en el art. 1301 CC. Plazo que debe computarse desde la fecha 29 noviembre 2001 en que se dicta auto aprobando las operaciones particionales en proceso voluntario de testamentaría.

Sin entrar ya en las vicisitudes de la pretensión anulatoria de la parte apelante por el rechazo del incidente de nulidad planteado en su día bajo el argumento de falta de notificación de actuaciones y resoluciones en el mencionado juicio voluntario de testamentaria seguido ante ese mismo Juzgado con el número 195/1996, así como del intento resarcitorio pretendiendo atribuir la responsabilidad de la falta de notificación a su propio Procurador, ejercitando infructuosamente contra él una acción de responsabilidad civil profesional, y dejando por lo tanto a un lado la problemática del dies a quo, es lo cierto que el plazo de prescripción aplicable no es el de cuatro años del art. 1301 CC referente al supuesto de anulabilidad.

Solo recordar, con la STS 27 mayo 1988, siguiendo la STS de 29 marzo 1958 en ella citada que, en las particiones aprobadas judicialmente cabe la misma impugnación que en las aprobadas por los herederos, tanto si los interesados manifiestan su conformidad, pues ésta no puede purgar los vicios de consentimiento y la lesión se reputa como tal, como si se deja transcurrir el término sin hacer oposición, que son los dos supuestos a que se refiere el art. 1081 LEC de 1881, dado que este silencio y pérdida del trámite para impugnar la partición no revela conformidad con la misma, ni impide el juicio declarativo correspondiente, según afirma la STS 3 diciembre 1928, según cita la mencionada STS 27 mayo 1988.

Señala la STS de 15 junio 1982 que, como ya se dijo en la sentencia de 6 de noviembre de 1934, el Código Civil carece casi en absoluto de normas -relativas a la nulidad de las particiones hereditarias, lo que confirma el propio recurso, al no citar en este punto, como infringido, ningún precepto legal, sino sólo la indicada doctrina jurisprudencial, olvidando que ésta, a partir de las sentencias de 25 de marzo de 1914 y 7 de enero de 1932, afirmó la necesidad de respetarse el criterio de nuestro ordenamiento jurídico, muy restrictivo en cuanto a la admisión de las pretensiones de invalidez de las particiones, "como se deduce de los artículos 1079, 1080, 1056 y 1057 del Código Civilart.1056 EDL 1889/1 art.1057 EDL 1889/1 art.1079 EDL 1889/1 art.1080 EDL 1889/1 ", en el sentido de no dar lugar a la invalidez sino cuando no, haya más remedio, para evitar la vuelta de los bienes a la indivisión y los gastos, molestias e inconvenientes que acarrearía una nueva partición, doctrina que se confirmó en las sentencias de 17 de abril de 1943, 9 de marzo de 1951, 17 de marzo y 5 de octubre de 1955, 30 de abril de 1958 y 25 de febrero de 1969, entre otras; añadiéndose, además, que cuando la partición tenga naturaleza de contrato -que es el supuesto que se contempla en que fue hecha por los interesados de común acuerdo-, habrá de serle aplicable el Derecho común de los contratos, con la consiguiente distinción entre nulidad absoluta o radical y anulabilidad o nulidad relativa, rigiendo para la segunda lo establecido en los artículos 1300 al 1314 -(sentencias de 26 de marzo de 140, 7 de enero de 1949, 9 de marzo de 191, 2 de noviembre de 1957, 29 de marzo de 1958, 13 de octubre de 1960, 25 de noviembre de 1965, 25 de febrero de 1966, 26 de noviembre de 1974 y 7 de enero de 1975, entre otras), con el prescriptivo plazo de cuatro años que para la acción establece el artículo 1301,...

En la misma línea la STS de 31 mayo 1980 cuando en su fundamento jurídico segundo establece que:

Que carente el Código Civil de una regulación específica sobre la nulidad de las particiones, fuera del precepto singular del artículo 1081, ha declarado esta Sala que habrá que entender aplicables a la materia las normas sobre nulidad de los negocios jurídicos y principalmente de los inter-vivos contractuales, teniendo un presente la consecuencia de que sólo se originara esa nulidad si existe carencia o vicio sustancial de los requisitos esenciales del acto (sentencias de 17 de abril de 1943, 13 de octubre de 1960, 25 de febrero de 1966 y 7 de enero de 1975), como acontece a juicio de la doctrina científica, y entre otros supuestos, cuando falta algún elemento esencial (así la certeza de la muerte del causante o la validez y vigencia del testamento) o presupuesto del negocio, o si la nulidad viene ocasionada por haber sido hecha la operación contra lo preceptuado en la ley (partición realizada por causante no testador contradiciendo lo dispuesto en el artículo 1056, comisario coheredero vulnerando la prohibición del artículo 1057, etc. y por su parte. la Jurisprudencia ha calificado como casos de nulidad, amén del contemplado por el referido artículo 1081, la falta de consentimiento de la persona designada para practicar la división (sentencias de 8 de marzo de 1956 y 13 de octubre de 1960), la inclusión en la mesa partible de bienes no pertenecientes al causante (sentencia de 30 de enero de 1951), como acontecerá si se extiende a los gananciales y parafernales teniéndolos como privativos del "de cuius" (sentencia de 17 de mayo de 1974), la ilicitud de causa por deliberada ocultación de componentes del caudal (sentencias de 22 de junio de 198 y 25 de febrero de 1966), la invalidez del testamento (sentencia de 11 de marzo de 1952), el error sustancial cometido por el testador al proceder a la valoración de los bienes (sentencia de 26 de noviembre de 1974), o al haber omitido cosas importantes y no computar determinados inmuebles objeto de donación (sentencia de 7 de enero de 1975), al haber liquidado por sí mismo el Comisario la sociedad de gananciales sin intervención del cónyuge supérstite o de los herederos del premuerto (sentencia de 20 de octubre de 1952), así como la infracción de prescripciones legales imperativas, cual es la necesidad de nombrar defensor judicial al menor con intereses opuestos al de su padre o madre (sentencias de 14 de diciembre de 1957 y 28 de mayo de 1974).

Así, en la línea de la STS de 30 enero de 1951 (la de 5-11-1955, 25-1-1956 ó 17-5-1974) de incluir en los supuestos de nulidad el de inclusión en la mesa partible de bienes no pertenecientes al causante, en la misma línea que la STS de 22 de febrero de 1997 (y las que en ella se citan), alejan el supuesto enjuiciado de los supuestos de anulabilidad, en los que el negocio jurídico de partición es inicialmente válido y susceptible de quedar convalidado, para ser incluido entre los supuestos de nulidad por falta de algún elemento esencial en la partición por razón del objeto al incluir bienes no pertenecientes al causante que vician sustancialmente la partición. En consecuencia no resulta de aplicación el plazo de prescripción que para la acción de anulabilidad prevé el art. 1301 CC.

Tercero.-Salvado este obstáculo, la parte apelante entra a valorar el fondo de la cuestión litigiosa y pretende que se considere debidamente acreditado su dominio sobre la mencionada casa construida en la DIRECCION000 ", perteneciente a la causante, a través del expediente de expropiación forzosa, del pago de la contribución territorial urbana, así como de la prueba testifical.

Pues bien, ninguno de tales medios son suficientes para acreditar el dominio invocado por la apelante. De este modo la parte apelante nos lleva al examen de los mismos requisitos que se exigen para la prosperabilidad de una acción reivindicatoria, siendo el primero la prueba del título. Si se invoca una adquisición derivativa se deberá probar el acto por el que adquirió y que la propiedad correspondía al transmitente más allá del tiempo necesario para adquirir por usucapión. Si la adquisición fue originaria, probará su adquisición. Ciertamente el título de dominio equivale a justificación dominical que puede acreditarse por cualquiera de los distintos medios de prueba, sin que sea imprescindible la presentación de un título escrito de propiedad, pero debe acreditarse debidamente.

Ni en los trámites de un expediente de expropiación forzosa ni en los impuestos de la propiedad urbana se discute ni fija la propiedad de un inmueble. La autoridad administrativa o fiscal carecen de competencias a tal fin. La constancia de la titularidad de la apelante en esos ámbitos no son determinantes ni atribuyentes del derecho de propiedad, cuyo título sigue aún oculto.

Tampoco ofrecen prueba del dominio las declaraciones de testigos sobre la construcción de la casa cuando ni siquiera puede considerarse acreditado con cargo a que patrimonio se realizó tal construcción. Y menos posibilidades de ser considerado título válido es la mencionada donación de la DIRECCION000 " a que se refiere la propia parte apelante en el escrito de oposición inicial a las operaciones particionales en el juicio voluntario de testamentaría (doc. 5 aportado con la demanda, al folio 43)en el que se hace referencia a una escritura privada de donación que ya se califica de ilícita, o mejor ineficaz, al ser contraria tal forma a la exigida como requisito de validez por el art. 633 CC, es decir, la escritura pública.

La conclusión es que la casa que se dice privativa de la apelante se encuentra construida sobre una finca de indiscutida propiedad de la causante, resultando por lo tanto ajustado al ordenamiento la aplicación del art. 359 CC para presumir la propiedad sobre lo construido del propietario del suelo, que no refleja más que la fuerza expansiva de la propiedad del suelo, sin que se haya probado una titularidad o dominio de mayor consistencia a favor de la parte apelante. Quien pretenda desvirtuar esta presunción ha de acreditar suficientemente que efectivamente realizó la obra y que no la hizo a costa del propietario. No es el caso.

Cuarto.-La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Doña Inés contra la sentencia de fecha 16 abril 2010 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cangas en el juicio ordinario n.º 35/2008, confirmándose la misma, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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