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Sentencia T.S.J. Cataluña 931/2010, de 11 de octubre


 RESUMEN:

Contribuciones especiales. Falta de titularidad de una de las fincas: Según resulta de los datos catastrales no ha quedado desvirtuada la referida titularidad. Falta de equidad del resultado y arbitrariedad en el reparto de cuotas: Se señala que el Ayuntamiento no ha atendido los diferentes usos de las fincas, ciñéndose al volumen edificable potencial. Módulo de reparto aplicado: No es arbitrario o inequitativo, y parte de consideraciones objetivas y no de las particulares circunstancias del negocio actualmente instalado. Desestimación.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rollo de apelación n.º 6/2010

Partes: TURIXPERT, S.A. C/ AJUNTAMENT DE ROSES

SENTENCIA N.º 931

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN

MAGISTRADOS

D. RAMÓN GOMIS MÁSQUE

D. JOSE LUIS GÓMEZ RUIZ

En la ciudad de Barcelona, a once de octubre de dos mil diez

Visto por la Sala de lo congtencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Sección Primera) constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el rollo de apelación n.º 6/2010, interpuesto por TURIXPERT, S.A., representado el Procurador D. JOAN JOSEP CUCALA PUIG, contra la sentencia de 13 de noviembre de 2008 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 Girona de los de Barcelona, en el recurso jurisdiccional n.º 97/2008.

Habiéndo comparecido como parte apelada AJUNTAMENT DE ROSES representado por el Procurador D. LUIS ALFONSO PEREZ DE OLAGUER MORENO.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN, quien expresa el parecer de la SALA.


A N T E C E D E N T E S D E H E C H O


 
Primero.-La sentencia apelada contiene la parte dispositiva del siguiente tenor:

"DECIDEIXO: Desestimar el recurs presentat per TURIXPERT SA; confirmar la resolució recorreguda en tots els seus extrems, sense imposició de costes.".

Segundo.-Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido, por el Tribunal de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal previo emplazamiento de las partes, personándose en tiempo y forma las partes apelante y apelada.

Tercero.-Desarrollada la apelación y tras los oportunos tramites legales que prescribe la Ley Jurisdiccional en su respectivos articulos, en concordancia con los de la L.E.C., se señaló a efectos de votacion y fallo la fecha correspondiente.

Cuarto.-En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.


F U N D A M E N T OS DE D E R E C H O


 
Primero.-Se impugna en la presente alzada la sentencia dictada en fecha 13 de noviembre de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Girona y su provincia, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo ordinario número 97/2008, interpuesto por la entidad mercantil apelante contra resolución del Ayuntamiento de Roses relativo a las contribuciones especiales para la financiación de las obras del proyecto de urbanización de Mas Buscà de dicho municipio.

Segundo.-Los fundamentos de derecho de la sentencia apelada son del siguiente tenor:

"PRIMER. Es dirigeix el present recurs contra la desestimació del recurs de reposició interposat per la recurrent contra la resolució de l'alcaldia de l'Ajuntament de Roses de data 3 de desembre de 2007 referit a les contribucions especials per al finançament de les obres del projecte d'urbanització del mas Buscà d'aquell municipi.

El primer dels motius d'impugnació que consta a la demanda es refereix a la no titularitat de la finca amb referència cadastral 3814002EG1831S0001EK.

El motiu ha de ser desestimat atès que tant en la documantació tramesa per l'Ajuntament de Roses en resposta a la documental proposada per la mateixa recurrent (pàgina 9 de la mateixa) axí com les dades cadastrals que han estat obtingudes per aquest Jutjat a sol.licitud del pèrit nomenat (foli 149) consta la referida finca com a titularitat de la recurrent, i sense que per la part que fa aquesta al.legació s'hagués aportat cap inscripció registral de domini contradictòria amb el que consta a aquella documentació que referma allò que ja consta a l'expedient administratiu.

Pel que fa a la segona de les al.legacions de la demanda aquesta es refereix a la manca de conformitat de la recurrne tamb els mòduls de repartiment i atribució de les quotes per les obres d'urbanització del Mas Buscà.

Al respecte cal tenir present com senyala la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera de data 18 de maig de 2006:

"Como venimos reiterando (así, la sentencia núm. 1267/2005, de 22 de noviembre de 2005), en materia de aplicación de módulos de reparto en las contribuciones especiales, la regla general es la contenida en el referido art. 32.1.a) LHL: Se aplicarán, conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Los cuatro módulos que se citan puede aplicarse separadamente (aisladamente, decía la legislación anterior a la LHL) o de forma conjunta, dos o más de ellos. No hay duda de que, formalmente, cabe la utilización de uno solo de los cuatro módulos o cualquier combinación de algunos o de todos ellos.

Pero, materialmente, aun existiendo un gran margen de maniobra para los Entes locales, no sólo está excluida la arbitrariedad, sino que reiterada jurisprudencia ha ido más allá, aludiendo al principio de justicia en el reparto, de forma que no sólo se excluyen los resultados arbitrarios, sino también los que supongan una inequitativa distribución de la carga tributaria, esto es, la no contribución en proporción al beneficio en relación con las demás fincas. En suma, la libertad de elección de las Corporaciones locales tiene un límite objetivo marcado por la equidad, esto es, el que la vieja Ley de Régimen Local de 1955 expresaba con la frase "atendida la justicia del reparto y la clara determinación de las cuotas" (cfr., por todas, SSTS de 7 de diciembre de 1994, de 25 de enero de y de 10 de julio de 1997).

De la misma forma que ocurre con la ponderación del beneficio especial, también aquí estamos ante un problema de hecho y, consecuentemente, ante una cuestión estrictamente procesal. En definitiva, el expediente habrá de justificar los módulos utilizados, pues los criterios de reparto han de contenerse en el acuerdo de ordenación según el art. 34.3 LHL, y el contribuyente no podrá limitarse a oponer sus opiniones y criterios, sino que habrá de poner de manifiesto la arbitrariedad o inequidad del resultado con datos y, en su caso, con probanzas concretas.

Como ocurre con el supuesto enjuiciado, la fijación de los módulos de reparto es, como en la mayoría de los supuestos, un problema de discrecionalidad técnica en el que resulta decisiva la prueba pericial".

En el present cas el dictamen pericial realitzat en període probatori arriba a una sèrie de conclusions de les quals en cap manera es pot desprendre no ja l'arbitrarietat sinó tampoc la pretesa manca d'equitat del resultat obtingut, ja que tot i que el pèrit pogués considerar com a més correcte l'aplicació d'un o altre mòdul en cap cas de les seves conclusions es constata aquell resultat contrari a l'ordenament jurídic i per altra banda les conclusions del dictamen parteixen d'una base fàctica errònia al considerar que són dues les finques titularitat de la recurrent, quan són tres i així constava també en la documentació que va sol· licitar el pèrit a aquest Jutjat per el.laborar el dictamen i a la qual ha fet cas omís, i més quan precisament la finca que manca considerar com a propietat de la recurrent és una d'aquelles que com consta en l'apartat 2.3 del seu informe no té declarat un ús residencial sinó industrial, motius pels quals cal desestimar el recurs interposat.

SEGON. No s'aprecien en aquest cas els requisits que estableix l'article 139 de la Llei jurisdiccional quant a la imposició de costes, raó per la qual no és procedent un pronunciament positiu al respecte".

Tercero.-La entidad mercantil apelante reproduce en esta alzada los mismos motivos de impugnación invocados en la instancia.

El primero de ellos sigue siendo la falta de titularidad de una de las fincas, titularidad que, sin embargo, resulta de los datos catastrales, tal como recoge la sentencia apelada y no ha quedado desvirtuado en esta apelación.

Conforme al art. 108.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, "La Administración tributaria podrá considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función a quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario". Por tanto, no estamos tan solo ante la presunción de legalidad del acto administrativo, sino ante una presunción legal probatoria, que desplaza la carga probatoria a quien pretenda desconocer la titularidad derivada de un registro fiscal como es el Catastro. Y no sólo las reglas legales sobre el onus probandi obligaba a la recurrente a la "prueba en contrario" o inversión de la carga de la prueba respecto de la titularidad de una finca que consta a su nombre en el Catastro, sino que también lo imponían, en el caso, los principios de disponibilidad y facilidad probatoria proclamados en el art. 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al correr de su cuenta la acreditación del error del Catastro.

En consecuencia, este motivo de apelación habrá de ser desestimado.

Cuarto.-También se reitera en el escrito de apelación el motivo de impugnación relativo a la falta de equidad del resultado y arbitrariedad en el reparto de las cuotas.

La disconformidad de la apelante con las conclusiones de la sentencia de instancia se centra en la valoración que ésta lleva a cabo del dictamen pericial. La Sala no comparte la crítica que se hace respecto de la extensión de esta valoración, pues como dispone el art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las sentencias deben ser claras y precisas, requisitos éstos de claridad y precisión que bien poco tienen que ver con la extensión del razonamiento o el número de líneas que ocupa. En el presente caso, la sentencia efectúa una valoración del dictamen pericial que únicamente cabe estimar como clara y precisa, cuando destaca: 1.º) Que tal dictamen llega a una serie de conclusiones de las cuales de ninguna manera se puede desprender ya no arbitrariedad sino tampoco la pretendida falta de equidad del resultado obtenido; 2.º) Que ello es así por cuanto aunque el perito pudiese considerar como más correcta la aplicación de uno u otro módulo, en ningún caso de sus conclusiones se constata aquel resultado contrario al ordenamiento jurídico; 3.º) Que, por otro lado, las conclusiones del dictamen parten de una base fáctica errónea al considerar que son dos las fincas titularidad de la recurrente, cuando son tres; y 4.º) Que precisamente la finca que falta por considerar como propiedad de la recurrente es una de las que como consta en el informe no tiene declarado un uso residencial sino industrial.

El núcleo básico de las alegaciones del escrito de apelación, en línea con los criterios expuestos por el perito, lo constituye la denuncia de que el Ayuntamiento no ha atendido a los diferentes usos (hotelero o residencial) de las fincas, sino que se ha ceñido al volumen edificable potencial (o real si es superior) de las mismas, de lo cual se quiere derivar que hubiera sido más equitativo acudir a los metros lineales de fachada.

La Sala, tras el examen del dictamen pericial, comparte la valoración que del mismo hace la sentencia apelada, pues no cabe sustituir los criterios legales de reparto de las contribuciones especiales por discutibles apreciaciones de carácter económico sobre la obtención de mayores o menores ingresos o de plusvalías en posibles ventas posteriores. El volumen edificable potencial o real es un criterio que, por su propia naturaleza, sólo excepcionalmente cabrá tomar como arbitrario o no equitativo, porque el beneficio especial resultará habitualmente de tal volumen como criterio principal, de acuerdo con los criterios usuales de tasación aplicados tanto en las valoraciones catastrales como en las expropiatorias. Por el contrario, los problemas suelen proceder de la aplicación del pretendido módulo de metros lineales de fachada en supuestos de fincas de superficies irregulares o con edificabilidades muy distintas.

En definitiva, dentro de la dificultad propia de toda discrecionalidad técnica, no cabe entender que el módulo de reparto aplicado en el caso enjuiciado sea arbitrario o inequitativo, en los términos exigidos por la doctrina jurisprudencial. Y esta conclusión no ha quedado desvirtuada por la prueba pericial practicada, apreciada ésta según las reglas de la sana crítica según ordena el art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En particular, cabe destacar que la parte actora interesó prueba pericial de un economista y de un arquitecto, acordándose así por el Juzgado, pero solo hizo la provisión de fondos legal respecto al primero, por lo que se acordó (providencia de 18 de noviembre de 2008) que el perito-arquitecto designado quedara eximido de emitir su dictamen, de forma que el único dictamen es de economista, con consideraciones que no siempre cabe compartir (como cuando estima poco menos que irrelevantes las obras para aumentar el negocio de hostelería y banquetes) y que, en todo caso, son insuficientes para apreciar arbitrariedad o falta de equidad alguna, que han de quedar referidas a las fincas en cuestión, objetivamente consideradas, y no a las particulares circunstancias del negocio actualmente instalado: el beneficio especial y aumento de valor ha de referirse a las fincas y no a consideraciones subjetivas del contribuyente.

Por tanto, también este motivo de impugnación habrá de ser desestimado.

Quinto.-Es obligada, en consecuencia, la desestimación del presente recurso de apelación. Por fin, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción, las costas procesales se impondrán al recurrente en la segunda instancia si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. Se recoge de esta forma el principio del vencimiento mitigado, que aquí debe conducir a la no imposición de costas habida cuenta de que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se halle ausente la "justa causa litigandi" en la apelante ("serias dudas de hecho o de derecho" en el caso, teniendo en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares para apreciar a estos efectos que el caso era jurídicamente dudoso, tal como señala el artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).


FALLAMOS:


 
DESESTIMAMOS el recurso de apelación núm. 6/2010 interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 13 de noviembre de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Girona y su provincia, desestimatoria del recurso contencioso- administrativo ordinario número 97/2008, resolución de instancia que se confirma en todos sus extremos; sin expresa declaración en cuanto a las costas de la apelación.

Notifíquese la presente sentencia a las partes comparecidas en el rollo de apelación, con indicación de que contra la misma no cabe recurso alguno, y líbrese certificación de la misma y remítase juntamente con los autos originales al Juzgado de procedencia, acusando el oportuno recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal al rollo principal de la apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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