Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. La Rioja 83/2010, de 26 de marzo


 RESUMEN:

Se pone de relieve la subsidiariedad del precepto del artículo 148 del Código Penal en relación con el 147, pues se trata de un concurso de normas de las reguladas en el artículo 8 del Código Penal, a resolver conforme a su regla 4.ª, conforme a la cual se prefiere el precepto que aplicauna pena más grave.

SENTENCIA

En Logroño, a veintiséis de Marzo de dos mil diez.

La Ilma. Audiencia Provincial de esta capital presidida por el Ilmo.Sr. Magistrado D. ALFONSO SANTISTEBAN RUIZ y compuesta, además, por los Ilmos.Sres. Magistrados D. LUIS MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ y D. RUIZ RICARDO MORENO GARCIA, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la siguiente

SENTENCIA NUM. 83 DE 2010

VISTA en juicio oral y público, ante esta Audiencia Provincial la presente causa penal, correspondiente al Rollo de Sala número 30/2009, dimanante de Procedimiento Abreviado n. 177/2008 procedente del Juzgado de Instrucción n.3 de Logroño, seguida por el delito de LESIONES, contra D. Heraclio, mayor de edad, nacido en Logroño (La Rioja) el 12 de octubre de 1979, hijo de Félix y de Juana, con DNI núm. NUM000, con domicilio en Logroño, calle DIRECCION000 n. NUM001 - DIRECCION001; sin antecedentes penales y cuya solvencia o insolvencia no consta; en libertad, por esta causa, estando representado por el Procurador D. Héctor Salazar Otero y defendido por el Letrado D. Roberto Sáenz de Quejana. Siendo acusación particular D. Pedro, estando representado por el Procurador D. Roberto Igea y defendido por el Letrado D. Beatriz Espiga, y como parte acusadora el Ministerio Fiscal, y como ponente el Ilmo. Magistrado D. LUIS MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ.


HECHOS PROBADOS


 
Resulta probado y así se declara que el acusado Heraclio, mayor de edad, nacido en Logroño (La Rioja) el 12 de octubre de 1979, hijo de Félix y de Juana, con DNI núm. NUM000 y sin antecedentes penales, sobre las 5 horas del día 24 de junio de 2007, se encontraba en la discoteca "YO QUE SE", sita en la calle Duquesa de la Victoria de Logroño; durante la noche había ingerido gran cantidad de bebidas alcohólicas, estando por ello mermados sus mecanismos inhibitorios. En ella coincidió con Pedro, de 24 años de edad, con quien días atrás había mantenido una discusión y, como viera que Pedro se acercara a hablar con una chica, sin que mediara motivos o causa aparente, le golpeó con un vaso de cristal que portaba en la cara, causándole diversas heridas incisas en la nariz y hemifaces izquierda, provocándole la rotura de los huesos propios de la nariz, con sangrado, así como una lesión lineal en el ojo derechos. El acusado tras ello abandonó corriendo el lugar. A partir de estas heridas y tras su ingreso hospitalario, Pedro precisó tratamiento, aplicándosele 15 puntos de sutura, y la colocación de una férula nasal, y tardó en curar 14 días, durante los cuales estuvo incapacitado para sus ocupaciones habituales; le quedaron como secuelas en la cara diversas cicatrices, perceptibles a una observación detenida y que constituyen perjuicio estético ligero, así como una ligera deformidad, igualmente visible, por desviación septopiramidal, que es susceptible de reparación mediante rinoseptoplastia. Las secuelas son susceptibles de corrección y previsible eliminación mediante una intervención quirúrgica (cirugía plástica y rinoseptoplastia).

CALIFICACIONES DE LAS PARTES

Primero.-El Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación, calificó los hechos como constitutivos de un delito de lesiones de los artículos 147 y 150 del Código Penal, siendo responsable de tales hechos en concepto de autor el acusado Heraclio, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando las penas de 3 años de prisión, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y costas. En concepto de responsabilidades civiles solicitó que el acusado indemnizara a Pedro en 4.000 euros por heridas y cicatrices habidas, así como en la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por la reparación de la desviación septopiramidal, con los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dichas conclusiones fueron modificadas tras la práctica de las pruebas interesadas por las partes, modificándose los hechos y considerándose los mismos como constitutivos de un delito de lesiones de los artículos 147.1, 148.1 y 150 del Código Penal, siendo autor el acusado Heraclio y concurriendo en su conducta la circunstancia atenuante de embriaguez, como eximente incompleta, de los artículos 20.2 y 21.1 del Código Penal; solicitando la imposición al acusado de la pena de dos años de prisión accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y costas. En concepto de responsabilidades civiles se solicitó que el acusado indemnizara a Pedro en 840 euros por los días de curación, en 3000 euros por secuelas, por el tiempo en que las ha padecido hasta su eliminación quirúrgica, así como en la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por la operación de cirugía plástica y rinoseptoplastia que se realice, con los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segundo.-Por la acusación particular de Pedro, en su escrito de calificación, se calificó los hechos como constitutivos de un delito de lesiones de los artículos 147 y 150 del Código Penal, siendo responsable de tales hechos en concepto de autor el acusado Heraclio, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando las penas de 3 años de prisión, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y costas. En concepto de responsabilidades civiles se solicitó que el acusado indemnizara a Pedro en 4.000 euros por heridas, días impeditivos y secuelas, así como en la cantidad de 10.000 euros como coste de la rinoplastia, así como la corrección de cicatrices que asciende a 7.000 euros, sin perjuicio de la cantidad exacta que se acredite en este procedimiento o en ejecución de sentencia. Estas conclusiones fueron elevadas a definitivas en el acto del juicio oral.

Tercero.-Por la defensa del acusado Heraclio, elevando sus conclusiones a definitivas, se solicitó la libre absolución del mismo, con todos los pronunciamientos favorables, entendiendo que se trató de un supuesto de caso fortuito o que habría de ser aplicada la eximente completa de intoxicación etílica o, en su defecto, la atenuante como muy cualificada.

MOTIVACION FACTICA

Primero.-Al anterior relato de hechos probados ha llegado este Tribunal a partir de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral celebrado los días 9 y 23 de marzo de 2010, valoradas en conciencia, conforme a lo establecido por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como es bien sabido, sólo la prueba que se practica en el acto del juicio oral, de manera inmediata respecto al juzgador y contradictoriamente respecto de las partes, puede legitimar la condena, siendo ésta una exigencia inexcusable, de acuerdo con los principios constitucionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Constituye una línea jurisprudencial muy consolidada, que iniciara la STC 31/1981, que sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral, tal y como establece el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que en forma oral se desarrolle ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de manera que la convicción sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios de prueba aportados a tal fin por las partes. Ha de existir prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia que, por ministerio del artículo 24.2 de la Constitución, ampara al acusado, constituyendo doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que el derecho a la presunción de inocencia, además de constituir un principio o criterio ordenador del sistema procesal penal, es ante todo un derecho fundamental en cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede considerarse culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria, siendo sólo admisible y lícita dicha condena cuando haya mediado una actividad probatoria que, practicada con todas las garantías procesales y libremente valorada por los Tribunales penales, puede considerarse de cargo (SSTC 137/1988 y 51/1995 y SSTS 5 y 22 mayo, y 25 septiembre 1995, entre otras muchas).

Segundo.-En la valoración de las pruebas practicadas y acerca de lo sucedido en el interior de la discoteca "YO QUE SE", sita en la calle Duquesa de la Victoria de Logroño, sobre las 5 horas del día 24 de junio de 2007, ha de partirse de las declaraciones del acusado Heraclio, quien no ha negado la realidad de la existencia del incidente, si bien en el acto del juicio oral precisó que no recordaba mucho de lo sucedido, ya que se encontraba muy bebido. No obstante en sus declaraciones anteriores (folios 16 y 50 de las actuaciones), reconoció que golpeó con el vaso que portaba en la mano a Pedro, aunque en el acto del juicio afirmó que estaba disponiéndose a beber del mismo cuando recibió un empujón de Pedro, soltando el vaso, que impactó contra él al caer. Aparte de estas contradicciones ha de tenerse en cuenta lo declarado en tal sentido por Pedro, víctima del delito pero que aparentemente no mostraba enemistad o resentimiento con el acusado, quien declaró, de conformidad con sus manifestaciones anteriores, que vio al acusado Heraclio y que casi sin mediar palabra éste le golpeó directamente con el vaso que portaba en la mano, frontalmente, en la cara, y sin que se produjera caída del vaso; el vaso se rompió y comenzó a sangrar abundantemente, mientras el acusado salía corriendo del lugar. En el mismo sentido, el testigo Justo expresó que estaba en la discoteca en compañía de Pedro y que se apartó para saludar a un amigo, volviéndose en el momento en el que oyó el ruido provocado por el impacto del vaso y su rotura y viendo como el acusado salía corriendo, y entendiendo que no hubo tiempo de que entre el agresor y el agredido mediara ningún tipo de conversación o pelea. Por su parte, el testigo Pablo manifestó que llegó a ver una especie de forcejeo o de movimiento, pero que no llegó a ver el momento del impacto; este movimiento sí fue visto por el camarero del local, Sebastián, quien afirmó que hubo "un golpe" con un vaso por parte del acusado.

Tercero.-A partir de lo manifestado por el propio Pedro, y de los testigos consta que, como consecuencia de la agresión, comenzó a sangrar abundantemente en la cara, siendo acompañado por Justo a limpiarse las heridas, y siendo el testigo quien avisó a la ambulancia. Trasladado a un centro hospitalario, consta que se le apreciaron diversas heridas incisas en la nariz y hemifaces izquierda, así la rotura de los huesos propios de la nariz, con sangrado, así como una lesión lineal en el ojo derecho (folio 6). A partir de estas heridas y tras su ingreso hospitalario, Pedro precisó tratamiento, aplicándosele 15 puntos de sutura, y la colocación de una férula nasal, y tardó en curar 14 días, durante los cuales estuvo incapacitado para sus ocupaciones habituales, tal y como consta a partir de los informes médicos y médico forenses que obran en las actuaciones, lo que fue confirmado en el acto del juicio oral por el médico forense don Juan María.

También a partir de lo declarado por el médico forense, de conformidad con su informe (folio 9), han quedado determinadas las secuelas que presenta Pedro (apreciadas en la vista por la Sala), consistentes en diversas cicatrices en la cara (frente y nariz) que constituyen perjuicio estético ligero, así como una ligera deformidad, igualmente visible, por desviación septopiramidal susceptible de reparación mediante rinoseptoplastia. Las secuelas son susceptibles de corrección y previsible eliminación mediante una intervención quirúrgica (cirugía plástica y rinoseptoplastia). Según el médico forense, quien le reconoció al día siguiente de la agresión, no se trataba de una fractura antigua, ya que en tal caso constaría que estaba consolidada. El callo óseo que presenta el lesionado y que se deriva de la descolocación de fragmentos del cartílago es evidente, y puede causarle problemas respiratorios, pero es susceptible de una cirugía reparadora y también estética, que retirará el callo y hará que las cicatrices sean prácticamente imperceptibles. En la segunda de las lesiones declaró el doctor Alfredo, que es quien ha presupuestado la intervención, confirmando las características y alcance de la operación, y que dentro del presupuesto presentado se recoge no sólo su intervención, sino también la asistencia hospitalaria, anestesistas y auxiliar. El perito confirma que nada apunta a que existiera ninguna lesión previa en la nariz de Pedro y que este tipo de intervenciones quirúrgicas, si no hay una afectación funcional, no suelen ser realizadas por la Seguridad Social o lo son tras largas listas de espera, y sólo en los casos más graves.

Cuarto.-Sobre el estado en el que se encontraba el acusado Heraclio, él mismo en sus declaraciones dijo que se encontraba "muy bebido", habiendo ingerido una botella de vino "lambrusco" y "unos 15 cubatas", lo que confirmaron los testigos Pablo y Pilar. Entendemos que el estado no debía ser de intoxicación absoluta, pues no fue apercibido por Sebastián y no le impidió salir corriendo del lugar tras el incidente.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Al comienzo de las sesiones del juicio oral, por parte de la letrada del acusado Heraclio se solicitó la práctica de las pruebas interesadas en su escrito de defensa, y consistentes en el requerimiento de la historia clínica del lesionado y nueva práctica de examen médico forense. Se rechazaron en el Auto de esta Sala de 29 de octubre de 2009 y al inicio de la vista, por su carácter de diligencias instructoras, no solicitadas en su momento, y por no existir elemento o indicio alguno de que Pedro hubiera sufrido lesiones en la nariz en los días o semanas anteriores a los hechos, lo que ahora se reitera a partir del resultado de las pruebas practicadas.

En este sentido, como señala la STS de 27 de diciembre de 2005, ya la Constitución se refiere a los medios de prueba "pertinentes", de manera que tal derecho de las partes no desapodera al Tribunal de su facultad de admitir las pruebas pertinentes rechazando motivadamente todas las demás (artículos 659 y 792.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que el artículo 24.2 de la Constitución Española no atribuye un ilimitado derecho de las partes a que se admitan y se practiquen todos los medios de prueba propuestos, sino sólo aquellos que, propuestos en tiempo y forma, sean lícitos y pertinentes (STC núm. 70/2002, de 3 de abril). Por ello, sólo existe vulneración del derecho, con indefensión, cuando la prueba, o la suspensión del juicio ante la imposibilidad de su práctica, se haya denegado injustificadamente, y cuando la falta de práctica de la prueba propuesta haya podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito (SSTC 50/1988, de 22 de marzo; 357/1993, de 29 de noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre y 1/1996, de 15 de febrero; 37/2000, de 14 de febrero). Debe entenderse pues que la denegación injustificada de pruebas a la defensa integra vulneración de derechos fundamentales de carácter procesal, reconocidos en el artículo 24, como son el derecho a un proceso justo, con todas las garantías; el derecho a la tutela judicial efectiva, y el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. Como requisitos materiales, la prueba ha de ser pertinente, esto es, relacionada con el objeto del juicio y con las cuestiones sometidas a debate en el mismo; ha de ser relevante, de forma que tenga potencialidad para modificar de alguna forma importante el sentido del fallo, a cuyo efecto el Tribunal puede tener en cuenta el resto de las pruebas de que dispone (STS núm. 1591/2001, de 10 de diciembre y STS núm. 976/2002, de 24 de mayo); ha de ser necesaria, es decir, que tenga utilidad para los intereses de defensa de quien la propone, de modo que su omisión le cause indefensión, (STS núm. 1289/1999, de 5 de marzo); y ha de ser posible, en atención a las circunstancias que rodean su práctica.

Las pruebas solicitadas en este sentido se consideran por ello impertinentes ante la realidad de los hechos, pues sólo cuando la prueba denegada o impracticada sea decisiva en términos de defensa podrá entenderse el supuesto cubierto por la garantía constitucional, no debiendo admitirse aquellas otras pruebas en nada influenciantes en la decisión del signo de la resolución en ciernes (SSTS de 7 de diciembre de 1983, 20 de febrero de 1986, 15 de marzo de 1990, 30 de octubre de 1991, 12 y 25 de febrero de 1993 y 24 de enero de 1994).

Segundo.-Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de lesiones tipificado en los artículos 147 y 150 del Código Penal, al concurrir todos los elementos objetivos y subjetivos de dicho tipo penal.

Para la comisión de un delito de lesiones se precisa la presencia de dos elementos, como indica la STS de 19 de septiembre de 1996, uno objetivo, consistente en la existencia de una lesión a la victima del hecho, y otro subjetivo, consistente en un dolo de lesionar menoscabando la integridad corporal o la salud física o mental del sujeto pasivo del hecho, elemento este segundo que puede concurrir tanto si el agente del hecho ha querido directamente el resultado como si solamente se lo ha representado como posible pero, a pesar de ello, ha aceptado ese resultado y continuado con la realización de la acción cuyo resultado ha representado mentalmente como de eventual ocurrencia. Para determinar si ha existido el dolo de lesionar deberá atenderse a las circunstancias del hecho, ya que la intencionalidad del sujeto es un elemento que por su carácter interno se esconde en lo más profundo de su ánimo.

En este sentido, respecto a la culpabilidad del acusado, se ha de partir de que, desaparecida la expresión "de propósito" contenida en este mismo injusto típico en el Código precedente, no supone que debamos concluir que la actual configuración legal del tipo se ha objetivado hasta el punto de anudar a la conducta del sujeto resultados imprudentes. De ahí que la conducta se sigue estructurando con una inocultable naturaleza dolosa, aunque ahora no es preciso que el dolo sea premeditado, sino que bastará con el dolo eventual. Así, la STS de 3 de octubre de 2000 afirma que "Es cierto que el tipo agravado de las lesiones por la entidad del resultado no se rellena con el dolo genérico de lesionar, sino que se hace preciso que la intención del sujeto alcance, también, al resultado. Ahora bien, esa intención no debe ser entendida como voluntariedad dirigida al resultado, también comprende aquellos supuestos en los que el agente conoce la acción que realiza y puede prever que su acción puede producir los resultados graves. En otras palabras, que su acción pone en peligro el bien jurídico protegido en el concreto resultado, y no obstante, actúa".

Con ello ha de entenderse que el resultado de la acción contenida en el referido artículo ha de estar abarcada al menos por el denominado "dolo eventual", por lo que no se requiere que el conocimiento y voluntad del sujeto abarquen la producción del resultado en su sentido jurídico, sino por el resultado en sentido natural, que es lo que necesariamente tuvo que prever y aceptar el acusado, tanto por la contundencia del golpe que propinó (SSTS de 30 de junio de 2000, 6 de junio de 2000, 30 de junio de 2000, 28 de febrero de 2001 y 19 de junio de 2002) ya que era previsible que la acción de golpearle con un vaso en la cara hace previsible se le produjeran las lesiones que sufrió el perjudicado; y en todo caso, la acción tenía un especial potencial lesivo. En igual sentido, la STS de 23 de enero de 2003 afirma que: "Es conveniente recordar que la supresión por el legislador de la expresión "de propósito" que figuraba en los arts. 418 y 419 del Código Penal de 1973, sustituida en los arts. 147, 149 y 150 del Código Penal de 1995 por la más genérica "causare a otro", ha suscitado el consenso doctrinal y jurisprudencial en el sentido de que el nuevo Código Penal no exige en estos tipos delictivos como imprescindible un dolo directo o específico, siendo suficiente para su aplicación que el resultado esté abarcado por el dolo eventual. La jurisprudencia de esta Sala ha considerado -y aplicado- en muchas ocasiones, la doctrina de la representación y la del consentimiento y ha afirmado y reiterado en los últimos años que quien conoce suficientemente el peligro concreto generado por su acción, que pone en riesgo específico a otro, y sin embargo, actúa conscientemente, obra con dolo pues sabe lo que hace, y de dicho conocimiento y actuación puede inferirse racionalmente su aceptación del resultado, que constituye consecuencia natural, adecuada y altamente probable de la situación de riesgo en que deliberadamente ha colocado a la víctima. (Entre otras, sentencia 1160/2000, de 30 de junio, 439/2000 de 26 de julio, 1715/2001 de 19 de octubre y 20/2002, de 22 de enero). El dolo eventual deviene tan reprochable como el dolo directo pues ambas modalidades -como ha declarado esta Sala en muchas ocasiones- carecen de trascendencia diferencial a la hora de calibrar distintas responsabilidades criminales pues, en definitiva, "todas las formas de dolo tienen en común la manifestación consciente y especialmente elevada del menosprecio del autor por los bienes jurídicos vulnerados por su acción. (SS 1862/1998, de 14 de mayo y 1394/2001, de 10 de julio)".

Se ha de citar, por último, la STS de 11 de noviembre de 1999, que afirma que "En este sentido la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha considerado -y aplicado- en muchas ocasiones la doctrina de la representación y la del consentimiento y ha afirmado y reiterado en los últimos años que quien conoce suficientemente el peligro concreto generado por su acción, que pone en riesgo específico a otro, y sin embargo, actúa conscientemente, obra con dolo pues sabe lo que hace, y de dicho conocimiento y actuación puede inferirse racionalmente su aceptación del resultado, que constituye consecuencia natural, adecuada y altamente probable de la situación de riesgo en que deliberadamente ha colocado a la víctima (entre otras sentencias 11960/2000 de 30 de junio, 439/2000 de 26 de junio, 1715/2001 de 19 de octubre y 20/2002 de 22 de enero, que citan la de 27 de diciembre de 1982 (caso Bultó), y 23 de abril de 1992 (caso síndrome tóxico)".

Por su parte, el artículo 150 del Código Penal sanciona con la pena de prisión de tres a seis años al que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad. A falta de una interpretación auténtica, la jurisprudencia ha definido la deformidad como irregularidad física, visible y permanente que suponga desfiguración o fealdad ostensible a simple vista así como toda irregularidad física permanente que conlleva una modificación corporal de la que pueden derivarse efectos sociales o convivenciales negativos. Conforme a una doctrina tradicional del Tribunal Supremo, el concepto de deformidad al que se refieren los artículos 149 y 150 del Código art.149 EDL 1995/16398 art.150 EDL 1995/16398 viene configurado por los siguientes elementos: 1) irregularidad física, es decir, anomalía en el cuerpo del lesionado; 2) permanente, esto es, que continúe después de la curación de las lesiones correspondientes y sin perspectiva de que pudiera desaparecer, no siendo obstáculo para la concurrencia de este elemento el que haya sido eliminada la deformidad por medio de intervención quirúrgica o que pudiera serlo con la que en el futuro pudiera realizarse; 3) visible, en el sentido de que pueda detectarse a simple vista, aunque se encuentre en un lugar habitualmente cubierto por la vestimenta del sujeto, y 4) tal irregularidad física, permanente y visible ha de tener una cierta entidad cuantitativa, de modo que produzca una desfiguración o fealdad, para lo cual ordinariamente habrá de considerarse el lugar del cuerpo en el que se encuentra, entendiéndose al efecto irrelevante la edad, el sexo, la profesión u otras circunstancias personales de la víctima para determinar si esta deformidad existe o no. Sin embargo, y en atención al principio de proporcionalidad de la pena, la doctrina jurisprudencial ha puesto particular énfasis en la entidad del demérito corporal, ya partiendo de la consideración de que no toda alteración física puede considerarse como deformidad. Así, dejando a un lado la grave deformidad sancionada en el artículo 149, la previsión del artículo 150 requiere de una interpretación que reduzca su aplicación a aquellos casos en que así resulte de la gravedad del resultado, de manera que los supuestos de menor entidad, aunque supongan una alteración en el aspecto físico de la persona, queden cobijados bajo las previsiones correspondientes al tipo básico, excluyéndose por ello las alteraciones o secuelas que, aun siendo físicas, indelebles y sensibles, carecen de importancia por su escasa significación antiestética, siendo por ello necesario que la secuela tenga suficiente entidad cuantitativa para modificar peyorativamente el aspecto físico del afectado.

Con los antecedentes jurisprudenciales anteriores no podemos sino imputar al acusado la causación de las lesiones apreciadas en Pedro, a partir del golpe que le fue propinado por el acusado con un vaso, golpe que no puede ser calificado como voluntario, y que es eventualmente susceptible de causar las lesiones y secuelas que presentaba Pedro. El alcance de estas secuelas fue, como se ha dicho, comprobado por la Sala y la aplicación del tipo penal no se ve desvirtuada por el hecho de que tales secuelas puedan ser corregidas mediante cirugía reparadora y estética, conforme se ha apuntado.

Sobre la aplicación del artículo 148.1 del Código Penal, postulada por el Ministerio Fiscal, cabe recordar que reiteradamente el Tribunal Supremo ha puesto de relieve la subsidiariedad del precepto en cuestión en relación con el artículo 147 y, en un supuesto prácticamente idéntico al que es objeto de las actuaciones, en sentencia de 10 de octubre de 2003 (núm. 1277/2003), declaró que "Nos hallamos claramente ante un concurso de normas, de los regulados ahora en el art. 8 CP, concurso que hemos de resolver conforme a lo dispuesto en su regla 4.ª, al no poder aplicarse ninguna de las tres anteriores. Entre tales arts. 148.1.º y 150 art.148.1 EDL 1995/16398 art.150 EDL 1995/16398 no hay relación alguna de especialidad, subsidiariedad o absorción. Por tanto, habrá de aplicarse esta regla 4.ª, que algunos llaman de alternatividad o subsidiariedad impropia, en virtud de la cual ha de preferirse, entre las leyes en concurso, el precepto penal más grave, que en el caso presente lo es el del art. 150 ".

Tercero.-De tal delito aparece como penalmente responsable, en concepto de autor, el acusado Heraclio, por haber realizado directa, material y voluntariamente los hechos (artículos 27 y 28 del Código Penal).

Se debe razonar en este punto acerca de la alegación de la defensa de Heraclio de que los hechos sucedieron por "caso fortuito". No cabe atribuir el resultado a la existencia de un caso fortuito al existir una relación causa-efecto entre el actuar del acusado y el daño causado abarcado por la intención o voluntad del sujeto activo, teniendo en cuenta además cual es el concepto y requisitos del caso fortuito. El caso fortuito es clásicamente definido como la causación de un mal por mero accidente, faltando el dolo y la imprudencia. Si bien el Código Penal anterior recogía el caso fortuito en el artículo 6 bis b), el Código Penal de 1995 no se refiere al caso fortuito, sino que se interpreta que está comprendido dentro de la propia definición de delito que realiza en el artículo 10. Si sólo son delito las acciones penadas por la Ley que se hayan cometido de forma dolosa o culposa, es obvio que si concurre caso fortuito que excluye ambas modalidades, no puede existir delito o falta. La Jurisprudencia estima que lo fortuito es todo cuanto no pueda preverse, constituyendo un límite a la responsabilidad criminal. Pero exige la concurrencia de tres requisitos:

a) Objetivo, en tanto la producción del hecho ha de ser debida a un mero accidente.

b) Subjetivo, ausencia de dolo y culpa, lo que implica haber actuado con toda la diligencia exigible.

c) Imprevisible, porque el evento no pudiera podido preverse por cualquier persona de capacidad psíquica normal (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1998; 15 de octubre de 1992; 20 de abril de 1990; 4 de julio de 1988; 6 de octubre de 1984), siendo evidente que ninguno de los requisitos se dan en el supuesto de autos, pues no se trata de un mero accidente imprevisible sino de una consecuencia previsible del actuar del acusado, resultando absolutamente inverosímil la versión por éste facilitada en el acto del juicio oral, a partir de lo declarado por los testigos deponentes y por la propia violencia y dinámica de la agresión, que fue percibida por los presentes como un fuerte y sonoro golpe, que provocó la rotura del vaso y las graves lesiones que presentaba Pedro.

Cuarto.-Concurre en este caso la circunstancia atenuante de embriaguez, como eximente incompleta, de los artículos 20.2 y 21.1 del Código Penal.

Acerca de la aplicación de la eximente o atenuante, procede resaltar, que la existencia de circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, lo mismo que las que la atenúan, ha de estar condicionada por la prueba de la existencia de unos elementos fácticos que las hagan surgir, los cuales no pueden presumirse íntegra ni parcialmente sino que requieren, para su estimación, la prueba plena, concreta y concluyente de los hechos que la determinen, ya que constituyen excepciones a la concurrencia normal de los elementos del tipo en su doble aspecto fáctico y subjetivo (SSTS de 27 de enero de 1993, 30 de mayo de 1994, 29 de diciembre de 1995, 20 de septiembre de 1996, 15 de septiembre de 1998, 18 de julio de 2002 y 5 de mayo de 2003).

La embriaguez opera como eximente completa en el caso de intoxicación fortuita y plena con anulación total de las capacidades volitivas e intelectivas (artículo 20.2 del Código Penal), como eximente incompleta en el caso de darse una intoxicación fortuita, pero no plena, es decir sin anulación total de las capacidades volitivas e intelectivas, o bien en el caso de ser intoxicación plena, pero no fortuita (artículo 21.1 en relación con artículo 20.2 del Código Penal), y como atenuante específica cuando se actuara como consecuencia de la grave adicción al alcohol (artículo 21.2 del Código Penal). La señalada eximente completa del artículo 20.2, requiere que el individuo en el momento del hecho delictivo se encontrara con las facultades cognitivas y volitivas totalmente anuladas. Son supuestos excepcionales de extraordinaria dependencia psíquica o física del sujeto agente que elimina totalmente sus facultades de inhibición, que haya producido una verdadera psicosis, con deterioros cerebrales que lleguen a eliminar la imputabilidad del sujeto, o el hecho se haya cometido en estado de síndrome de abstinencia que impida al sujeto conocer la ilicitud del acto o la libertad precisa para evitarlo (SSTS de 29 de septiembre de 1987, 23 de febrero de 1988, 24 de noviembre de 1989, 16 de febrero de 1993 y 30 de abril de 1993, entre otras). Cuando la pérdida de las facultades intelectivas o volitivas del acusado, a consecuencia de la embriaguez, sin privarle de la capacidad de comprender la ilicitud del acto o de actuar conforme a tal comprensión, disminuya de forma importante tal capacidad de comprensión y de decisión, deberá apreciarse la eximente incompleta de intoxicación etílica, al amparo del núm. 1.º del artículo 21 del Código Penal de 1995, en relación con el núm. 2.º del artículo 20 del mismo Cuerpo Legal (STS 10 de mayo de 1999). Si no es habitual ni provocada para delinquir y determina o influye en la realización del hecho delictivo, podrá ser de aplicación la atenuación del artículo 21.2 del Código Penal.

Conforme se ha razonado, el acusado Heraclio presentaba un importante estado de embriaguez que pudo determinar su conducta, pero no entendemos que sus facultades cognitivas y volitivas estuvieran por completo anuladas, pues recuerda los hechos y la embriaguez no resultaba evidente para los presentes, y además nada le impidió abandonar corriendo el local.

Quinto.-Respecto a la pena que ha de ser impuesta a Heraclio se considera adecuada la solicitada de dos años de prisión, superior al mínimo legal resultante a partir de la rebaja en un grado de la pena correspondiente al delito, por la gravedad intrínseca de los hechos y de las consecuencias lesivas y psicológicas derivadas a Pedro a partir de la agresión.

En cuanto a la imposición de penas accesorias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Código, en las penas de prisión de hasta diez años, podrá imponerse la suspensión de empleo o cargo público e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, o la inhabilitación especial para el desempeño de profesión, oficio, industria o comercio cuando haya tenido relación directa con el delito cometido.

Sexto.-Conforme a los artículos 109 y siguientes del Código Penal toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, pues como dice el artículo 109 del Código Penal, "la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados" y esta reparación comprende, como establece el artículo siguiente, "la indemnización de perjuicios materiales y morales".

En este sentido, destaca el Tribunal Supremo que la fijación de la cuantía de la indemnización de daños físicos y económicos requiere la prueba de su existencia y del montante económico que han alcanzado, pero tales cálculos evaluatorios no son aplicables a los casos de daños morales, que pueden establecerse mediante un juicio global que evalúe los criterios sociales de reparación de tal clase de daño sufrido por la víctima como consecuencia del delito y, que no tiene porqué concretarse en alteraciones psicológicas para ser indemnizado (SSTS de 28 de abril de 1994, 24 de marzo de 1997 y 16 de mayo de 1998).

Por este concepto el acusado Heraclio ha de indemnizar a Pedro en 840 euros por los días de curación, así como en la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por la operación de cirugía plástica y rinoseptoplastia que se realice en su momento y los días de curación que se deriven de esta intervención, con los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se han excluido de esta indemnización las cantidades solicitadas en concepto de secuelas y secuelas temporales, al resultar acreditado que las secuelas ahora mismo apreciadas en Pedro desaparecerán por completo a partir de la operación quirúrgica de carácter reparador y estético a la que tiene intención de someterse, y teniendo en cuenta que tal reparación pudo llevarse a cabo hace tiempo, con lo que el acusado no ha de responder de esta dilación.

Sobre esta intervención, la defensa del acusado ha entendido que tampoco habría de ser a cargo del mismo, ya que podría ser realizada dentro del ámbito de la Seguridad Social. En este punto, entendemos que ha de estar en manos del perjudicado el elegir uno u otro tipo de asistencia, pública o privada, de cara a garantizar su prestación inmediata, su calidad y la idoneidad de sus resultados. Además, el doctor Alfredo manifestó en el acto del juicio oral que no siempre por parte de la Seguridad Social se realizan este tipo de intervenciones quirúrgicas, en especial si no se aprecia un perjuicio funcional en el lesionado, existiendo en cualquier caso largas listas de espera. Aún así, se ha de tener en cuenta que el Servicio Público de Salud podría y seguramente exigiría al acusado el abono de los gastos ocasionados por la intervención.

Séptimo.-Han de imponerse al acusado las costas procesales causadas (artículos 123 y siguientes del Código Penal y 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), incluidas las de la acusación particular, y ello según el criterio jurisprudencial (STS de 16 de julio de 1998, 22 de septiembre de 2000, 25 de noviembre de 2005) que establece que la regla general debe ser la imposición de las costas de la acusación particular al condenado salvo cuando la intervención de aquella haya sido notoriamente superflua, inútil o gravemente perturbadora, o cuando sus peticiones fueren absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal, lo que no acontece respecto a este delito, en el que además su actuación mediante la proposición de prueba ha sido relevante. Así, la Sala Segunda, en sentencia de 17 de mayo de 2002 se remite a la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo exponente de que "las costas del acusador particular han de incluirse entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones del mismo sean manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas por el Ministerio Fiscal, habiéndose abandonado el antiguo criterio de la relevancia" (sentencia 1424/97, de 26 de noviembre, que recoge un criterio jurisprudencial consolidado y reiterado en las de 15 de abril y 9 de diciembre). Por su parte, la sentencia 1429/2000, de 22 de 22 de septiembre, recuerda la 956/98 de 16 de julio que resume la doctrina jurisprudencial: "a) La regla general supone imponer las costas de la acusación particular, salvo cuando la intervención de ésta haya sido notoriamente superflua, inútil o gravemente perturbadora, o también cuando las peticiones fueren absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal; b) Por lo común solo cuando deban ser excluidas procederá el razonamiento explicativo correspondiente, en tanto que en el supuesto contrario, cuando la inclusión de las costas de la acusación particular haya de ser tenida en cuenta, el Tribunal no tiene que pronunciarse sobre la relevancia de tal acusación lo mismo en el proceso ordinario que en el abreviado". En el mismo sentido la Sentencia núm. 430/1999, de 23 de marzo, destaca que el nuevo Código Penal no afecta a este criterio jurisprudencial consolidado, señalando que: "el artículo 124 del Código Penal de 1995, que impone la obligatoriedad de la inclusión de los honorarios de la acusación particular en los delitos solamente perseguibles a instancia de parte, no se pronuncia en lo que se refiere a los demás hechos delictivos, dejando subsistentes los criterios jurisprudenciales en esta materia. Conforme a éstos, la exclusión de las costas de la representación de la parte perjudicada por el delito (que constituyen perjuicios para la víctima, derivados directamente de la voluntaria ejecución del delito por el condenado), únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua, o bien gravemente perturbadora por mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de la acusación pública y con las aceptadas en la Sentencia o pretensiones manifiestamente inviables".

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Que debemos condenar y condenamos al acusado Heraclio, mayor de edad, debidamente circunstanciado en autos, como autor responsable de un delito de lesiones de los artículos 147 y 150 del Código Penal, concurriendo la circunstancia atenuante de embriaguez, como eximente incompleta, de los artículos 20.2 y 21.1 del Código Penal, a las penas de dos años de prisión y accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas, incluidas las de la acusación particular.

En concepto de responsabilidades civiles el acusado Heraclio indemnizará a Pedro en 840 euros por los días de curación, así como en la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por la operación de cirugía plástica y rinoseptoplastia que se realice y los días de curación que se deriven de esta intervención, con los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Recábese la pieza de responsabilidades civiles del acusado.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, contra la que cabe interponer recurso de CASACION, en el plazo de cinco días, contados al siguiente de su notificación, anunciándolo en esta Audiencia para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada en fecha veintiuno de abril de dos mil diez fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ilmo./a Sr./a D./Dña. LUIS MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación