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Sentencia A.P. Madrid 78/2010, de 26 de marzo


 RESUMEN:

Como suele ser habitual en estos casos, la controversia se centra en dilucidar si el acusado se halla o no en condiciones económicas de hacer frente al pago de la pensión de alimentos impuesta. Para la sentencia, esta imposibilidad no ha quedado acreditada: parece que el deudor posee dos vehículos y regenta un bar con su actual pareja.

SENTENCIA

En Madrid, a 26 de marzo de 2010.

La Sección Trigésima de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, integrada por las Magistradas mas arriba indicadas, ha visto los presentes autos seguidos con el número 80/10 de rollo de Sala, correspondientes al procedimiento abreviado número 257/06 del Juzgado de lo Penal número 2 de Alcalá de Henares, por un presunto delito de abandono de familia, en el que ha sido parte como apelante el acusado Fausto, representado por la Procuradora Doña Encarnación Llamas Villar y como apelado el Ministerio Fiscal, actuando como ponente la Magistrada Matilde Gurrera Roig.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Alcalá de Henares, en el procedimiento que más arriba se indica, se dictó sentencia de fecha 9 de diciembre de 2009 cuyo relato fáctico es el siguiente:

"En fecha 9 de mayo de 2002, el Juzgado de Primera Instancia n.º1 de Torrejón de Ardoz dictó Sentencia firme en el procedimiento de separación seguido bajo el número 335/01, en virtud de la cual Fausto había de abonar en concepto de alimentos a favor de su hijo la suma de 150 euros, estableciéndose que debería ser actualizada anualmente conforme al incremento del IPC. Fausto ha incumplido la indicada obligación de pago, no habiendo abonado la pensión desde el mes de junio de 2003 hasta el 20 de diciembre de 2005.

En fecha 29 de septiembre de 2005, el acusado efectuó un ingreso a través de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Juzgado de 1.ª Instancia n.º1 de esta localidad por importe de 3000 euros".

Y cuya parte dispositiva dice literalmente lo siguiente:

"Condeno a Fausto como autor de un delito de abandono de familia, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal del art. 21.5 del CP., a la pena de tres meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, condenándole asimismo al pago de las costas procesales. Asimismo se le condena a que abone a Delfina en las pensiones por alimentos que resten por pagar desde el mes de junio de 2003 hasta diciembre de 2005, más los incrementos a que hubieren dado lugar a determinar en ejecución de Sentencia, tomando en consideración los 3000 euros ya abonados".

Segundo.-Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la Procuradora Doña Encarnación Llamas Villar en representación de Fausto que fue admitido y del que se confirió traslado por cinco días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.


HECHOS PROBADOS

SE ACEPTAN los de la sentencia apelada, que se dan aquí por reproducidos.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El recurso contra la sentencia que condena al apelante como autor de un delito de abandono de familia en la modalidad de impago de pensiones, sostiene que se ha producido un error en la valoración de la prueba toda vez que lo que se desprende de ésta no es que el acusado no quisiera pagar la pensión de alimentos a su hijo, sino que le era imposible hacerlo, porque lleva en paro varios años y no tenía medios de vida, no obstante cuando cobró unos atrasos que le debían, ingresó toda la cantidad adeudada a su hijo que ascendía a 3000 euros, por lo que faltaría la voluntad de incumplir deliberadamente con el pago a que venía obligado.

El delito de abandono de familia del art. 227 del Código Penal es un delito de omisión cuya situación típica se configura por el impago durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos de las pensiones de alimentos o compensatorias fijadas en sentencia dentro de un proceso matrimonial o en convenio regulador judicialmente aprobado, siempre claro está que el obligado al pago pueda hacer frente a su abono.

Como suele ser habitual en estos casos, la controversia se centra en dilucidar si el acusado se halla o no en condiciones económicas de hacer frente al pago de la pensión de alimentos impuesta. La acreditación de tal elemento corresponde a las partes acusadoras ya que se trata de un presupuesto determinante y fundamentador del injusto típico previsto en el mencionado art.º 227 del Código Penal, sin que ello suponga la exigencia de una prueba diabólica, toda vez que para acreditar la solvencia del acusado es suficiente con que concurran indicios acreditativos de que, cuando menos, éste tuvo la posibilidad de hacer frente al pago de alguna suma, aunque no fuera íntegra, a favor de los beneficiarios de la pensión.

En el caso de autos esta imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones con su hijo no ha quedado acreditada, en primer lugar porque según declaró su ex pareja, madre del menor, es propietario de dos vehículos y regenta un bar con su actual pareja, a pesar de lo cual durante un prolongado periodo de tiempo no ingresó ninguna cantidad, ni siquiera, desde la separación, ha visitado nunca o llamado por teléfono a su hijo, versión que el acusado no desmintió porque se negó a declarar.

Consta en autos la Sentencia de separación dictada el 9 de mayo de 2002 en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Torrejón de Ardoz en la que se establece la pensión de alimentos a su hijo de 150,25 euros mensuales, cantidad no muy elevada al haber sido fijada teniendo en cuenta que en aquel momento era perceptor de una pensión del INEM, no obstante de la documental aportada se desprende que, si bien es cierto que desde octubre de 2001 hasta final de mayo de 2002 estaba en paro cobrando una prestación por desempleo, desde septiembre de 2002 hasta enero de 2003 y desde abril de 2003 hasta febrero de 2005 estuvo trabajando y sin embargo hasta septiembre de 2005 no pagó la cantidad de 3000 euros que tan solo era parte de lo adeudado. Y si a ello unimos que, a pesar de la carencia de medios económicos alegada que según el acusado le impedía hacer frente a su obligación, en ningún momento instó un procedimiento de modificación de medidas, ni se preocupó de satisfacer las necesidades más perentorias de su hijo, debemos concluir que existe una voluntad de impago que justifica su condena en la forma en que se ha hecho.

En consecuencia el recurso debe ser desestimado, debiendo confirmar la sentencia de instancia por ser ajustada a derecho.

Segundo.-- Pese a desestimarse el recurso no se aprecian razones para imponer las costas de esta alzada, que se declaran de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña Encarnación Llamas Villar en representación de Fausto contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Alcalá de Henares, de fecha 9 de diciembre de 2009 y a los que este procedimiento se contrae, CONFIRMAMOS íntegramente la citada resolución, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese la presente resolución en la forma señalada en los arts. 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 792.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia, para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ilma. Sra. D.ª Matilde Gurrera Roig, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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