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Sentencia A.P. Barcelona de 25 de marzo de 2010


 RESUMEN:

Sostiene el apelante, aludiendo a la doctrina científica y a la jurisprudencia, que no es suficiente el menoscabo de los derechos de la Seguridad Social y a la estabilidad en el empleo del trabajador extranjero para que considere cometido el delito, siendo necesario que se perjudiquen otros derechos del trabajador. La Sala motiva la confirmación de la condena impuesta.

SENTENCIA

En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de marzo de dos mil diez

VISTO en grado de apelación, ante esta Sección Sexta de la Audiencia Provincial, el presente rollo n.º 116-09, dimanante del Procedimiento Abreviado n.º 311-08, procedente del Juzgado de lo Penal n.º 6 de Barcelona, seguido por un delito contra los derechos de los trabajadores, contra Rogelio; los cuales penden ante esta Audiencia Provincial, en virtud de recurso interpuesto en nombre y representación del mismo, contra sentencia dictada en día 3-4-09 por la Ilma. Sra. Magistrada Jueza del expresado Juzgado de lo Penal, siendo parte apelada el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: Que debo condenar y condeno a Rogelio, como autor criminalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en el artículo 312.2 inciso segundo del Código Penal u de un delito de lesiones imprudentes del art. 152.3.º en relación con el artículo 150 del mismo cuerpo legal, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena, por el primer delito de dos años de prisión y multa de seis meses, con cuota diaria de 6 euros. Por el segundo delito la pena de un año de prisión.

La pena de prisión lleva aparejada la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pena de multa la de responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas para el caso de impago.

El penado indemnizará a Jose Ramón en la cantidad de 4.500 euros por las lesiones sufridas y en la suma de 6000 euros por las secuelas. Cantidades que se incrementarán con arreglo al interés legal del dinero.

Segundo.-Admitido a trámite y de conformidad en lo establecido en el art. 803 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no siendo preceptivo en emplazamiento y comparecencia de las partes, se siguieron los trámites legales en esta alzada y quedaron los autos vistos para sentencia

Tercero.-En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Miguel Ángel Gimeno Jubero, que expresa el parecer del Tribunal.


HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia apelada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los de la sentencia apelada, en cuanto no se opongan a los de la presente resolución.

Primero.-Se propone como primer motivo del recurso la aplicación indebida del art. 312.2, inciso segundo, del Código Penal.

0 Sostiene el apelante, aludiendo a la doctrina científica y a su seleccionada jurisprudencia, que no es suficiente el menoscabo de los derechos a la Seguridad social y a la estabilidad en el empleo del trabajador extranjero para que se considere cometido el delito. Sostiene que es preciso que se perjudiquen otros derechos del trabajador.

Acudiendo a la literalidad del precepto en el inciso empleado (empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual)0 podemos admitir que la condición de extranjero y la carencia de permiso de trabajo son presupuestos del tipo objetivo, que además exige supresión, perjuicio o restricción en los derechos reconocidos en las normas legales o convencionales. Sin embargo a nuestro juicio y contrariamente a lo que se sostiene en el recurso y en alguna jurisprudencia, el art. 312.2, inciso segundo del CP, no limita los perjuicios a lo que se derive de las condiciones del contrato. Cuando la norma penal establece la conducta típica de supresión, restricción o perjuicio en las condiciones de contratación, no sólo señala las condiciones del contrato sino también a aquéllas otras reconocidas por disposiciones legales0, sin que al respecto haya restricción alguna. En suma, parece razonable que los efectos perjudiciales a los que se refiere el precepto penal no sean los que se deriven necesariamente de la condición de extranjero carente de permiso de trabajo, a salvo, y ésta es nuestra diferencia de matiz, que ese derecho pueda ser reconocidos de otro modo. Ciertamente la condición de extranjero y carencia de permiso de trabajo impide necesariamente la afiliación a la Seguridad Social y por ello los derechos que de ella se deriven, pero el patrón pude suplir los derechos básicos por vía contractual: sin derecho a la asistencia sanitaria derivada de la relación laboral, puede contratarse póliza de seguro o seguro médico de asistencia; sin derecho a prestación económica por incapacidad laboral transitoria, la vía del seguro privado, etc.

Pero al margen de lo anterior, en la hipótesis que propone el apelante, lo cierto es que las condiciones del contrato de trabajo, entendido en sentido estricto, también eran perjudiciales. No sólo carecían de derecho a la asistencia sanitaria o prestación en caso de enfermedad, sino que las condiciones de trabajo eran de clara explotación: su horario se extendía doce horas diarias según se consigna en hechos probados y se incluían los sábado y algún domingo, y todo ello por un total de 700 euros mensuales, cantidad que superaba ligeramente el salario mínimo interprofesional de aquellas fechas. Si a ello se añade que el horario podía variar, como se expresa en la fundamentación de la sentencia recurrida, comida dentro de la empresa en media hora, etc, es claro que las condiciones impuestas integran el tipo penal.

Segundo.-El segundo motivo alegado es error en la determinación de la pena 0 respecto del delito del art. 312.2 del CP.

Realmente no se alcanza a saber cuál es la finalidad de este motivo, pues no se determina otra pena que fuese la consecuencia de la argumentación expuesta.

La realidad, al margen de cuál haya sido la argumentación utilizada por la Juez de la instancia, es que la pena se ha situado en su mínimo legal: el art. 312 del CP señaló pena de prisión de dos a cinco años de prisión y multa de seis a doce meses de LO 4/20000, de 11 de enero, y por lo que atañe a la cuota, que sólo debe estar asociada a la capacidad económica, la determinación de 6 euros día sólo peca de lenidad, sobre todo con la argumentación de que tiene propiedad de establecimiento mercantil y nave industrial.

Sin duda la argumentación de la sentencia por lo que atañe a la pena no es correcta, pues sin perjuicio de lo que se dirá respecto a los argumentos calificadores de la conducta del acusado, lo cierto es que se hace referencia a un concurso ideal inexistente, que tampoco fue señalado en la calificación.

La determinación de la pena, según establece el art. 66 del CP, obliga a considerar la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, así como las personales del acusado y la mayor o menor gravedad del hecho. En suma, el juicio de culpabilidad debe hacerse sobre el hecho y sobre el mismo delincuente. En el primer caso lo que se atiende es el hecho delictivo, que obviamente es típico, pero las notas que le atribuyen tipicidad, sobre todo en nuestro caso, no son sino un límite que puede superarse en diferentes grados. Lo que señala la sentencia, aunque no sea consecuente con lo razonado, es que el acusado suprimió o lesionó los derechos de los trabajadores hasta altos grados, que lesionó gravemente el bien jurídico que protege la norma.

Es por todas estas razones por las que se rechaza este motivo

Tercero.-Aplicación indebida del delito de lesiones0.

Debemos compartir las consideraciones generales que hace el recurrente respecto la relación causal en los delitos de resultado y participamos que más allá de la relación causul natural derivadas de criterios científicos o de experiencia, debemos acudir a lo que ha sido conocido como imputación objetiva0. Sin embargo no podemos compartir la aplicación que hace de principios generales, pues parte de una pobre argumentación que se limita a omitir cualquier juicio sobre la conducta del acusado - que no olvidemos es el sujeto sobre el que se examina su responsabilidad.

Siguiendo con rigor la teoría invocada y teniendo en cuenta que nos hallamos ante una conducta omisiva, lo cierto es que no puede establecerse la relación causal en términos naturalísticos, pero sí en lo que hemos venido conociendo como causalidad hipotética.0 Como veremos más detenidamente, el resultado lesivo producido no se habrá realizado si el que estaba obligado - el empresario acusado - hubiese actuado conforme a las normas previstas por las leyes laborales en materia de prevención de riesgos.

Ya desde la perspectiva de imputación objetiva, debemos analizar si la conducta del acusado originó un riesgo no permitido o aumentó ilícitamente el permitido, y es en ese ámbito donde se produjo el resultado lesivo.

Desde nuestro punto de vista es palmario que el acusado aumentó ilícitamente el riesgo propio de la actividad laboral con el manejo de una máquina técnicamente compleja.

Son abundantes y reiteradas las normas laborales que exigen del empresario la formación de sus empleados y muy especialmente en manejo de máquinas potencialmente peligrosas. Sin entrar en mayores precisiones normativas las exigencias al empresario para que el riesgo no venga son tales que, más allá de las normas, se ha aceptado común y socialmente su obligación de prevenirlos y de formar a los empleados para que no incurran en errores, teniendo incluso potestad sancionadora para aquellos que se resistan.

El relato fáctico deja muy claro que el acusado, siendo su obligación, no había proporcionado ningún tipo de formación e información sobre el manejo de la carretilla elevadora, siendo que como tal tenía esa obligación garantizadora de la salud e integridad de su empelado.

En tales circunstancias, la pretensión de que es la conducta del propio empleado - emigrante irregular, carente de cualquier formación en esa actividad y sometido además a unas condiciones de trabajo que se han calificado de indignas - más parece una chanza.

Para que esa conducta pudiese ser tenida como interferencia causal, liberadora o atenuadora de la responsabilidad del acusado, este debiera haber cumplido siquiera fuese mínimamente sus obligaciones.

Por tal razón se desestima el motivo.

Cuarto.-Inaplicación atenuante de reparación del daño 22.5 cp en relación al art. 66.2 cp.0

Plantea el apelante que la afirmación contendía en el relato de hechos probados de que el acusado, trasladó en su propio vehículo al lesionado a un centro hospitalario0, debió concluir con la apreciación de la atenuante n.º 5 del art. 21 del CP, aunque no fuese solicitada por la defensa o por la acusación.

Siendo consustancial con la función de juzgar que el juez sea riguroso con el principio de culpabilidad y con el merecimiento y determinación de la pena, es razonable que deba apreciarse aquellas circunstancias que no supongan lesión para el principio acusatorio, aunque no sean invocadas. Por tanto, como ya ha aceptado una pacífica jurisprudencia, es un supuesto permitido que en esta segunda instancia se corrija la determinación culpabilística si el factum de la sentencia contiene los elementos materiales que constituyen esa circunstancia.

Sin embargo, a nuestro juicio, el hecho que el acusado trasladara al lesionado e un centro hospitalario no es base suficiente para apreciar la atenuante reparadora que se solicita.

No lo es porque aunque aceptemos que la atenuante puede apreciarse en supuestos de reparación simbólica, resulta sarcástico que sea la simbólica y no la material, que todavía no se ha producido en ninguna cuantía, o al menos no consta que así se hiciese pese a la demanda reparadora de la víctima. Es menos aceptable dadas las circunstancias del delito y de la víctima, que también padecía unas condiciones laborales indignas y no parece que el evento tuviese para ella otro resultado que la pérdida de los miembros, la del trabajo y la de cualquier subsidio social que sí habría tenido de haber sido contratado legalmente o al menos contratado alguna póliza que supliera lo que era legalmente imposible por la carencia del permiso de trabajo. Asimismo, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se produjo el evento dañoso y la posición de garante del acusado, su actuación fue el cumplimiento de una obligación legal, que de no realizarla probablemente hubiese incurrido en delito del art. 195 del CP. La conducta del acusado está muy alejada del actus contrarius de reconocimiento de la norma vulnerada y contribución activa al restablecimiento de la confianza en la vigencia de la misma0, como señala la jurisprudencia.

Es por lo que se rechaza este motivo.

Quinto.-Se declaran de oficio las costas del recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de procedente aplicación


FALLAMOS:


 
Que con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Rogelio, contra sentencia dictada en 3-4-09por el Juzgado de lo Penal n.º 6 de Barcelona, en PA 311-08, debemos confirmar tal resolución, declarando de oficio las costas del recurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedente, con testimonio de esta resolución, para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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