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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 30 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Función pública. Pruebas de acceso al cuerpo de agentes de la Administración de Justicia. No es de acoger la falta de motivación reprochada a la sentencia recurrida. No ha lugar a la casación.

En la Villa de Madrid, a treinta de Noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el número 3355/2007 ante la misma pende de resolución, interpuesto por doña Trinidad, representada por la Procuradora doña Laura Bande González, contra la sentencia de 2 de abril de 2007 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (dictada en el recurso núm. 2282/2003).

Siendo parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sentencia recurrida dispone lo siguiente:

"FALLAMOS:

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo, formulado por Dña Trinidad, representada por la Procuradora (...) contra las resoluciones descritas en el primer Fundamento de Derecho de esta resolución, las cuales, por ser ajustadas a Derecho, confirmamos; y todo ello sin efectuar expresa condena en cuanto a las costas causadas en este proceso".

Segundo.-Contra dicha Sentencia intentó recurso de casación la representación de doña Trinidad, y la Sala de instancia lo tuvo por preparado y acordó emplazar a las partes y remitir las actuaciones a este Tribunal Supremo.

Tercero.-En el escrito de interposición, después de exponer los motivos en que se apoyaba el recurso de casación, se suplicó a la Sala:

"Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo, y tener por formalizado en tiempo y forma recurso de casación contra la sentencia de fecha 2 de abril de 2007 dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Recurso n.º 2282/2003 ; y en mérito a los motivos expresados en el cuerpo del presente escrito, se acuerde casar la referida resolución, dictando otra en su lugar acordando de conformidad con lo solicitado en el Recurso rector de las presentes actuaciones".

Cuarto.-El Auto de 9 de octubre de 2008 de la sección Primera de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó lo siguiente:

"1.º) Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.ª Trinidad contra la Sentencia de fecha 2 de abril de 2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso núm. 2282/2003 , en lo que respecta al segundo y tercer motivo de casación invocados al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional .

2.º) Declarar la admisión del recurso en lo referente al motivo primero, fundado en el artículo 88.1.c) de la misma, remitiendo las actuaciones a la Sección Séptima según las normas de reparto de asuntos".

Quinto.-La representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, en el trámite de oposición que le fue conferido, pidió:

"que, habiendo por presentado este escrito y admitiéndolo, tenga por formulada oposición al recurso de casación presentado de contrario y, previos los trámites de rigor, dicte resolución desestimándolo, por ser conforme a Derecho la resolución judicial impugnada ".

Sexto.-Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia de 22 de septiembre de 2010, pero la acumulación de asuntos existentes en la Sección hicieron obligado continuar la deliberación en fechas correspondientes a señalamientos posteriores.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Son datos relevantes para lo que ha de resolverse en el actual debate casacional los siguientes:

1.- La recurrente en la actual casación Doña Trinidad, que participó en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Agentes de la administración de Justicia convocadas por ORDEN JUS/1380/2002, de 30 de abril, planteó ante el Tribunal Calificador una reclamación en la que solicitaba que se acordara declarar nulo el segundo ejercicio de dichas pruebas "toda vez que el supuesto número dos vulnera lo dispuesto en la base 7.1 de la Orden de 30 de abril 2002 (...)".

Lo que aducía en el cuerpo de esa reclamación para apoyar la nulidad solicitada, expresado en los alegatos segundo a quinto, era lo siguiente.

Que el supuesto número dos vulneraba la base 7.1 de la Convocatoria porque "el mismo no tiene cabida en ninguno de los diez temas que se desarrollan en (...) anexo".

Que dicho supuesto se refiere a la intervención del caudal hereditario a que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil en la sección 2.ª del Capítulo I del título II, puesto que aludía a las diligencias del artículo 791 de dicha ley y a que se procedía a inventariar los bienes del fallecido; y el artículo 794 establece que, citados todos los que menciona el artículo anterior, en el día y hora señalados, procederá el Secretario Judicial con los que concurran a formar el inventario.

Que no cabía subsumir ese supuesto número dos en el Tema 10 del Anexo [ "Diligencia de remoción y depósito de bienes"] porque sólo cuatro de las preguntas formuladas tenían relación con el depósito y las diez restantes se referían al inventario y administración del caudal hereditario.

Y que, a pesar de que correspondía al Tribunal elaborar las pruebas de cada ejercicio y su contenido, como también los criterios de valoración y corrección, "todos estos ejercicios han de desarrollarse conforme a lo dispuesto en la Orden de la Convocatoria, con sujeción al programa que se publica como Anexo a la citada Orden ".

2.- El Tribunal Calificador, por acuerdo de 20 de marzo de 2003, desestimó la petición de nulidad total del ejercicio con el argumento principal de que el caso práctico número 2 constituía un caso típico del que deriva el depósito de bienes a que hace referencia el tema 10 del segundo ejercicio incluido en el Anexo I de la Convocatoria.

Añadía que para juzgar la inclusión en el temario de un caso práctico había de considerarse no la figura o institución jurídica que subyace en su origen, sino el contenido de las preguntas formuladas sobre cuyas respuestas se califica el ejercicio; que dichas preguntas podían versar sobre cualquiera de las materias incluidas en el Anexo I de la convocatoria que estén referidas a casos de diligencias que corresponden al Agente; y que, en el caso discutido, si bien el supuesto del que se deriva la diligencia es la intervención de una herencia abintestato, las preguntas no versaban sobre esta figura sino que aludían a figuras todas ellas incluidas en el Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil [ "De la ejecución forzosa y las medidas cautelares" ], que sí está en el programa y del que derivan las Diligencias núms 5 a 10 del programa del segundo ejercicio y en las que interviene el Agente Judicial.

Y comunicaba también que, no obstante lo anterior, sí había considerado que las preguntas núms. 42 y 46 estaban fuera del programa y, por esta razón, habían sido anuladas por Acuerdo de 17 de marzo de 2003 del propio Tribunal.

3.- Frente a la actuación administrativa que acaba de mencionarse, doña Trinidad interpuso recurso de alzada, en el que reiteró esa anulación del ejercicio que ya había solicitado y, subsidiariamente, que se anularan todas sus preguntas a excepción de las núms. 41, 48 y 50.

Y, posteriormente, inició el proceso de instancia mediante recurso contencioso-administrativo dirigido contra la desestimación por silencio de su recurso de alzada y contra la resolución del Tribunal Calificador.

4.- La sentencia recurrida en la actual casación desestimó el recurso contencioso-administrativo de doña Trinidad.

En el primero de sus fundamentos de derecho comenzó por describir la reclamación que en la vía administrativa había planteado la recurrente y la respuesta que mereció del Tribunal Calificador; y a continuación delimitó el litigio señalando que la demanda había reproducido en esencia el planteamiento de la vía administrativa y el Abogado del Estado había fundado su oposición invocado la discrecionalidad técnica que corresponde a los órganos calificadores.

En el segundo de ellos recordó la jurisprudencia sobre la llamada discrecionalidad técnica, subrayando que opera incluso cuando se trata de materias jurídicas; también trajo a colación la doctrina del Tribunal Constitucional que ha diferenciado entre el "núcleo material de la decisión técnica" (reservado en exclusiva a las comisiones juzgadoras) y sus "aledaños", y afirmó que estos últimos están constituidos por verificar que en el procedimiento de adjudicación de plazas se han respetado los principios de igualdad y mérito y capacidad; y, seguidamente, razonó que la revisión jurisdiccional de los órganos administrativos calificadores procede cuando sea evidente y manifiesto su error con arreglo a los criterios de la sana crítica y, en esta misma línea, afirmó que los casos más claros de esa clase de errores son los verificables mediante operaciones aritméticas.

Y es en el tercero de los fundamentos donde la sentencia de instancia, con base en esa jurisprudencia recordada, incluye la argumentación principal en que funda su pronunciamiento desestimatorio; argumentación que consiste en negar que las preguntas sean arbitrarias o se aparten del programa y en valorar la respuesta dada por el Tribunal Calificador en la vía administrativa de razonable y añadir sobre ella lo siguiente: "que no se puede calificar de arbitraria o errónea de forma manifiesta " y "exige el respeto a la discrecionalidad técnica del tribunal, pues se estableció, además, para todos los aspirantes".

El contenido de este fundamento tercero es el siguiente:

"Sentado lo anterior, hemos de decir que la aplicación al presente caso de la doctrina expuesta nos permite ya (...) anticipar la suerte desestimatoria del presente recurso.

En efecto, pese a lo alegado por la actora, en modo alguno se puede afirmar que las preguntas por ella señaladas sean manifiestamente arbitrarias o se aparten de modo evidente del programa que regía las pruebas selectivas expresadas, pues, como se ha señalado ya en Sentencia de 12 de abril de 2006 de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional , que resolvía un caso similar al que hoy nos ocupa, sí bien es cierto que, conforme a las bases de dicha convocatoria, el segundo ejercicio se efectúa sobre las diligencias contenidas en el anexo, "éstas obviamente han de tener un sustento teórico que se ha de corresponder con los temas establecidos".

Finalmente, hemos de indicar que la contestación ofrecida por el propio Tribunal en vía administrativa, que constituye una respuesta razonable, y que no se puede calificar de arbitraria o errónea de forma manifiesta, exige el respeto a la discrecionalidad técnica del Tribunal, pues se estableció, además, para todos los aspirantes y participantes en dichas pruebas selectivas, respetándose, por ello, el principio de capacidad e igualdad consagrados en los artículos 23. 2 y 103 de la Constitución, por lo que ha de mantenerse.

En definitiva, no puede acogerse la pretensión anulatoria ejercitada por la actora respecto de las resoluciones impugnadas, procediendo, en consecuencia, la desestimación del presente recurso".

Segundo.-El actual recurso de casación interpuesto por doña Trinidad, como ya se ha expresado en los antecedentes, ha sido admitido sólo en cuanto al primero de sus motivos, por lo que el actual enjuiciamiento ha de quedar limitado sólamente a lo que en él se plantea.

Este motivo, amparado en la letra c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, reprocha a la sentencia recurrida la infracción de los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24.1 de la Constitución (CE).

Para intentar sostener estas infracciones se aduce que la sentencia recurrida en el tercero de sus fundamentos se limita a decir que las preguntas que fueron objeto de discusión no son incongruentes ni se apartan del programa aplicable a las pruebas selectivas, pero en ningún momento motiva las alegaciones que realizaba el recurrente en el segundo fundamento de su demanda donde pormenorizadamente analizaba las preguntas y alegaba el error evidente del tribunal Calificador de incluir en el segundo ejercicio las preguntas núms 37, 39, 40, 45 y 47.

Se termina afirmando que esa falta de motivación ha creado una clara indefensión, con infracción del artículo 24.1 CE, y que la sentencia de instancia adolece por ello de incongruencia tal y como esta es definida por la sentencia de 15 de diciembre de 2002 de este Tribunal Supremo.

Tercero.-Hay motivación en una sentencia sobre las concretas cuestiones que en la fase declarativa del proceso hayan sido planteadas por los litigantes cuando dicha resolución judicial expresa con claridad la respuesta que da a esas cuestiones y, así mismo, expone sin ningún género de dudas cuales son las razones que le llevan a tal respuesta.

Ambas exigencias son de apreciar en la sentencia aquí recurrida, por todo lo que seguidamente se va a exponer, y esto hace que no sea de compartir el incumplimiento procesal de falta de motivación que ha sido denunciado en ese único motivo de casación que aquí puede examinarse.

En relación con lo anterior, debe decirse, en primer lugar, que la sentencia de instancia es inequívoca en la respuesta negativa que da a todos los alegatos y planteamientos de la demanda y, entre ellos, a la impugnación que en su hecho tercero se deducía frente a la decisión del Tribunal Calificador de haber incluido esas discutidas preguntas en el segundo supuesto del segundo ejercicio del proceso selectivo litigioso.

En segundo lugar, ha de afirmarse que la sentencia "a quo" también hace explícitas cuáles son las concretas razones que le llevan a dicha respuesta negativa.

Así debe ser considerado porque dicha sentencia lo que hace es asumir, y confirmar como válidas, las mismas razones que ofreció el Tribunal Calificador cuando desestimó la reclamación que ante él fue planteada por la recurrente en la vía administrativa; y, además, lo hace después de haber expresado con detalle, en el primero de sus fundamentos de derecho, cuáles fueron los concretos argumentos utilizados por dicho Tribunal Calificador para su desestimación.

Dicho de otra forma, la sentencia recurrida responde negativamente a la impugnación que fue planteada en el hecho tercero de la demanda, y lo hace, primero, describiendo las razones que fueron empleadas por el Tribunal Calificador para desestimar la reclamación que ante él se planteó contra la totalidad de las preguntas del controvertido supuesto dos y, después, asumiendo y declarando que esas razones son válidas y deben prevalecer frente a las que la recurrente esgrimió en su demanda.

Debe puntualizarse, por último, que lo que ha de decidirse en el actual debate casacional, dados los términos del mismo por haber quedado circunscrito al primer motivo, es únicamente la existencia de motivación en la sentencia recurrida desde una perspectiva procesal. Pero sin que sea procedente estudiar, por haberse declarado la inadmisión de los otros motivos de casación, si esa motivación es o no acertada desde una perspectiva jurídica sustantiva.

Cuarto.-Todo lo que se ha venido razonando hace procedente declarar no haber lugar al recurso de casación, y con imposición de las costas a la parte recurrente por no concurrir circunstancias que justifiquen apartarse de la regla general del artículo 139.2 de la LJCA.

Pero la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese artículo 139 de la LJCA, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por honorarios de abogado la de 600 euros; y para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en atención a las circunstancias del asunto y a la dificultad que comporta.


FALLAMOS


 
1.- No haber lugar al recurso de casación interpuesto por doña Trinidad contra la sentencia de 2 de abril de 2007 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (dictada en el recurso núm. 2282/2003).

2.- Imponer a la parte recurrente las costas correspondientes a este recurso de casación, con la limitación que se expresa en el último fundamento de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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