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Sentencia T.S. (Sala 3) de 9 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión.-Autorización administrativa y aprobación del proyecto de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.  Reparto de costes derivados de la ejecución de la electrificación. No ha lugar la recurso de casación.

En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de dos mil diez.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de Casación número 2455/2008, interpuesto por HERMANOS SANTANA CAZORLA SL, representada por la Procuradora D.ª Pilar Cermeño Roco, contra la sentencia de fecha 28 de marzo de 2008 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en las Palmas de Gran Canaria, en el recurso número 334/05 sobre proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Ha sido parte recurrida ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU (UNELCO-ENDESA), representada y defendida por el Procurador D.Carlos José Navarro Gutierrez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el procedimiento contencioso-administrativo número 334/05, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó Sentencia de fecha 28 de marzo de 2008 estimando el recurso promovido por Endesa Distribución Eléctrica SLU, contra resolución de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones de la Dirección General de Industria y Energía de fechas 20 de mayo de 2004, 4 y 8 de junio de 2004, 5 de julio de 2004, 3 de septiembre de 2004, 15 y 25 de octubre de 2004 y 27 de diciembre de 2004 relativas a la autorización y aprobación de los proyectos de ejecución de las instalaciones eléctricas de referencias respectivas AT03/99, AT03/80,Y 03R80, AT04/29, AT03/153, AT03/150, AT03/163, AT04/LZ03, AT02LZ23 Y ATO4/002.

Segundo.-En la mencionada sentencia, la parte dispositiva dice literalmente:

"FALLO: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dña Ruth Arencibia Afonso, en nombre y representación de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU, contra el acto administrativo a que se refiere el antecedente de hecho primero de la presente resolución, que anulamos en el apartado o prescripción relativa al reparto de costes derivados de la ejecución material de cada instalación. Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso.> >

Tercero.-Contra la referida sentencia, el Letrado del Gobierno de Canarias y la representación procesal de la mercantil Hermanos Santana Cazorla SL, prepararon recursos de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tuvo por preparados mediante providencia de 26 de mayo de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Cuarto.-Emplazadas las partes, la Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 16 de junio de 2008, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente Suplico:

"que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito, lo admita y, en su mérito tenga por interpuesto recurso de casación contra la Sentencia referenciada, siguiendo el procedimiento por sus restantes trámites para en su día dictar Sentencia casando y anulando la de instancia.";

La representación procesal de la entidad mercantil Hermanos Santana Cazorla SL, asimismo recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 15 de julio de 2008, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el cual expuso los siguientes dos motivos de casación:

Primero.-Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y en concreto en la falta de motivación de la sentencia dictada, lo cual comporta una vulneración del principio de tutela judicial efectiva, reconocido por los artículos 24 y 120.3 de la Constitución. Por sustentarse la sentencia en el informe pericial aportado y ratificado en sede judicial, la cual lo asume constituyendo su motivación, al considerar que se está en presencia de "una cuestión de determinación fáctica sobre la naturaleza, características y alcance de la instalación ejecutada y de sus condiciones técnicas", añadiendo que "la pericia técnica va unida inseparablemente a la justificación de los datos de hecho".

Segundo.-Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia en concreto por infracción del artículo 51.2 de la Constitución, de los artículos 41, 42, y 45.4 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; del artículo 1 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y del artículo 2.2 de la Ley 26/1984 de 19 de julio, General de Defensa de los Consumidores y Usuarios .

Terminando por suplicar se tenga por realizada la interposición del recurso de casación en los términos y argumentos jurídicos del cuerpo de su escrito.

Quinto.-Admitidos los recursos de casación, la representación procesal de procesal de Endesa Distribución Eléctrica SLU, presentó escrito de oposición al recurso en fecha 11 de mayo de 2009 en el que suplica dicte sentencia declarando su inadmisibilidad o, subsidiariamente su desestimación.

La Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, presentó escrito el 15 de julio de 2009 por el que se solicita el desistimiento del recurso de casación, dándose traslado el mismo a las demás partes, por providencia de fecha 21 de julio de 2009, para alegaciones. Evacuado dicho trámite por Endesa Distribución Eléctrica SLU, suplica a la Sala dicte auto declarando terminado el procedimiento, con expresa imposición de costas a la Administración pública recurrente.

Sexto.-Con fecha 23 de septiembre de 2009 se dictó Auto, cuya parte dispositiva dice literalmente:

" LA SALA ACUERDA: Tener por desistida al GOBIERNO DE CANARIAS del presente recurso de casación núm. 8/ 2455/2008, y continuar el procedimiento respecto del también recurrente HERMANOS SANTANA CAZORLA SL, sin imposición de costas. ";

Séptimo.-Por providencia de 7 de octubre de 2010, se nombro Ponente a la Excma.Sra. Magistrada Doña Maria Isabel Perello Domenech, y se señaló para votación y fallo el día 1 de diciembre de 2010, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Hermanos Santana Cazorla SL, recurre en casación contra la Sentencia de 28 de marzo de 2008 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Canarias con sede en las Palmas de Gran Canaria (Sección Segunda), que estimó el recurso entablado por la mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SL, contra las resoluciones de la Dirección General de Industria y Energía de fechas 20 de mayo de 2004, 4 y 8 de junio de 2004, 5 de julio de 2004, 3 de septiembre de 2004, 15 y 25 de octubre de 2004 y 27 de diciembre de 2004 que aprueban el proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de referencias respectivas AT03/99, AT03/80,Y 03R80, AT04/29, AT03/153, AT03/150, AT03/163, AT04/LZ03, AT02LZ23 Y ATO4/002.

Segundo.-La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimación del recurso contencioso administrativo y el pronunciamiento anulatorio de la prescripción de la autorización relativa al reparto de costes derivados de la ejecución material de la instalación, con base en la apreciación de que no concurre el presupuesto de hecho de sobredimensionamiento de la instalación eléctrica ejecutada, a que alude el artículo 45.4 del Real Decreto 1955/ 2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que obligue a la empresa distribuidora a costear dicha superior dimensión, según se razona, sustancialmente en los fundamentos jurídicos sexto, séptimo y octavo de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

"[...] Pues bien, el informe pericial, aportado con la demanda, emitido por el profesor D. Armando, en su condición de Director del Departamento de Electrotecnia y Sistema de la E.T.S. de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontifica de Comillas de Madrid, aborda dos cuestiones:

1.º) Análisis técnico de si las instalaciones de conexión de nuevos suministros a la red de media tensión proyectadas por los clientes d Endesa Distribución están de acuerdo con la normativa vigente.

2.º) Análisis de si la asignación de los costes de conexión establecida por la Dirección General de Industria está de acuerdo con la normativa vigente.

Dicho informe fue objeto de ratificación en vista pública celebrada en periodo probatorio donde se explicaron con claridad y contundencia las conclusiones del informe.

No puede decirse que dicho informe conlleve valoraciones jurídicas impropias de un informe pericial. Es evidente que la pericia técnica va unida inseparablemente a la justificación de los datos de hecho, de carácter eminentemente técnico, y, por tanto, fuera del alcance de conocimiento de este Tribunal, de los que derivará una u otra consecuencia jurídica y, por tanto, en principio, estamos ante una materia en la que la prueba pericial es de todo punto idónea para formar la convicción judicial, sin perjuicio de cual sea la valoración de sus conclusiones o eficacia probatoria de la que se dote a dicho informe, lo cual entra de lleno en la labor judicial.

En el primer apartado, el perito analiza la normativa técnica que regula las instalaciones de conexión de los nuevos suministros y valora la solución técnica adoptada partiendo de la configuración en anillo de la red, y la forma de incorporación de un centro de transformación nuevo a un anillo existente, concluyendo que "La incorporación de un nuevo centro de transformación en los anillos existentes de la red de media tensión debe hacerse con una línea de conexión equipada con cables cuyas características (aislamiento, sección, etc) sean iguales a los de la línea existente".

La otra conclusión es que si las instalaciones de conexión de nuevos suministros no se hiciesen de esta forma "..comprometerían la seguridad de las personas y las cosas, afectando además de la calidad y seguridad del suministro de los clientes ya conectados a la red a la que se intercala la nueva instalación".

En cuanto al segundo apartado de su informe, concluye que las instalaciones de extensión necesaria deben ser realizadas a costa del cliente, no dándose, en modo alguno, dimensión a la red superior a la necesaria, sino estrictamente la imprescindible para cumplir la normativa vigente.

Esta conclusión viene avalada por informe de la Comisión Nacional de Energía, en uno de sus apartados se dice:

"Sin embargo, con carácter general, no cabría imposición de coste alguno a la empresa distribuidora en caso de que la infraestructura ejecutada tenga una capacidad igual a la existente y/o superior a la estrictamente necesaria para atender el suministro, si ello es debido bien a que los distintos componentes de una instalación eléctrica obedecen a una determinada gama de capacidades normalizadas de carácter discreto, no continuo (por ejemplo, no existen transformadores de potencia normalizados de 213 KW, por lo que habrá necesariamente que instalar uno de 250 KW), o bien con objeto de mantener las prestaciones de la red preexistente (evitar cuellos de botella)". Poniendo en relación dicho informe con las conclusiones del informe pericial, precisamente, en lo que refiere a ese propósito de evitar los cuellos de botella, el perito judicial explica como debe incorporarse un nuevo centro de transformación a los anillos existentes, a cuyo fin señala que " Las características de los cables de la línea de conexión del nuevo centro de transformación deben ser las mismas que la de los cables de línea existentes. Ello es así porque en este tramo pasa ser parte de la línea de media tensión al proceder a la integración del nuevo centro de transformación en los anillos existentes".

Es decir, para cumplir las condiciones técnicas y de seguridad contenidas en las normas particulares aprobadas por la Administración, la sección de cable de la nueva instalación que se pretenda incorporar a la red de distribución deberá tener, como mínimo, idénticas características que el cable al que se conecta. En caso contrario se produciría el cuello de botella, al que se refiere el informe de la Comisión Nacional de Energía, cuyo efecto incidiría en la calidad del suministro del resto de clientes que es alimentado por la instalación a la que se conecta.

En fase de ratificación, el perito vuelve a dejar claro que las condiciones técnicas exigidas para integración de un usuario en la red son las mínimas necesarias y que el problema no es tanto la capacidad de la red que utilizará un usuario sino que un usuario (una instalación) no puede afectar negativamente la calidad y continuidad del suministro al resto de los usuarios, insistiendo en que para integrar correctamente el centro de transformación en el anillo existente la sección de cable debe ser igual a la sección de línea.

En consecuencia, el informe pericial permita dar por acreditado que no estamos ante un sobredimensionamiento, sino ante una instalación necesaria para atender el suministro en las condiciones de seguridad y calidad precisas y conforme a la normativa técnica, y, por tanto, no es aplicable el artículo 45.4 del Real Decreto , cuya aplicación queda excluida cuando se trata de una "instalación necesaria" o de la "infraestructura eléctrica necesaria".

Dicho informe pericial fue el único que se practicó en el proceso, por lo que no existen informes contradictorios y mas que rebatir sus conclusiones, en lo que insisten las partes codemandadas es que la solución técnica conlleva sobredimensionamiento de la red, pero sin aportar argumentos técnicos para rebatir que, en realidad, se trata de una instalación necesaria para mantener la calidad del servicio.

Lo cierto es que en el expediente existe un informe, emitido a propósito del recurso de alzada que, mas que la cuestión técnica, incide en lo que es la posición empresarial de la empresa distribuidora, dando la impresión que llega a una interpretación en la que lo que prima es su desacuerdo con las consecuencias derivadas del cumplimiento de las condiciones técnicas de los proyectos cuando se trata de instalaciones en anillo, que considera que deben valorarse como sobredimensionamiento de la red, no tanto porque lo sea realmente, sino por cuanto lleva aparejada consecuencias que considera muy favorables económicamente para la distribuidora, llegando a referirse a una situación de enriquecimiento injusto.

En otras palabras, el reparto de costes en base al artículo 45.4 del Real Decreto , impuesto en el proyecto autorizado mas que en criterio técnico, parece descansar en una interpretación jurídica de dicho precepto con el fin de llegar a que, cuando la solución técnica sea la que ofrece el proyecto autorizado, aunque venga permitida por la normativa reglamentaria, se produzca un reparto de los costes.

Sin embargo, no se trata aquí de examinar las consecuencias de la aplicación de la normativa del Real Decreto, sino, simplemente, de examinar si se dan los presupuestos de hecho para entender que se produjo sobredimensionamiento, que como hemos visto queda excluido a la vista de la prueba pericial, cuyo resultado es coincidente con lo informado por la Comisión Nacional de Energía sobre la corrección técnica de un proyecto de estas características y, mas importante aún, sobre la exclusión del concepto legal de sobredimensionamiento del artículo 45.4 del Real Decreto .

La lectura del párrafo o apartado del informe antes trascrito es elocuente sobre la exclusión de sobredimensionamiento "... si ello es debido bien a que los distintos componentes de una instalación eléctrica obedecen a una determinada gama de capacidades normalizadas de carácter discreto, no continuo (por ejemplo, no existen transformadores de potencia normalizados de 213 KW, por lo que habrá necesariamente que instalar uno de 250 KW), o bien con objeto de mantener las prestaciones de la red preexistente (evitar cuellos de botella)".

[...] Al hilo de lo expuesto, tampoco puede decirse que la exclusión del sobredimensionamiento con unas instalaciones como las autorizadas, con incorporación de un centro de transformación nuevo a un anillo existente con determinadas condiciones técnicas, suponga, sin mas, un claro beneficio para la empresa distribuidora en tanto en cuanto nuevos usuarios podrán aprovecharse de dicha instalación.

Como apunta la entidad actora, desde un punto de vista técnico, frente a esto, cabe decir que si las redes se limitaran a la capacidad de un usuario, tal y como mantiene la Administración demandada, las nuevas peticiones siempre habría que conectarlas a la red preexistente, no en la nueva (que no tendría capacidad), lo que convertiría en una maraña injustificable tanto técnica como económicamente, la proliferación de cientos de cables, paralelos e individuales por petición, que contradicen por su propia naturaleza el concepto de red.

En apoyo de esta tesis, hay que decir que el artículo 42 del RD exige que las redes de distribución sean dimensionadas con capacidad suficiente para atender la demanda teniendo en cuenta las previsiones de su crecimiento en la zona, siendo, por tanto asegurar la demanda actual uno de los criterios que determinan las condiciones técnicas exigibles a las instalaciones a la red.

Por otra parte, desde un punto de vista de las consecuencias económicas, el marco normativo prevé expresamente la forma en la que los nuevos usuarios han de resarcir al primero, que ha soportado el coste de la instalación. En efecto, el artículo 45.6 del R.D ., establece lo siguiente:" A los efectos de los apartados anteriores, todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución, debiendo ser cedidas a una empresa distribuidora, quién responderá de la seguridad y calidad del suministro, pudiendo exigir el titular de la instalación la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a terceros por una vigencia máxima de 5 años, quedando dicha infraestructura abierta al uso de dichos terceros.

Los referidos convenios deberán ser puestos en conocimiento de la Administración competente, acompañándose a la documentación de la solicitud de autorización administrativa de transmisión de la instalación".

Es decir, se diseña la técnica del llamado "convenio de resarcimiento" exigible por el titular de la instalación cedida frente a terceros.

Por último, volviendo al aspecto técnico, también cabe señalar que la instalación no puede realizarse de una u otra forma, sino que el marco normativo exige que se lleve a cabo de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias (art 43.2 RD ) y, en el caso, ha quedado acreditado vía pericial y confirmado por el informe de la Comisión Nacional de Energía, que la solución técnica no es caprichosa y no supone ninguna decisión unilateral de dar a la red una dimensión superior a la necesaria (supuesto de sobredimensionamiento), sino que es una solución técnica prevista en la normativa reglamentaria y necesaria para garantizar la calidad y continuidad del suministro.

[...] La partes codemandadas traen a colación el régimen urbanístico de la propiedad del suelo, en lo relativo a los deberes de los propietarios de suelo urbano y urbanizable, a que se refieren los artículos 14 y 18 de la LRSV y 71.3 del TRLOTCyENC, argumentando que dicho régimen de la propiedad contempla, para los propietarios de suelo urbano no consolidado y urbanizable, la de costear y ejecutar la parte que proceda de las obras precisas para asegurar la conexión y la integridad de las redes generales de servicios y estaciones, conforme al principio de equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento, lo que se traduce en que no es posible exigir que el propietario asuma el coste de un servicio urbanístico mas allá de lo que realmente le corresponde, pues, en este caso, se produciría un enriquecimiento injusto de alguna de las partes implicadas en el proceso urbanístico, al tratarse de un coste por encima de la que realmente demanda para adquirir la conversión en suelo urbano (caso de propietarios de suelo urbanizable) o para adquirir la condición de solar (caso de propietarios de suelo urbano).

Esta cuestión, de relación entre la regulación del contenido económico de los costes de las instalaciones eléctricas a la red pública, en relación con el régimen urbanístico de la propiedad, ha sido abordado por el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de noviembre de 2.002 (Sección 3.ª, Rec 154/01 ), que reproducimos en parte de su Fundamento Sexto:

".. A este respecto, es preciso advertir que, ciertamente, la Ley 54/1997 ha modificado profundamente el régimen jurídico del suministro de electricidad, pues de un sistema caracterizado por su conceptuación como servicio público de titularidad estatal prestado a través de una sociedad la mayoría de cuyo capital estaba en manos públicas, pasa a otro en el que rige la libre competencia en cuanto se refiere a la producción y a la comercialización de la energía eléctrica, estando sujetas a regulación las actividades de transporte y distribución, de acuerdo con un régimen que contempla el acceso generalizado de terceros a las correspondientes redes y mantiene las potestades administrativas de fijación de su retribución. En este punto, la nueva disciplina no sólo pretende evitar el posible abuso de las posiciones de dominio determinadas por la existencia del principio de red única. Además, busca garantizar el suministro, que es un servicio esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad, en todo el territorio nacional conforme a la idea de servicio universal que ha de ser prestado de manera que se asegure su continuidad y calidad al mínimo coste.

Por otro lado, también se han experimentado modificaciones de importancia en la legislación urbanística, especialmente como consecuencia de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, elaborada tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 . En esa Ley 6/1998 se regulan, al amparo del artículo 149.1.1 de la Constitución, las condiciones básicas que definen el régimen del derecho de propiedad común a toda España. Y, precisamente, a la hora de sentar ese estatuto común, se pronuncia sobre los deberes de los propietarios en forma diferente, en lo que ahora nos importa, a como lo hacía la legislación anterior. Así, frente a lo establecido por el Texto Unificado de 1976, imponen al propietario de suelo urbano el deber de "costear y, en su caso, ejecutar la urbanización" (artículo 14.2 e) y al de suelo urbanizable el de "costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general" (artículo 18.3 ). Determinaciones éstas que materializan cuanto se dice en la exposición de motivos que, sobre el particular, afirma.

"En ese amplio suelo urbanizable que siguiendo este criterio delimiten los planes, podrán, por lo tanto, promoverse actuaciones urbanísticas en los términos que precise la legislación urbanística en cada caso aplicable y siempre, naturalmente, de conformidad con las previsiones de la ordenación urbanística y de los planes y proyectos sectoriales, asegurándose por su promotor la ejecución, a su costa, de las infraestructuras de conexión con los sistemas generales que la naturaleza e intensidad de dichas actuaciones demande en cada caso e, incluso, el reforzamiento y mejora de dichos sistemas generales cuando ello resulte necesario, exigencias mínimas éstas que por su carácter de tales contribuyen a delimitar las condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad".

Por lo demás, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 164/2001, de 11 de julio , ha estimado conforme a la Constitución el planteamiento asumido por el legislador a la hora de definir las condiciones básicas que han de garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad, lo cual hemos de tener en cuenta aunque no haya tenido que manifestarse en términos concretos sobre los artículos 14.2. e) y 18.3 de esa Ley 6/1998 .

Esto significa, por una parte, que ha variado sustancialmente la regulación que sobre las acometidas establecían el Reglamento de verificaciones Eléctricas y Regularidad del Suministro, de 12 de marzo de 1954 , y el Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre , que contemplaban, ciertamente, el derecho que ahora invoca la demanda y que, por aquella misma razón, ha de considerarse superada la jurisprudencia dictada sobre tales normas. Y, por la otra, que cuando los artículos 16.8, 41.1 c) y 45.1 a) de la Ley 54/1997 que remiten al reglamento el régimen que habrá de aplicarse a esta materia, las normas secundarias que se dicten habrán de partir de la nueva orientación asumida por la Ley 6/1998 ".

En definitiva, el Tribunal Supremo no tiene duda alguna de la constitucionalidad y legalidad de la imposición a los propietarios de la obligación de costear la urbanización sin ningún tipo de repercusión sobre la empresa distribuidora, siempre que se trate de instalaciones necesarias y no exista sobredimensionamiento de la red.

Precisamente una de las razones por la que la de la Administración apunta la necesidad de acudir al reparto de costes es la producción de una situación de enriquecimiento injusto de tener que costear el propietario la totalidad de las instalaciones eléctricas de un determinado ámbito cuando la capacidad de las mismas excede de la necesaria, mas cuando dichas instalaciones tienen que ser cedidas a la empresa distribuidora.

Sin embargo, a propósito de esta cuestión, también el Tribunal Supremo también aborda esta cuestión en la susodicha sentencia (Fundamento Séptimo, apdo. noveno), advirtiendo que

"No podemos compartir esa apreciación, pues, en realidad, lo que la demanda combate no es tanto el régimen que en materia de acometidas y extensión establece el Real Decreto 1955/2000 cuanto el sentido de la nueva regulación de la propiedad privada que las Cortes Generales han aprobado, la cual impone a los solicitantes asumir las infraestructuras para el suministro de electricidad en un contexto en el que se ven compensados, entre otras cosas, por las plusvalías que obtienen y por verse liberados de las cargas del mantenimiento. Por su parte, las empresas distribuidoras, además de asumirlas y de prestar el servicio con la calidad exigida, llevando la energía eléctrica a cualquier punto del territorio, sea o no rentable, no podrán repercutir a sus clientes los costes de las instalaciones.....".

En este mismo sentido se pronuncia la STS de la misma fecha 25 de noviembre de 2.002 (Sección 3.ª, Rec n.º 157/01 ), en su Fundamento Quinto, apartado tercero, cuando apunta lo siguiente:

".. Por otro lado, es indudable que el dueño que cede las instalaciones obtiene como consecuencia del suministro de electricidad que éstas hacen posible y, en general, del derecho a edificar en el marco del planeamiento urbanístico, una plusvalía que le compensa. Ambos factores, así como los convenios que permitirán obtener resarcimiento de terceros que pretendan acceder al suministro desde esas instalaciones, hacen que la cesión cuestionada no sea gratuita y despejan las tachas de que supone una privación patrimonial contraria al ordenamiento jurídico".

En esta misma línea podemos decir que, ni el artículo 59 del RGU , ni el artículo 39 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias de 2.004 , suponen modificación alguna del régimen previsto. Dichos preceptos, en cuanto regulan la posibilidad del propietario de reintegrarse de los gastos de instalaciones de las redes de energía eléctrica, lo hacen con remisión a la normativa que regula la reglamentación sectorial, esto es, con remisión a la regulación del sector eléctrico, lo que significa la remisión al Real Decreto 1.955/00 , que es el que, con respeto al marco legal, establece el régimen económico de las instalaciones eléctricas.";.

Tercero.-El recurso de casación se articula en la formulación de dos motivos de casación. Esta Sala ha examinado la problemática planteada en el presente recurso en sus Sentencias de 10, 17 y 19 de junio de 2009 (RC.1578/2008, RC.1767/2008, RC.1601/2008 y RC.1700/2008), así como la más reciente, de fecha 2 de noviembre de 2010 (RC.1004/2008), en los que formulaban sus motivos en los mismos términos que los articulados en el presente recurso.

Sobre el primero de los motivos de casación, formulado al amparo del apartado c) del artículo 88.1 por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, ya tuvimos ocasión de examinarlo, en la anteriormente mencionada sentencia de 10 de junio de 2009, recurso de casación 1578/2008, en la que se analiza la misma alegación con argumentos que resultan trasladables al supuesto enjuiciado. Como en aquella ocasión en el desarrollo del motivo, lo que se critica es el informe pericial valorado por el tribunal de instancia, informe que a juicio de la Administración recurrente se limitaría a efectuar "una interpretación teórica de las condiciones ideales de funcionamiento de cualquier red de distribución eléctrica" y no haría referencia concreta al supuesto específico analizado, incurriendo además en contradicciones. La queja se extiende igualmente al informe de la Comisión Nacional de la Energía cuyo contenido asume el tribunal de instancia, informe que según la Administración canaria "desconoce asimismo la realidad fáctica que subyace". La Administración concluye afirmando que "no es posible conocer cuáles son las razones jurídicas que han impulsado al Tribunal a adoptar la decisión contenida en su parte dispositiva".

Tal como ya anticipamos, el motivo no puede ser acogido. La entidad recurrente podrá discrepar de las consideraciones expresadas en la sentencia, parte de las cuales hemos reproducido literalmente, pero es obvio que en ellas la Sala de instancia explica con todo detalle cuál ha sido el proceso del razonamiento jurídico que conduce al fallo. Incluso en la hipótesis de que las críticas al informe pericial pudieran ser compartidas, ello no determinaría que la sentencia fuera incongruente por falta de motivación. Se habría producido, todo lo más, un error en la valoración de la prueba como elemento de apreciación de la validez del acto impugnado. Pero, repetimos, nada tendría que ver ese supuesto -y no admitido- error con la falta de motivación de la sentencia que, sin duda, está más que suficientemente razonada.

Por lo demás, las críticas tanto al informe pericial como al dictamen de la Comisión Nacional de Energía (adoptado por su Consejo de Administración en la sesión del día 11 de mayo de 2006) están desenfocadas. El informe pericial tiene valor en cuanto análisis técnico para considerar si se produce "sobredimensionamiento" por la exigencia de conectar los CT a la línea mediante cables conductores de determinadas características. Este era precisamente el caso de autos. Y el informe emitido por la Comisión Nacional de Energía -en respuesta a las consultas planteadas por "Endesa Red, S.A."- lo era en relación precisamente con los conflictos existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias relativos al reparto de los costes de inversión en la extensión de redes eléctricas para el suministro a clientes.

Uno y otro informe contienen datos y criterios -avalados, en el caso de la Comisión Nacional de la Energía, por su función de organismo regulador independiente- que sin duda resultaban pertinentes para la solución del litigio, por más que en ellos no se hiciera referencia singular a todos y cada uno de los numerosos conflictos planteados.

Cuarto.-En relación al segundo motivo de casación, articulado al amparo del apartado d) del artículo 88.1, en el que se denuncia infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable, por infracción del artículo 51.2 de la Constitución, de los artículos 41, 42, y 45.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; del artículo 1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y del artíuclo 2.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Sala ya razonó al respecto en la Sentencia antes mencionada de 17 de junio de 2009 que resolvía en los mismos términos, en cuyo fundamento jurídico segundo se hace referencia a otra sentencia de 10 de junio de 2009, en el recurso de casación número 1578/2008, en aquella ocasión dijimos:

"[...]. se formula al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y en él la Administración recurrente denuncia, de modo procesalmente inadecuado, la infracción de numerosos preceptos constitucionales, legales y reglamentarios. De ellos en realidad tan sólo el artículo 45.4 del Real Decreto 1955/2000 tiene relación directa e inmediata con la cuestión objeto de litigio.

En efecto, ni del artículo 51.1 de la Constitución Española (que consagra la protección de los consumidores y usuarios) ni del artículo 2.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (que desarrolla el mandato constitucional para garantizar la protección de los consumidores y usuarios cuando se trate de productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado) se pueden deducir pautas normativas unívocas sobre quién debe costear los gastos de instalaciones eléctricas como las de autos. Por lo demás, los promotores de dichas instalaciones no tienen la cualidad legal de "consumidores y usuarios", cualidad que queda reservada a los usuarios finales y no a los empresarios que intervienen en las fases intermedias de los procesos económicos, esto es en el marco de una actividad empresarial o profesional.

Tampoco es válido, por su generalidad, para resolver la cuestión litigiosa el artículo 1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico , que se limita a disponer, en lo que aquí importa, que la distribución de la energía eléctrica se realizará de forma adecuada a las necesidades de los consumidores, atendiendo a criterios de racionalidad, eficiencia y optimización. El objeto del debate se centra únicamente en el reparto de costes de la instalación, no en que con ella se hayan seguido o dejado de seguir aquellos criterios.

No infringe la Sala de instancia el artículo 41 del Real Decreto 1955/2000 pues nadie ha dudado de que la empresa distribuidora presta en este caso su servicio de forma regular y continua, con los niveles de calidad impuestos por la normativa. Precisamente a estos efectos se han exigido unas determinadas características técnicas a la instalación, dando cumplimiento asimismo al artículo 42 del mismo Real Decreto a tenor del cual las redes de distribución deberán ser dimensionadas con capacidad suficiente para atender la demanda, teniendo en cuenta las previsiones de su crecimiento en la zona.

Sí es pertinente, por el contrario, la referencia al artículo 45.4 del texto reglamentario, pues fue dicho precepto el que sirvió de base a la prescripción impugnada y sobre cuya interpretación y aplicación gira la mayor parte del razonamiento jurídico que lleva al fallo. Resulta, sin embargo, que la Administración recurrente se limita en su segundo motivo casacional a afirmar, sin más, su tesis de que la empresa distribuidora ha de asumir el coste de la instalación debido al sobredimensionamiento de la red que ha exigido en su propio beneficio. No somete a la debida crítica la rigurosa fundamentación jurídica de la Sala puesta de manifiesto en los fundamentos jurídicos de su sentencia (antes reproducidos), en los que expone las razones técnicas y jurídicas que, a juicio del tribunal, determinan precisamente lo contrario.

En efecto, el segundo motivo de casación no incluye un juicio pormenorizado de rechazo a aquellos argumentos. La Sala ciertamente admite que la instalación objeto de litigio requiere, para ser conectada a la red de distribución, unas características del cable conductor superiores a las que derivarían de la mera potencia demandada por el promotor. Pero considera, por las razones ya transcritas, que ello no implica sino el cumplimiento de unas exigencias reglamentarias (la necesidad de que los CT se instalen "en anillo") que en todo caso deben respetarse, derivadas del hecho de que se trata de una red mallada única y no de meras instalaciones aisladas. De ello deduce que no se trata de una red "sobredimensionada" por mera imposición interesada de la distribuidora, en su propio beneficio, sino de una instalación necesaria para atender el suministro en condiciones de calidad y seguridad, hipótesis para la cual el artículo 45.4 del Real Decreto prevé que los costes derivados de la extensión deben correr a cargo del promotor.

Pues bien, en el segundo motivo de casación no se contiene, repetimos, una crítica adecuada de estos razonamientos. La recurrente expone, pero no razona adecuadamente, su discrepancia con la tesis de la Sala. No demuestra, pues, que en este caso la dimensión impuesta a los diversos elementos de la red (en concreto, a la sección de los cables conductores) sobrepasara la imprescindible para cumplir la normativa vigente y que, por lo tanto, hubiera obligación para la distribuidora de sufragar el coste derivado del supuesto exceso de instalación. De modo singular la Administración deja de referirse a uno de los argumentos clave de la sentencia: tras afirmar el tribunal de instancia que la dimensión dada a la instalación tiene las condiciones reglamentarias y que con ella se pretende, además de garantizar el suministro regular y de calidad, conectar la nueva instalación en las debidas condiciones a la red preexistente (evitando de este modo "cuellos de botella") no excluye que ello beneficie igualmente a ulteriores usuarios, hipótesis que el Real Decreto 1955/2000 expresamente prevé y para la que contempla la figura de los convenios de resarcimiento. Argumento al que, repetimos, nada se opone en este segundo y último motivo casacional que, por todo lo expuesto, deberá ser desestimado.

Añadiremos por último, en cuanto a la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo invocada por la recurrente en la parte final de su motivo, que corresponde a la normativa anterior al Real Decreto 1955/2000 , en concreto a la aplicación e interpretación del Reglamento de Verificaciones Eléctricas, cuyos preceptos difieren de los ahora analizados. Por el contrario, el tribunal de instancia oportunamente cita en apoyo de su tesis las sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo recaídas precisamente en interpretación, entre otros, de los preceptos del Real Decreto 1955/200 aplicables al litigio." (fundamentos de derecho segundo a quinto )";

Quinto.-En consecuencia con lo razonado, la desestimación de los motivos del recurso de casación, lleva consigo la imposición de costas a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español, y nos confiere la Constitución,


FALLAMOS


 
Primero.-Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil HERMANOS SANTANA CAZORLA SL, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicias de Canarias, con sede en las Palmas de Gran Canaria, de 28 de marzo de 2008, dictada en el recurso contencioso administrativo 334/05.

Segundo.-Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. D.ª Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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