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Sentencia A.P. Madrid 529/2010, de 26 de marzo


 RESUMEN:

En el presente supuesto razona la Audiencia cómo el examen de las actuaciones con el visionado de la grabación del juicio permite a la Sala apreciar que no se ha practicado una prueba de cargo que, enervando la presunción de inocencia del acusado, permita entender acreditados los elementos del tipo penal.

SENTENCIA

En Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil diez

Vistos por esta Sección Vigésimo Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio Oral n.º 644/08 procedente del Juzgado de lo Penal n.º 24 de Madrid y seguido por un delito de maltrato familiar siendo partes en esta alzada como apelante Matías y como apelado el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada Sra. Maria Teresa Chacon Alonso


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el 9 de julio de 2009 que contiene los siguientes Hechos Probados:

"Unico.-Probado y así se declara que sobre las 5.30 horas del día 24 de junio de 2007 el acusado, Matías, mayor de edad y sin antecedentes penales, encontrándose con su pareja sentimental, Loreto, en los bajos de Azca de esta capital, con ánimo de menoscabar su integridad física, la agarró del cuello y la zarandeó siendo así que al presenciar estos hechos una dotación de policía nacional y cuando procedieron a preguntar a la mujer sobre lo que estaba pasando y si quería que la trasladaran a un centro médico para ser atendida, aquél comenzó a decirle "calla, no digas nada" así como dirigiéndose a los agentes les manifestó "esta es mi novia y hago lo que quiero con ella, además en mi país esto no es delito". No consta que la Sra. Loreto resultara con lesión alguna".

En la parte dispositiva de la sentencia se establece:

"Que debo CONDENAR Y CONDENO a Matías - ya circunstanciado- como autor penalmente responsable de un DELITO DEL ART. 153.1 DEL CODIGO PENAL, con la concurrencia de la atenuante analógica de embriaguez del art. 21.6 en relación con el art. 21.1 y 20.2 del mismo texto legal, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN CON INHABILITACIÓN ESPECIAL DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA ASÍ COMO PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS POR TIEMPO DE DOS AÑOS Y PROHIBICIÓN DEL ACUSADO DE ACERCARSE A LA SRA. Loreto, A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, LUGAR DE TRABAJO Y LUGARES POR ELLA FRECUENTADOS EN UN RADIO NO INFERIOR A 500 METROS ASÍ COMO COMUNICARSE CON ELLA POR CUALQUIER MEDIO DURANTE UN AÑO Y SEIS MESES, todo ello con imposición de las costas procesales causadas en esta instancia."

Segundo.-Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la procuradora Dña. Carmen Olmos Gilsanz en nombre y representación procesal de Matías que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

Tercero.-Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la deliberación y resolución del recurso el día 15 de marzo de 2010.


HECHOS PROBADOS

NO SE ACEPTAN los de la sentencia apelada, que se sustituyen por los siguientes:

"Sobre las 5.30 horas del día 24 de junio de 2007 el acusado Matías, mayor de edad y sin antecedentes penales, en estado de ebriedad por la previa ingesta de bebidas alcohólicas, se encontraba en los bajos de Azca de esta capital junto a su compañera sentimental Loreto en la que se apoyaba agarrándose a ella para no caerse, sin que hayan quedado acreditado los hechos objeto de acusación esto es que con ánimo de menoscabar la integridad física de aquella, el acusado "la agarrara fuertemente del cuello y la zarandeara".


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por la representación de Matías se interpone recurso de apelación contra la sentencia referida que condena a su patrocinado como autor de un delito de violencia de género del art. 153.1 del CZ. Penal con la concurrencia de la atenuante analógica de embriaguez del art. 21.6 en relación con el art. 21.1 y 20.2 del C. Penal, viniendo a alegar error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24 de la C. E., esgrimiendo que no se ha practicado una prueba de directa ni indiciaria que enerve dicha presunción.

Expone el recurrente, que la presunta víctima negó tajantemente que hubiera sido maltratada de obra o de palabra por el acusado, no existe parte de lesiones y en que los funcionarios policiales en cuyo testimonio se basa el fallo condenatorio carecen de imparcialidad al haber tenido un grave altercado en la comisaría de policía con el acusado del que resultó lesionado uno de los funcionarios policiales y con numerosas lesiones su patrocinado. Incidente que ha dado lugar a un procedimiento independiente de juicio de faltas.

Segundo.-Centrada así la cuestión, el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836), implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [LEG 1948\1]; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [RCL 1979\2421], y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [RCL 1977\893 ]). Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial (STS 251/2004).

Procede pues, analizar:

a/ Si existe en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente)

B/ Si dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y en cada medio de prueba (prueba lícita)

c/ Si esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso puede considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente); y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" en favor del acusado.

Debe incidirse en que, no puede prescindiese de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo, razonablemente suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no solo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución sino que además, es el "eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal. (STS 2 de diciembre de 2003).

Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/88 de 7 de julio y ha reiterado en numerosas resoluciones, que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada siempre que se observe el de un cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención de letrado) y formales (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos)".

Asimismo, sabido es que el derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución, solo puede desvirtuarse con una prueba de cargo, ya sea directa o indiciaria, de contenido suficientemente incriminatorio, obtenida o incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, de manera que se pueda considerar acreditada la realidad de unos hechos concretos y la participación e intervención del acusado en los mismos. Señalando reiteradamente el Tribunal Supremo que cuando de prueba indirecta o de indicios se trate para enervar dicha presunción constitucional, es preciso que se den los siguientes requisitos: 1) Pluralidad de indicios, aunque también puede ser suficiente uno solo cuando por su especial significación así proceda; 2) que tales hechos indiciarios estén acreditados mediante prueba directa; 3) que entre el hecho o hechos demostrados (indicios) y aquel que se declare probado, exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano y 4) que el órgano judicial explicite en la Sentencia el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios o extremos directamente relacionados en la causa, haya llegado a la conclusión de la certeza del hecho o extremo de que se trate.

En todo caso este enlace preciso y directo entre unos y otros que conforma la grandeza del método deductivo como legitimo medio de prueba, nada tiene que ver con las simples conjeturas, con las atrevidas sospechas o con las meras suposiciones (ST. Constitucional 1 (RTC 1988/229) y 21 (RTC 1988/256 de diciembre 1988).

En los supuestos de prueba indiciaria, los hechos constitutivos de delito deben deducirse de hechos plenamente probados a través de un proceso razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitando en la resolución condenatoria (STC 24/1997, de 11 de febrero (RTC 1997/24), F.2) de modo que solo en caso de falta de lógica o incoherencia, porque los indicios considerados excluyan o no conduzcan naturalmente al hecho que de ellos se hace derivar o por su carácter no concluyente por excesivamente abierto, débil o indeterminado, podría constatarse la irrazonabilidad de una inferencia condenatoria (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, F.3; 220/1998, de 16 de noviembre, F.4 y 120/1999 de 28 de junio, F.2).

Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en orden al control casacional en relación al examen que esta Sala debe efectuar en el marco de una denuncia por vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando la condena se funde, exclusivamente en la declaración de la víctima, es decir en prueba directa de naturaleza personal percibida directamente por el Tribunal sentenciador en el Plenario en virtud de la inmediación de que dispuso, puede fijarse en dos etapas. Una primera --SSTS de 12 de noviembre de 1991, 13 de abril de 2002, así como la STS de 9 de noviembre de 1993 -en la que la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se limitaba a comprobación de la existencia de un verdadero vacío probatorio, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas, bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria, siendo también de destacar en este orden de cosas que tales pruebas corresponde ser valoradas de modo exclusivo y excluyente por el Tribunal "a quo", de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y una segunda etapa, en la que reiterada jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional han declarado la naturaleza efectiva del recurso de casación penal en el doble aspecto del reexamen de la culpabilidad y pena impuesta por el Tribunal de instancia al condenado por la flexibilización y amplitud con que se está interpretando el recurso de casación desposeído de toda rigidez formalista y por la ampliación de su ámbito a través del cauce de la vulneración de derechos constitucionales, singularmente por vulneración del derecho a la presunción de inocencia que exige un reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por el Tribunal sentenciador desde el triple aspecto de verificar la existencia de prueba válida, prueba suficiente y prueba debidamente razonada y motivada, todo ello en garantía de la efectividad de la interdicción de toda decisión arbitraria --art. 9-3.º --, de la que esta Sala debe ser especialmente garante, lo que exige verificar la razonabilidad de la argumentación del Tribunal sentenciador a fin de que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.

En consecuencia, como se concluye en la SSTS de 23 de enero y de 31 de octubre de 2007, el principio de inmediación ya no puede ser esgrimido ni para excusarse el Tribunal que oye y ve al testigo para justificar y explicitar las razones por las que le concede credibilidad y suficiencia para sostener la sentencia condenatoria, ni la inmediación puede servir de argumento para excluir del ámbito de la casación penal el examen que esta Sala casacional debe efectuar para verificar la suficiencia y razonabilidad de la condena, lo que en la singular relevancia en relación a los delitos contra la libertad sexual en los que, de ordinario, la única prueba disponible es la de la propia víctima, dado el escenario de intimidad en el que se cometen.

De esta Jurisprudencia más reciente, se pueden citar las STS 2047/2002 de 10 de septiembre que pone el acento en la elaboración racional o argumentativa del Tribunal que gozó de la inmediación, que puede y debe ser revisado por el Tribunal Superior que conoce de la causa vía recurso para verificar la estructura racional del discurso valorativo, o la STS 408/2004 de 24 de marzo en la que reconociendo la competencia del Juez sentenciador para valorar la prueba, en relación a aquella prueba afectada por el principio de inmediación se dice "....y ello no tanto porque se considere la inmediación como una zona donde debe imperar la soberanía del Tribunal sentenciador y en la que nada pueda decir el Tribunal ante el que se ve el recurso, sino, más propiamente como verificación de que nada se encuentra en este control casacional que afecte negativamente a la credibilidad del testimonio de la persona cuyo relato sirve para fundamentar la condena dictada en la instancia....",....", ó la STS 732/2006 de 3 de julio "....no se trata por tanto de establecer el axioma que lo que el Tribunal creyó debe ser siempre creído, ni tampoco prescindir radicalmente de las ventajas de la inmediación, sino de comprobar si el razonamiento expresado por el Tribunal respecto de las razones de su decisión sobre la credibilidad de los testigos o acusados que prestaron declaración a su presencia....se mantiene en parámetros objetivamente aceptables....", la STS 306/2001 de 2 de marzo ya ponía el acento en la exigencia de que el Tribunal sentenciador justificase en concreto las razones por las que concedía credibilidad a la declaración de la víctima, no bastando la sola referencia a que debía ser creído por no existir nada en contra de dicha credibilidad.

Por lo tanto es preciso situar el valor de la inmediación judicial en sus justos límites, y en tal sentido hay que decir:

a) La inmediación es una técnica de formación de la prueba, que se escenifica ante el Juez, pero no es ni debe ser considerada como un método para el convencimiento del Juez.

b) La inmediación no es ni debe ser una coartada para eximir al Tribunal sentenciador del deber de motivar, en tal sentido, hoy puede estimarse totalmente superada aquella jurisprudencia que estimaba que "....la convicción que a través de la inmediación, forma el Tribunal de la prueba directa practicada a su presencia depende de una serie de circunstancias de percepción, experiencia y hasta intuición que no son expresables a través de la motivación...." --STS de 12 de febrero de 1993 --.

c) La prueba valorada por el Tribunal sentenciador en el ámbito de la inmediación y en base a ella dicta la sentencia condenatoria puede y debe ser analizada en el ámbito del control casacional como consecuencia de la condición de esta Sala Casacional como garante de la efectividad de toda decisión arbitraria --art. 9-3.º C.E. --.

Doctrina que resulta de plena aplicación para el recurso de apelación, que otorga plenas facultades al Juez o Tribunal Superior supraordenado ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium (SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93, 120/1994, 272/1994 y 157/1995).

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de maltrato previsto y penado en el art. 153.1 del C. Penal en su redacción dada por LO 11/03 de 29 de septiembre en atención a la fecha en la que acaecieron los hechos.

El referido tipo legal tipifica la conducta del que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor........

Dicho precepto elevó a la categoría de delito y conductas que se preveían como falta, en atención a que el ofendido sea alguno de las personas referidas.

Se trata por tanto de una calificación, determinado por las condiciones de los sujetos, de determinadas conductas que integra las faltas prevista en el art. 617.1 y 2 del C. Penal.

Para la apreciación del delito referido basta que concurran los siguientes elementos:

a/ Elemento objetivo constituido por la acción típica, consistente en ejercer violencia física o psíquica sobre las personas a las que se refiere el precepto legal.

b/ La concurrencia del dolo o conocimiento de que se están llevando a cabo dicho acto de violencia sobre aquellos sujetos y la voluntad de realizarlos.

Tercero.-En el caso que nos ocupa, el examen de las actuaciones con el visionado de la grabación del juicio remitido ha permitido a esta Sala apreciar que no se ha practicado una prueba de cargo que enervando la presunción de inocencia del acusado permita entender acreditados en la actuación del acusado el día de los hechos los elementos precisos para el nacimiento del tipo penal objeto de acusación, por el que la sentencia impugnada emite un fallo condenatorio.

De esta forma el acusado Matías negó haber maltratado en forma alguna a su pareja sentimental Loreto afirmando que la noche de los hechos estaba borracho y se apoyaba en su novia sujetándola con el brazo, para que le ayudara a caminar porque el se caía. Incidiendo en que esta última se puso nerviosa cuando llegó la policía porque no tenía papeles.

Por otra parte la supuesta víctima negó inicialmente en el lugar de los hechos que su pareja la estuviera agrediendo, no interpuso denuncia alguna y siguió negando tajantemente en el plenario dicha supuesta agresión. Refiriendo en la línea de la versión del acusado que este se encontraba muy borracho y se apoyaba en ella abrazándola así como el temor que sintió ante el requerimiento de la policía porque ella no tiene papeles.

Con dichas declaraciones y aún cuando no existe denuncia, ni parte facultativo de lesiones alguno, la juez a quo aún reconociendo el estado de embriaguez del acusado (le aplica la atenuante analógica de embriaguez) basa su fallo condenatorio en la declaración de los agentes policiales que el día de los hechos por motivos independientes del objeto del procedimiento acudieron a los bajos de Azca de esta capital en donde se encontraba la pareja.

Pues bien, dichos testimonios en la forma que a continuación analizaremos son insuficientes para sostener un fallo condenatorio ya que ninguno de los funcionarios policiales describió con claridad que vieran una agresión directa del acusado hacía su pareja sentimental, actuando más por suposiciones o deducciones, reflejando los hechos probados una acción "zarandeo", que aquellos no manifestaron presenciar, o al menos no la describieron.

En este sentido el funcionario policial NUM000 señaló como vieron que el acusado tenía agarrada por detrás por el cuello a la presunta víctima. Incidiendo en que actuaron porque vieron el estado temeroso de ésta última, así como que ésta les dijo que no pasaba nada y en que no presentaba lesiones, ni le detectaron signos de violencia.

En la misma línea el policía nacional NUM001 manifestó como acudieron a los bajos de Azca porque "tuvieron una llamada de una discoteca", señalando que el acusado tenía agarrada "de mala manera" a la supuesta víctima con el bíceps y el antebrazo, encontrándose la pareja debajo de las escaleras. Incidiendo en que por la actitud de aquella percibieron que tenía miedo y que en que la zona en que se encontraban estaba muy oscura.

Señaló además como la presunta víctima no presentaba lesión ni signos de violencia y que les dijo que no pasaba nada.

Ambos agentes aludieron también al estado de embriaguez del acusado.

Los antecedentes señalados evidencian que la única acción que manifestaron ver los funcionarios policiales fue que efectivamente el acusado tenía sujetada a la presunta víctima (no que la zarandeara). Acción que no parece incompatible con el contenido de las declaraciones de esta última y del acusado y de la que por si sola no se desprende con claridad una acción de maltrato físico con los elementos precisos para el nacimiento del tipo penal ya que pudiera estar agarrándola (como señaló el acusado y la supuesta víctima) para apoyarse ante su estado de ebriedad.

Por otra parte tampoco ha quedado acreditado que el acusado dijera a los funcionarios policiales que "hacía lo que quería con su novia" como se recoge en los hechos declarados probados de la sentencia impugnada, considerando que los dos funcionarios policiales que declararon como testigos manifestaron que no pudieron oír lo que aquel le susurró a su pareja sin que ninguno de ellos describiera espontáneamente dicha afirmación no refiriéndose a ella el funcionario policial NUM000 limitándose a contestar afirmativamente el funcionario policial NUM001 a la pregunta formulada al respecto por el Ministerio Fiscal. Afirmando ambos funcionarios que lo que el acusado les dijo fue "que en su país no era delito, y a su pareja "cállate, no digas nada".

Expresiones que discrepando de la sentencia impugnada no pueden extenderse como prueba avaladora de un maltrato, reflejando únicamente la situación de tensión que se produjo y la disconformidad de acusado con la intervención policial.

Al respecto el maltrato de obra típico requiere pues la presencia de un cierto acometimiento, de una suerte de agresión física que no se conforma con el mero contacto y se distingue de la falta de lesiones en que mientras en ésta se precisa que se cause a la víctima una lesión, en aquélla no resulta necesaria la producción de ese resultado.

En efecto, compartiendo el criterio de la Sentencia Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 2, de 17 octubre de 2005 citada, no podemos olvidar elementales exigencias de correlación racional entre grado de lesividad de la acción manifestada y respuesta penal. No es concebible que en un Estado democrático que proclama la libertad como valor fundacional del sistema de convivencia, el legislador racional pueda anudar una pena de seis meses de prisión, como mínimo, a episodios de extrema levedad, como sería el ejemplo al que antes hemos hecho referencia. Los fines de protección de la norma aparecen, en este momento, como un elemento indispensable para abordar la interpretación de los tipos penales.

Si el legislador anuda una sanción privativa de libertad con graves consecuencias accesorias, resulta evidente que el juez tiene que identificar, primero, y justificar, después, que la acción ha alcanzado un grado de lesividad del bien jurídico, suficiente. Elemento inexistente en el supuesto descrito.

Procede pues estimar el recurso de apelación interpuesto absolviendo al acusado del delito de maltrato del art. 153.1 del C. Penal objeto de acusación, declarándose de oficio las costas del procedimiento.

Cuarto.-No se aprecian razones para imponer, por temeridad o mala fe, las costas de esta alzada, que deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.


FALLAMOS:


 
Se ESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Dña. Carmen Olmos Gilsanz en nombre y representación procesal de Matías contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 24 de Madrid con fecha 9 de junio de 2009, en el Procedimiento Abreviado n.º 644/08, ABSOLVIENDO al acusado Matías del delito de maltrato objeto de acusación.

Se declaran de oficio las costas de la instancia y de esta alzada.

La presente sentencia es firme.

Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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