Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Canarias 120/2010, de 3 de febrero


 RESUMEN:

Extinción del contrato por causas económicas: Despido improcedente. La situación económica negativa exige una situación de pérdidas de una cierta entidad. Es la empresa la que debe acreditar la situación económica y que la extinción de la relación laboral contribuye a la superación de la crisis. La falta de esta acreditación constituye un despido improcedente.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Iltmos. Sres D./Dña. Humberto Guadalupe Hernández Presidente, D./Dña. M.ª Jesús García Hernández y D./Dña. Ignacio Duce Sánchez De Moya (Ponente) Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Levilla S.A. contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008 dictada en los autos de juicio n.º 0000253/2008 en proceso sobre DESPIDO, y entablado por Dña. Leonor, contra Levilla S.A. y Fondo de Garantía Salarial.

El Ponente, el Iltmo. Sr. D. Ignacio Duce Sánchez De Moya, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente

Primero.-El actor ha venido prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la entidad demandada desde el 02.04.91, categoría profesional de vendedora y salario diario prorrateado de 56,71 euros.

Segundo.-La actora trabajaba para la demandada en un stand del Corte Inglés, vendiendo productos de la empresa Magefesa, Pirex, Moulinex, Cayenne, Duralex y de otras cuatro firmas.

En el último año, la actora no vendió las marcas Magefesa, Cayenne, Moulinex y Krups.

Tercero.-En fecha de 21 de enero de 2008, la empresa demandada notifica al actor una carta, en la que se le comunica su despido objetivo por la necesidad de amortizar su plaza por la pérdida de la distribución de las marcas Moulinex y Krups. Siendo imposible ofertarle otro puesto de trabajo, en las mismas condiciones al estar la plantilla sobredimensionada. Con efectos de 22 de enero de 2008.

En la propia carta señala la demandada que en ese mismo acto se ponía a disposición una indemnización de 19.076,58 euros, equivalente al salario de veinte días por año de trabajo, así como la cantidad de 1696,50 euros por un mes de salario ante la imposibilidad, según la demandada, de concederle el plazo de 30 días de preaviso.

Cuarto.-Durante el ejercicio 2005 la evolución de negocios y situación de la compañía era: el importe neto de la cifra de negocios, con respecto al ejercicio de 2005, obtuvo un detrimento del 0,2% y los recursos procedentes en el ejercicio fueron 30 mil euros.

La compañía posee unos fondos propios de 4,172 millones de euros, un capital circulante de 2,708 millones de euros y unas inversiones en el inmovilizado de 1,503 millones de euros.

Durante el 2006, obtuvo un incremento del 42,8%, los ingresos de explotación se aumentaron en un 52,5% hecho éste último que genera unas pérdidas de explotación de 769 mil euros.

La compañía tiene unos fondos propios de 3,257 millones de euros, un capital circulante de 2,068 millones de euros y unas inversiones en el inmovilizado de 1,226 millones de euros.

Quinto.-Por Acuerdo de resolución suscrito entre el Grupo Levilla S.A y Seb Iberica S.A, el primero dejaba la distribución de los productos del segundo (marcas Moulinex y Krups), a fecha de siete de enero de 2008, asumiéndolo directamente el grupo Seb Iberica.

Sexto.-La actora ha percibido la indemnización ofrecida de 19.076,58 euros.

Séptimo.-La actora no es, ni ha sido representante de los trabajadores.

Octavo.-Se cumplió el trámite del intento de conciliación previa. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que estimando la demanda interpuesta por DOÑA Leonor frente a la empresa LEVILLA S.A. y FOGASA, debo declarar y declaro la IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO del actor, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, y a que, por tanto, a su elección, le readmita en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o bien les indemnice con la suma de 42.957,82 euros, condenándola igualmente y en todo caso a que les abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 22.01.08 y hasta la notificación de la presente resolución, a razón de salario declarado probado en el hecho primero, con el descuento que proceda, debiendo estar y pasar asimismo el FOGASA por el pronunciamiento presente con respecto a las responsabilidades que pudieran acontecer; advirtiendo por último a la demandada que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO DIAS SIGUIENTES, desde la notificación de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

Tercero.-La parte dispositiva del auto de aclaración de sentencia de instancia dice: SE ACUERDA rectificar el error manifiesto contenido en la parte dispositiva de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008, consistente en que en el fallo de la misma se condena a la entidad demandada LEVILLA, S.A. a que abone la cantidad de 42.957,82 euros a la actora Dña. Leonor, sin descontarse la cantidad de 19.076,58 euros ya abonada a la actora en concepto de indemnización por despido objetivo, dicha condena debe ser rectificada, condenándose a la entidad demandada a que abone a la actora la cantidad de 23.881,24 euros, una vez descontados los 19.076,58 euros percibidos por la parte actora.

Cuarto.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación por la empresa Levilla S.A., que fue impugnado de contrario.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Frente a la sentencia que estimando la demanda declaró la improcedencia del despido de la actora, condenando a la empresa demandada a las responsabilidades correspondientes, se alza esta última en suplicación alegando un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica, a fin de que con revocación de aquella se declare procedente el despido objetivo de la trabajadora.

Segundo.-Con amparo en el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral la parte recurrente pretende la modificación de los siguientes hechos probados:

Sustitución del hecho probado 2.º por el siguiente texto: "La actora trabajaba para la demandada en un stand del Corte Inglés, vendiendo productos de la empresa Magefesa, Pirex, Moulinex, Cayenne Duralex y de otras cuatro firmas. Con efectos del 31 de diciembre de 2007 Levilla S.A., cesó en la distribución de los productos Moulinex y Krups permitiéndosele la comercialización de los mismos hasta el día 6 de enero de 2008. A partir de dicha fecha la distribución de dichos productos es asumida directamente por Seb Ibérica".

Basa su propuesta en los documentos unidos a los folios 278 a 291.

Sustitución del hecho probado 4.º por el siguiente texto: "Las Cuentas Anuales de la empresa vienen siendo auditadas todos los años. Según la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31-12-06, los resultados anuales de los ejercicios 2005 y 2006 fueron los siguientes: 2005: -267.204,52 €; 2006: -915487.71 €. El saldo de fondos propios o recursos propios, formados por el capital, reservas y otras partidas asimiladas a éstas que constituyen la participación de los accionistas en la financiación de la empresa ha sido el siguiente: Saldo Inicial al 31.12.2005= 4172526.84 Euros; Saldo final al 31.12.2006= 3.257.039,13 Euros.

Según el informe de la Auditoría de Cuentas, el inmovilizado material compuesto por elementos patrimoniales tangibles, muebles e inmuebles, que son utilizados para la actividad permanente y productora de la empresa es de 2.636.325,68 € 4. La empresa tiene reservas voluntarias por importe de 3.898.820,46 €; deudas con entidades de crédito por importe de 2.237.018,06 €. 5. el empleo medio durante el ejercicio de 2006 es de 47,12 personas.

Según el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2006, firmado el 30-03-07 por el Consejo de Administración de LEVILLA, S.A., en el apartado evolución de los negocios, con respecto al ejercicio 2006, obtuvo un incremento de 42'8%, los ingresos de explotación se incrementaron en un 39,9% y los gastos aumentaron en un 52,5%, hecho éste último que genera unas pérdidas de explotación de 769 mil euros. Las pérdidas del ejercicio de 2.006, por importe de 915 mil euros, corresponden en la cantidad de 517 mil a los resultados de la entidad absorbida LEVILLA COMERCIAL, S.L.U. y el resto a la absorbente LEVILLA, S.A.. La empresa tiene unos fondos propios de 3'257 millones de euros, un capital circulante de 2'068 millones de euros y unas inversiones en el inmovilizado (material, inmaterial, financiero) de 1'226 millones de euros".

Basa su propuesta en los documentos unidos a los folios 66 a 277.

Sustitución del hecho probado 5.º proponiendo el siguiente texto: "Por acuerdo de resolución suscrito entre la mercantil Levilla S.A. y Seb Ibérica, el primero dejaba la distribución de los productos del segundo (marcas Moulinex y Krups), a fecha siete de enero de 2008, asumiéndolo directamente el grupo Seb Ibérica S.A. quien además adquirió todos los productos que quedaron en stock".

Basa su propuesta en los documentos unidos a los folios 278 a 291.

Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho, la "prueba negativa", consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente (STS 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986) y STS, 17 de noviembre de 1990) "... sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador...); c), que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o pericia les que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de la nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

En este caso, no pueden ser acogidas las modificaciones propuestas pues mediante las mismas la recurrente pretende sustituir la interpretación de los documentos aportados efectuada por el Magistrado a quo, junto con la totalidad del acervo probatorio, de carácter objetivo e imparcial por la mas interesada de la parte.

Tercero.-Con amparo en el artículo 191 C) de la Ley de Procedimiento Laboral la misma parte aduce violación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, aunque dados los términos en que se fundamentó la carta de cese (folios 4 a 6) y lo que ha sido objeto de debate, habrá de entenderse que la infracción denunciada se refiere concretamente al artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores puesto que las causas esgrimidas fueron económicas.

En relación con la misma, la Sala ha reiterado en sentencia de 29-01-2010 (Recurso 1801/2009), lo siguiente:

"Esta Sala con fundamento en la doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha hecho suya un cuerpo de doctrina que cabe resumir en los siguientes términos:

"...1.- El artículo 52.c) permite la amortización de puestos de trabajo cuando concurran causas económicas.

La situación económica negativa afecta al resultado mas trascendente de la actividad empresarial, mostrando un desfase entre ingresos y gastos, entre beneficios y pérdidas que altera el equilibrio económico; sus consecuencias pueden motivar tanto un defectuoso funcionamiento económico que obliga a reestructurar la plantilla, como una situación que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la empresa.

Se puede afirmar que la doctrina es casi unánime a la hora de considerar que las situaciones económicas negativas exigen la existencia de pérdidas, debiendo aparecer una evidente desproporción entre los costes inherentes al puesto de trabajo y el resultado económico de la actividad; o lo que es lo mismo que las pérdidas alcancen una cierta entidad.

2.- Se acepta que no es imprescindible para justificar la medida que se integre la misma en un conjunto de otras complementarias de carácter más amplio; no se trata, por tanto, de acompañar un plan de inhabilidad de la empresa o de acreditar las consecuencias que la medida adoptada vía a tener en orden al saneamiento económico de la empresa, sino tales solo demostrar que la misma va a contribuir razonablemente a la superación de la situación de la crisis.

3.- En cuanto a la comunicación escrito el empresario deberá comunicar la extinción al trabajador afectado por escrito con expresión de la causa que la determina.

Ello implica:

-La expresión de la causa es equivalente a la expresión de los hechos en que se fundamenta la medida, lo que supone que es imprescindible que se especifiquen los concretos hechos que motivan la decisión extintiva.

-La finalidad de esta exigencia es que el trabajador tenga pleno conocimiento de la razón de la medida y pueda ejercer con garantía el derecho a impugnarla con conocimiento de los hechos; en condiciones de igualdad efectiva con el empresario, evitando toda indefensión.

-Para que se cumpla tal finalidad el contenido de la comunicación debe ser inequívoco, es decir, suficientemente claro y expresivo, indicando las razones concretas del despido; de tal forma que la carta no puede limitarse a recoger los hechos en forma extremadamente genérica, aunque tampoco se exige una extremada minuciosidad, ni una absoluta pormenorización de los mismos, bastando con que refleje con claridad y suficiencia y de forma inequívoca las circunstancias esenciales que justifican la decisión adoptada.

-En todo caso la calificación jurídica que se haga en la carta es irrelevante si se expresan claramente los hechos que justifican la decisión extintiva.

En línea con lo expuesto esta Sala, con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sentado un cuerpo de doctrina acerca del despido objetivo que se contiene, entre otras, en la Sentencia dictada en el Recurso n.º 1139/2007) y que son del siguiente tenor literal:

"...A) El artículo 52.c), en su redacción dada al mismo por el RDL 8/1997, de 16 Mayo, mantiene la misma estructura jurídica y las causas por las que se puede proceder al despido objetivo individual o plural, cuando haya necesidad de amortizar individualmente un puesto de trabajo, es decir, causas económicas, que actúan sobre la cuenta de resultados, y que suponen un desequilibrio entre los ingresos y gastos y con un reflejo en el balance de la empresa que se sitúa de una forma negativa como se dice en el nuevo texto; las causas técnicas que hacen referencia a la competitividad necesaria en el mercado de trabajo; las causas organizativas que implican la adopción de medidas para adecuar la estructura de la empresa a las exigencias productivas impuestas por el impacto de la tecnología a la situación del mercado; y finalmente, las causas productivas que también hacen referencia a la situación del mercado ya los desajustes que en el mismo se pueden producir; causas todas ellas que en definitiva se traducen siempre en el aspecto económico o financiero de la empresa, pues tanto si se encuentra en una situación en que la cuenta de resultados es negativa, como si se han de adoptar aquellas medidas flexibilizadoras, todas ellas deben conducir a contribuir a la superación de esa situación o a que pueda por medio de la misma seguir funcionando normalmente para restablecer la posición competitiva en el mercado por exigencias de la demanda o a través de una mejor organización de los recursos, como se dice en el actual texto.

B) Así pues a partir tanto que de la nueva regulación de estas causas de despido la reforma de 1997, suaviza la exigencia en o que el legislador impone ahora es Que. la medida contribuya a "superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa". Ahora bien, ello no exime a la empresa de acreditar que tales dificultades existen y que la, decisión extintiva se halla vinculada al mantenimiento de la posición competitiva de la empresa en el mercado o a las exigencias de la demanda.

C) La reorganización de la actividad empresarial debe estar ligada a una determinada finalidad, cual es el mantenimiento de la actividad empresarial, por lo que habrá de ofrecerse los términos de conexión entre una y otra para poder calificar de procedentes las decisiones extintivas. No dudamos que cualquier cambio tecnológico u organizativo se hace para mejorar la situación de la empresa y que también la reducción de plantilla incide en unos mejores resultados económicos, mas no basta la mera conveniencia de la empresa para acudir a este tipo de despido.

D) En esta línea la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 Marzo 1997 aborda el problema de la descentralización productiva de la empresa y su encaje en causas organizativas, concluyendo en el sentido de admitirlo siempre que se demuestre que la externalización es un medio hábil para asegurar la competitividad de la empresa, siendo decisorio que sea una medida razonable en términos de eficacia de la organización productiva y no un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial.

E) Por tanto, al igual que antes se exigía una prueba cumplida, aunque no absoluta, de la vinculación entre la medida y su finalidad, de tal manera que existiera una conexión razonable entre la causa alegada y el efecto pretendido, también tras la reforma es necesario establecer la relación entre las dificultades alegadas y la decisión extintiva, a fin de poder establecer la correspondiente vinculación de ésta con el mantenimiento de la posición competitiva de la empresa o con las exigencias del mercado...".

A tales criterios cabe añadir las siguientes precisiones avaladas por el Tribunal Supremo. Así nuestro mas alto Tribunal dice que tres son los elementos integrantes del despido por motivos económicos descrito en el art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores.

El primero de ellos es la concurrencia de una causa o factor desencadenante que incide de manera desfavorable en la rentabilidad de la empresa ("situación económica negativa") o en la eficiencia de la misma. El legislador ha querido distinguir cuatro esferas o ámbitos de afectación en los que puede incidir la causa o factor desencadenante de los problemas de rentabilidad o eficacia que están en el origen del despido por motivos económicos: 1) la esfera o ámbito de los medios o instrumentos de producción "causas técnicas"); 2) la esfera o ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal "causas organizativas"); 3) la esfera o ámbito de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado "causas productivas") y 4) la esfera o ámbito de los resultados de explotación "causas económicas"), en sentido restringido).

Es al empresario a quién corresponde probar la realidad de las causas o factores desencadenantes de los problemas de rentabilidad o eficiencia de la empresa. Lo que supone de un lado la identificación precisa de dichos factores, y de otro la concreción de su incidencia en las esferas o ámbitos de afectación señalados por el legislador. Esta concreción se refleja normalmente en cifras o datos desfavorables de producción, o de costes de factores, o de explotación empresarial, tales como resultados negativos en las cuentas del balance, escasa productividad de trabajo, retraso tecnológico respecto de los competidores, obsolescencia o pérdida de cuota de mercado de los productos o servicios, etc.

El segundo elemento del supuesto de despido por motivos económicos que se describe en el art. 52.c ETT es la amortización de uno o varios puestos de trabajo. Esta medida de empleo puede consistir en la reducción con carácter permanente del número de trabajadores que componen "la plantilla de la empresa"; y puede consistir, asimismo, en la supresión de la "totalidad" de la plantilla, bien por clausura o cierre de la explotación, bien por mantenimiento en vida de la misma pero sin trabajadores asalariados a su servicio.

En los casos en que la amortización de puestos de trabajo no conduzca al cierre de la explotación, la medida de reducción de empleo adoptada ha de formar parte de un plan o proyecto de recuperación del equilibrio de la empresa, en el que la amortización de puestos de trabajo puede ir acompañada de otras medidas empresariales (financieras, de comercialización, de reducción de costes no laborales), encaminadas todas ellas al objetivo de compensar los desequilibrios producidos, superando la "situación negativa" o procurando "una mejor organización de los recursos". En estos mismos casos de no previsión de desaparición de la empresa, la amortización de puestos de trabajo se ha de concretar en el despido o extinción de los contratos de trabajo de aquel o de aquellos trabajadores a los que afecte el ajuste de producción o de factores productivos que se haya decidido.

El tercer elemento del supuesto de despido por motivos económicos hace referencia a la conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre la extinción o extinciones de contratos de trabajo decididas por la empresa y la superación de la situación desfavorable acreditada en la misma de falta de rentabilidad de la explotación o de falta de eficacia de los factores productivos.

En el supuesto de cierre de la explotación la conexión entre la supresión total de la plantilla de la empresa y la situación negativa de la empresa consiste en que aquélla amortigua o acota el alcance de ésta. La empresa se considera inviable o carente de futuro, y para evitar la prolongación de una situación de pérdidas o resultados negativos de explotación se toma la decisión de despedir a los trabajadores, con las indemnizaciones correspondientes.

En el supuesto en que la amortización de puestos de trabajo pretenda sólo la reducción de la plantilla, la conexión entre la situación desfavorable existente en la empresa y los despidos acordados ha de consistir en la adecuación o proporcionalidad de éstos para conseguir la superación de aquélla, en el marco del plan de recuperación del equilibrio empresarial expuesto por el empresario. Tal conexión funcional de adecuación ha de apreciarse en concreto, respecto del despido o de los despidos de trabajadores determinados acordados por la empresa.

Siendo así que, en el supuesto de reducción de plantilla, la valoración de adecuación o proporcionalidad se proyecta sobre hechos pasados, y también sobre la situación actual y previsiones futuras de la empresa, los factores a tener en cuenta por el órgano jurisdiccional no son siempre susceptibles de prueba propiamente dicha, limitada por naturaleza a los hechos históricos, sino de apreciación de racionabilidad, de acuerdo con reglas de experiencia reconocidas en la vida económica. El objeto de valoración es, por tanto, en este punto, a diferencia de lo que sucede en la comprobación de la situación de ineficiencia o falta de rentabilidad de la empresa, no un juicio sobre hechos probados, sino un juicio de atenimiento del empresario a una conducta razonable, con arreglo a los criterios técnicos de actuación atendidos o atendibles en la gestión económica de las empresas...".

A tales consideraciones y como complemento de las mismas cabe añadir:

A) En los supuestos de extinción por amortización de puesto de trabajo los tribunales deben ser especialmente exigentes en cuanto al contenido de la comunicación escrita: Entre otras razones para justificar este mayor rigor se argumenta que, a diferencia del despido disciplinario cuya causa tiene que ver con la actuación del trabajador, las razones económicas, organizativas, técnicas o de producción le resultan en principio desconocidas al trabajador afectado, al tener conexión con el ámbito interno de la empresa al que, aquel es ajeno; por ello es fundamental que se extreme el detalle en la descripción de los hechos, para que el trabajador los pueda conocer y combatir, preparando antes del juicio la oportuna defensa.

B) Si la causa alegada para la extinción es económica, la comunicación debe contener una descripción suficiente de la situación o estado económico de la empresa, aportando los datos suficientes para que el trabajador pueda rebatirlos.

En esa línea se estima útil la concreción en la carta de la cuantía de las pérdidas, sus efectos sobre la situación económica, situación a la fecha del despido etc.

C) Si la causa específicamente invocada es la existencia de pérdidas la comunicación debe recoger los siguientes datos:

- Ejercicio económico o periodos en los que se han producido las pérdidas en las que se sustenta la decisión extintiva, no bastando con una mera referencia genérica a la situación de pérdidas, o a pérdidas reiteradas o pérdidas reiteradas o pérdidas acumuladas etc.... expresiones insuficientes que colocan en indefensión al trabajador; por lo que es preciso detallar los concretos ejercicios o periodos en que se ha producido.

- Detalle o cuantificación de las pérdidas producidas en cada ejercicio que permita que el trabajador tenga cumplido conocimiento de la situación real de la empresa; si bien se acepta que la falta de tal concreción pueda suplirse con la puesta a disposición de información complementaria por parte de la empresa en la misma comunicación de cese (como los balances y cuentas de resultados).

D) Si no se pone a disposición la indemnización por falta de liquidez, incumbe a la empresa la carga de la prueba de tal situación, si el trabajador la cuestiona.

E) En todo caso hay que tener en cuenta el carácter casuístico de esta materia lo que obliga a analizar en cada caso el contenido de la carta y la suficiencia de la misma, para lo que habrá que ponderar el conocimiento que el trabajador pueda tener de las causas en función de su posición en el seno de la empresa".

En este caso, del inalterado relato fáctico se deduce que la actora trabajaba para la empresa demandada en un stand de El Corte Inglés como vendedora de productos Magefesa, Pirex, Moulinex, Cayenne, Duralex y otras cuatro firmas.

Durante el último año no vendió las marcas Magefesa, Cayenne, Moulinex y Krups.

Durante el ejercicio 2005 la cifra de negocios de la empresa demandada tuvo un detrimento del 0,2 %, siendo los recursos procedentes del ejercicio 30.000,00 €. Tenía unos fondos propios de 4,172 millones de €; un capital circulante de 2.708 millones de € y unas inversiones en inmovilizado de 1.503 millones de €.

Durante 2006, obtuvo un incremento del 42,8 %; los ingresos de explotación aumentaron en un 52,5 %; presentando unas pérdidas de 769.000,00 €. Tenía unos fondos propios de 3.257 millones de €; un capital circulante de 2.068 millones de € y unas inversiones en inmovilizado de 1.226 millones de €.

Por acuerdo suscrito entre la empresa demandada y Seb Ibérica S.A. la primera dejaba la distribución de las marcas Moulinex y Krups de la segunda, que asumió esta última desde el día 07-01-2008.

Con fecha 21-01-2008 la empresa demandada notificó a la actora carta comunicándole su despido objetivo con efectos de 22-01- 2008 por pérdida de la distribución de la aludidas marcas, siendo imposible ofertarle otro puesto de trabajo en las mismas condiciones por estar la plantilla sobredimensionada.

El artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores exige al empresario acreditar la decisión extintiva basada en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, es decir; será necesario examinar si concurren dificultades económicas justificativas de la decisión de cese del trabajador y si esta sirve para superar tales dificultades.

Por lo relatado, en este caso, no se ha acreditado la existencia de dificultades en la empresa. Tampoco el cese de la trabajadora podría contribuir razonablemente, a superar las eventuales pérdidas económicas. Lo acaecido a la demandada es habitual en las empresas distribuidoras, es decir, la defección de dos marcas - que serán sustituidas por otras -, dentro de las que ordinariamente vendía la trabajadora en el correspondiente stand de El Corte Inglés. Tal circunstancia forma parte del riesgo de la empresa.

Además, esta mantenía en 2006 unas importantísimas cifras en los capítulos de fondos propios, capital circulante e inversiones en inmovilizado, con un aumento de los ingresos de explotación, por lo que las pérdidas del ejercicio pueden resultar coyunturales y desde luego en ningún caso atribuibles a la pérdida de la distribución de aquellas dos marcas, de entre las confiadas a la trabajadora en el referido stand.

La falta de justificación del pretendido cese objetivo de la actora, constituyó su despido improcedente (artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores) y habiéndolo entendido así la sentencia impugnada solo cabe su confirmación con desestimación del recurso interpuesto.

Cuarto.-En aplicación de lo dispuesto en los artículos 201, 202.4 y 233.1 de La Ley de Procedimiento Laboral, procede efectuar, con respecto al aseguramiento de la condena, el depósito efectuando para recurrir y las costas causadas, los pronunciamientos pertinentes. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Levilla S.A., contra la sentencia dictada el día 11 de noviembre de 2008, por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 1 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, que debemos confirmar como confirmamos dicha sentencia.

Se decreta la pérdida del deposito constituido para recurrir al que se dará el destino legal. Manténgase el aseguramiento prestado hasta que la condenada cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la misma se resuelva sobre su realización. Con imposición de costas a la empresa demandada incluidos los honorarios del letrado impugnante del recurso que se fijan en 300,00 €.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de esta Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número: 3537/000066 1129/09 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito de BANESTO c/c 2410000066 1129/09, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación