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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. 174/1994, (Sala 1) de 4 de marzo


 RESUMEN:

Incongruencia de la sentencia: No se han resuelto en ella todas las cuestiones que fueron planteadas por las partes en el litigio. Confesión judicial: No tiene un rango superior al resto de los medios probatorios ni sirve por sí sola para destruir las deducciones que el Juzgador extrae del resto de los elementos de prueba.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-1. El Procurador D. José Luis Moreno Gil, en nombre y representación de D.ª Julia, formuló demanda de menor cuantía, ante el Juzgado de primera instancia Número Uno de Valladolid, contra D. Simón, D.ª Ángela, D.ª María Cristina y D.ª Consuelo, en la cual tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia: "por la que se declare extinguido el condominio sobre la finca n.º NUM000 de la CALLE000 en esta Capital, acordando: 1.º) Dado que la división de la misma desmerecería en gran medida el valor del inmueble y haría imposible su destino total, se adjudicase a aquel copropietario que lo solicitase a lo largo del procedimiento, siempre a salvo lo establecido en la fundamentación jurídica anteriormente referida, o 2.º) Se acuerde la venta de referida casa pública subasta, con admisión de licitadores extraños. distribuyéndose el precio así obtenido en dos iguales partes entre D.ª Julia y los demandados, todo ello previa deducción de las cantidades en que ha de ser reintegrada mi representada".

2. Admitida a trámite la demanda y emplazados los demandados, se personó en autos el Procurador de los Tribunales D. José Hernández Sánchez, en nombre y representación de los hermanos Simón, María Cristina, Ángela y Consuelo, quien contestó a la misma y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia: "desestimándola, absolviendo de sus pretensiones a mis representados e imponiendo las costas procesales a la demandante".

3. Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Ilmo.Sr.Magistrado- Juez de Primera Instancia número Uno de Valladolid, dictó sentencia en fecha diez de enero de 1989, cuyo FALLO es como sigue: "Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Moreno en nombre y representación de D.ª Julia contra D. Simón, D.ª Ángela, D.ª Consuelo y D.ª María Cristina ; debo declarar y declaro extinguido el condominio existente entre la actora y demandados respecto del inmueble n.º NUM000 de la CALLE000 de esta Capital y siendo el mismo indivisible procede, salvo previo acuerdo entre las partes, la venta en pública subasta con intervención de licitadores extraños repartiéndose el precio obtenido en proporción a las respectivas participaciones en el inmueble, todo ello sin hacer expresa condena en costa".

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación, contra la sentencia de primera instancia por la representación procesal de D. Simón, D.ª María Cristina, D.ª Ángela y D.ª Consuelo, y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, dictó sentencia en fecha 13 de marzo de 1991, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Ilmo.Sr.Magistrado Juez de 1.ª Instancia n.º 1 de Valladolid, con fecha 10 de enero de 1989, en el juicio de menor cuantía a que se refiere este rollo, debemos confirmar y confirmamos aludida resolución, en todos sus pronunciamientos, con expresa imposición de las costas del recurso a los apelantes D. Simón, María Cristina, Ángela y Consuelo ".

Tercero.-1. El Procurador de los Tribunales D. Luciano Rosch Nadal, en nombre y representación de los hermanos DON Simón (fallecido), DOÑA María Cristina, DOÑA Ángela Y DOÑA Consuelo, interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, con apoyo en los siguientes motivos: "Primero. Acogido al ordinal 3.º, inciso 1.º, del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art.359 de la misma, relativo al requisito de la congruencia de las sentencias. Segundo. Por infracción del art.24.2, o en su caso, 24.1, ambos de la Constitución Española, que consagran el derecho a la contradicción y defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva respectivamente, y que invocamos directamente al amparo del art.5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para fundar este recurso de casación. Tercero. Fundado en el ordinal 4.º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. A los efectos prevenidos en el párrafo 2.º del art.1707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuarto. Acogido al ordinal 5.º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción, por aplicación indebida, del art.404 del Código Civil. Quinto. Acogido al ordinal 5.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción, por inaplicación, de los arts.401, párrafo 2.º y 396 del Código Civil. Sexto. Acogido al ordinal 3.º, inciso 1.º, del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art.359 de la misma, relativo a la plenitud de la sentencia, relacionada esta circunstancia con el requisito de congruencia de las sentencias. Séptimo. Por infracción del art.24.1 de la Constitución Española, que declara el derecho a la tutela judicial efectiva, y que invocamos directamente al amparo del art.5.4 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial. Octavo. Por infracción del n.º 5 del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse producido la vulneración de los arts. 1232 Código Civil, y 580, párrafo 3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El art.1232 del Código Civil establece que la confesión judicial hace prueba contra su autor, y el art. 580, párrafo 3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que las declaraciones bajo juramento indecisorio perjudicarán al confesante. Noveno. Por infracción del n.º 5 del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al haberse producido la vulneración del art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El art.632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los Jueces o Tribunales apreciarán la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a sujetarse al dictamen de los Peritos".

2. Por auto de fecha diez de septiembre de 1991, la Sala inadmitió a trámite el motivo Noveno. de los articulados en el presente recurso de casación.

3. Convocadas las partes, se celebró la preceptiva vista el día 16 de febrero del año en curso, no habiendo asistido ninguno de los Letrados al acto de la vista.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El Juzgado de Primera Instancia número Uno de Valladolid dictó sentencia estimatoria de la demanda interpuesta por la aquí recurrida, doña Julia frente a los ahora recurrentes, en cuya parte dispositiva se declara "extinguido el condominio existente entre la actora y demandados respecto del inmueble n.º NUM000 de la CALLE000 de esta Capital y siendo el mismo indivisible procede, salvo el previo acuerdo entre las partes, la venta en pública subasta con intervención de licitadores extraños repartiéndose el precio obtenido en proporción a las respectivas participaciones en el inmueble, todo ello sin hacer expresa condena en costas"; apelada esta sentencia por los demandados, fue confirmada por la pronunciada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, contra la que se ha formalizado el presente recurso de casación articulado en nueve motivos, el último de los cuales fue inadmitido a trámite por auto de esta Sala de fecha 10 de septiembre de 1991.

El motivo primero, acogido al ordinal 3.º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción del art.359 de esta misma Ley; se argumenta que la primera pretensión de la demanda constituye una oferta dirigida a los demandados que éstos aceptan, ya en principio, en su contestación y completan en su escrito de conclusiones aceptando abonar la mitad de la valoración del inmueble, concretamente 12.500.000 pesetas; por ello, se dice en el motivo, el Juzgador debió de tener en cuenta la concurrencia de voluntades existentes en su sentencia y resolver conforme a lo pedido. El motivo no puede prosperar pues si bien es cierto que en el apartado 1.º del suplico de la demanda se solicitaba, al considerarse indivisible el inmueble, que, "se adjudicase a aquel copropietario que lo solicitase a lo largo del procedimiento, siempre a salvo lo establecido en la fundamentación jurídica anteriormente referida" y que los demandados en su contestación se mostraron dispuestos a que se les adjudicase la mitad proindivisa del inmueble perteneciente a la demandante, ello fue condicionado a que se pusieran de acuerdo en su valoración, acuerdo que de ningún modo puede estimarse, en contra de lo que propugnan los recurrentes, se haya producido; no se ha practicado en autos valoración alguna del inmueble que haya sido aceptada por ambas partes y no puede estimarse como tal la cantidad de veinticinco millones de pesetas que se fijó en la demanda como cuantía litigiosa; por todo ello no ha incurrido la sentencia de instancia en vicio de incongruencia, aparte de que, dados los términos del fallo de la sentencia de primer grado aceptado por la aquí recurrida, queda a salvo la posibilidad de eludir la venta en pública subasta del inmueble si las partes acuerdan la adjudicación a una de ellas mediante el abono a la otra del valor de su parte indivisa. De igual forma parece el segundo motivo en que, reproduciendo la argumentación del primero, se denuncia infracción del art. 24-2.º o, en su caso, 24-1 de la Constitución, al amparo del art.5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.-Acogido al número 4.º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se formula el motivo tercero en que el que se cita como documento demostrativo del error en la apreciación de la prueba que se denuncia "el informe solicitado por la actora del Departamento de Arquitectura del Ayuntamiento de Valladolid, de fecha 25 de noviembre de 1988 (folios 200 y 201) en relación con la normativa del Plan General de Valladolid, del que se aportan junto al citado informe unos planos de la zona (folios 202 a 204) y la fotocopia de las normas atinentes al caso (folios 205 y 206)", de cuyo documento, dicen los recurrentes, no se deducen las conclusiones a que llega la sentencia recurrida de que "se trata de un edificio concebido como vivienda unifamiliar" y que, asignado al inmueble en el plan General de Ordenación Urbana de Valladolid un nivel de protección estructural, ello "conlleva la necesidad de conservar su distribución interior, haciendo inviable un cambio de uso y, por tanto, su división horizontal, al hallarse sometido a importantes limitaciones urbanísticas y de ordenación urbana".

De acuerdo con reiterada doctrina jurisprudencial que, por conocida, exime de su cita particularizada, el motivo de casación establecido en el número 4 del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción anterior a la Ley 10/1992, de 30 de abril, tiene por objeto poner de manifiesto el error padecido por el Juzgador de instancia en su apreciación de la prueba practicada para la fijación de los hechos litigiosos que han de servir de fundamento fáctico a la sentencia que se dicte; por ello se exige la expresión exacta de cual es o en qué consiste el error imputado al Juzgador y la cita del concreto documento o documentos obrantes en autos que evidencian ese pretendido error, sin que sea permitido realizar a través de este motivo una valoración de la prueba practicada tratando de sustituir el criterio del Juzgador de instancia, objetivo o imparcial, por el subjetivo de la parte; tales documentos han de estar dotados de literosuficiencia de forma que los errores que se denuncian han de acreditarse por la sola lectura del documento sin que sea preciso interpretarlo ni efectuar deducciones de su contenido. Por otra parte, y como dice la sentencia de 19 de mayo de 1992 con cita de otras varias de esta misma Sala, "los documentos a que se refiere el número 4.º del art.1692 son aquellos en que se constata un hecho, acto o negocio jurídico con independencia de las actuaciones judiciales a que ha sido incorporado como medio de prueba".

Aparte de que, como informó el Ministerio Fiscal en el trámite de admisión, el documento en que se apoya el motivo fue valorado por los Juzgadores de primera y segunda instancia, y así lo reconoce expresamente el recurso, lo que determinará la falta de idoneidad del mismo para servir de apoyo a un motivo de esta clase, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial aparte de esto, se repite, el invocado informe no encaja en el concepto de documento a efectos casacionales pues en el no se recogen "hechos, actos o negocios jurídicos", sino las normas reguladoras del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid; por ello, y dado el carácter normativo de los Planes de Ordenación Urbana reconocido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo (sentencias de 10 y 11 de junio, y 6 de julio de 1992, por citar alguna), el examen detallado que de tales normas se hace en el desarrollo del motivo no puede servir para evidenciar el pretendido error hecho que se denuncia ya que lo que en realidad se está planteando en el motivo es la correcta o incorrecta aplicación de las citadas normas urbanísticas en orden a la determinación de la división material del inmueble litigioso, lo que excede de los límites de este motivo casacional y provoca su desestimación, ello sin necesidad de acudir a la falta de literosuficiencia del invocado y al mismo tiempo pormenorizadamente interpretado documento así como al subyacente propósito de que por esta Sala se procede a una revisión del material probatorio. La desestimación de este tercer motivo, hace decaer los motivos cuarto y quinto, subordinados al éxito de aquél y en los que se denunciaba, por el cauce del ordinal 5.º del art.1692 de la Ley Procesal Civil, infracción de los arts, 404 y 401-2.º, y 396, todos del Código Civil, respectivamente.

Tercero.-El motivo sexto, al amparo del ordinal 3.º, inciso 1.º, del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, considera infringido el art. 359 de dicha Ley al no haber resuelto la sentencia recurrida todos los puntos litigiosos que fueron objeto del debate y, concretamente, el referido a la pretensión actora de que se dedujese del precio que se obtenga en la subasta del inmueble las cantidades de que habrá de ser reintegrada la actora y a las que se refiere en el hecho cuarto de la demanda. La sentencia de primera instancia estableció en el segundo de los fundamentos jurídicos que "debe precisarse que la acción entablada es la de división de la cosa común referida concretamente al inmueble de la CALLE000 por lo que resulta absolutamente improcedente la introducción en el procedimiento de cuestiones que son absolutamente independientes de la materia de fondo que se plantea por lo que resultan inadmisibles las referencias que ambas partes realizan en sus respectivos escritos expositivos o incluso en el periodo de prueba a liquidaciones pendientes de pago de la herencia del padre de la actora y a pagos o desembolsos realizados por cada una de las partes en esa materia, cuestiones que están completamente al margen de los términos a que debe ceñirse el debate judicial planteado"; y a tales términos concreta el debate el Tribunal de apelación al haberse aquietado la actora al fallo de primera instancia ya que ni apeló de aquella sentencia ni se adhirió al recurso interpuesto por los demandados.

No puede ser compartida por esta Sala la fundamentación jurídica que al respecto establecen las sentencias de primero y segundo grado ya que no se trata simplemente, como entiende el Magistrado-Juez de Primera Instancia, de "referencias que ambas partes realizan en sus respectivos escritos expositivos", sino de una pretensión clara y concreta que la actora formula en el apartado 2.º del suplico de la demanda de ser reintegrada, con cargo al precio que se obtenga en la subasta, de las cantidades por ella satisfechas y cuyo pago corresponde a los comuneros demandados, acción de reembolso cuyo ejercicio acumulado a la de división de la cosa común no encuentra obstáculo procesal a tenor de los arts. 153 y siguientes de la Ley Procesal Civil, por lo que el Juzgador de Primera Instancia debió de entrar a conocer de la misma, al igual que debió de hacerlo el Tribunal "a quo", no obstante la falta de impugnación de la sentencia de primer grado por la actora, pues apelada la sentencia por los demandados en toda su extensión, éstos tenían evidente interés en que tal pretensión fuese resuelta expresamente en la sentencia, acogiéndola o rechazándola, pues la solución aceptada en ambas instancias deja imprejuzgada la petición expresa de la actora de ser reintegrada de los gastos que reclama, en cuya resolución, en contra de lo que entiende la sentencia recurrida, se halla interesada no solo la actora sino también los demandados quienes, al haber suplicado la desestimación de la demanda, tienen derecho a obtener una resolución sobre aquella pretensión de reintegro. Al no entenderse así la Sala sentenciadora de instancia, su sentencia está afectada de incongruencia al no haber resuelto en ella todas las cuestiones que fueron planteadas por las partes en el litigio y, en consecuencia, debe acogerse el motivo al igual que el séptimo en el que, con la misma finalidad que el examinado, se alega infracción del art.24.1 de la Constitución al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La estimación de estos motivos obliga a esta Sala a entrar en el examen de la pretensión de la actora de ser reintegrados de los gastos que dice haber realizado en relación con la cosa común, pretensión que debe ser desestimada al no haberse aportado por la demandante prueba alguna que acredite haber realizado los desembolsos que afirma haber hecho y de los documentos aportados por los demandados no resulta que éstos fueran deudores de aquélla en cantidad alguna.

Cuarto.-En el motivo octavo, por la vía procesal del número 5.º del art.1692, se alega infracción de los arts. 1232 del Código Civil y 580-3.º de la Ley de Enjuiciamiento. Está reconocido por reiterada jurisprudencia que la confesión judicial no tiene un rango superior al resto de los medios probatorios, ni sirve por si sola para destruir las deducciones que el Juzgador extrajo del resto de los elementos de prueba; ello conduce a la desestimación del motivo y que las conclusiones a que llega el Tribunal "a quo" sobre la indivisibilidad del inmueble a través de las demás pruebas obrantes en autos no pueden quedar invalidadas por las manifestaciones de la actora al absolver posiciones, dado que la divisibilidad del inmueble depende en todo caso de condiciones objetivas de carácter arquitectónico, funcional o económico, para cuya precisión se hace necesario acudir a la prueba pericial cuyas conclusiones difícilmente pueden ser alteradas por una prueba de carácter personal como es la de confesión. En consecuencia, procede la desestimación del motivo.

Quinto.-La estimación de los motivos sexto y séptimo determina la casación y anulación parcial de la sentencia recurrida y a la revocación, también parcial, de la de primer grado, en el sentido de desestimar expresamente la petición de reintegro de gastos formulada por la actora, absolviendo de la misma a los demandados; en consecuencia no procede hacer especial condena en las costas de este recurso de casación, a tenor del art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a cuyo amparo se devolverá a los recurrentes el depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por doña María Cristina, doña Ángela y doña Consuelo en su propio nombre y en beneficio de la comunidad que forman con los herederos de su hermano don Simón, también recurrente fallecido durante la tramitación de este recurso, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Valladolid de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y uno que casamos y anulamos parcialmente en el sentido de adicionar a sus pronunciamientos el de no haber lugar a deducir cantidad alguna a favor de la actora del precio que se obtenga en la subasta del inmueble litigioso, precio que se distribuirá en la forma establecida en la sentencia recurrida. Sin hacer expresa imposición de las costas de este recurso. Devuélvase a los recurrentes el depósito constituido para recurrir librando los despachos necesarios. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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