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Sentencia T.S. 163/1994, (Sala 1) de 4 de marzo


 RESUMEN:

Principio de contradicción: Interpretación del artículo 24 de la CE; conculcación cuando los titulares de derechos legítimos se ven imposibilitados de hacer uso de los medios legales necesarios para su defensa, correspondiendo en estos casos al órgano judicial suplir el imperfecto y a veces erróneo cumplimiento de los requisitos formales impuestos por la LEC. Diferente criterio para las rebeldías procedentes de situaciones de domicilio desconocido, mediante edictos y aquellas procedentes de notificaciones personales y por cédula a sus parientes, familiares, etc.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El Procurador de los Tribunales D. José María Sánchez Alvarez, en nombre y representación de D.ª Luz y D.ª Concepción, formuló demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía en ejercicio de acción mixta irrenunciable e imprescriptible "communi dividumdu" contra las Comunidades de Herederos de D.ª Yolanda y D.ª Maite y D. Pedro Antonio, estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando se dicte sentencia de conformidad con el suplico de su escrito de demanda, tanto con carácter principal y subsidiario, y en ambos casos con imposición de costas a la parte demandada; por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

2. Admitida la demanda y emplazados los demandados mediante edictos por término de diez días para que compareciesen en autos en forma legal y bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía, no comparecieron ninguno de los demandados en el plazo indicado por lo que fueron declarados en rebeldía, dándose por contestada la demanda.

3. Recibido el pleito a prueba se practicaron las que propuestas por la parte demandante fueron declaradas pertinentes y figuran en los autos.

4. Tramitado el procedimiento, el Juez del Juzgado de Primera Instancia de Trujillo dictó sentencia de fecha 21 de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, cuyo fallo dice literalmente: FALLO. Que estimando la demanda formulada por el Procurador D. José María Sánchez Alvarez, en nombre y representación de D.ª Luz y D.ª Concepción, contra las Comunidades de Herederos de D.ª Marí Juana, y D.ª Maite y D. Pedro Antonio, declarados en rebeldía, debo declarar y declaro: A) Que existe comunidad sobre el suelo de la finca " [...] " descrita en el hecho primero de la demanda, siendo partícipes en dicha comunidad las actoras y sus dos hermanos D. Pedro y D. Pedro Francisco, a los que corresponde en pleno dominio, en proindivisión y por cuartas partes iguales el 99,48% de dicho suelo, así como las Comunidades de Herederos demandadas a las que corresponde en pleno dominio el 0.516% del suelo de citada finca. B) Que las actoras no están obligadas a permanecer junto con las Comunidades de herederos demandada en la comunidad indivisa del suelo de la finca descrita en el hecho primero de la demanda. Y como consecuencia de estas declaraciones debo condenar y condeno a las Comunidades de Herederos de D.ª Yolanda y D.ª Maite y de D. Pedro Antonio . a: 1) Que practiquen con las actores la división del suelo de la finca " [...] " de forma tal que el suelo de dicha finca quede dividido en las dos partes siguientes: a) una parte, correspondiente a las actoras y a los hermanos de éstas, en pleno dominio en proindivisión y por cuartas partes iguales, cuya cabida será la que corresponde al 99, 484% de la totalidad del suelo de la finca, b) Una segunda parte, correspondiente en pleno domino a las Comunidades de herederos demandadas, cuya cabida será la que corresponde al 99,484% de la totalidad del suelo de la finca; cuya división, si no hay acuerdo entre los interesados, será practicada por árbitros o amigables componedores nombrados a voluntad de los partícipes o en su defecto por el Juez, los cuales habrán de seguir en la división, las reglas concernientes a la partición de la herencia . 2) Que otorguen junto con las actoras las correspondiente escritura pública de división en el plazo de un mes, con el apercibimiento de que si transcurre dicho plazo sin que otorguen dicha escritura será otorgada por el Juzgado y las actoras a costa de los demandados. Debo declarar y declaro que los gastos que se hagan en interés común de los partícipes para la división de la cosa común, serán satisfechos por los condominos en proporción al derecho de cada uno de ellos en la comunidad, y en su caso, en ejecución de sentencia. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada. Así por esta mi sentencia, que dada la rebeldía de los demandados insertará su encabezamiento y parte dispositiva será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, lo pronuncio, mando y firmo.

Segundo.-Con fecha 14 de marzo de 1990 se presentó ante la Sección Segunda de la Iltma Audiencia Provincial de Cáceres demanda promoviendo incidente de solicitud de Audiencia al Rebelde por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Campillo Alvarez, en nombre y representación de D. Jose Luis ; dicha Audiencia dictó sentencia con fecha 8 de abril de mil novecientos noventa y uno, cuyo fallo dice literalmente así: FALLAMOS: Que desestimando la demanda presentada por D. Jose Luis, representado por el Procurador D. Jorge Campillo Alvarez, debemos declarar y declaramos no haber lugar a la audiencia solicitada, con expresa imposición de costas a la parte demandante.

Tercero.-Notificada la resolución anterior a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de D. Jose Luis, con amparo en los siguientes motivos: MOTIVOS DE CASACION. Primero: Se formula por la vía procesal del n.º 4.º del art. 1692 de la LEC. por considerar la existencia de error en la apreciación de la prueba según resulta de documentos que obran en autos que demuestran equivocación del juzgador y que no están en contradicción con otros elementos probatorios. Segundo: Que se ejercita por el cauce procesal del n.º 5.º del art. 1692 de la LEC. por infracción del artículo 777 de la Ley procesal civil al darse interpretación errónea por la Sala Sentenciadora de la circunstancia tercera del precepto referido al estimar por el recurrente no acreditada la ausencia del pueblo de Trujillo, lugar de su última residencia, en las fechas que fueron publicados los edictos para lograr su emplazamiento y el de notificación de la sentencia pronunciada en el proceso de menor cuantía en que pide audiencia.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. EDUARDO FERNÁNDEZ-CID DE TEMES

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Aunque, en contra de lo que se dice, los autos de menor cuantía 145/88 del Juzgado de Trujillo, no aparecen unidos al rollo de la Audiencia Territorial de Cáceres (R. 116/90) que conoció del recurso de Audiencia del rebelde y contra cuya sentencia se recurre en casación, nada impide resolver el mismo, pues existe absoluta conformidad en los siguientes extremos: 1.º) D.ª Luz y D.ª Concepción presentaron demanda, en ejercicio de la Actio Communi dividundo, contra las Comunidades de herederos de D.ª Yolanda y D.ª Maite y D. Pedro Antonio, que fueron emplazados por edictos publicados en el B.O. de la provincia de Cáceres del 6 de agosto de 1988, con posterior declaración de rebeldía. 2.º) La sentencia del Juzgado, estimatoria de la demanda, se publicó en idéntico medio el día 30 de marzo de 1989. 3.º) D. Jose Luis, como coheredero, en unión de sus hermanos,de D.ª Candela y D.ª Maite, presentó, el 20 de marzo de 1990, el correspondiente escrito ante la Audiencia de Cáceres, ejercitando acción impugnativa autónoma, promoviendo incidente en solicitud de Audiencia, que fue tramitado en forma, con la oposición de las que fueron actoras ante el Juzgado. 4.º) la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, por sentencia de 8 de abril de 1991, desestimando la demanda presentada por D. Jose Luis, declaró no haber lugar a la Audiencia solicitada, imponiéndole expresamente las costas. 5) Contra esta sentencia se interpuso por D. Jose Luis el presente recurso de casación.

2. El primer motivo, al amparo del n.º 4.º del art. 1692 de la LEC., denuncia error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, y considera errónea la afirmación de la Audiencia de que el actor no acredita "haber estado constantemente fuera del pueblo en que se ha seguido el juicio desde el emplazamiento por edictos hasta la publicación de la sentencia", entendiendo el recurrente que la certificación del Ayuntamiento de Badajoz, expresiva de que D. Jose Luis lleva empadronado en dicha ciudad desde hace muchos años, acredita lo contrario, sin que la certificación emitida por la Gerencia de un Hostal de Trujillo, afirmativa de que durante tal período estuvo catorce veces, pernoctando alguna, pueda tener el alcance que le otorga la Audiencia, por ser estancias esporádicas, que no contradicen la residencia y domiciliación constante en Badajoz.

El motivo segundo, al amparo del n.º 5.º del propio precepto procesal, acusa infracción del art. 777 de dicha ley por interpretación errónea, al entender el recurrente que se cumplen todos los requisitos exigidos por el mismo para la estimación del recurso de la Audiencia, pues ha de interpretarse conforme al art. 5.1 de la LOPJ. y 24 de la Constitución, que propugnan el derecho de defensa y la bilateralidad, con proscripción de formalismos, siendo la rebeldía ficta cuando el emplazamiento se ha verificado por edictos, por lo que la Ley debe interpretarse de manera menos restrictiva en los supuestos de citación edictal, en los que basta para acoger el recurso acreditar la ausencia constante del pueblo en que se ha seguido el juicio, desde que fue emplazado para él hasta la publicación de la sentencia y que se hallaba ausente del pueblo de su última residencia al tiempo de publicarse en él los edictos para emplazarlo.

La sentencia recurrida considera no acreditado que el actor en el recurso hubiera estado constantemente fuera del pueblo en que se ha seguido el juicio (Trujillo), desde que fue emplazado para él hasta la publicación de la sentencia (6 de agosto de 1988 hasta el 30 de marzo de 1989) y que, por el contrario, "consta en autos una certificación del Director-Gerente del Hostal "La Emilia", sito en la localidad de Trujillo, donde se recoge que D. Jose Luis ha pernoctado y comido o cenado en varias fechas comprendidas dentro de ese período ",por lo que estima falta el segundo requisito del tan mencionado art. 777 de la LEC. lo que hace innecesario examinar si concurre o no el siguiente.

3. Como dijo esta Sala en la S. de 5 de junio de 1990, referente al recurso de Audiencia como rescindente (en el texto se dice "rescisorio", suponemos que por error de transcripción mecanográfica) "la Constitución como norma suprema y contexto de todo el ordenamiento jurídico, con eficacia directa e inmediata, y con preferencia a cualquier otra Ley, vincula a todos los jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes según los preceptos y principios constitucionales, conformados de acuerdo con las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional (Exposición de Motivos de la LOPJ.); y habida cuenta de que tal Alto Tribunal tiene establecido que el derecho a la defensa y a la bilateralidad que, como fundamental consagra el art. 24.1 de la Constitución, contiene un mandato dirigido al legislador y al intérprete, en el sentido de promover la contradicción, resultando conculcado cuando los titulares de derechos legítimos se ven imposibilitados de hacer uso de los médios legales necesarios para su defensa, correspondiendo en estos casos al órgano judicial suplir, mediante una interpretación posible y favorable al ejercicio de la acción impugnativa, el imperfecto, y muchas veces erróneo, cumplimiento de los requisitos formales impuestos por la LEC., asegurando así la primacía del mencionado derecho fundamental (SS. del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 1986 y 10 de diciembre de 1986). Sin perder de vista la anterior doctrina, es necesario reconocer que la Ley Procesal Civil trata con criterio diferenciado las rebeldías del demandado procedentes de situaciones de domicilio desconocido, en las que el emplazamiento se ha efectuado mediante edictos (art. 777), y aquellas otras procedentes de notificaciones personales y por cédula a sus parientes, familiares, criados, etc. (arts. 771 y 776), no exigiendo en las primeras la justificación del obstáculo que les hubiera impedido comparecer, presumiendo "iuris tantum" que ignoraban la existencia del procedimiento, y creando en definitiva una "rebeldía ficta", con la sola prueba de la ausencia constante del lugar en el que se siguió el juicio, y de la última residencia, al tiempo de publicarse en ella los edictos; o dicho de otro modo, habrá lugar a la audiencia con la sola acreditación del hecho en sí, prescindiendo de la voluntariedad o involuntariedad del mismo; y todo ello sin perjuicio de no privar a la parte contraria de la posible justificación de una conducta que lo contradiga".

Por su parte, la S. de 10 de diciembre de 1990, refiriéndose a la circunstancia segunda del art. 777 de la LEC., establece que "lo que tal precepto considera no es la estancia esporádica temporal del ausente en el pueblo en que se ha seguido el juicio, sino que hubiere estado en él durante el período de tiempo comprendido desde que fue emplazado hasta la publicación de la sentencia....." y ".... bajo otro aspecto, porque esa estancia temporal esporádica tampoco pone de manifiesto que lo estuviera precisamente al tiempo de publicarse los edictos de emplazamiento, a que se alude en la circunstancia tercera del precitado art. 777..." Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, resulta que, si la interpretación ha de ser favorable al principio de defensa y bilateralidad y el estar constantemente fuera del pueblo en que se ha seguido el juicio desde el emplazamiento por edictos hasta la publicación de la sentencia, se compagina jurídicamente con la estancia esporádica temporal en el pueblo, han de apreciarse tanto el motivo que denuncia error en la apreciación de la prueba, al no darle el valor que le corresponde a la certificación de empadronamiento y supervalorar la certificación del Director- Generente del Hostal (estancia esporádica), como el que denuncia interpretación errónea de los dos últimos requisitos del art. 777 de la LEC., aunque la sentencia de instancia se refiera solo a uno de ellos, porque no cabe dudar que la acción se ejercitó en tiempo, todo lo cual conduce a la estimación del recurso y, consecuentemente, a la casación de la sentencia impugnada, dando lurgar a la solicitud de audiencia del rebelde en el procedimiento n.º 145/88 del Juzgado de primera instancia de Trujillo, sin que proceda hacer declaración sobre las costas de casación, ni sobre las de primera instancia, criterio que se ratifica al recuperar esta Sala facultades propias de aquella y comprobar que las actoras ante el Juzgado tenían que conocer los nombres y domicilios de integrantes de las comunidades hereditarias demandadas por los documentos obrantes a los folios 63 a 70, ambos inclusive, siquiera resulte igualmente de ellos que varios miembros residían al tiempo del pleito en Trujillo, lo que pone de manifiesto la mutua falta de lealtad procesal que, aunque se anule, resulta siempre reprochable.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Procurador D. Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación de D. Jose Luis, contra la sentencia dictada, en 8 de abril de 1991 (rollo 116/90) por la Sección Segundo de la Audiencia Provincial de Cáceres; la anulamos y, por su contra, damos lugar a la Audiencia del rebelde en el procedimiento de menor cuantía 145/88 del Juzgado de Primera Instancia de Trujillo n.º 1, solicitada por dicho D. Jose Luis, todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas de primera instancia ni sobre las de la casación. Devuélvase a dicho recurrente el depósito constituido. Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole el rollo de Sala que remitió ASÍ POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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