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Sentencia A.P. Murcia 275/2010 de 20 de mayo


 RESUMEN:

Laudo arbitral: Desestimación de la demanda de nulidad del laudo dictado por la Corporación Pública Colegio de Arquitectos de Murcia, ya que es competente para ello, debido a la validez y eficacia de la cláusula arbitral suscrita por las partes, debido a su autonomía de la voluntad. Arbitro: Capacidad funcional.

MURCIA

SENTENCIA: 00275/2010

Rollo Apelación Civil n.º: 851/09

Ilmos. Sres.

Don Carlos Moreno Millán.

Presidente

Don Francisco José Carrillo Vinader

Don Juan Antonio Jover Coy

Magistrados

En la ciudad de Murcia, a veinte de mayo de dos mil diez.

Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto la presente demanda de anulación de laudo arbitral parcial, dictado en el expediente de procedimiento de tal naturaleza promovido por la mercantil "Iniciativa y Proyecto del Suelo", S.L., contra D. Aquilino, ante la Corporación Pública Colegio de Arquitectos de Murcia. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Carlos Moreno Millán que expresa la convicción del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El citado Colegio de Arquitectos, dictó laudo parcial con fecha 9 de Septiembre de 2009 cuyo contenido es del siguiente tenor literal: LAUDO: "DESESTIMAR LA CUESTION DE COMPETENCIA PLANTEADA POR DON Aquilino Y EN SU CONSECUENCIA DECLARAR LA COMPETENCIA DEL COAMU PARA DICTAR LAUDO ARBITRAL EN ESTE ASUNTO AL CONSIDERAR VÁLIDA Y EFICAZ LA CLÁUSULA ARBITRAL SUSCRITA POR AMBAS PARTES EN EL DOCUMENTO ONCE DE LA DEMANDA, todo ello conforme al artículo 22 de la Ley 60/2003 de 23 de Diciembre de Arbitraje ".

EN CONSECUENCIA PASE A ESTUDIO A FIN DE DETERMINAR SI PROCEDE PRÁCTICA DE PRUEBA ANTES DEL RESOLVER SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN.

Igualmente se acuerda requerir al demandado Sr. Aquilino para que abone la provisión de fondos acordada para el pago de los honorarios del presente procedimiento, en el plazo de DIEZ DIAS, transcurridos los cuales se procederá a su cobro por vía ejecutiva".

Segundo.-Contra dicho laudo se presentó demanda de anulación por el Procurador Sr. Berenguer López en representación de D. Aquilino, que basó en la infracción del art.º 41.1.a) de la Ley de Arbitraje por inexistencia de convenio arbitral.

Tercero.-Turnada la demanda a esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, se registró con el número 851/09. Se tuvo por parte al Procurador Sr. Berenguer López en la representación que ostenta y se dio traslado a la otra parte, "Iniciativa y Proyecto del Suelo" S.L. para que contestara la demanda de anulación, lo que en efecto así hizo oponiéndose a la misma, representada por la Procuradora Sra. Gómez Gras.

Cuarto.-Por providencia de 23 de Abril de 2010, se tuvo por personada y parte a dicha Procuradora en la representación que ostenta, al tiempo que se tuvo por contestada la demanda de anulación. Por providencia de 26 de Abril de 2010 se estimaron las pruebas documentales incorporadas con los escritos de demanda y contestación y con otros escritos presentados, desestimándose los interrogatorios de parte solicitados, al tiempo que se convocaba a las partes a la celebración de vista el día 17 de Mayo de 2010.

Quinto.-En el acto de la vista, la Letrada Sra. Martínez Amorós en defensa de la parte demandante alegó, al amparo del art.º 286 de la LEC, un nuevo motivo de anulación del laudo consistente en la falta de competencia funcional del árbitro, solicitando la aportación de determinada prueba documental, que fue admitida por el Tribunal y unida a los autos. Solicitó finalmente la estimación de ambos motivos de anulación (inexistencia de convenio arbitral y falta de competencia funcional).

El Letrado Sr. Alemán Lledó en defensa de la mercantil demandada se opuso a las alegaciones y motivos de anulación planteados de contrario, interesando la desestimación de los mismos.

Sexto.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El recurso de anulación que contempla la Ley de Arbitraje contra el correspondiente laudo arbitral, se concreta en este caso en determinar, por un lado, la alegada inexistencia de convenio de tal naturaleza y por otro, la falta de capacidad funcional del árbitro, motivo éste introducido en el acto del juicio al amparo de lo dispuesto en el art.º 286 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así y con respecto al motivo de recurso referido a la alegada inexistencia de convenio arbitral, entendemos que tal pretensión debe desestimarse.

Téngase en cuenta, en efecto, que consta acreditado documentalmente conforme al contrato de arrendamiento de servicios de fecha 21 de Octubre de 2003 suscrito entre los litigantes, la realidad y existencia de tan cuestionado convenio arbitral.

Así cabe proclamarlo de lo dispuesto en la cláusula tercera del citado contrato arrendaticio donde de manera expresa se expone..."para cualquier cuestión que surja de lo convenido en el presente contrato las partes acuerdan someter a Arbitraje de Equidad que será resuelto por el Colegio de Arquitectos de Murcia, obligándose al fiel y exacto cumplimiento del laudo que se emita".

De dicho contenido se deriva de manera clara y precisa la voluntad de las partes contratantes de someter a la decisión arbitral cualquier cuestión que pueda surgir de lo convenido contractualmente. Como decimos, la dicción de esa cláusula es exponente de esa voluntad inequívoca de las partes al respecto, y en definitiva de un consentimiento mutuo, claro y determinante de someterse a arbitraje, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de 2002.

Pero es que además esa cláusula tercera, producto y resultado del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es también demostrativo de la obligación que asumen ambos contratantes de cumplir lo que el árbitro acuerde y decida en el laudo que emita.

Se alega por la parte recurrente, Sr. Aquilino, que esa cláusula tercera contiene además una sumisión de las partes a los Juzgados y Tribunales que correspondan al lugar donde se encuentre sita la finca, por lo que no concurría esa voluntad clara y precisa de las partes de sometimiento a arbitraje, con exclusión de la jurisdicción ordinaria.

Entiende este Tribunal, contrariamente a lo manifestado por la parte recurrente, que no existe esa duplicidad de sometimiento a arbitraje y a los Juzgados y Tribunales ordinarios, sino únicamente una voluntad inequívoca de convenio o acuerdo arbitral. Nótese que esa remisión a la jurisdicción ordinaria lo es para todo lo relativo a la formalización judicial del compromiso arbitral y a lo que del mismo pueda derivarse, conforme a lo previsto legalmente.

En idéntico sentido desestimatorio hemos de pronunciarnos también en relación con la alegación de novación del cuestionado convenio de arbitraje, llevada a cabo a tenor del contrato de 2 de Junio de 2004 suscrito posteriormente por ambas partes.

Este contrato no sustituye al inicialmente acordado de 21 de Octubre de 2003 de prestación de servicios, sino que es complementario del mismo, como resultado o consecuencia de la venta efectuada por el Sr. Aquilino a la mercantil "Peinsa" S.L. Por ello, ahora los litigantes fijan la contraprestación a percibir por IPS en 1.400.000 €, dejando constancia del pago a cuenta de 400.000 €, renunciando ésta al cobro de cantidad alguna por la negociación o intermediación llevada a cabo en esa compraventa entre el Sr. Aquilino y "Peinsa" S.L., y sin que se haga mención expresa alguna a cualquier decisión o acuerdo de dejar sin efecto aquélla sumisión a arbitraje contenida en la cláusula tercera del contrato de 21 de Octubre de 2003.

Obsérvese, como señala el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de Julio de 2002 que para apreciar novación, ya sea modificativa o extintiva, es necesario acreditar plenamente la existencia de la voluntad novatoria que se alega, sin que quepa presumir la novación y sin que quepa deducirla de meros indicios o de estipulaciones que no reflejen con claridad la voluntad de novar lo pactado en el contrato.

Por lo expuesto procede la desestimación de este primer motivo tendente a la anulación del laudo arbitral.

Segundo.-Finalmente hemos de desestimar también el motivo de anulación alegado en el acto de la vista del juicio referido a la falta de competencia funcional del árbitro.

Este nuevo motivo de anulación se alega por primera vez en el marco del acto del juicio verbal al amparo de lo dispuesto en el art.º 286 de la LEC, y por tanto al margen del cauce procesal expresamente previsto al respecto, que cabría identificar con el escrito de demanda ejercitando la correspondiente acción de anulación.

Téngase en cuenta que los hechos nuevos, que es posible alegar por la parte demandante al amparo del artículo 286 de la LEC, son aquéllos que acaecidos o conocidos una vez que han precluido los actos de alegación, sirven para fundamentar las pretensiones de la parte oportunamente deducidas en la demanda, o en su caso en la ampliación de la misma. Lo que el precepto no autoriza, ni permite es la posibilidad de adicionar nuevas pretensiones, si, en efecto, el trámite procesal reservado al respecto, ya ha precluido.

No debe olvidarse como señala el artículo 42 de la Ley de Arbitraje, que la demanda (acción de anulación) deberá presentarse conforme a lo señalado en el art.º 399 de la LEC, es decir con sujeción a las previsiones establecidas para el juicio ordinario, entre las que destaca, en lo que aquí concierne, la fijación en la misma o en un posterior escrito de ampliación de las correspondientes pretensiones o peticiones, es decir de los motivos de anulación del laudo. Y es que, como señalan los artículos 401 y 412.1 de la LEC, la ley regula un concreto momento procesal de carácter preclusivo para la ampliación de las pretensiones de la demanda, al que deben sujetarse y acomodarse quienes ejercitan su derecho.

En este caso, es evidente, que la parte actora lleva a cabo una utilización e interpretación inadecuada del artículo 286 de la LEC, ya que al amparo del mismo, pretende la introducción de un nuevo motivo de nulidad, proscrito procesalmente por aplicación del principio de preclusión de los actos procesales, en los términos ya señalados, olvidando, como antes decíamos, que el citado precepto tiene como finalidad la alegación de nuevos hechos relevantes que habrían de valorarse para la decisión y resolución final de aquellas causas o motivos de anulación del laudo oportunamente deducidos.

En definitiva, se pretende, al margen del correspondiente cauce procesal, una ampliación de la demanda mediante la incorporación de un nuevo motivo de nulidad.

Procede, por todo lo expuesto, la desestimación, y por tanto la desestimación de la acción de anulación.

Tercero.-La desestimación de la demanda de anulación conlleva la imposición a la parte actora de las costas causadas, por aplicación del principio objetivo del vencimiento, conforme al art.º 394 de la LEC.

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos DESESTIMAR la acción de anulación formulada por el Procurador Sr. Berenguer López en representación de D. Aquilino contra el laudo parcial de fecha 9 de Septiembre de 2009 dictado por el Colegio de Arquitectos de Murcia en el expediente de referencia, por el que desestimaba la excepción alegada de inexistencia de convenio arbitral, confirmando así el citado laudo.

Se imponen a la parte demandante las costas causadas en este juicio.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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