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Sentencia A.P. Madrid 238/2010 de 24 de mayo


 RESUMEN:

Contrato de ejecución de obras: La promotora demandante interpone contra otra sociedad demanda ejercitando acción de cumplimiento de obligaciones contractuales del contrato de ejecución de obra, estimándose la demanda. No es preciso que exista un documento debidamente suscrito de tal entrega, ésta puede resultar de otros hechos de los que inequívocamente se desprenda que la obra ha sido recibida por la propiedad. La promotora de las obras, solicita que la demandada, constructora de las mismas, lleve a cabo la subsanación de los defectos cuando la comunidad de propietarios que no es parte tiene entablado otro procedimiento, y se le causaría indefensión, por lo que en definitiva, se estima el recurso y se desestima la demanda.

MADRID

SENTENCIA: 00238/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE MADRID

Sección 8

1280A

FERRAZ, 41

N.I.G. 28000 1 7005075 /2009

RECURSO DE APELACION 337 /2009

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 650 /2007

Órgano Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 21 de MADRID

De: CONSTRUCCIONES LIMARVI, S. L.

Procurador: GEMA PEREZ BAVIERA

Contra: INMOVIA 59, S.L.

Procurador: ARTURO MOLINA SANTIAGO

Ponente: ILMA. SRA. DÑA. MARIA VICTORIA SALCEDO RUIZ

SENTENCIA N.º 238

Magistrados:

ILMO. SR. D. ANTONIO GARCIA PAREDES

ILMA. SRA. DÑA. CARMEN GARCIA DE LEANIZ CAVALLÉ

ILMA. SRA. DÑA. MARIA VICTORIA SALCEDO RUIZ

En Madrid, a veinticuatro de mayo de 2010. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados

expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio ordinario bajo el n.º 650/07, procedentes del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 21 de Madrid, seguidos entre partes, de una como demandante-apelada, INMOVIA 59, S.L., representadada por el Procurador D. ARTURO MOLINA SANTIAGO, y de otra, como demandada-apelante, la mercantil CONSTRUCCIONES LIMARVI, S. L., representada por la Procuradora D.ª GEMA PEREZ BAVIERA.

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. MARIA VICTORIA SALCEDO RUIZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de Madrid, en fecha 17 de noviembre de 2008, se dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Don ARTURO MOLINA SANTIAGO en nombre y representación de la entidad mercantil INMOVIA 59, S.L., contra la mercantil LIMARVI, S.L., debo condenar a la entidad demandada a reparar y subsanar los defectos de la edificación de CAMINO000 n.º NUM000 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), relacionados en el documento número 35 de la demanda, en los términos contenidos en el informe de la sra. perito judicial, con expresa condena en costas a la parte demandada".

Segundo.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

Tercero.-No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 19 de mayo de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La demandante INMOVIA 59, S. L., con fecha 29 de marzo de 2.007, interpuso contra CONSTRUCCIONES LIMARVI, S. L. demanda de juicio ordinario ejercitando acción de cumplimiento de obligaciones contractuales, la cual fue repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de los de Madrid, quien ha conocido del mismo bajo el n.º 650/07; en el escrito inicial del pleito, la reclamante alegaba haber suscrito, en calidad de Promotora, con la demandada, en fecha 20 de marzo de 2.001, un contrato de arrendamiento de obras con suministro de materiales para la ejecución de todas las obras de construcción de una edificación en el solar de la Avenida CAMINO000 n.º NUM000 de la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y solicitaba, en base a la existencia de desperfectos e imperfecciones en la ejecución material de las obras y en el hecho de no haberse firmado por ella la recepción provisional de las mismas, se dictase sentencia en la que se declarase la obligación de CONSTRUCCIONES LIMARVI, S. L. de reparar y subsanar los defectos constructivos que se relacionaban en el documento aportado con la demanda con el n.º 35 (hasta un total de 17 deficiencias) hasta su total reparación, terminación y recepción, de conformidad con la aquí demandante y la Comunidad de Propietarios de la edificación del CAMINO000 n.º NUM000 de Pozuelo de Alarcón, así como al pago de las costas.

Por su parte la demandada CONSTRUCCIONES LIMARVI, S. L. se opuso a la demanda, alegando, en primer término, la excepción de falta de legitimación ad causam del promotor para reclamar frente al constructor por los vicios objeto de la litis, e invocando no haber existido ningún incumplimiento contractual por su parte, respecto del contrato de obra suscrito entre ellas, manteniendo que la obra se había ejecutado conforme al proyecto redactado por los arquitectos D. Luis María y D. Pedro Jesús, habiendo sido entregada la misma completamente finalizada y señalaba, además, que los desperfectos cuya reparación se reclamaba, no se deriban de una mala praxis en la ejecución de las obras, pues unos están reparados, otros se han producido por falta de mantenimiento, otros no le son imputables y dos de ellos (los previstos en los n.º 1 y 2 del documento n.º 35 de la demanda) derivados de un error de proyecto, por lo que entendía que la responsabilidad recaía directamente sobre los arquitectos de la obra, por lo que concluía su escrito de contestación solicitando la desestimación de la demanda.

Consta en autos, que la demandada ya citada interesó del Juzgado de instancia la acumulación a los mismos, los seguidos bajo el n.º 502/07 ante el Juzgado n.º 3 de Pozuelo de Alarcón e iniciados a instancia de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE CAMINO000 N.º NUM000 DE POZUELO DE ALARCON contra la empresa promotora INMOVIA 59, S. L., la empresa constructora CONSTRUCCIONES LIMARVI, S. L., los arquitectos D. Pedro Jesús y D. Luis María y contra el aparejador D. Leonardo, en ejercicio de la acción de responsabilidad decenal prevista en el artículo 1.591 del Código Civil, a fin de obtener la condena de los demandados, como integrantes del proceso constructivo del edificio, a realizar en los elementos comunes, viviendas, garaje y zona de piscina las obras y reparaciones señaladas en el informe pericial que se incorporaba a la demanda. La citada petición, a la que se opuso la promotora, fue rechazada por el Juzgado de instancia mediante auto de fecha 19 de septiembre de 2.008.

Seguido el procedimiento por sus trámites se dictó sentencia con fecha 17 de noviembre de 2.008, estimando la demanda formulada y condenando a la demandada a reparar y subsanar los defectos existentes en la edificación ya citada, relacionados en el documento n.º 35 de la demanda, en los términos contenidos en el informe de la perito judicial, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Segundo.-Notificada la citada resolución a las partes, la demandada y condenada interpone recurso de apelación en el que se formulan dos alegaciones: 1) Falta de motivación y congruencia de la resolución impugnada, lo que a su entender motiva su nulidad y 2) Error en la valoración de los hechos y pruebas practicadas.

Con base en la primera de las alegaciones y amparándose, entre otros, en los artículos 459 y 218 de la Ley Procesal Civil, invoca la recurrente que la sentencia incurre, por un lado, en incongruencia omisiva y, por otro, en incongruencia extra petitum.

Es cierto que el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impone, expresamente, al órgano judicial, la obligación de resolver, motivadamente, todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate; esta obligación, sin duda alguna, deriva del mandato constitucional previsto en el artículo 120.3 de la Constitución Española, que ordena que las Sentencias sean siempre motivadas. Sin embargo, debe señalarse que es reiterada y conocida la Jurisprudencia que ha establecido que la exigencia constitucional de motivación, no impone una argumentación extensa, ni una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que la respuesta judicial esté argumentada en Derecho y que se relacione con los extremos sometidos por las partes a debate (STC numero 101/92, de 25 de junio); desde este punto de vista, sólo una motivación que, por arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente formal, quebrantaría el artículo 24 de la Constitución (STC numero 186/92, de 16 de noviembre). Conforme a lo anterior, y como también ha señalado el TS (sentencia 28-1-2009), la exigencia de motivación, así como su cumplimiento, se ha de examinar necesariamente en relación con el contenido de las pretensiones sobre las que se discute, como se deriva de la propia disposición legal, de modo que su satisfacción se produce cuando del contenido de la sentencia se desprende cuáles son las razones de hecho y de derecho en las que el tribunal se ha basado para llegar a la conclusión expresada en su fallo.

La Juzgadora a quo, no cabe duda de que, con los argumentos expuestos en la sentencia que se recurre, concretamente en el fundamento de derecho segundo de la misma, al referirse a la acción ejercitada por la demandante y promotora de las obras y señalar que "no es otra que el cumplimiento del contrato de arrendamiento de obra conforme a los términos del mismo, no ejercitándose la acción decenal contemplada en el artículo 1.591 del Código Civil..." y concluir que la demandada, en cuanto constructora, está legitimada para soportar la acción entablada contra ella, también está reconociendo a la reclamante, en su condición de promotora y firmante del contrato de ejecución de obras, de fecha 20 de marzo de 2.001, aportado con la demanda con el n.º 1 de los documentos, la legitimación activa para formular la acción de cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del citado contrato, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil, como no podía ser de otra forma, y como corolario de lo dispuesto en el artículo 1.257 del mismo texto legal. Es por ello que entendiendo resuelta y rechazada en la instancia, la excepción de "falta de legitimación" de la actora y promotora de la obras para la acción entablada, debe rechazarse el motivo de apelación que al respecto se esgrime, al no poder achacar a la resolución impugnada la incongruencia omisiva que pretende atribuírsele.

Pasando a resolver la incongruencia alegada por la recurrente, con base en que el pronunciamiento de condena efectuado en la instancia excede de la petición formulada por la reclamante (incongruencia extra petita), debe rechazarse por lo que a continuación expondremos. Dice la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 18 de julio de 2.005, que la citada incongruencia se da "cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones". Y lo cierto es que en el presente caso y a la vista de lo pedido por la demandante y promotora de las obras y lo recogido en el fallo de la sentencia que se recurre, hemos de concluir que la adecuación es total y absoluta.

Quizá la alegación que formula la parte, en este punto, lo sea con base en la errónea creencia de que la Juzgadora a quo ha dado más de lo que solicita la reclamante, es decir, que en la instancia se ha condenado a la ahora apelante a subsanar más defectos de los reclamados inicialmente por la demandante, y ello por cuanto los que ésta dice existen en la edificación objeto de la litis son, a la vista del documento n.º 35 de los aportados con la demanda, 17, y la perito judicial D.ª Adoracion, recoge en su informe un total de 18 y, además, entre ellos se advierte la existencia de defectos cuya reparación no se exige de contrario, principalmente en elementos privativos. Efectivamente y como refiere la parte recurrente, la citada perito recoge en los puntos 2.3 (Desprendimiento de pintura en trasteros), 2.7 (Humedad en techo de garaje de sótano 1.º), 2.15 (Fisuras en las paredes de las viviendas), 2.16 (Pavimento suelto y desprendido) y 2.17 (Alicatado suelto y desprendido), defectos cuya reparación no se solicita de contrario, con la salvedad de que sí se piden los incluidos en el punto 2.16 relativos a determinadas piezas del "pavimento del portal y distribuidor de planta segunda", según es de ver en el punto 11 del documento n.º 35 de la demanda; pero ello en modo alguno lleva a concluir que la sentencia recurrida y por el hecho de que haya mencionado en el fallo de la misma el informe pericial judicial, imponga a la demandada la condena a reparar todos los recogidos en el citado informe. Dice la sentencia de instancia "debo condenar a la entidad demandada a reparar y subsanar los defectos de la edificación de CAMINO000 n.º NUM000 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), relacionados en el documento n.º 35 de la demanda, en los términos contenidos en el informe de la Sra. perito judicial"; como vemos se hacen dos pronunciamientos, el primero, la condena a reparar los defectos reclamados (los contenidos en el documento n.º 35 ya citado) y, segundo, la forma de llevar a cabo la reparación, que será atendiendo a lo dispuesto en el informe citado, en el cual se observa que alguna de las patologías reclamadas no se recogen (por ejemplo, los n.º 4 y 6 del documento n.º 35), otras se deben a un mal mantenimiento (por ejemplo el n.º 5 del documento n.º 35 coincidente con el punto 2.10 del informe pericial) y otras no requieren actuación alguna (por ejemplo, los n.º 10 y 12 del documento n.º 35, coincidente con los n.º 2.13 y 2.14 del informe pericial), por lo que la Sala no ve en la resolución que se recurre -y de la que no se interesó en la instancia aclaración- incongruencia alguna, y ello sin perjuicio de las posibles alegaciones que pudieran hacerse, en su caso, en el trámite de ejecución de sentencia, por lo que procede la desestimación del motivo que se ha alegado.

Tercero.-Entrando ya en la segunda de las alegaciones realizadas en el escrito de interposición del recurso, que se argumenta en el que se dice "error en la valoración de los hechos y pruebas practicadas", debe resolverse la cuestión suscitada en torno a la recepción provisional de la obra. Dice la sentencia de instancia en el tercero de los fundamentos de derecho "no habiendo sido recepcionadas las obras, al no haber sido debidamente reparadas las deficiencias y desperfectos debidos a la ineficaz ejecución y deficiencia de los trabajos de reparación y su subsanación", afirmación con la que discrepa la recurrente.

Debe reiterarse, para resolver el motivo de recurso que se ha indicado, que la acción que se ejercita es la de cumplimiento de obligaciones contractuales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil. Desde esta perspectiva, debe entenderse que las obligaciones que pueden exigirse a la constructora demandada y apelante en esta alzada, son a tenor de lo prevenido en el contrato, aportado con la demanda con el n.º 2 de los documentos de la demanda, la total ejecución con suministro de materiales de las obras necesarias para realizar el Proyecto técnico redactado por D. Luis María, relativo a la construcción de 18 viviendas y garaje, en el solar sito en la Avenida CAMINO000 n.º NUM000 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en los plazos y condiciones previstas en el susodicho contrato. Invoca la demandante, como fundamento de su acción, que las obras se terminaron dentro del plazo contractualmente convenido, sin mayor incidencia que las propias o regularmente usuales (hecho primero de la demanda), pero que no se recepcionaron con motivo de los numerosos repasos, imperfecciones y defectos que presentaban las mismas (hecho segundo del mencionado escrito).

Consta en autos, aportado por la propia reclamante (documento n.º 3 de la demanda), que la Dirección Facultativa de la obra emitió el correspondiente Certificado Final de la Obra en fecha 16 de julio de 2.002 (visado el 22 de julio de 2.002), en el que los Arquitectos D. Pedro Jesús y D. Luis María certifican que "la edificación consignada ha sido terminada según el proyecto aprobado y la documentación técnica que lo desarrolla, por mi redactada, entregándose a la propiedad en correctas condiciones para dedicarse, debidamente conservada, al fin que se la destina" y el Arquitecto Técnico D. Leonardo "que la ejecución material de las obras ha sido realizada bajo mi inspección y control, de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que las define y las normas de la buena construcción". Igualmente la referida parte aporta el acta de recepción de la obra de fecha 30 de septiembre de 2.002 (documento n.º 4 de la demanda), la cual se encuentra suscrita por Construcciones Limarvi, S. L., pero no por la propiedad, esto es, por la Promotora Inmovia 59, S. L., quien ahora se ampara en esa falta de firma para asegurar que las obras no se recepcionaron.

Resulta curioso que D. Luis María, en su condición de Arquitecto, certifique, en el Certificado Final de Obras a que antes nos hemos referido, que la obra se entrega a la propiedad, y que el mismo, que aparece en el acta de recepción también citada, en su condición de legal representante de la Propiedad, diga ahora que no firmó el acta por los defectos existentes en las obras ejecutadas. No cabe duda, de que el acta no se firmó, pero ninguna duda la cabe a la Sala respecto a que la recepción tuvo lugar; no es preciso que exista un documento debidamente suscrito de tal entrega, ésta puede resultar de otros hechos de los que inequívocamente se desprenda que la obra ha sido recibida por la propiedad; ello ha venido siendo reconocido por la jurisprudencia, pudiendo mencionar la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2.010, y ha sido recogida en la Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que señala al final del apartado 4 del artículo 6 "La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada -se refiere a la que conste en el certificado final de obra- el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito", texto que se menciona a estos solos efectos, ya que ni se acciona en virtud del mismo, ni sería de aplicación al supuesto de autos, a la vista de la fecha en la que se solicitó la licencia de obras, el 5 de mayo de 2.000, según consta al folio 814, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, en relación con la Disposición Final Cuarta del citado texto legal.

Es por ello que cobra total virtualidad el acta de recepción a que nos venimos refiriendo, aportada con la demanda con el n.º 4 de los documentos, en la que expresamente se dice que quedan "pendientes de realizar los repasos de viviendas indicados en las relaciones adjuntas"; las relaciones adjuntas son, sin duda, las que la parte reclamante aporta con la demanda con el n.º 5 de los documentos y que son cuatro hojas, emitidas, dos de ellas en fecha 9 de septiembre de 2.002 y parece que elaboradas por D.ª Violeta por la propiedad y D. Eutimio por la constructora (folios 63 y 64), otra de fecha 10 de septiembre de 2.002 elaborada por la familia Hugo (folio 65) y otra de fecha 12 de septiembre de 2.002 en la que se relacionan los trabajos que se dice deben efectuarse después de la visita del técnico del Ayuntamiento de Pozuelo y que no estaban incluidos en el proyecto original contratado (folio 66). Los conceptos que aparecen en los citados listados, consta en los mismos que están prácticamente realizados, salvo cuatro de ellos que se dice que quedan pendientes y uno que no procede.

Resulta, por tanto, inveraz la manifestación de la demandante realizada en el segundo de los hechos de la demanda, relativa a que desde la fecha que aparece en el acta de recepción firmada por la constructora -30 de septiembre de 2.002-, tuvo continuas reclamaciones por parte de la Comunidad de Propietarios y que ello "se asevera mediante el documento n.º 5". No duda la Sala de que la Comunidad le ha hecho reclamaciones y de ello hay prueba en los autos pero han sido todas posteriores; el documento n.º 5, lo único que acredita es la existencia de meros repasos a la fecha de la recepción que sin duda tuvo lugar, de otra forma la promotora no habría vendido las viviendas ni se habría constituido la Comunidad de Propietarios.

El empecinamiento de la demandante-apelada respecto a la falta de recepción de la obra por su parte, raya con el incumplimiento que a ella podría imputarse respecto de lo previsto en la estipulación XIX del contrato, en la que se establece la forma de llevarse a cabo la "Recepción de la Obra", que no es otra que mediante un Acta firmada por Constructor, Promotor y Director de la Obra, haciendo constar los datos que se consignan en la citada estipulación que, además señala "La declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. Al Acta de recepción se adjuntará copia del Certificado final de obra y del Acta donde se consigne la subsanación de los defectos observados, en el caso de que se produjese". Si la propiedad no se avino a dar cumplimiento a esta estipulación, ahora no puede argüir falta de recepción de la obra. Si la propiedad no estaba de acuerdo con recibir la obra en el estado que ahora dice le impidió firmar el acta, lo que hubo de hacer fue suscribirla en los términos pactados, esto es, señalando los defectos que debían subsanarse y el plazo para ello; no habiéndolo hecho así y no constando ningún requerimiento a la constructora en tal sentido, entre la fecha que consta en el acta citada y la fecha en la que devolvió a Limarvi el aval entregado por ésta en garantía de la buena construcción de sus trabajos y que vencía el 30 de septiembre de 2.003 (documentos n.º 4 y 5 de la contestación), debe concluirse con que el contrato fue íntegramente cumplido, liquidándose la obra, en virtud de lo previsto en la estipulación XX del mismo y, en consecuencia, ningún incumplimiento se puede imputar a la constructora.

Cuarto.-No cabe duda de que la obra a que nos venimos refiriendo adolece de determinadas deficiencias; las ponen de manifiesto, en mayor o menor medida, los informes obrantes en las actuaciones y, concretamente, en el emitido a instancia de la Comunidad de Propietarios por el Arquitecto D. Oscar y aportado por la demandante en el acto de la audiencia previa (el último de los emitidos por el citado técnico, que ya antes había confeccionado los que con la demanda se aportan con los n.º 6 y 34), en el emitido a instancia de la promotora por el Arquitecto D. Secundino (documento n.º 29 de la demanda), en el emitido a instancia de la constructora por el Arquitecto D. Carlos María (documento n.º 8 de la contestación) y, finalmente, en el emitido por la perito judicial y Arquitecto D.ª Adoracion (folios 1.006 y siguientes); sin embargo, tales deficiencias no pueden ser examinadas a la luz de la acción que se ejercita, ni amparadas, en su caso, por la reclamación que al respecto formula la promotora. La razón no puede ser otra que la petición que se formula en el suplico de la demanda inicial del procedimiento en el que ha recaído la sentencia que es objeto del presente recurso y la demanda interpuesta por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE CAMINO000 N.º NUM000 DE POZUELO DE ALARCON contra todos los agentes que han intervenido en el proceso constructivo (promotora, constructora, arquitectos y aparejador), en ejercicio de la acción de responsabilidad decenal prevista en el artículo 1.591 del Código Civil, y a la que nos referimos en el primero de los fundamentos de la presente resolución.

Y decimos esto, por cuanto la demandante en esta litis, en cuanto promotora de las obras, solicita que la demandada, constructora de las mismas, lleve a cabo la subsanación de los defectos previstos en el documento n.º 35 de la demanda tantas veces citado, a conformidad de la aquí demandante y de la Comunidad de Propietarios de edificio, que no es parte en esta litis y que, por otra parte, ya está ejercitando los derechos que le asisten por la vía de la responsabilidad decenal prevista en el artículo 1.591 del Código Civil. Examinar y resolver acerca de la existencia o inexistencia de los defectos que padece el edificio en el que se ubica la Comunidad de Propietarios ya citada, en un procedimiento en el que ésta no ha sido parte y, por tanto, no ha podido desplegar la prueba que obre en su poder en defensa de su derecho, vulnera los más elementales principios del derecho, como el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Obsérvese que la reclamante no está ejercitando una acción de indemnización para resarcirse de los posibles gastos en que hubiera incurrido, para atender las reclamaciones de la Comunidad de Propietarios, esto es, una acción de repetición, sino que está solicitando que se le reparen a esta unos defectos que, a su entender, existen en el edificio. En definitiva, la Comunidad de Propietarios, de estimarse la pretensión que se ejercita, se vería afectada por una decisión judicial dictada en un procedimiento en el que no ha intervenido y quién sabe si contradictoria con la que pudiere dictarse en el procedimiento entablado por ella contra todos los agentes de la construcción, también la aquí reclamante, y quien, podrá ejercitar las acciones que le asistan, en su caso, en el momento correspondiente, por todo ello procede la estimación del motivo que se invoca y con ello del recurso que se formula, debiendo, en consecuencia, revocarse la sentencia de instancia, desestimando la demanda y absolviendo a la demandada de las pretensiones formuladas contra ella en la misma.

Quinto.-Estimado el recurso de apelación y desestimada, en consecuencia, la demanda, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394-1 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas causadas en la primera instancia se imponen a la demandante, sin que quepa hacer pronunciamiento alguno de las causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.


III.- FALLAMOS


 
Que estimando el recurso interpuesto por la representación procesal de CONSTRUCCIONES LIMARVI, S. L. contra la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2.008 dictada en los autos de juicio ordinario seguidos con el n.º 650/07 ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de los de Madrid, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución, dejándola sin efecto, y en su lugar, desestimando la demanda promovida por INMOVIA 59, S. L. debemos absolver y absolvemos de la misma a la demandada CONSTRUCCIONES LIMARVI, S. L., con imposición a la demandante de las costas de la instancia, y sin hacer expreso pronunciamiento de las causadas en esta alzada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, póngase en conocimiento de las partes que, en su caso, contra esta resolución cabe recurso de casación o infracción procesal si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado, en el plazo de cinco días y ante esta misma Sala.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior Sentencia fue hecha pública por los Magistrados que la han firmado. Doy fe. En Madrid, a


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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