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Sentencia A.P. Santa Cruz de Tenerife 230/2010 de 24 de mayo


 RESUMEN:

Comunidad de Propietarios: Reclamación de cantidad. Estimación de la alegación de la existencia de reclamación previa de la deuda. Omisión por la Caja de Ahorros al requerimiento que se la hizo para que abonara la deuda. Allanamiento: Excepción

 

Rollo n.º 466/2009

Autos n.º 739/2009

Jdo. 1.ª Inst. n.º 6 de Arona

Iltmos. Sres.

Presidente:

D. JOSÉ RAMÓN NAVARRO MIRANDA

Magistrados:

D. EUGENIO SANTIAGO DOBARRO RAMOS

D. MODESTO FERNÁNDEZ DEL VISO BLANCO

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticuatro de mayo de dos mil diez.

Visto por los Iltmos. Sres. Magistrados arriba expresados el presente recurso de apelación interpuesto por la parte demandante la Comunidad de Propietarios DIRECCION000, contra la sentencia dictada en los autos n.º 739/2008, ordinario, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Arona, promovidos por la Comunidad de Propietarios DIRECCION000, representada por el Procurador doña María Isabel Navarro Gómez y asistida por el Letrado don Daniel Luis Rodríguez contra la entidad Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, representada por el Procurador don Manuel Álvarez Hernández y asistida por el Letrado don Luis Piñeiro Santos; han pronunciado, en nombre de S.M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. MODESTO FERNÁNDEZ DEL VISO BLANCO, con base en los siguientes:


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En los autos indicados la Iltma. Sra. Magistrado Juez doña María Lourdes Platero Parada, dictó sentencia el trece de febrero de dos mil nueve, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la procurador de los tribunales M.ª Isabel Navarro Gómez en nombre y representación de Comunidad de Propietarios DIRECCION000, en calidad de demandante, contra La Caixa de aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra a los que debo condenar al abono de la cantidad de 4.026,77 euros.

Todo ello sin expresa condena en costas."

Segundo.-Notificada la sentencia a las partes en legal forma, por la representación de la parte demandante, se preparó recurso de apelación, se interpuso el mismo, evacuándose el respectivo traslado, remitiéndose seguidamente las actuaciones a esta Sección.

Tercero.-Iniciada la alzada y seguidos todos sus trámites, se señaló día y hora para la votación y fallo, que tuvo lugar el día 18 de mayo de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La parte demandada se allanó a la demanda antes de la contestación. La sentencia fue estimatoria y no hizo imposición expresa de las costas. El recurso de apelación de la comunidad de propietarios actora se articula contra este particular de la resolución recurrida, alegando la existencia de reclamación previa de la deuda.

Segundo.-Al respecto, ha de decirse que la mala fe procesal del allanado, cuya apreciación, como se viene reiterando por los Tribunales, requiere que su conducta extraprocesal haya sido la causante de los gastos procesales o la existencia de reclamaciones previas extrajudiciales de la pretensión deducida en la demanda, debe reputarse concurrente en este caso, a pesar del allanamiento, porque la entidad demandada es la única causante del proceso al hacer caso omiso al requerimiento que se le hizo para que abonara la deuda, mediante burofax con aviso de recibo del Servicio de Correos, según se alega como aportado con la solicitud inicial del procedimiento monitorio del que dimana el presente, sobre lo que la demandada no formula oposición, medio del que en principio ha de presumirse su entrega de acuerdo con el principio de eficacia de la Administración pública (artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Por tanto, es precisamente la conducta del deudor la que hizo necesaria la interposición de la demanda para conseguir el cumplimiento, por lo que es lo procedente la aplicación de la excepción a la regla general del allanamiento contenida en el art. 395.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e imponer las costas de la primera instancia a la parte allanada, porque incluso puede estimarse que tampoco la eximiría una eventual falta de requerimiento puesto que es de conocimiento previo de la propietaria que, en tanto sometida al régimen de comunidad horizontal, está obligada a pagar las cuotas ordinarias devengadas sin necesidad de un especial requerimiento, en los términos del art. 9 de la LPH.

Sin duda que también es relevante, como alega la comunidad de propietarios actora, el criterio que en el supuesto del procedimiento monitorio -del que dimana el presente- promovido de acuerdo con lo previsto en el art. 21 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999 de 6 abril y posteriormente redactado por la disposición final 1.ª 2 de la Ley 1/2000 de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, dicho precepto específicamente ha incluido, no sólo las costas derivadas de la utilización de servicios profesionales de Abogados y de Procurador (núm. 6 del art. 21), sino incluso los gastos de requerimiento previo de pago (núm. 3 del mismo precepto).

Tercero.-Las consideraciones precedentes conducen a la estimación del recurso interpuesto y a la revocación parcial de la sentencia recurrida, lo que determina la no imposición expresa de las costas causadas en esta segunda instancia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En atención a lo expuesto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial dicta el siguiente:


FALLO


 
Estimar el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 contra la sentencia dictada en el presente juicio ordinario, resolución que se revoca en parte, en el único sentido de imponer las costas causadas en la primera instancia a la parte demandada; manteniendo el resto de lo dispuesto en la resolución recurrida. Sin hacer imposición expresa de las costas causadas en la apelación.

Con devolución de la totalidad del depósito a la parte apelante, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J., si se hubiera constituido.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento y demás efectos legales.

Así por nuestra sentencia, que es firme, contra la que no cabe recurso alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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