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Sentencia A.P. Santa Cruz de Tenerife 157/2010 de 26 de mayo


 RESUMEN:

Derecho de propiedad: Inexistencia de la nulidad de una donación y de la compraventa de fincas, al no concurrir nulidad absoluta en su otorgamiento al no estar afectos de vicios de simulación absoluta y ser lícita la causa. Validez de contrato privado de compraventa como título para la adquisición de la propiedad.

 

Rollo núm. 169/10.

Autos núm. 454/08.

Juzgado de 1.ª Instancia núm. 2 de Granadilla de Abona.

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

Don Pablo José Moscoso Torres.

MAGISTRADOS

Don Emilio Fernando Suárez Díaz.

Doña Pilar Aragón Ramírez.

=================================

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de mayo de dos mil diez.

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. Sres. antes reseñados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Granadilla, en los autos núm. 454/08, seguidos por los trámites del juicio ordinario y promovidos, como demandante, por DON Hermenegildo, representado por la Procuradora doña Beatriz Repolles Molowny y dirigido por la Letrada doña Ágora Rosales Merenciano, contra DOÑA Sandra que ha comparecido ante este Tribunal representada por el Procurador don Javier Hernández Berrocal y dirigida por el Letrado don Víctor Manuel Martín Álvarez, que a su vez formuló reconvención contra el actor ya mencionado y contra DON Rodolfo, que también ha comparecido en esta Sección representado por la Procuradora doña Beatriz Ripollés Molowny y dirigido por la Letrada doña Ágora Rosales Merenciano; ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Pablo José Moscoso Torres, con base en los siguientes


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.

Segundo.-En los autos indicados la Sra. Juez doña Pilar Olmedo López dictó sentencia el veintinueve de octubre de dos mil nueve cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Acuerdo estimar íntegramente la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Buenaventura Alfonso en nombre y representación de D. Hermenegildo y declaro que D. Hermenegildo es el nudo propietario de las fincas catastrales NUM000 y NUM001 que le fueron donadas en virtud de escritura pública de donación de fecha de 6 de noviembre de 2006, autorizada por el señor Notario D. José Manuel González Sáez, con número de protocolo 2749. Así mismo, condeno a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a realizar cuantos actos sean necesarios para la cancelación y rectificación de cualquier tipo de asiento administrativo que contradiga la declaración de dominio, todo ello con condena en costas.

Desestimo la demanda reconvencional presentada por el Procurador de los Tribunales D. Javier Hernández Berrocal en nombre y representación de D..ª Sandra y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas contra ellos. Todo ello con expresa condena en costas a la parte actora".

Tercero.-Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación de la parte demandada, doña Sandra, en el que solicitaba que se tuviera por preparado recurso de apelación contra tal resolución, petición a la que se accedió por el Juzgado mediante providencia en la que se acordó, además, emplazar a dicha parte por veinte días para la interposición de tal recurso; en el plazo conferido, se interpuso por escrito dicho recurso con exposición de las alegaciones en que se fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo en el que la representación del demandante, don Hermenegildo, y del demandado en reconvención, don Rodolfo, presentó escrito de oposición al mencionado recurso.

Cuarto.-Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez recibidos y mediante providencia de nueve de abril pasado, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la deliberación de votación y fallo del presente recurso el día diecinueve de mayo del año en curso, en el que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.

Quinto.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-1. La sentencia apelada estimó la demanda y desestimó la reconvención. En aquélla, el actor pretendía la declaración a su favor de la nuda propiedad sobre las dos fincas catastrales descritas en la misma, adquiridas mediante escritura de donación otorgada como donante por don Rodolfo el día 6 de noviembre de 2006, en la que éste se reservaba el usufructo de las fincas cuya nuda propiedad adquirido mediante contrato de compraventa concertado con el anterior titular, don Cesar, en documento privado sucrito el 25 de noviembre de 2003 y en el que éste se había reservado el usufructo, habiendo fallecido el día 7 de abril de 2006.

En la reconvención la demandada, instituida heredera de don Cesar en el testamento abierto otorgado por éste el día 14 de septiembre de 2004 y tras impugnar los documentos acompañados con la demanda (escritura pública de donación y documento privado de compraventa), solicitaba la nulidad la donación y de la compraventa mencionadas "por concurrir nulidad absoluta en su otorgamiento al estar afectos de vicios de simulación absoluta y carencia e ilicitud de la causa, respectivamente", según se señala literalmente en su suplico.

2. Dicha resolución, en síntesis y tras precisar que "la cuestión litigiosa se centra en la necesidad de determinar la validez del contrato privado de compraventa como título para la adquisición de la propiedad", analiza la prueba practicada (interrogatorio de la demandada, declaraciones testificales de doña Noelia, don Javier y don Rogelio, pericial caligráfica y documentos aportados) y concluye en la autenticidad de las firmas del documento privado de contrato y en las facturas aportadas.

A continuación examina las causas de nulidad esgrimidas (falta de causa y de precio, así como vicio de consentimiento) que pone en relación con la prueba practicada, entendiendo que "no existe ni falta de causa ni ilicitud de la misma, sencillamente porque ha quedado acreditado que el objeto de la compraventa fueron los terrenos descritos en el mismo y como contraprestación se pactó un precio determinado y real, precio que además fue satisfecho" (mediante la entrega a través de transferencias bancarias y la ejecución de unas obras por el resto del importe, según señala con anterioridad). Por otro lado, entiende que no se ha "un solo indicio de que exista vicio en el consentimiento".

Sobre la base de lo anterior, dicha resolución considera que siendo válido dicho documento es igualmente válida "la donación celebrada entre el padre y el hijo", y concluye en que "el actor ha probado que su padre adquirió los terrenos litigiosos en el año 2003" y que éste en el año 2006 "le transmitió la titularidad de los mismos", mientras que la demandada "nunca ha sido propietaria de los inmuebles... y nunca pudo adquirirlos por herencia de D. Cesar, sencillamente, porque en el momento de su fallecimiento no era propietario de los mismos...". Por todo ello procede la desestimación íntegra de la reconvención y la estimación total de la demanda principal.

3. La demandada ha impugnado dicha sentencia mediante el presente recurso en el que tras una alegación previa sobre las cuestiones planteadas, se formula como "motivo de apelación" el "error en la valoración de la prueba" y ello "al amparo de lo previsto en el número 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ", motivo que desarrolla a través de unos argumentos epigrafiados con determinadas títulos, en concreto los siguientes: la "concurrencia probada de analfabetismo en la persona del vendedor", la "supuesta existencia de un contrato de arrendamiento de servicios (ejecución de obras) por virtud del cual el propietario de los terrenos había encargado previamente el acondicionamiento o reforma de una vivienda anexa a una de las fincas transmitidas", la "fecha de la supuesta ejecución de la obra en la vivienda del vendedor" y la "impugnación de escritura pública de donación formalizada por los demandados reconvenidos en fecha 06 de noviembre de 2006".

Segundo.-1. Hay algún error intrascendente en la cita de los preceptos legales del recurso, como por ejemplo la del núm. 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues necesariamente debe referirse a la Ley de 1881, en la actualidad derogada en ese precepto que, por otro lado, regulaba los motivos del recurso de casación, lo que obviamente no es el caso, y que además se refería a la infracción de normas o de la jurisprudencia, motivo poco relacionado con el error en la valoración de la prueba que es el eje sobre el que se articula la impugnación en el recurso de apelación entablado.

2. En cualquier caso y al margen de lo anterior, lo que hay que examinar es si se ha producido ese error en la apreciación de la prueba, que integra la alegación sustancial de la impugnación y que hay que poner en relación con la concurrencia de las causas de nulidad invocadas.

3. En función de lo anterior hay que señalar, ante todo y sobre el documento privado que integra el origen del litigio (que incorpora el contrato de compraventa ya referido), que no hay duda sobre la autenticidad de la firma del vendedor que figura en dicho contrato; en realidad y si se analiza detenidamente la impugnación de tal documento en la contestación a la demanda, la misma se refiere, más que a esa autenticidad, a su contenido, pues se realiza "por ser un contrato nulo (al concurrir falta de causa e ilicitud) ya que su otorgamiento no concurrió en modo alguno la voluntad del vendedor, fue formalizado por el comprador para incurrir en engaño al vendedor y donde no ha existido entrega de precio".

En cualquier caso y como señala la sentencia apelada, tal autenticidad ha quedado acreditada con la prueba practicada y en especial con la prueba pericial caligráfica que demuestra que la firma que obra en el documento es la del vendedor fallecido.

4. Lo que ocurre es que, pese a la autenticidad de la firma, lo que se viene a negar en el recurso, si bien con otras palabras, es la realidad del contenido del documento porque si el vendedor era analfabeto, aunque supiera firmar, difícilmente podía percatarse de ese contenido y de que recogiera su verdadera voluntad de consentir en el contrato de compraventa de las concretas fincas consignadas en el mismo, sobre todo cuando suscribió otro documento en la misma fecha en la que vendía otra finca. Es decir, se habría producido así una actuación maliciosa del padre del actor induciendo al vendedor a suscribir el documento que no recogía fielmente su voluntad.

5. Ahora bien, ello no viene a ser sino una manifestación o alegación de la parte, que es preciso acreditarlo en forma, pues el hecho de que el vendedor no tuviera una formación consolidada, no invalida la autenticidad del documento en su contenido sobre todo si, como señala la sentencia apelada, el "vendedor firmó durante su vida una gran cantidad de contratos..." y documentos, varios de los cuales ha sido aportados a las actuaciones. Por otro lado y a este respecto, carece de trascendencia el hecho de que la parte actora renunciara a la práctica del testigo (cuya firma figura también en el documento) propuesta por la parte, al ser la renuncia una facultad de ésta, pues si bien el principio de adquisición procesal favorece con la posible utilización de la prueba practicada, también, a quien no la propuso, tal principio (sus efectos) no se extiende a la sustitución de la legitimación de la parte que la propuso por la contraria..., pues hay que respetar el derecho a la renuncia de la propia prueba, aunque la renuncia sea implícita o tácita (sentencia del Tribunal Supremo 30 de noviembre de 1993, por ejemplo).

Tercero.-1. Pues bien, en función de la autenticidad de la firma y del resto de la prueba practicada, se entiende que no se ha incurrido en el error denunciado en el motivo del recurso y que la valoración de la misma llevada a cabo en la sentencia apelada es la correcta y adecuada en orden a las conclusiones obtenidas en la misma.

2. En efecto, no hay dato o indicios de que "exista algún vicio del consentimiento" como señala la sentencia apelada o, más propiamente, de que el vendedor no consintiera el contrato incorporado al documento autorizado con su firma auténtica, ni que incurriera en algún error al estamparla o que fuera inducido arteramente a ello.

Al contrario, los datos con los que se cuenta pueden inducir a otra cosa, pues se encuentra acreditada la realidad de las obras llevadas a cabo por el padre del actor en la propiedad del vendedor y los dos ingresos mediante traspaso e imposición en caja a la cuenta bancaria de éste, uno por cuanta del comprador y el otro también por cuenta de éste en concepto, según el apunto contable validado bancariamente, de "PAGO FCA NUM000 ", correspondiendo la numeración catastral a una de las vendidas en dicho documento, ingreso éste realizado en fecha próxima posterior a la del contrato privado, todo lo cual permite concluir con justificación a la sentencia apelada que "...los cálculos son exactos, el importe de la obra, más los ingresos efectuados en la cuenta titularidad de D. Cesar constituye la totalidad del precio de la venta...".

Tampoco las alegaciones relativas al contrato de obra convenido entre comprador y vendedor, y a las fechas de la misma, pueden estimarse, pues también la sentencia apelada hace una valoración adecuado de la prueba documental aportado con relación a la ejecución de tales obras y a la fecha de la misma, documental adverada y ratificada, debiendo de ponerse en relación con la declaración del testigo al que alude dicha resolución, siendo de significar, también y finalmente, la declaración de la otra testigo que levantó los planos de las fincas vendidas y que, para su confección, se entendió con el vendedor aunque, como matiza la misma sentencia, recibiera en encargo del comprador.

3. Sobre la base de esas conclusiones de la sentencia apelada, no cabe estimar ninguna de las causas de nulidad alegada, que se formulan con alguna imprecisión. En efecto, en el suplico de la reconvención se aludía, como se ha señalado, a la nulidad de los contratos impugnados "por concurrir nulidad absoluta en su otorgamiento al estar afectos de vicios de simulación absoluta y carencia e ilicitud de la causa, respectivamente", es decir, habría una simulación absoluta en la donación y carencia e ilicitud de la causa en la compraventa.

No obstante, más que de simulación en la donación habría que hablar de la carencia de poder de disposición del donante sobre el objeto de la misma por no ser propietario de las fincas donadas, careciendo de facultades para transmitir por medio de la misma la nuda propiedad de ésta, no siendo aquélla, por tanto, un título idóneo para fundar la acción reivindicatoria entablada, de manera que frente al "verus domini" la donación sería nula. Naturalmente, esa nulidad dependería, a su vez, de la nulidad del contrato de compraventa por las causas también alegadas, es decir, por "la carencia e ilicitud de la causa".

3. No cabe admitir, sin embargo, la carencia de causa por las razones y conclusiones ya señaladas; en el contrato mencionado se estableció un precio por la transmisión de las fincas que se hizo efectivo en la forma señalada en la sentencia apelada, es decir, por medio de los ingresos ya referidos y de la compensación por el importe de las obras realizadas por el comprador al vendedor, imputado a ese precio adeudado. Por tanto, el contrato responde a una causa verdadera, sin que de ningún modo pueda entenderse que se trate de un negocio simulado que carezca de causa.

Y sobre esta base tampoco cabe hablar de ilicitud de la causa ni siquiera en el sentido al que, en alguna ocasión, alude la apelante; ciertamente, la ilicitud de la causa recogida en el art. 1275 del CC descansa en una finalidad negocial contraria a la ley o a la moral y común a ambas partes, elevando por excepción el móvil a verdadera causa del negocio; es obvio que aquí no aparece ninguna causa de ese tipo que pudiera ser común a ambas partes, y, desde luego, no parece que hubiera una intención de éstas de defraudar los derechos de los legitimarios del vendedor (referencia que en algún momento se hace en primera instancia) pues la demandada no tiene esa condición de legitimaria, siendo únicamente heredera testamentaria.

En realidad y pese a la invocación formal de esas causas de nulidad, lo que subyace es una alegación de inexistencia de verdadero contrato o de nulidad radical del aparente contrato incorporado al documento privado impugnado, por haber sido contrato firmado sin real consentimiento que fue obtenido de forma subrepticia por quien en definitiva ha resultado único beneficiario del mismo, lo que, sin embargo, no puede aceptarse por las razones señaladas.

Cuarto.-Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia apelada, lo que lleva consigo, por otro lado, la imposición de las costas a la parte apelante (art. 398.1 en relación con el art. 394, ambos de la LEC).


FALLO


 
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto y confirmamos la sentencia apelada con imposición de las costas a la parte apelante.

Contra la presente sentencia, dictada en un juicio ordinario seguido por razón de la cuantía que no excede de ciento cincuenta mil euros, no cabe recurso extraordinario por infracción procesal ni de casación, sin perjuicio de que las partes puedan preparar e interponer alguno de ellos o cualquier otro que consideren procedente.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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