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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 199/2010 de 27 de mayo


 RESUMEN:

Responsabilidad extracontractual: Consorcio de Compensación de Seguros. Competencia para recurrir. Estimación. Ausencia de responsabilidad del Consorcio de Compensación de Seguros, por tratarse de un seguro de responsbilidad civil a terceros, suscrito por una Comunidad de Propietarios, y que no es indemnizable por el Consorcio. El Consorcio no cubre los daños causados por acontecimientos extraordinarios a vehículos que únicamente tengan la cobertura de seguro obligatorio, o a terceros.

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00199/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BALEARES. SEC. IV

R.º 531 /2009

SENTENCIA NUM 199/2010

ILMOS SRS.

PRESIDENTE:

D. Miguel A. Aguiló Monjo

MAGISTRADOS:

D. Miguel Alvaro Artola Fernández

D.ª Juana María Gelabert Ferragut

Palma de Mallorca, a 27 de mayo de 2010.

VISTOS por la Sección 4.ª de esta Audiencia Provincial, en grado

apelación, los presentes autos juicio verbal, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Palma, bajo el n.º 1.509/2008,

Rollo de Sala n.º 531/2009, entre partes, de una como parte codemandada-apelante Consorcio de Compensación de Seguros, y

de otra, como actora-apelada, D. Jesus Miguel (DIRECCION000 C.B.), representada por el Procurador D. Gabriel Tomás Gili y

las codemandadas "Mapfre Familiar" y la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000, representadas por el

Procurador D. Antonio Colom Ferrá, asistidas todas de sus respectivos letrados Ilmo. Sr. Letrado del Estado, D. Gabriel

Campins Borrás y D. Ignacio Casasayas.

ES PONENTE el Ilmo. Sr. Magistrado D. Miguel A. Aguiló Monjo.


=ANTECEDENTES DE HECHO=


 
Primero.-Por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia n.º 5 de Palma en fecha 6 de abril de 2009, se dictó sentencia cuyo fallo dice: "QUE ESTIMANDO TOTALMENTE la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Gili, en nombre y representación de D. Jesus Miguel, quien actúa en su propio nombre y en beneficio de la comunidad de bienes DIRECCION000, C. B, contra la entidad aseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES y contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000, y contra el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, ABSUELVO a la aseguradora Mapfre Seguros Generales y a la Comunidad de Propietarios demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra; DECLARO que el Consorcio de Compensación de Seguros adeuda a la actora la cantidad de 2.480,67 Euros; CONDENO al Consorcio de Compensación de Seguros a estar y pasar por tal declaración y al pago de la expresada cantidad y los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.- Se condena expresamente al Consorcio de Compensación de Seguros al pago de las costas procesales, a excepción de las causadas en la acción intentada contra la aseguradora demandada y la Comunidad de Propietarios que deberán ser abonadas por la parte actora".

Segundo.-Contra la anterior sentencia se preparó y formalizó recurso de apelación por la representación de la parte codemandada el Consorcio de Compensación de Seguros y seguido el recurso por sus trámites se presentó por la parte actora el correspondiente escrito de oposición, elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial que, seguidas por sus cauces, quedaron conclusas para sentencia.

Tercero.-En la tramitación de este Recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los que siguen.

Primero.-Antes de entrar en el examen de los motivos del recurso interpuesto por el Consorcio de Compensación de Seguros conviene analizar la alegación primera de su oposición, procedente de la parte actora apelada. En ella se dice que el recurso de apelación interpuesto de adverso debe ser desestimado por concurrir causa de inadmisión, al no haber constituido el recurrente el preceptivo depósito del importe de la condena más los intereses exigibles al tiempo de la preparación de la apelación.

Fue el propio Consorcio de Compensación de Seguros el que en el escrito de preparación del recurso expuso la exención de realizar el referido depósito en los términos generales establecidos en el artículo 449, 3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a lo que se opone, como motivo de inadmisión, la parte recurrida.

Segundo.-La primera cuestión que se ofrece a la consideración de esta Sala, por tanto, es la de la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio de Compensación de Seguros, a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 449.3° de la ley de enjuiciamiento civil cuando señala que en los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación (extraordinario por infracción procesal o de casación) si, al prepararlo, no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto.

En este sentido, conviene recordar que el artículo 457.5° de la Ley de Enjuiciamiento Civil previene que contra la providencia en la que se tenga por preparada la apelación no cabrá recurso alguno, si bien la parte recurrida podrá alegar la inadmisibilidad de la apelación en el trámite de oposición al recurso a que se refiere el artículo 461 del mismo texto legal. Así pues, es obligado concluir que la parte apelada suscitó la cuestión, de la que ahora vamos a ocuparnos, en el momento procesal oportuno.

Tercero.-La cuestión no ha sido objeto de unánime decisión por los organismos jurisdiccionales y la controversia se suscita preferentemente en torno a lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 52/1997 de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, conforme al cual "el Estado y sus Organismos autónomos, así como las entidades públicas empresariales, los Organismos públicos regulados por su normativa específica dependientes de ambos y los órganos constitucionales estarán exentos de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantías previstos en las leyes" Ley ésta que ha sido expresamente declarada en vigor por el Disposición Derogatoria única de la Ley.

Acudiendo a este precepto son varias las resoluciones de Audiencias Provinciales que, mediante su cita, declaran que el Consorcio de Compensación de Seguros está exento de constituir el depósito para apelar al que se alude en el art. 449. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pueden servir de ejemplo de este sentir judicial, las sentencias de la Audiencia Provincial de Cuenca de 5 de septiembre de 2.001; de Salamanca de 25 de junio de 2.001; de Teruel de 12 de julio de 2.001; de Granada de 16 de abril de 2.002 y de Almería de 29 de mayo de 2.002.

Sin embargo, no comparten este criterio las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de febrero de 2.000 y, singularmente la de la Audiencia Provincial de Cádiz de 13 de julio de 2.001, que aborda la cuestión con profundidad y profusión de razonamientos.

Razona la aludida sentencia de la Audiencia provincial de Cádiz de 13 de julio de 2.001 que el Consorcio de Compensación de Seguros no está exento de constituir el referido depósito, por los siguientes argumentos:

<Así, en relación con el tratamiento legal del mismo (Consorcio de Compensación de Seguros), ha de tenerse en cuenta que conforme al art. 1 de su Estatuto Legal, aprobado por la Ley 21/1990 de 19-12, "El Consorcio de Compensación de Seguros se constituye como Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dotado de patrimonio distinto al del Estado, que ajustará su actividad al ordenamiento jurídico privado", estableciendo en su art. 2 que: "1. El Consorcio de Compensación de Seguros se regirá por las disposiciones contenidas en el presente Estatuto Legal y, en lo que no se oponga al mismo, por las que expresamente la Ley General Presupuestaria dedica a las Sociedades Estatales reguladas en su art. 6,1 b). 2. Quedará sometido, en el ejercicio de su actividad aseguradora y, en defecto de reglas especiales contenidas en la presente ley, a lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Seguro Privado y en la Ley de Contrato de Seguro. 3. En ningún caso le serán de aplicación la Ley de Entidades Estatales Autónomas ni la Ley de Contratos del Estado".

Por su parte la Ley General Presupuestaria establece en su art. 6 que: "1. Son Sociedades estatales a efectos de esta ley: a) Las Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado o de sus Organismos autónomos además Entidades estatales de derecho público b) Las Entidades de Derecho público, con personalidad jurídica, que por ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado. 2. Las Sociedades estatales se regirán por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral, salvo en las materias en que les sea de aplicación la presente ley.

Pues bien, una interpretación conjunta de las citadas normas nos lleva a la conclusión de que en todo lo que se refiere al desarrollo de la actividad aseguradora, el citado organismo viene sometido en toda su actuación al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de que se encuentre sometido al derecho público en lo que se refiere a su gestión y funcionamiento interno.

Lo anterior supone que los asegurados tendrán los mismos derechos y medios de defensa que si hubiesen concertado el contrato con una entidad privada, línea que ya venía siguiendo el legislador con anterioridad como se desprende, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, cuando en su disposición de Seguros atribuyó a los órganos del orden jurisdiccional civil el conocimiento de todos los asuntos litigiosos anteriormente asignados a la competencia de dicho Tribunal.

Esta identidad de tratamiento se concreta en una serie de puntos y que puede resumir sin ánimo exhaustivo en el hecho de que, cuando actúa como asegurador, ya sea directo, supletorio o subsidiario ostenta los mismos derechos y sobre él recaen las mismas obligaciones que sobre los aseguradores privados, y su responsabilidad, tanto cuando actúa como asegurador directo como de fondo de garantía, es una responsabilidad directa como la de una entidad aseguradora privada, sustanciación de los procedimientos en la jurisdicción ordinaria, no siendo necesaria la reclamación previa en vía administrativa, limitación de su acceso a la jurisdicción penal de conformidad con lo dispuesto en el art. 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, posibilidad de dictar auto ejecutivo contra el Consorcio, obligatoriedad de prestar las fianzas que se determinen y la pensión provisional, posibilidad de exigencia por la vía judicial de apremio del cumplimiento de las obligaciones de pago que le vengan impuestas en relación con el Seguro Obligatorio, sobre los bienes que afecte o dedique especialmente a la cobertura de los riesgos.

No obstante lo anterior, cuando se ha querido por el legislador, establecer una excepción a esta igualdad entre el Consorcio y los aseguradores privados lo ha hecho expresamente, como ocurre con la exigencia de requerimiento judicial o extrajudicial de pago y el transcurso de tres meses sin haber sido atendido que establece el art. 20 -2 -2 del Estatuto Legal, el establecimiento del régimen de franquicias o la exclusión de abonar el 20% cuando responda como fondo de garantía.

Es decir, estamos partiendo del principio de que la exoneración de cargas procesales en favor del Estado o de organismos públicos estatales, requiere un precepto legal que expresamente lo establezca, tal como tuvo oportunidad de declarar el Tribunal Constitucional en sentencias de 12-4-88 y 5-6-89, y en el caso del Consorcio, hemos de considerarlo como equiparable, de principio, a las entidades privadas, y cuando se ha querido establecer una excepción se ha hecho expresamente.

Lo anterior no puede entenderse cumplido mediante una referencia genérica al Estado y los organismos relacionados en el art. 12-1 de la anteriormente citada Ley de 27 de noviembre de 1997, ya que se trata de una ley general, que tal como hacía el art. 8.2 del Real Decreto de 21 de enero de 1925, excusa a aquéllos de la obligación de constituir depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantías previsto en las leyes.

Tales disposiciones las conceptuamos como norma general que no deroga a la especial conforme al principio general de derecho.

La consideración de una norma jurídica como general o especial, no depende de su ubicación en un texto normativo sino de la contemplación de una manera más específica del supuesto de hecho al que se quiere conferir respuesta jurídica, y, en la materia que nos ocupa es decir, la responsabilidad civil derivada de la circulación rodada y su aseguramiento, así como la regulación concreta y específica del Consorcio de Compensación de Seguros mediante su estatuto legal, se establece de forma clara esa equiparación con las entidades de seguro privado, de manera que una norma de carácter general referida a todos los organismos estatales y asimilados, no podrá prevalecer sobre aquélla, siendo por tanto preciso, para que dicha entidad se entienda exonerada de la obligación del depósito para recurrir, que una ley lo disponga expresamente con referencia concreta a la misma, lo que constituiría una excepción, a su sometimiento en esta materia al régimen jurídico privado, tal como su propio estatuto establece.

No podemos olvidar tampoco en este punto, que el propósito del legislador, en estos casos, no es otro que asegurar la inmediata efectividad de la sentencia firme sin necesidad de tener que recurrir a la apertura de la vía de apremio (con los consiguientes gastos y dilaciones), así como la de impedir los recursos que persigan dilatar la ejecución de resoluciones, y, como tuvo ocasión de señalar el Tribunal Constitucional en sentencia de 28-5-92, tiene por objeto el derecho del perjudicado a una tutela rápida y eficaz, garantizándose tanto la percepción futura de la indemnización acordada a su favor, como su protección frente a recursos temerarios o meramente dilatorios que podrían perpetuar en el tiempo el derecho a ser resarcido una vez que éste le haya sido reconocido en una sentencia condenatoria. Siendo precisamente ese derecho constitucional de tutela de la víctima el que legitima al legislador para establecer esa diferencia procesal de trato y avala su exigencia por ser dicha medida cautelar proporcional al fin constitucional perseguido."

Por tanto, consideramos que la única novedad que ha introducido en esta materia la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido la de extender el citado requisito del depósito previo para poder recurrir, a todos aquellos procedimientos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor, pues la D.A. 1.ª-4 de la L.O. 3/1989 solo lo exigía respecto del llamado juicio verbal del automóvil y no respecto al juicio ejecutivo del automóvil>.

Cuarto.-La anterior y prolija exposición ha resultado necesaria para desvanecer un equívoco o una falta de enfoque jurídico. En efecto, dispone el artículo 449. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que "en los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación si, al prepararlos, no acredita haber constituido deposito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto". Pero es que no estamos en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de la circulación rodada y su aseguramiento, pues la que se exige en la demanda no nace de un evento de derivado de la circulación de vehículos de motor, sino de un suceso absolutamente ajeno, cual es la caída o desplome de un árbol de propiedad privada, en circunstancias extraordinarias, causante de daños materiales en un coche. Es por ello que se entiende que la invocación del artículo 449. 3 LEC carece de consistencia y que se considere que, aunque en su presupuesto de actuación, el Consorcio de Compensación de Seguros no está exento de la constitución del depósito al que se refiere, tal como se ha argumentado, no es éste el supuesto que se analiza, de modo que no existe identidad de razón entre la norma y el caso enjuiciado.

Es por todo ello que se considera que no existe impedimento alguno a la admisión del recurso y que no deba atenderse el obstáculo procesal esgrimido en la oposición al mismo.

Quinto.-Resuelto lo anterior procede entrar en el fondo de la cuestión litigiosa y la normativa que la regula, al hilo de los argumentos de la parte apelante.

El Estatuto legal del Consorcio vigente es el aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004. Dispone en su artículo 6 que: "En relación con los riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes.

1. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg7-2004.html - balloon1El Consorcio, en materia de riesgos extraordinarios, tendrá por objeto indemnizar, en la forma establecida en este Estatuto Legal, en régimen de compensación, las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados...

A estos efectos, serán pérdidas los daños directos en las personas y los bienes, así como, en los términos y con los límites que reglamentariamente se determinen, la pérdida de beneficios como consecuencia de aquéllos. Se entenderá, igualmente en los términos que reglamentariamente se determinen, por acontecimientos extraordinarios:

a. Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, las inundaciones extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica atípica y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos.

b. Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c. Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz....

3. No serán indemnizables por el Consorcio los daños o siniestros siguientes:

a. Los que no den lugar a indemnización según la ley 50/1980, de octubre, de contrato de seguro.

b. Los ocasionados en personas o bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio.

Quinto.-No estamos por tanto en contemplación de un seguro de daños a personas o bienes propios, sino de un seguro de responsabilidad civil a terceros, suscrito por la Comunidad de Propietarios demandada, pues así ha sido admitido pacíficamente en autos. También hay que dejar constancia de que nos hallamos ante una situación de riesgo extraordinario, ya que no existe discusión al respecto.

El actual artículo 4 del Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios, aprobado por Real Decreto 1265/2006, de 8 de noviembre, que modifica el de 20 de febrero de 2004 dispone: "Pólizas con recargo obligatorio a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.- 1. El seguro de riesgos extraordinarios amparará, conforme legalmente se determina, a los asegurados de las pólizas que se indican a continuación, en las cuales es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros". En sus párrafos a) y b) se detallan los seguros de daños y de personas en los cuales es obligatorio el recargo, sin que se observe ninguna indicación acerca del seguro de responsabilidad civil a terceros de suscripción obligatoria.

En el recurso se insiste en que el Consorcio no cubre los daños causados por acontecimientos extraordinarios a vehículos que únicamente tengan la cobertura de seguro obligatorio, llamado comúnmente seguro a terceros y en que la demandante no ha aportado la póliza del seguro en la que se indicara la cobertura del vehículo, marca Citroen, Modelo C-15, matrícula....-YBQ, ni el recibo del pago del recargo correspondiente.

Y, sin embargo, hay que insistir en que la pretensión dirigida contra el Consorcio de Compensación de Seguros no puede derivar de un seguro por hechos de la circulación de vehículos automóviles, sino, en todo caso, de un seguro de responsabilidad civil a terceros concertado por la Comunidad de Propietarios absuelta y su compañía aseguradora, cuya contratación no resulta ser obligatoria y sin que, por ende, se haya demostrado el pago del recargo correspondiente al Consorcio codemandado.

Es por todas las anteriores consideraciones que se entiende que ha lugar a estimar el recurso de apelación analizado y a la revocación de la sentencia recurrida, en los términos que se dirán en la parte dispositiva de esta decisión.

Sexto.-En materia de costas se considera que el tema enjuiciado presentaba especiales dificultades de derecho que justifican que no se haga pronunciamiento de condena en ninguna de ambas instancias (artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).


FALLAMOS


 
1) QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el RECURSO DE APELACION interpuesto por el Consorcio de Compensación de Seguros, contra la sentencia de fecha 6 de abril de 2009, dictada por Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Palma en los autos juicio verbal de los que trae causa el presente Rollo, y, en consecuencia, DEBEMOS REVOCARLA y la REVOCAMOS en el sentido de absolver al Consorcio de Compensación de Seguros de todos los pedimentos contra el mismo dirigidos en la demanda inicial.

2) No ha lugar a especial pronunciamiento de condena en costas en ninguna de ambas instancias.

Recursos.- Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, por los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella.

Órgano competente.- Es el órgano competente para conocer de ambos recursos -si bien respecto del extraordinario por infracción procesal sólo lo es con carácter transitorio) la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo.

Plazo y forma para interponerlos.- Ambos recursos deberán prepararse mediante escrito presentado ante esta Audiencia Provincial en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia, suscrito por Procurador y autorizado por Letrado legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal.

Aclaración y subsanación de defectos.- Las partes podrán pedir aclaración de la sentencia o la rectificación de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros defectos u omisiones en que aquella incurriere, en el de cinco días.

- No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

- Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15.ª de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre, el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta sección cuarta de la Audiencia Provincial n.º 0494, debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sala, definitivamente Juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada la anterior sentencia por el Ponente que ha sido en este trámite, en el mismo día de su audiencia pública. Palma de Mallorca a 27 de mayo de dos mil diez.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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