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Sentencia T.S. 184/1994, (Sala 1) de 3 de marzo


 RESUMEN:

Diligencias judiciales: Deficiencias formales, no siempre conducen a la inexistencia real del acto a que la diligencia se contrae ya que el acto judicial se considerá válido y surte efectos desde el momento en que la parte litigante se da por enterada de su contenido. No se ha producido indefensión ni privación de la tutela judicial efectiva. La notificación defectuosa no implica per se causa de indefensión.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Ante el Juzgado de 1.ª instancia n.º 2 de Salamanca fueron vistos los autos de juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de don Juan María y doña Esperanza, contra la entidad mercantil "Banco Exterior de España S.A.", don Mariano y doña Flor, ésta última declarada en rebeldía, sobre declaración de nulidad del juicio ejecutivo.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que se declare la nulidad del proceso ejecutivo que con el número 263/87 promovió el Banco Exterior de España contra los actores, reponiendo las actuaciones al momento de la designación del perito, cuyo nombramiento y posibilidad de nombrar a otro, deberá serle notificado a los allí demandados y aquí actores, sucesivas diligencias hasta la aprobación de la adjudicación de la finca a los demandados, debiendo indemnizar todos ellos a los actores de los daños y perjuicios que con ello les han ocasionado, imponiéndole expresamente las costas.

Admitida a trámite la demanda fue contestada por los demandados don Mariano y la entidad mercantil Banco Exterior de España, S.A., quienes tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron pertinentes, terminaron suplicando se dicte sentencia por la que se absuelva a los representados, alegando la excepción de litis pendencia, con expresa imposición de costas a los demandantes; doña Flor no contestó a la demanda, y se la declaró en rebeldía.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 14 de noviembre de 1990, cuyo fallo es el siguiente: "Estimando la excepción de litis pendencia alegada, frente a la demanda formulada por el Procurador doña Laura Nieto Estella, en nombre y representación de don Juan María, y de doña Esperanza, debo abstenerse y me abstengo de conocer del fondo del asunto; con expresa imposición a los actores de las costas causadas en esta instancia".

Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Salamanca, dictó sentencia con fecha 8 de abril de 1991, cuyo fallo es el siguiente: "Que estimando el recurso de apelación interpuesto a nombre y representación de don Juan María y su esposa doña Esperanza, y revocando en su virtud la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 de Salamanca con fecha 14 de noviembre de 1990, en los autos de que este Rollo dimana, con rechazo de la excepción de litispendencia que acoge y absolución en la instancia que pronuncia; y entrando a conocer del fondo, debemos desestimar y desestimamos la demanda interpuesta por los recurrentes frente al Banco Exterior de España, S.A., don Mariano y esposa doña Flor, absolviendo a dichos demandados de los pedimentos de aquella, con expresa imposición a los citados actores de las costas causadas en la primera instancia, y sin hacer declaración expresa en cuanto a las de la alzada".

Tercero.-El Procurador Sr. Estévez Rodríguez en nombre de don Juan María y doña Esperanza, interpuso recurso de casación al amparo de los siguientes motivos: Primero. Al amparo del n.º 3 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por infracción por omisión de lo dispuesto en el artículo 1484, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento civil. Segundo. Con el mismo apoyo procesal que el anterior, por infracción del artículo 1489 número 2.º, en relación con las disposiciones contenidas en los artículos 1493 y 1494, de la referida Ley procesal. Tercero. Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley Procesal, por inaplicación de la norma contenida en el artículo 3.º del Código civil.

Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día diecisiete de febrero del actual, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JAIME SANTOS BRIZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El presente recurso de casación dimana de autos de juicio declarativo de menor cuantía, en el que los cónyuges don Juan María y doña Esperanza demandaron a la entidad Banco Exterior de España S.A., con domicilio en Salamanca, a don Mariano y doña Flor suplicando al Juzgado se declare la nulidad del proceso ejecutivo número 263/87, promovido por dicho Banco contra los ahora actores, pidiendo se repongan las actuaciones al momento de la designación del perito, cuyo nombramiento y posibilidad de nombrar a otro debería haber sido notificado a los allí demandados y aquí actores y siguiendo las sucesivas diligencias hasta la aprobación de la adjudicación de la finca a los demandados, debiendo indemnizar todos ellos a los demandantes los daños y perjuicios ocasionados. El demandado Banco Exterior de España S.A. alegó la excepción de litis pendencia, que se opuso, como los demás demandados a la petición de los demandantes, excepto la demandada doña Flor, que fue declarada en rebeldía. El Juez de 1.ª instancia estimó la excepción expresada sin entrar a conocer del fondo del asunto. Apelada la sentencia, la Sala "a quo" desestimó aquella excepción, asi como la demanda con absolución de los demandados. En el recurso interpuesto por los demandantes ante esta Sala de casación se formulan tres motivos, los dos primeros al amparo del n.º 3.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, acusando respectivamente la infracción por omisión del artículo 1484, párrafo primero, de la misma Ley procesal, pues se dice que no se concedió al ejecutado oportunidad de designar perito, y la infracción también por omisión del trámite exigido en el artículo 1489, n.º 2.º, en relación con las disposiciones contenidas en los artículos 1493 y 1494 derivadas del anterior, todos ellos de la Ley procesal referida.

Segundo.-Antes del examen y resolución de los dos motivos expresados, es de observar que la Sala de instancia examinó detenidamente las actuaciones y desestimó la excepción dilatoria que se había apreciado en la primera instancia, y respecto de las anomalías procesales que el recurso detecta -en su criterio- se expone en el fundamento jurídico segundo, en relación con lo que el Juez de primera instancia hace notar en sus fundamentos primero y segundo una sucesión de trámites que sintéticamente en cuanto interesan para este recurso de casación son los siguientes: a) Antes del juicio ejecutivo 263/87 hubo unas diligencias preparatorias de ejecución n.º 168/87, y en aquel ejecutivo el ahora recurrente conoció la tramitación seguida, como se comprueba con el examen de ese proceso. b) Se pone de relieve por parte del recurrente una situación de impago continuada, como lo revela la circunstancia de haber hecho unas entregas parciales de su deuda, pero dejando de pagar una parte de la totalidad. c) Previo un requerimiento de pago con entrega de cédula de embargo, hecho en la persona de la esposa tambien demandante y ahora recurrente y citado asi de remate al Sr. Juan María, se le declaró en rebeldía en providencia de 30 de abril de 1988 al dejar transcurrir el plazo legal sin comparecer. d) El actual recurrente fue requerido para presentación en Secretaría del Juzgado de los títulos de propiedad del inmueble embargado (folio 57) mediante acuse de recibo que firmó. d) En la situación de rebeldía continuada, no obstante el entonces demandado en juicio ejecutivo fue notificado del traslado que se le dió sobre nombramiento de perito propuesto por la contraparte, de lo que se enteró mediante oficio con acuse de recibo en fecha 6 de octubre de 1988 (folio 77) que aparece firmado, y que no aparece posteriormente cumplimentado. Efectuada la tasación de los bienes embargados (una finca rústica), se publican los edictos para la subasta sin objeción alguna en cuanto a su adecuación al caso, de lo cual tuvo conocimiento el demandado ejecutivo por haber satisfecho en las fechas inmediatas a la subasta unas sumas cuya cuantía no se discute pero que no alcanzan el total debido, pudiendo afirmarse con la Sala de apelación que "no puede desconocerse en todo el contexto del procedimiento la noticia y cabal conocimiento que quien ahora recurre en casación, tenía de aquél cuya nulidad particularizada solicita", todo ello partiendo, como hace notar la misma Sala "a quo", de que el actual recurrente fue debidamente emplazado en el juicio ejecutivo a que se hace constante referencia y seguidamente se mantuvo en rebeldía, mostrando ciertamente una acusada falta de diligencia procesal, toda vez que varias de las actuaciones le fueron comunicadas en persona, no obstante su situación de contumacia procesal, que perduró hasta la fase de apremio después de concluido ya el juicio de cognición abreviado, al que equivale en la Ley de Enjuiciamiento civil el llamado juicio ejecutivo. En definitiva, ambos motivos primero y segundo deben ser desestimados por las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas: a) En primer lugar, como afectante a la formulación de este recurso extraordinario por el cauce del número 3.º del artículo 1692, en ambos motivos el recurso se refiere a la parte de ese precepto relativa al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio que rigen los actos y garantías procesales, "siempre que -añade- se haya producido indefensión para la parte". Y esta indefensión, aun dando por existentes las anomalías que el recurrente pone de relieve, no se ha producido; toda vez que aunque se mantuvo en rebeldía estuvo en todo momento al tanto del curso del ejecutivo y de su apremio posterior, como se demuestra, según ya se indicó, con la entrega a cuenta de 480.000 pesetas el 28 de febrero de 1989 y otra de 280.000 pesetas el siguiente 27 de marzo del mismo año (segun afirma el propio demandante en el hecho segundo de su demanda), fechas coetáneas a las subastas anunciadas por edictos del 30 de noviembre de 1988. b) El ahora recurrente pudo, por consiguiente, defenderse en cualquier trámite anterior, y posterior, y asi lo hizo a partir de la notificación que conoció para la celebración de las subastas, y sobre todo al instar, sin duda con base en el artículo 1479 de la Ley procesal civil,el juicio de menor cuantía origen de este recurso de casación; juicio que siguió en todos sus trámites, alegaciones y pruebas, que se practicaron incluso en segunda instancia con resultado desfavorable al actual recurrente, hasta llegar al agotamiento de la vía judicial mediante este recurso de casación. Se confirma pues la improcedencia de estimar los dos aludidos motivos, en cuanto no se ha producido, como exige el precepto legal invocado, indefensión para la parte. c) Los posibles defectos de las comunicaciones judiciales que se le hicieron al recurrente actual, visto el curso sucesivo del procedimiento ejecutivo y de este declarativo y el resultado de la fase de apremio, bien puede considerarse que quedaron subsanadas en virtud de la norma contenida en el artículo 279, párrafo 2, de la Ley procesal civil, puesto que el ahora recurrente se dio sobradamente por enterado en el juicio, manteniendo una acomodaticia situación de rebeldía que entendió la era más favorable. Según ha declarado esta Sala (sentencia de 29 de septiembre de 1951) no siempre la deficiencia formal de las diligencias judiciales conduce a la inexistencia real del acto a que la diligencia se contrae, puesto que el acto judicial se considera válido y surtirá todos sus efectos desde el momento en que la parte litigante, interesada en la diligencia, se dá por enterada de que su contenido ha tenido realidad; como aconteció, según se deja expresado, en el supuesto ahora contemplado. Aun admitiéndose que las notificaciones cursadas y recibidas eran de índole defectuosa, ello no integra "per se" causa de indefensión desde el momento en que el ahora recurrente fue parte tanto en el ejecutivo, previo emplazamiento legal, como en el posterior declarativo, utilizando los recursos procedentes y convalidó por su conducta los supuestos defectos formales, sin haberse demostrado que los suscriptores de aquellas notificaciones en el ejecutivo carezcan de toda relación con el recurrente, como lo demuestran las posteriores intervenciones del mismo con absoluta certeza de fechas y en todos los recursos utilizables. d) Después de las anteriores consideraciones queda sin efecto la supuesta infracción de los artículos 1484, 1489, n.º 2, 1493 y 1494 de la Ley de Enjuiciamiento civil al modo como se alega en el recurso, ni tampoco se infringió el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; pues, como ya se deja dicho, no se produjo efectiva indefensión, ni ausencia de los requisitos indispensables para que el proceso cuestionado alcanzara su fin, ni el ahora recurrente se vio privado de la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, los cuales si en algún caso quedaron negligentemente descuidados se debió a una situación de rebeldía procesal imputable al propio interesado, que tenía además domicilio conocido en el lugar del juicio.

Tercero.-El motivo tercero y último, con apoyo en el n.º 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, denuncia la infracción por inaplicación del artículo 3.º del Código civil, que exige la interpretación de las normas según el sentido propio de sus palabras. Infracción que se hace consistir en la defectuosa notificación de las resoluciones judiciales pertinentes, haber privado al recurrente de ofrecer una valoración de los bienes a subastar y de presentar los títulos que evidenciasen la realidad de su posición. Motivo que ha de seguir la misma suerte desestimatoria de los anteriores, en tanto que, como se ha visto, la interpretación de las normas aplicables efectuada por la Sala sentenciadora de instancia ha sido aceptable para este Tribunal de casación, al partir de una situación fáctica revelada en las actuaciones judiciales seguidas y de una conducta procesal del Sr. Juan María no generadora de indefensión para el mismo, que lógicamente eludió la aplicación de ciertas normas que hubiera debido tener en cuenta en supuesto de que aquella indefensión se hubiera producido efectivamente.

Cuarto.-La desestimación de los motivos da lugar a la del recurso en su totalidad, con imposición de las costas a la parte recurrente por imperativo legal (artículo 1715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento civil) y sin pronunciamiento sobre depósito para recurrir, por la disconformidad entre sí de ambas sentencias de instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por don Juan María y doña Esperanza, contra la sentencia de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y uno, que dictó la Audiencia Provincial de Salamanca, condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas de dicho recurso; y líbrese la certificación correspondiente a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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